Hirst, Mónica.
Condicionantes y motivaciones del proceso de integración y fragmentación en América Latina
La autora analiza, en primer lugar. los condicionantes externos y
regionales en que se operan las actuales iniciativas integracionalistas
an América Latina. Posteriormente hace un balance de estas iniciativas
y destaca las siguientes experiencias: Tratado de Libre Comercio México-Estados
Unidos- Canadá. CARIC0M, Grupo de los Tres, Mercado Común
Centroamericano. Pacto Andino. MERCOSUR; y acuerdos bilaterales (Chile-México,
Chile-Venezuela, Chile-Argentina, Argentina-Venezuela). Por úItimo.la
autora discute las principales motivaciones políticas y económicas
de los países de la región en estos procesos.
Introducción
Este articulo analiza el proceso de efervescencia de iniciativas cooperativistas
e integracionistas en América Latina, a partir de cuatro supuestos
básicos. El primero, y más elemental, es que a pesar de su
carácter fragmentado se trata de un único proceso. El segundo
punto es que estas iniciativas se ven doblemente favorecidas en los frentes
domésticos por las nuevas condiciones políticas (transición,
consolidación o continuidad democrática) de los países
de la región, sumadas a las reformas económicas aplicadas
por los gobiernos recien instalados. El tercero es que a pesar del desgaste
y la frustración causada por el fracaso de intentos asociativos anteriores
sobrevive en el ámbito latinoamericano un sentimiento comunitario
que da impulso a las iniciativas recientes. Como cuarto y último
supuesto se sostiene que por primera vez sectores empresarios aceptan y
se interesan en una participación activa en este tipo de iniciativa,
introduciendo un componente competitivo crucial para su dinamización.'
1. Los nuevos condicionantes regionales e internacionales
El principal eje del sistema mundial actual -tanto en su dimensión
política como económica- está constituido por el proceso
dinámico entre tendencias que privilegian la integración y
aquellas que conducen a la fragmentación (Gaddis, 1991). En América
Latina la dicotomía integración-fragmentación se convirtió
en un lugar común en las negociaciones entre los países de
la región. Prevalece un proceso en el cual se dan en forma simultánea
un conjunto de entendimientos que apuntan a la integración y/o a
la cooperación entre grupos reducidos de países, que refuerzan
al mismo tlempo un impulso asociativo y una orientación selectiva.
Es de destacar que el proceso mencionado se suma a otras tres dinámicas,
que en su conjunto sintetizan las transformaciones en curso en América
Latina. Estas serían: la proliferación de sistemas de gobiernos
democráticos; el abandono generalizado de estrategias de crecimiento
económico apoyadas en modelos de sustitución de importaciones,
y la redefinición del patrón de vinculación con Estados
Unidos. Este último aspecto está fuertemente condicionado
por la superación de las estrategias contencionistas, institucionalizadas
por el sistema interamericano, durante el período de la guerra fría.
Naturalmente estas dinámicas también están condicionadas
por nuevos escenarios globales, entre los cuales se deben destacar: en el
campo económico, la regionalización de la economía
mundial a partir de la articulación de tres grandes bloques (Comunidad
Europea; Japón y Comunidad del Pacífico; Estados Unidos, México
y Canadá), y en el campo político, la proyección de
un orden unipolar fundado en la supremacía político-militar
de Estados Unidos.
Existe una estrecha vinculación entre el nuevo impulso integracionista
en América Latina y la renovación casi generalizada de los
gobiernos en la región durante los últimos dos años.
En todos los casos la opción integracionista estuvo asociada a estrategias
apresuradas de dinamización de los lazos económicos con el
conjunto de transformaciones en curso en el sistema internacional. En todos
los casos esta opción es acompañada o precedida
por políticas de liberalización del comercio, que comportan
reducciones sustanciales de tarifas y barreras no arancelarias. Además,
para varios países las políticas aperturistas también
estuvieron conectadas a la decisión del ingreso al GATT.
No cabe duda de que este proceso "en cadena" correspondió
a un cambio conceptual y práctico de algunas políticas exteriores
claves de la región. Las estrategias autonomistas, buscadas de forma
continuada por países como México y Brasil y en forma intermitente
por otros como Colombia, Venezuela y Argentina, fueron sustituidas por políticas
de corte pragmático donde se baja el perfil político de las
respectivas agendas internacionales, son enfatizados los intereses económicos
inmediatos, y se procura encontrar una forma para reducir la marginalización
de los procesos globales de transformación del sistema internacional
(sin duda Argentina constituye una excepción en este cuadro por su
decisión de otorgar un alto perfil político a su alineamiento
reciente con Estados Unidos). Desde la perspectiva de las relaciones intrarregionales
se observa una clara preferencia por negociaciones orientadas a la cooperación
y/o integración económica en lugar de la concertación
política, tan propalada durante el decenio de 1980 primero con
el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo y después con el Grupo
de los Ocho, y que actualmente sobrevive con dificultades a través
del Grupo de Río. Tal vez a la luz de la experiencia integracionista
europea, hubo consenso entre estos países en cuanto a que la concertación
política debería estar precedida por sólidos y confiables
vínculos económicos. No se debe descartar también la
hipótesis de que el desvanecimiento de la concertación política
en América Latina se relacione con la afirmación de la supremacía
político-militar de Estados Unidos. y el hecho de que la desarticulación
del sistema interamericano guiado por premisas contencionistas, no significó
necesariamente la articulación de un "sistema latinoamericano".
El fin de la guerra fría limitó aun más el poder de
iniciativa política y militar-estrategico de la región, como
puede ser observado en el tratamiento dado a los llamados nuevos temas políticos
de la agenda global y latinoamericana (narcotráfico, migraciones,
medio ambiente, transferencia de tecnología sensible).
Al mismo tiempo, las negociaciones en torno a las posibilidades de cooperación
y/o integración intrarregional se convirtieron en el único
espacio activo de las políticas exteriores latinoamericanas, constituyendo
un campo de acción esencialmente diplomático (con la excepción
de la experiencia mexicana en sus negociaciones económicas con Estados
Unidos). Son las cancillerías las que arman las redes interburocráticas,
en donde obviamente se incluyen los ministerios y las secretarías
económicas correspondientes. Esto sucede aun cuando formalmente existe
una estructura supranacional, como se da en el caso del Pacto Andino. Estos
procesos son conducidos a través de entendimientos intergubernamentales
que cuentan con dos bases príncipales de sustentación; la
diplomacia económica y la voluntad política de cada gobierno.
En lo que se refiere al componente diplomático, es interesante mencionar
que los operadores de estas negociaciones son muchas veces cuadros expertos
de las cancillerías que tuvieron a ALADI como su principal escuela
de formación. Por otra parte, el impulso político está
asociado en casi todos los casos a proyectos de estabilidad política
y económica que visualizan la cooperación e integración
subregional como una de las posibles expresiones de éxito de estos
proyectos.
II. Un relevamiento del proceso
Son múltiples los formatos y propósitos de las iniciativas actuales de cooperación e integración de las cuales participan los países latinoamericanos. Por no estar incluida en la lista que sigue, sería importante hacer una breve referencia a la Asociación Latinoamericana de integración (ALADI) en función de sus recientes esfuerzos, realizados para acelerar el proceso de integración en la región. A pesar de estar presionada políticamente por el Grupo de Río, esta Asociación encuentra dificultades en asumir mayor protagonismo en las iniciativas orientadas por los países latinoamericanos, esto es debido a la clara preferencia de la región por las negociaciones directas y selectivas. Paradójicamente fue la misma ALADI la que abrió espacio para entendimientos comerciales intrarregionales selectivos. El principal instrumento integracionista de ALADI fue el mecanismo de Preferencia Arancelaria Regional (PAR), que partiendo de un nivei de 5 por ciento en 1984, fue incrementándose hasta un 10 por ciento en 1987, y finalmente un 20 por ciento en 1990, y siempre mantuvo un criterio flexible de acuerdo con la clasificación de cada país.
A continuación serán enumeradas las iniciativas bilaterales
y subregionales impulsadas por los países de la región, destacando
su origen, metas y principales realizaciones. Como se podrá observer,
en casi todos los casos se superponen dimensiones económicas y políticas.
1. Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá.
La reacción positiva de Estados Unidos a la iniciativa mexicana de proponer el inicio de las negociaciones de un tratado de libre comercio representa la culminación de un proceso histórico de aproximación económica entre los dos países, particularmente acelerado a partir del decenio de 1980. Esta aceleración fue estimulada por el conjunto de reformas introducidas en la economía mexicana, que tuvieron como uno de sus principales resultados la liberación de su régimen de comercio exterior. A mediados de 1986, se suma a este proceso la decisión mexicana de ingresar al GATT, y también los diversos acuerdos comerciales negociados con Estados Unidos (Entendimiento bilateral sobre subsidios y derechos compensatorios 1985. Marco de principios y procedimientos para la consulta referida al comercio e inversiones 1987; Entendimientos sectoriales para productos textiles y siderúrgicos. Entendimiento referido a comercio e inversiones 1989).
Además del objetivo de asegurar mayores beneficios a un proceso "de facto", la iniciativa de México pretende equilibrar al menos parcialmente los efectos perjudiciales sobre la Posición de sus productos en el mercado norteamericano que puede ocasionar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Esta iniciativa adquirió vida propia a partir de fines de junio de 1991, cuando el Congreso norteamericano aprobó el mecanismo de vía rápida que autoriza al Ejecutivo de Estados Unidos a iniciar las negociaciones con México para la creación de una zona de libre comercio.
Las negociaclones tripartitas puestas en marcha a través del funcionamiento
de los grupos de trabajo, se ocupan de la siguiente agenda: la reducción
de aranceles, minimización de barreras no arancelarias, reglas de
origen, mecanismos para la solución de controversias, armonización
de las condiciones de competitividad (salarios, impuestos, subsidios), inversiones
externas directas, flujos financieros y derechos de propiedad intelectual.
Durante la etapa de prenegociación ambos países hicieron sus
concesiones. A pesar de resistencias de México se incluyó
el tema petrolero en las negociaciones, aunque reservandose el derecho de
supeditar la venta a Estados Unidos a la satisfacción de sus propias
necesidades internas. La inclusión del tema migratorio, que interesa
de cerca a México, todavía enfrenta resistencias por parte
de Estados Unidos. El proceso de negociación en curso -con conclusión
prevista para 1992- abarca la participación activa de sectores gubernamentales,
políticos, empresariales. sindicales y ambientalistas. En este caso,
del lado mexicano, la conducción de las negociaciones no compete
al Ministerio de Relaciones Exteriores sino a la Secretaría de Comercio
y Fomento Industrial. Además de su impacto dinamizador sobre la economía
mexicana, en función de expectativas ya generadas, se prevé
que este Acuerdo podrá influenciar el futuro del sistema político
mexicano, particularmente su política agraria, sindical y electoral.
2. CARICOM
La Comunidad del Carlbe (CARICOM) fue creada por el Tratado de Chaguaramas
en 1973, previéndose entonces: al establecimiento de una tarifa externa
común, la armonización de los Incentivos fiscales, la realización
de acuerdos sobre doble tributación y la formación de una
Corporación de Inversiones del Caribe(CIC). La dimensión reducida
de los mercados Internos sumada al predominio de las vinculaciones económicas
externas de esos países, limitó los resultados de estas iniclativas.
A mediados de 1990 mediante la Declaración de Grand Anse,
los gobiernos de la región dieron un nuevo impulso político
para el cumplimiento de sus objetivos integracionistas y sa desarrolló
un esfuerzo diplomático para vincular su experiencia comunitaria
a otros polos dinámicos, tates como la Comunidad Europea, la Zona
de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos y el Grupo
de los Tres. En este último caso existe una política especial
de aproximación con Venezuela
Sin embargo, los resultados del nuevo impulso integracionista de CARICOM
una vez más han traicionado las expectativas. Después del
compromiso asumido por 12 de las 13 islas de la región (solo Bahamas
se mantiene al margen), a mediados de 1991 unicamente siete habían
cumplido con las metas de creación de un arancel externo común.
De acuerdo con las nuevas reglas negociadas por CARICOM, los aranceles de
esta comunidad fluctuarán entre 5 por ciento y 45 por ciento, y no
entre 5 por ciento y 70 por ciento como sucede actualmente. Además
de las resistencias sectoriales en muchas de sus islas, CARICOM enfrenta
el problema operacional de que ninguna de sus seis monedas son convertibles.
3. Grupo de los Tres
Constituido por Colombia, Venezuela y México en marzo de 1990, este grupo opera con el doble objetivo de promover una aproximación política y económica entre los tres países y proyectar esta aproximación sobre América Central y el Caribe. El énfasis de estas negociaciones está dado en temas comerciales previéndose la formación de una zona de libre comercio en la primera mitad del decenio de 1990 y temas energéticos, y asimismo se proyecta la articulación de una política energética común para los países centroamericanos (teniendo en cuenta principalmente los excedentes de gas y carbón de los Tres). Están en curso negociaciones en las áreas de transporte y comunicaciones, cultura y turismo. En el Memorandum de Entendimiento Tripartito firmado en julio de 1991 se prevé una total desgravación tarifaria entre los tres países que, mediante un metodo gradual se inicia en enero de 1992 y se concluirá en enero de 1994.
En términos políticos existe un sentido de continuidad
entre la formación de este grupo y el extinguido Grupo de Contadora
creado en 1982 a raíz de la crisis centroamericana Una primera iniciativa
en este sentido fue la decisión de tener una representación
diplomática conjunta en países de menor importancia diplomática
En un plan más audaz, los pasos iniciales fueron dados hacia una
acción concertada junto con Cuba. Se perfila aquí un doble
objetivo; por un lado podría ser amortiguado el impacto de la presión
política y económica externa, ejercida principalmente por
Estados Unidos, pero también por la Unión Sovietica. Por otro
lado se pretende flexibilizar la posición da La Habana en lo que
se refiere al proceso de apertura y pluralización del régimen
cubano. Para ello fue importante la decisión de Colombia de restablecer
relaciones consulares con Cuba (julio de 1991); aun está pendiente
la creación de un mejor clima de relaciones entre Venezuela y Cuba.
4. Mercado Común Centroamericano (MCCA)
El MCCA representa el proyecto integracionista más antiguo en América Latina. La creación de un mercado ampliado en América Central tiene sus raíces en el decenio de 1950, cuando se dieron los primeros pasos para la dinamización del intercambio subregional. En 1960, los cinco países de la región firmaron el "Tratado General de lntegración Económica" con el objetivo de crear una unión aduanera. A partir de esta iniciativa se pudo observar una importanle expansión del intercambio intrazonal, un ágil proceso de liberalización del comercio entre los países del área, y el establecimiento de una tarifa externa común. Estos primeros resultados fueron acompañados por un proceso descentralizado de proliferación de acuerdos y esfuerzos de institucionalización interrumpidos en 1969 a partir del conflicto El Salvador-Honduras. Desde entonces prevaleció en esta subregión una dinámica desintegradora, profundizada por la crisis política generalizada que tuvo lugar a partir de la revolución sandinista a fines del decenio de 1970, y por la total postración económica en que los países del area se víeron sumergidos en el decenio de 1990. La primera señal con miras a revertir esta tendencia fueron las negociaciones pacificadoras iniciadas entre los países centroamericanos a mediados de la decada de 1980, consolidadas como el proceso de Esquipulas.
La asociación entre las nuevas condiciones de paz y la posibilidad de reactivación de un proceso de integración subregional fue explicitada en junio de 1986 en una reunión conjunta de los representantes de los organismos formados en el marco del MCCA, cuando fue anunciado un conjunto de medidas con miras a reactivar el comercio intrazonal. Al año siguiente Guatemala, El Salvador y Honduras flrmaron el Tratado de América Central sobre la integración, en el cual se incluían proyectos de exportación conjuntos, medidas antiproteccionistas, proyectos turísticos conjuntos y compromisos para combatir el contrabando. Las diferentes iniciativas a partir de esta época tuvieron como principal preocupación la ampliación de los fondos de ayuda internacional para los países de la región. Un claro ejemplo en este sentido fue el Plan de Cooperación Económica para América Central aprobado por la ONU en mayo de 1988. Este proceso tiene un fuerte contenido político en función de la historia reciente de esta región, y es imposible disociar las condiciones de diálogo político entre los Estados y las posibilidades de mayor integración y cooperación económica. Adquiere relevancia en este cuadro la iniciativa guatemalteca de creación de un Parlamento Centroamericano formalizado por el Tratado Constituyente (1987), ratificando por todos los países centroamericanos menos Costa Rica.
Dando continuidad a estas aproximaciones a mediados de 1990 fue aprobado
el Plan de Acción Económica para América Central (PAECA).
que vincula la integración subregional a los programas de reforma
económica puestos en marcha en los países centroamericanos.
A fines de ese mismo año la Declaración de Puntarenas estableció
un calendario para la adopción de políticas comunes relativas
a reducciones arancelarias y minimización de las restricciones no
arancelarias, arancel externo común, códigos de origen, códigos
aduaneros, código antidumping, controles fiscales, transporte y comunicaciones.
El obje tivo final de estas medidas es garantizar el pleno funcionamiento
de un mercado común en América Central a fines de 1992.
5. Pacto Andino
Creado en 1969, por iniciativa de cinco países andinos ante el estancamiento de las negociaciones en la ALALC, este agrupamiento, después de una fase inicial de resultados relativamente exitosos, pasó a enfrentar un largo período de estancamiento y retroceso. La falta de coordinación de las políticas cambiarias, la proliferación de restricciones paraarancelarias, y el no cumplimiento de las obligaciones y de los plazos pactados principalmente por los países menores del área, sumado a los severos problemas de balanza de pagos ocasionados por la crisis de la deuda a partir del decenio de 1980, desencadenó un verdadero proceso de desintegración entre los países de la región.
Desde el punto de vista político-institucional esta fue la iniciativa integracionista más creativa en América Latina. Fueron instituidos: la Junta del Acuerdo de Cartagena, el Parlamento Andino, el Tribunal Andino y el Consejo de Ministros. Los limitados resultados económicos de esta experiencia restringieron el contenido supranacional del funcionamiento de estos órganos.
A partir del Protocolo Modificatorio de Quito, adoptado en 1988, se dieron los primeros pasos para la reformulación del Pacto Andino, adoptándose un esquema flexible para los programas de desgravación, la liberalización del régimen de capital extranjero y se establecieron las bases de entendimientos bilaterales, y la promoción de nuevos campos de cooperación en el campo tecnológico, de servicios y de desarrollo fronterizo. Al año siguiente, con la "Declaración de Galapagos" fue suscripto por los países del grupo el "Compromiso Andino de Paz, Seguridad y Cooperación" en donde se fijaba como meta la formación en 1995 de una unión aduanera que en 1999 debería funcionar con la plena participación de Ios países de menor desarrollo relativo. En esta ocasión se estableció una extensa y ambiciosa lista de resultados a ser alcanzados durante este período (que van desde la adopción de un arancel externo común, la eliminación total de las listas de productos sensibles, la armonización de las políticas macroeconómicas, al establecimiento de una política agricola común). En noviembre de 1990 esta agrupación enunció (Acta de La Paz) un nuevo plazo para la formación de una zona de libre comercio 31 de dlclembre de 1991 y anticipó para 1995 la adopción de un arancel externo común. A partir de estas modificaciones se percibe una considerable semejanza entre los calendarios del Pacto Andino y los fijados por el MERCOSUR.
Corriendo contra el tiempo, esta agrupación enfrenta el desafío
de mantener su integridad independientemente de las iniciativas asociativas
iniciadas por sus miembros tanto en el ámbito andino como extraandino.
Se destacan en este caso la participación de Colombia y Venezuela
en el Grupo de los Tres y la aproximación natural de Bolivla al MERCOSUR.
Esto constituye un aspecto particularmente problemático para países
como Perú y Ecuador, que no participan de otras iniciativas integracionistas
subregionales.
6. MERCOSUR
El Tratado de Asunción firmado en marzo de 1991 por los gobiernos argentino, brasileño, paraguayo y uruguayo constituye la culminación del proceso de integración y cooperación económica Argentina-Brasil lanzado en 1985. Habiendo pasado por diferentes etapas, este proceso tuvo como objetivo principal, desde su concepción original, la creación de un espacio económico integrado entre Brasil y los países del Cono Sur.
La primera iniciativa argentino-brasileña en esta dirección fue el Acta de Iguazú (noviembre de 1985), cuyo propósito era incrementar las relaciones comerciales, la complementación industrial y la cooperación tecnológica, en este último caso con énfasis en el sector nuclear. Con este mismo objetivo, a mediados de 1986 se puso en funcionamiento el Programa de Integración y Cooperación (PICE), reuniendo 18 protocolos bilaterales a los cuales se sumaron diversos anexos y 6 protocolos adicionales en los dos años siguientes. Estos documentos establecieron las pautas y metas de las negociaciones bilaterales en los siguientes temas: bienes de capital, comercio, empresas binacionales, asuntos financieros, fondos de inversión, energía, estudios económicos, cooperación aeronáutica, industria siderúrgica, transporte terrestre y marítimo, comunicaciones, cooperación nuclear, cooperación cultural, administración públlica, instrumentos monetarios, industria automovilistica, industria alimentaria, cuestiones fronterizas y planeamiento económico y social. Con el objetivo de crear un marco permanente para este proceso, ambos países firmaron en 1989 el "Tratado de Integración y Cooperación".
La concepción original del PICE se vio directamente afectada por los procesos de inestabilidad macroeconómicos en Argentina y Brasil observados durante toda la segunda mitad de la década de 1980, en la cual los reiterados cuadros recesivos de ambas economías eran agravados por escaladas inflacionarias y sistemáticas oscilaciones cambiarias. Este escenario explica la inoperancia de la mayoría de los protocolos del Programa y la revisión de su estrategia inicial. A partir de julio de 1990, el PICE sufrió una profunda reformulación condicionada por tres factores: la persistencia de la voluntad política de ambos países sobreviviente a procesos polarizados y/o traumáticos de cambios de gobierno; la sintonía entre las reformas económicas introducidas por los nuevos gobiernos; y los resultados positivos, a pesar de modestos, del PICE en términos de intercambio y de algunas negociaciones sectoriales (bienes de capital, industria alimentaria, trigo). En este contexto, los gobiernos argentino y brasileño firmaron el Acta de Buenos Aires fijando para el 31 de diciembre de 1994 la formación definitiva de un mercado común. En diciembre de 1990 ambos países firmaron un Acuerdo de Complementación Económica que consolidaba al conjunto de entendimientos bilaterales ya formalizados, y estipulaba un programa gradual de liberación comercial eliminación total de aranceles y restricciones no arancelarias para ser completado el 19 de enero de 1995. También se constituyó el Grupo Mercado Común con el objetivo de negociar la armonización de las políticas de ambos países en los siguientes campos: comercial, fiscal, monetario, industrial, agricola, de transporte terrestre y marítimo.
Con mires a otorgar una proyección regional a este proceso, ambos países acordaron en marzo de 1991 la creación del MERCOSUR, con la incorporación de Paraguay y Uruguay. Conducidos por un Consejo formado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los cuatro países, esta iniciativa prevé: a) la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los cuatro países miembros; b) el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común en relación con terceros Estados; e) la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados miembros; d) el compromiso de estos Estados de armonizar sus legislaciones en las áreas correspondientes. El período 1991-1995 deberá constituir una etapa de transición del proceso, en el cual será puesta a prueba la factibilidad de sus ambiciosas metas.
Los principales desafíos del MERCOSUR serán el establecimíento de un arancel externo común y la armonización de las políticas macroeconómicas En este caso será decisivo que los cuatro países puedan avanzar en negociaciones en las cuales: 1) sean diluidas y/o compensadas reciprocamente las desventajas sectoriales y nacionales; 2) prevalezcan las compatibilidades entre las estrategias globales y regionales de las políticas económicas de los Estados miembros; 3) sea contemplada una dinámica decisoria plural que permita la participación de los sectores económicos y sociales perjudicados y beneficiados en el proceso de integración en marcha. Desde el punto de vista político-institucional, el MERCOSUR deberá mantener a mediano plazo una estructura decisoria intergubernamental, y se prevé, la utilización de instrumentos supranacionales en el campo jurídico para la solución de controversias.
A pesar de la sintonía entre la apertura comercial de los países
del MERCOSUR, persisten diferencias en sus políticas arancelarias.
El arancel medio nominal de Argentina es de 9.8 por ciento, mientras que
el de Brasil es actualmente de 35 por ciento, y se prevé su reducción
a un 20 por ciento en 1994. No es claro todavía como serán
armonizadas estas diferencias para la creación de un arancel externo
común. Otro problema que persiste en este proceso se refiere al impacto
negativo de los desequilibrios macroeconómicos de los países
miembros. En el período reciente esta cuestión se agravó
en función de la escalada inflacionaria en Brasil, y los dramas recesivos
enfrentados por este país. De todos modos, el proceso de desgravación
automática iniciado a fines de 1991 constituye el primer paso para
la formación de una zona de libre comercio entre los cuatro países.
7. Acuerdo Chile-México
A partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas (1990)
entre Chile y México se inicia un período de intensas aproximaciones
entre estos dos países En octubre de 1990, se firmo un Acuerdo de
Complementación Económica entre ambos que comprende un programa
progresivo de reducción de tarifas y eliminación de barreras
no arancelarias. En septiembre de 1991 fue firmado entre los dos países
un Tratado de Libre Comercio (el primero en la región) con el propósito
de estimular:en los proximos 4 años un aumento en el comercio chileno-mexicano
de 150 a 500 millones de dólares. El Tratado prevé la reducción
gradual de los aranceles hasta llegar a cero para la mayoría de los
productos en 1996, con la rebaja total generalizada dos años más
tarde. También fue acordado eliminar barreras no arancelarias y fitosanitarias,
y facilitar las inversiones y el transporte recíproco.
8. Acuerdo Chile-Venezuela
En octubre de 1990 fue firmado entre Chile y Venezuela un acuerdo con
miras a la creación de una zona de libre comercio en mayo de 1994.
Según el acuerdo a partir de mediados de 1991 Chile comenzará
a aplicar un arancel de 10 por ciento a los productos venezolanos, mientras
que Venezuela apilca un arancel que no supera el 20 por ciento.
9. Acuerdo Chile-Argentina
En agosto de 1990 se firmaron un conjunto de entendimientos bilaterales
que preveían: un mercado ampliado constituido a fines de 1995 que
implique la libre circulación de bienes, personas y factores de producción;
la eliminación total de aranceles en el intercambio bilateral; la
construcción de un gasoducto y un oleoducto desde Neuquén
hasta la región de Santiago; la apertura de nuevos pasos fronterizos,
y el estudio de nuevas conexiones ferroviarias. El paso siguiente fue el
inicio de las negociaciones de un Acuerdo de Complementación Económica
previendo la creación de una zona de libre comercio entre los dos
países, y que culminó con la firma del tratado en agosto de
1991. En este caso, a diferencia de lo que ocurre entre Argentina y los
demás países del MERCOSUR, no figuró en la agenda de
las negociaciones el establecimiento de un arancel externo común.
Este proceso está acompañado por un conjunto de negociaciones
limítrofes, impulsadas desde 1984, cuando fue firmado el Tratado
de Paz y Amistad para la solución del diferendo del Canal de Beagle,
y recientemente concluidas con la resolución de los litigios fronterizos
pendientes entre los dos países.
10. Acuerdo Argentina-Venezuela
En septiembre de 1990 fue firmado un acuerdo de liberalización
comercial que prevé la eliminación total de los aranceles
en el intercambio bilateral hasta fines de 1995, otorgandose una preferencia
inicial de 40 por ciento sobre el arancel vigente para terceros países.
III. Las motivaciones comunes y específicas
El conjunto de iniciativas brevemente descriptas revelan un momento particularmente activo de negociaciones comerciales entre los países latinoamericanos. Sin embargo, la posibilidad de dar mayor dinamismo a este proceso encuentra una grave limitación: el nivel de intercambio preexistente entre las economías latinoamericanas. Con la excepción de las relaciones México-Estados Unidos, los demás proyectos asociativos parten de una base de intercambio extremadamente reducida, tanto en términos absolutos como relativos comparados con el comercio total de los países mencionados.
Es innegable que las negociaciones México-Canadá-Estados Unidos pertenecen a una escala radicalmente diferente tanto en lo que respecta a la dimensión del comercio involucrado como a la importancia de esta relación para las actividades de comercio exterior mexicanas. Estados Unidos absorbe aproximadamente el 70 por ciento de las exportaciones mexicanas en un intercambio que alcanzó a 60 mil millones de dólares en 1990. Es también relevante el hecho de que una cantidad creciente de este comercio es intrasectorial. Los aspectos problemáticos que aparecen en este caso se refieren a la asimetría de estas relaciones, teniendo en cuenta que el mercado mexicano absorbe menos que el 4 por ciento de las exportaciones norteamericanas.
En el caso de las asociaciones intrarregionales el intercambio, además de ser extremadamente reducido, presenta en muchos casos señales de declinación o estancamiento. Este es claramente el caso del Pacto Andino y del Mercado Común Centroamericano. En el caso del Pacto Andino, durante toda la década de 1980 el promedio de las exportaciones de los países miembros fue inferior a 4 por ciento del total de sus ventas al exterior, y el promedio, de las importaciones fue menor que 5 por ciento del total de sus importaciones (Hernández, 1991). Con respecto a los países centroamericanos, a pesar del crecimiento observado en los últimos años, el comercio entre los paises miembros del Mercado Común aún es inferior a 60 por ciento del alcanzado en 1980, cuando este intercambio había llegado a su momento de máxima expresión.
La retracción del comercio intrazonal durante la década pasada representa un hecho conocido y explicado en gran medida por la propia depresión económica en América Latina a partir de la crisis de la deuda externa. Esta retracción es bastante más acentuada en la primera mitad del decenio de 1980 que en la segunda. Las señales de reactivación reciente se deben a la dinamización de algunos ejes bilaterales, particularmente del comercio Argentina-Brasil. En lo que concierne a las exportaciones, con la excepción de México, Perú y Bolivia, los demás paises de la región aumentaron sus ventas en el ámbito de la ALADI (vease distribución de exportaciones intra-ALADI). Sin embargo, vale destacar que los niveles de intercambio intrarregionales que actualmente se observan no constituyen por sí solos un factor que impulse las iniciativas asociativas mencionadas.
Cuando se analizan las razones que cenducen a los países latinoamericanos a colocar en marcha estas iniciativas se percibe que a pesar de su naturaleza fragmentada todos los países actúan a partir de un universo estratégico semejante. No obstante, al contrario de lo que ocurría en el decenio de 1960, esta semejanza, en lugar de generar una percepción y una acción política regional en un sentido amplio, estimula la búsqueda de asociaciones selectivas.
El agotamiento de una postura regionalista tal vez constituya el legado político más importante dejado a América Latina por la crisis de la deuda externa, y por sus efectos sobre la economía de la región. Sin duda, una de las principales contrapartidas políticas de las negociaciones externas que conducirán a los procesos de ajuste, desencadenados a partir de esta crisis, fue el desvanecimiento de una identidad propia de la región junto a la comunidad internacional.
Caben aquí dos preguntas. La primera, ¿por qué en un cuadro de pérdida de identidad regional, sumado a una significativa retracción del comercio intrazonal, la opción de cooperar e integrar sigue presente? Y la segunda es. ¿por qué a pesMde ester presente, esta opción se manifiesta como una sumatoria de proyectos fragmentados en lugar de constituir un proyecto común de toda la región?
Un primer paso para responder ambas preguntas sería indicar que actualmente en la mayoría de los países latinoamericanos se superponen dos percepciones. Por un lado, la velocidad de las transformaciones en curso en el sistema económico internacional sumada al cuadro de estancamiento enfrentado por la región durante toda la década de 1980, obliga a un esfuerzo desmedido para romper la tendencia a la marginalización que prevalece con respecto a la región. Esta es la percepción que da vigor a la tesis del agotamiento del modelo de crecimiento desarrollista y justifica la implementación de reformas económicas neoliberales que pretenden la apertura comercial, la reducción del aparato estatal y el restablecimiento del equilibrio macroeconómico. En todos los casos, con la excepción de México y de Chile. estas reformas acompañan procesos de consolidación o perfeccionamiento democrático.
La segunda percepción es que algunas asociaciones regionales pueden contribuir a mejorar las condiciones de éxito de estos mismos esfuerzos. Los intereses comunes aquí son generados a partir de la sumatoria de diferentes intereses nacionales. Uno de los factores que más han agilizado este tipo de estrategia es la participación creciente del medio empresarial en los procesos asociativos en marcha. De esta forma se introduce un componente competitivo en este proceso, que si se mantiene se convertirá en un factor crucial para otorgarle una lógica expansiva.
Es interesante destacar que la idea de una estrategia asociativa en el marco regional podría reforzar las condiciones de "vinculación externa" que no se alimenta solo de una lectura estratégica movida por la articulación entre intereses de actores estatales y no estatales. Sobrevive en América Latina, en el ámbito de las operaciones gubernamentales, una visión "comunitaria".
Para entender las recientes iniciativas de integración y cooperación económica en la región no se puede descartar la noción de pertenencia. de lealtades comunes formadoras de una cultura política común. Sigue vigente en el ámbito latinoamericano la percepción de que hay una búsqueda común y por lo tanto necesidades de acciones conjuntas. Sin embargo este sentimiento "comunitario" se ve transformado, y está subordinado al universo de los intereses nacionales y las opciones tomadas por cada Estado en cuanto al "metodo" y los "resultados" obtenidos por sus procesos de reforma económica. Por eso existe actualmente comunión entre México y Chile, o entre Argentina y Brasil. La coincidencia de tiempos y resultados y/o dificultades de sus procesos de ajuste contribuye para activar una identificación entre estos países. Paradójicamente, por lo tanto, la misma motivación que une a algunos países, distancía a otros.
Desde el punto de vista político se debe destacar que el conjunto de iniciativas mencionadas están insertas en procesos domésticos de creciente pluralismo. Esto constituye un aspecto muy favorable para la continuidad de esas iniciativas ya que el mayor número de actores participantes multiplica los espacios de negociación y crea mejores condiciones para la diversificación de los intereses puestos en una estrategia integracionista. Al mismo tiempo, la voluntad política condición sine qua non para llevar adelante esos esfuerzos, amplía sus condiciones de diseminación y de apoyos consensuales duraderos cuando se manifiestan en contextos democráticos. También es importante notar que las nuevas situaciones políticas internas contribuyeron enormemente a la disminución de tensiones entre los países de la región. Las negociaciones de disputas fronterizas, que crean una salida diplomática a viejas controversias, son claras señales en esta dirección. De igual importancia son recientes medidas de confianza recíproca negociadas en el campo de la tecnología sensible.
En el plano económico, el interés asociativo reciente an América Latina está estrechamente vinculado a las actuales políticas de apertura comercial. Esto también ocurre con iniciativas preexistentes como es el caso del Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano y la asociación Argentina-Brasil. Son estas políticas las que dan nuevo impulso a la integración y la cooperación económica en el ámbito regional. Desde un punto de vista estratégico, la asociación económica es percibida como una contrapartida de las políticas de apertura comercial. De hecho los nuevos regímenes de comercio exterior tornarán inoperante el "posicionalismo defensivo" que en el pasado obstaculizó en América Latina la implementación de compromisos relativos a reducciones tarifarias. No obstante, subsisten argumentos contrarios a la noción de complementariedad entre apertura comercial e integración regional, teniendo en cuenta la disminución sensible de los márgenes de preferencias arancelarias que serán mantenidos en este cuadro (Porta, 1991).
De cualquier manera es innegable la existencia de una estrecha vinculación entre un proceso y el otro. Esta vinculación se da en función de una motivación doble: por un lado los países de la región procuran maximizar su capacidad de iniciativa frente a las tendencias de regionalización de la economía mundial, cuya máxima expresión potencial para la comunidad latinoamericana fue la iniciativa para las Américas. Por otro lado, la ampliación de mercados mediante la creación de zonas de libre comercio, uniones aduaneras o mercados comunes se transformó en una salida "exportadora", tanto para enfrentar las nuevas condiciones de competitividad internacional a la que pasan a estar expuestas las economías latinoamericanas, como para atraer las inversiones necesarias a la modernización tecnológica que esta misma competencia obliga.
Además de las motivaciones en común, existen también aquellas que se refieren a cada país en particular, que pertenecen al universo de sus intereses nacionales. En este caso no se trata solo de las motivaciones relacionadas con las políticas económicas implementadas recientemente sino también de aquellas que se refieren a factores políticos, sociales y geoestratégicos regionales, particularmente subregionales. Es importante destacar, el hecho de que los países latinoamericanos están particularmente atentos a la dimensión subregional de su inserción extema. Se percibe un importante cambio en la dinámica de cooperación y conflicto en América Latina, en donde los contenciosos regionales siempre se manifestaron en un ámbito subregional. Como ya hemos mencionado son diversos los ejemplos de "limpieza" de las agendas de conflicto tradicionalmente mantenidas entre estos países.
En esta misma dirección existe una practica generalizada en la región de activación de los comités de frontera. Los cuales más que preocuparse con los problemas de demarcación territorial se ocupan de temas relacionados con la ocupación de tierras, los movimientos migratorios, la protección del medio ambiente, el comercio ilícito y los efectos de las políticas integracionistas. También es reciente la movilización política y económica de los eslados fronterizos de estos países, que procuran ampliar sus márgenes de autonomía y su capacidad de presión frente al poder central en los procesos asociativos en marcha. Además de los aspectos problemáticos que se hacen presentes en cualquier área fronteriza, estos estados muchas veces representan una parte sensible de las negociaciones económicas integracionistas principalmente aquellas referentes a productos primarios, donde el cálculo costo/beneficio es acompañado por una potente caja de resonancia política. La experiencia del MERCOSUR ofrece ejemplos extremadamente ilustrativos en este sentido. Existen también ejemplos bilaterales como el de Colombia-Venezuela, o el de Chile-Argentina, en los que se entrecruzan negociaciones limítrofes, comerciales y fronteroadministrativas. Entre los múltiples beneficios explorados en este tipo de aproximaciones se destacan dos campos vitales: la mejora del sistema de comunicaciones entre los países y el desarrollo de una interdependencia energética.
El análisis de los intereses nacionales y subregionales que sustentan las opciones asociativas recientemente buscadas por los países latinoamericanos lleva a que se puedan establecer interesantes comparaciones.
Existen, por ejemplo, puntos comparables entre la política mexicana ante Estados Unidos y la desarrollada por Argentina con relación a Brasil. A pesar de que parten de realidades interactivas diferentes en términos cuantitativos y cualitativos, ambos países enfrentan los desafíos de una integración asimétrica. En los dos casos son estos países los que toman la iniciativa de negociación y perciben la integración como un horizonte "inevitable" más que "deseable", en lo que se refiere a sus estrategias de inserción internacional. Tanto en la dinámica México-Estados Unidos como en la de Argentina-Brasil existe una diferencia entre el peso de las motivaciones políticas y económicas. Las motivaciones mexicana y argentina son fundamentalmente de naturaleza económica, mientras que en el caso norteamericano y brasileño las razones políticas tuvieron el mayor peso para explicar sus adhesiones a proyectos integracionistas. También es interesante señalar que tanto México como Argentina intentan mantener políticas exteriores independientes de los procesos de integración en que están involucradas. Tanto para Estados Unidos como para Brasil esto respresenta un costo no deseable. Ejemplos concretos en este sentido han sido el interés mexicano en seguir su histórico diálogo con el gobierno revolucionario cubano, y la decisión argentina de cultivar un alineamiento político con Estados Unidos. Tanto para México como para Argentina éstas representan pruebas "estrategicas" de autonomía frente a sus fuertes vecinos.
También se pueden comparar aspectos entre los esfuerzos de reactivación de los procesos integracionistas centroamericano y andino. Además de los estímulos recientes ya mencionados, producidos por las reformas económicas en curso en cada país de ambos grupos, deben ser destacados los contextos políticos en que se impulsan estos estuerzos. Las dos subregiones enfrentan realidades extremadamente precarias en lo que se refiere a su estabilidad política. Sea en función de un cuadro reciente de guerra prolongada o de actuación desestabilizadora de redes narcoguerrilleras, junto a una fuerte dosis de violencia política y social, prevalece un escenario de fragilidad institucional que dificulta enormemente la dinamización de proyectos integracionistas. La posibilidad de avances en los dos casos dependerá de una efectiva asistencia internacional, como también del impacto regional que los nuevos procesos asociativos en curso produzcan, particularmente el Tratado de Libre Comercio México-Canadá-Estados Unidos, el Grupo de los Tres y el MERCOSUR.
Otro punto comparable se refiere a un aspecto estratégico presente en las iniciativas recientes en América Latina. Es frecuente la participación en más de una iniciativa asociativa, donde esta participación adquiere un sentido instrumental; un "juego de compensaciones". El objetivo en este caso es maximizar oportunidades y minimizar riesgos. Se puede observar la adopción de esta estrategia en tres casos: países de porte medio que participan de asociaciones particularmente frágiles; países que participan de asociaciones dinámicas pero que mantienen una posición asimétrica y un país que hasta el presente optó por una estrategia de asociaciones bilaterales seleccionadas.
Ilustran el primer grupo las políticas adoptadas por Venezuela y Colombia, que mantienen una "doble afiliación" en el Pacto Andino y en el Grupo de los Tres, además de buscar recientemente la dinamización de su propia vinculación bilateral. Aunque razones históricas comprometen a ambos países con el Pacto Andino, tanto Venezuela como Colombia tienen sus ojos puestos en el Tratado de Libre Comercio Mexico-Estados Unidos-Canadá. En el siguiente grupo se incluyen México y Argentina. El primero intenta mantener activa su agenda con el "Sur" como contrapartida a su proceso integracionista con el "Norte"; sea a través de una iniciativa estratégica como la del Grupo de los Tres o por una asociación comercial como la que se está estableciendo con Chile. En cambio Argentina, a pesar de estar enteramente movilizada por el proceso MERCOSUR, intenta desarrollar otros vínculos alternativos bilaterales con Chile y Venezuela, y pretende también una relación económica especial con Estados Unidos que represente una contrapartida material a su alineamiento político con esta nación
El tercer comportamiento está pensado para Chile, que ha dejado clara su preferencia por asociaciones de costos mínimos, y que al mismo tiempo le permitan un acceso a los procesos integracionistas de mayor dinamismo en curso. México y Venezuela, además de disponer de políticas comerciales plenamente compatibles con la chilena, ofrecen la ventaja de ser países exportadores de petróleo. México ejerce especial atracción por los nuevos horizontes comerciales y de inversiones creados a partir de sus negociaciones con Estados Unidos. Los ensayos de asociación con Argentina estan movidos por un conjunto de intereses nacionales que pertenecen al universo geopolítico y de las interacciones interestatales tratadas anteriormente, como también por la percepción de que mantenerse al margen del MERCOSUR no debe excluir la posibilidad de aprovechar el impacto dinamizador que este proceso puede tener para sus vecinos.
Existen también los países que no se incluyen en ninguno de los tres grupos, sea por "elección" o "imposibilidad". En el caso de Brasil, por ejemplo, no existe una predisposición a sumar iniciativas asociativas intrarregionales. Este hecho se debe tanto a factores conyunturales, como son las diferencias que aún prevalecen en cuanto a los resultados y métodos de sus reformas económicas (particularmente aquellas referidas al grado de apertura de su economía cuando se compara con países como México y Chile), como por la dimensión de los vínculos extrarregionales de la economía brasilena que limita el componente "comunitario" en sus intereses externos. También se suman acá los típicos atributos de un país "ballena", poca flexibilidad y movilidad económica como países medianos y chicos. Aparecen por primera vez señales de cambio de esta tendencia a partir de la participación del país en el proceso MERCOSUR.
Finalmente estan las naciones menores de la región, que adhieren a los procesos de integración conducidos por los países grandes y medianos, con escasas posibilidades de buscar estrategias alternativas. Además de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, se incluiría aquí a Perú, cuya capacidad de iniciativa se ve extremadamente reducida ante las dificultades económicas y políticas que enfrenta. En el caso de Paraguay y Uruguay es interesante notar el poder de atracción ejercido sobre ambos por el proceso de integración argentino-brasileño. Teniendo en cuenta el peso del intercambio que ambos países mantienen con Argentina y Brasil, la creación de un mercado común entre estos les causaría el impacto de un choque externo. Ajustarse a este proceso desde adentro, desarrollando una política activa frente a sus resultantes se tornó claramente más conveniente que sufrir sus consecuencias pasivamente. En el caso de Uruguay esta adhesión correspondió a una arriesgada "jugada" de su gobierno, siendo este, sin duda, el país de América Latina que más desarrolló una dinámica doméstica de negociaciones, semejante a la que fue adoptada por los países europeos durante la etapa formativa de la Comunidad Económica Para Paraguay el MERCOSUR podría facilitar la renegociación de algunos puntos sensibles del Acuerdo de Itaipí, firmado con Brasil en al decenio de 1970.
Un último punto a mencionar con respecto a las estrategias integracionistas
de los países latinoamericanos (que es complementaria a la idea del
juego de compensaciones) es la identificación de algunos "freeriders"
potenciales. Este es el caso de Venezuela y Colombia, que ciertamente serían
beneficiados por el Tratado de Libre Comercio en negociación entre
México, Estados Unidos y Canada, siempre y cuando este contemplara
una clausula de adhesión que mantuviera abierta la puerta para nuevos
miembros. Y también podría ser el casode Chile si este país
finalmente se anima a integrar el MERCOSUR una vez que este proceso muestre
señales concretes de éxito
IV. Consideraciones finales
La presente movilización latinoamericana en torno a iniciativas asociativas intrarregionales enfrenta aún serios desaíos. Los obstáculos son fundamentalmente de naturaleza económica, y se pueden resumir en tres puntos: el estado depresivo de diversas economías latinoamericanas después de una década de estancamiento; la inestabilidad económica de estos países ocasionada por los desajustes estructurales derivados de los procesos de endeudamiento externo, y las diferencias que prevalecen en estos países en lo que se refiere a sus políticas macroeconómicas (particularmente aquellas que se refieren a temas cambiarios, fiscales y de comercio exterior). En este cuadro el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos constituye una cuestión aparte. Se trata del único caso en el cual la puesta en marcha del proceso integracionista y la vinculación a un polo dinámico de la economía mundial se dan en forma simultánea.
Más allá de su fragilidad económica, el proceso de integración de América Latina carece también de un "paraguas" institucional. A diferencia de lo que sucdía en el decenio de 1960, cuando la CEPAL cumplía un papel político y la ALALC uno operativo, en el presente este proceso corresponde a una sumatoria de fragmentadas iniciativas intergubernamentales. Este hecho obviamente dificulta un mayor protagonismo por parte de los foros multilaterales que actúan en la región, tales como CEPAL, SELA y ALADI, así como también el Grupo de Río. Por un lado se evitan frustraciones ya.conocidas en el medio latinoamericano en lo que se refiere a procesos ineficientes de burocratización, acompañados por una retórica precariamente conectada con la realidad. Por otro, sin embargo aumentan las posibilidades de que este proceso mantenga su curso fragmentado.
Hasta el presente este proceso cuenta con dos referentes extrarregionales potenciales: Estados Unidos particularmente la Iniciativa Bush y la Comunidad Europea. En el primer caso, si bien el gobierno norteamericano ejerció intensa presión para que los países latinoamericanos pusiesen en marcha sus reformas económicas, su actuación fue discreta frente a las iniciativas regionales de integración y asociación comercial. Su primer gesto formal de aceptación fue la firma de un acuerdo marco con el MERCOSUR en los mismos términos que los que venía realizando bilateralmente en la región. Hipotéticamente el punto de llegada de este acuerdo sería la inclusión del MERCOSUR en una zona de libre comercio que se extendería de Norte a Sur del continente americano. No está claro cual es el grado de viabilidad económica de un projecto de esta naturaleza, sea por su superposición a otras negociaciones del gobierno norteamericano en el ámbito latinoamericano particularmente con México por las contradicciones que se podrían generar en el seno mismo del MERCOSUR.
Por parte de la Comunidad Europea surgen señales de un interés político en el proceso en marcha en América Latina. Hasta hace poco estos intereses se habían manifestado solo junto a los esfuerzos centroamericanos, dando continuidad a una preocupación transmitida desde la época de la guerra en América Central. Estas señales aparecen en un contexto bastante desfavorable de las relaciones económicas CEE-América Latina, y están más vinculadas al proyecto comunitario de dar proyección política a su experiencia integracionista. "Enseñar" esta experiencia en un contexto internacional donde las estrategias integracionistas son deseables o inevitables, constituye un importante activo político. En América Latina, un primer paso en este sentido fue dado a partir de la decisión reciente de la CEE de incluir a la región, junto con los países centrales y orientales de Europa, en su trabajo de formación de cuadros técnicos
Todas las iniciativas latinoamericanas mencionadas trabajan con calendarios
extremadamente ambiciosos, principalmente en el caso en que además
de zonas de libre comercio está prevista la formación de mercados
comunes en un plazo de 5 años. La única fuente de credibilidad
con que estos calendarios cuentan es el grado de efectividad de las reformas
económicas en curso en estos países, y la capacidad de respuesta
y adecuación de sus sectores productivos. La posibilidad de una ampliación
de mereados podrá representar un fuerte atractivo que suavice costos
y asegure los beneficios de este proceso. No obstante, la estabilidad política
y económica constituye una condición indispensable para que
ambas dinámicas sean exitosas. A pesar de ser comunes a todos los
países de la región, estos desafíos al mismo tiempo
que estimulan la integración, profundizan su fragmentación.
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