En los años treinta, el funcionamiento económico de América Latina estaba aún basado en la exportación de bienes primarios; aunque la industria había experimentado un pequeño crecimiento. La política económica de esos años permitió estimular, al mismo tiempo, las exportaciones primarias y el desarrollo industrial. Pero hacia los años cincuenta, América Latina se encontraba totalmente aferrada a la industrialización de sustitución de importaciones (ISI) (se había descuidado el sector exportador). ¿Cómo y por qué se pasó de esa política coherente de los años treinta a las contradicciones de los años cincuenta? Se analizará: 1) el impacto de la Segunda Guerra Mundial (SGM) en las economías latinoamericanas y 2) la evolución de las políticas económicas posteriores. La conclusión es que el rechazo explícito al viejo modelo del crecimiento basado en las exportaciones y la consolidación del nuevo modelo de crecimiento de la ISI y de desarrollo económico hacia adentro, ocurrieron, al menos en los países más grandes, entre finales de los cuarenta y mediados de la década de 1950.

La segunda guerra mundial
Hacia 1918 el viejo sistema centrado en Londres y en el patrón oro estaba en descomposición, y el dominio de Estados Unidos en los circuitos comerciales y de capital era evidente. Como ahora existían más de un centro financiero y una oferta mucho más amplia de fondos, inconstantes a corto plazo, el sistema se hizo peligrosamente inestable. Estados Unidos no adoptó la conducta del "acreedor cauto" (que sí tenía Gran Bretaña) que importa bienes para permitir el pago a los deudores y presta prudentemente para proyectos que fomenten la capacidad de pago. Adoptó en cambio, políticas proteccionistas y buena parte del capital exportado por banqueros privados inexperimentados adoptó la forma de préstamos que financiaron proyectos aventurados y extravagantes. El crac del 29 puso en evidencia la debilidad del sistema, y por eso durante la década del treinta la mayoría de los gobiernos implementaron políticas proteccionistas y de controles de cambio que sólo permitieron un crecimiento lento del comercio mundial, reduciéndose notablemente las inversiones extranjeras .
Sin embargo, el período 1913-1939 no fue para América latina de depresión generalizada. Por el contrario, en la década de 1930 se logró un crecimiento significativo mediante la ISI y la ASI. Con la industrialización y el intervencionismo estatal, tomó forma un nuevo modelo de desarrollo diferente al basado en las exportaciones. No obstante, las exportaciones tradicionales aún eran importantes.
Con el inicio de la guerra en 1939, se vieron afectados las fuentes de suministro, los mercados de exportación, los servicios de trasporte y los recursos financieros que abastecían a Latinoamérica. Las importaciones británicas se concentraron únicamente en los bienes esenciales: azúcar y petróleo. A su vez, Gran Bretaña tenía menos para exportar. El principal problema económico para América Latina comenzó a ser la acumulación de grandes excedentes de exportación (trigo, maíz, aceite, café, cacao, azúcar y bananas), cuyos precios descendieron inevitablemente. Pasó lo mismo con las pieles, maderas, algodón, nitratos y metales. Japón trató de aprovechar esta situación para abastecerse de materias primas, pero no tenía para exportar los bienes que América latina deseaba y que antes los países europeos proporcionaban.
Estados Unidos era muy conciente de los peligros que las dificultades económicas de América latina planteaban para la solidaridad panamericana. Por lo tanto, aquel país implementó medidas económicas que permitieron el crecimiento del comercio entre ambas regiones, que repercutieron además, en un aumento del comercio interlatinoamericano [¡qué vocablo!]. Como consecuencia de estas nuevas políticas comerciales, hacia fines de los 40, el balance comercial de América Latina era totalmente negativo con respecto al país del norte [no hay manera, ¡siempre estamos cagados!]. Con la entrada de Estados Unidos a la guerra, América latina quedó aún más gravemente afectada [no te digo…]. Estados Unidos, entonces, comenzó a presionar a los países latinoamericanos para que se declarasen a su favor en la guerra y en contra de los países del eje [los contrarios a Estados Unidos en la guerra: Alemania, Italia, Austria, con los que aún se mantenían algunos vínculos comerciales]. Los países que sí lo hicieron, pronto obtuvieron grandes beneficios ya que Estados Unidos les compraba algunos materiales estratégicos (estaño boliviano y otros en México, Perú, Chile, Brasil, Argentina) y realizó una importante inversión pública y privada especialmente en las áreas de trasporte y comunicaciones [como cien años antes lo hicieron los ingleses: ¡sólo para llevarse los recursos naturales!]. Los países que no se aliaron a Estados Unidos se vieron apartados de estos beneficios. Este sistema de "premios y castigos" implementado por Estados Unidos afectó notablemente al desarrollo económico latinoamericano durante la Segunda Guerra.
¿Qué significó entonces esta guerra para el proceso de transición económico en Latinoamérica? En primer lugar, fue un nuevo golpe para el modelo basado en las exportaciones, que además dejaba ver el problema de disponibilidad de las importaciones y de transporte, y la inestabilidad del comercio mundial de bienes primarios frente a los conflictos internacionales. Segundo: NO aumentó la autonomía latinoamericana, por el contrario, aumentó notablemente la dependencia con Estados Unidos. De las economías más grandes, sólo Argentina logró resistir la influencia estadounidense. Tercero: aumentaron paulatinamente la intervención económica de Estados Unidos en América latina, junto con el papel de los gobiernos nacionales. En gran parte de esta región, los intereses del sector privado comenzaron a estar más ligados a los del gobierno. Estos dos elementos serán clave para el posterior desarrollo del nuevo modelo de crecimiento de posguerra. El cuarto, y el más sobresaliente, fue el crecimiento de las exportaciones como respuesta a la creciente demanda de productos primarios; sin embargo, la capacidad de cada país para beneficiarse de esto, fue muy variada (por ejemplo el bajo precio de los minerales no dejó grandes ganancias). Quinto: en la industria operaron fuerzas contradictorias: la escasez de artículos importados alentaba nuevos proyectos de sustitución, pero éstos estaban limitados por la escasez de bienes de capital esenciales importados. Por este motivo, la nueva industria se orientó hacia la producción de los bienes de capital (maquinarias, herramientas) y los insumos básicos). Esta situación permitió la transformación de varios talleres en fábricas, y permitió el inicio en el continente de la exportación de manufacturas. Por último, la entrada de una gran cantidad de divisas (moneda extranjera) gracias al aumento de las exportaciones, pero la imposibilidad de utilizarlas en importaciones, generó, inevitablemente un proceso inflacionario. Sin embargo, el excedente de divisas fue aprovechado por algunos países para el pago de la deuda externa (por ejemplo México y Brasil).

Las consecuencias de la guerra
En los años posteriores a la guerra se percibió claramente que el sistema se había resquebrajado y que se requería un gran cambio institucional. Estados Unidos era indudablemente la mayor potencia del mundo, y ellos decidieron cuáles cambios eran necesarios implementarse: Los principales fueron la eliminación de los controles del estado en la economía (establecidos en la década del 30 y profundizados durante la guerra) y el control de la inflación.
El convenio de Bretton Woods de 1944 estableció volver a un sistema de cambios estable y a una oferta constante de capital a largo plazo para propósitos productivos. Para ello se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se restauró el "patrón oro", pero rápidamente evolucionó al "patrón dólar" como moneda (divisa) oficial de cambio internacional. Ambos organismos presionaron para la liberación del comercio y del capital, al menos, en todo el mundo occidental ("Fue el comienzo del fin", destacó Andreas).
En 1947, Estados Unidos lanzó el "Plan Marshall", que consistió en un plan de recuperación económica para los países europeos. América latina, en cambio, no recibió ayuda alguna. Sin embargo, aquel país yo no se opuso a que sus empresas invirtiesen directamente en manufacturas en el extranjero, ya que el crecimiento económico fue visto como una protección para los sistemas democráticos; además, el desarrollo industrial de los países del Tercer Mundo traería aparejado nuevos mercados y nuevas oportunidades para la producción y la inversión estadounidenses. Sin embargo, el flujo de capitales hacia América latina fue escaso y concentrado únicamente en el azúcar cubana y el petróleo mexicano; sólo luego de la guerra de Corea en 1955, aumentó significativamente la entrada de capitales estadounidenses para el desarrollo de algunos minerales estratégicos (hierro en Brasil, cobre y plomo en México y Perú, cobre en Venezuela, bauxita en el Caribe). América Latina no era importante para Estados Unidos, ni en términos políticos, ni económicos.
Sin embargo, desde la perspectiva latinoamericana, la guerra había puesto de manifiesto el nivel de poder e influencia de Estados Unidos tanto en términos políticos, como económicos. El comercio de exportaciones, había pasado a ser mayoritariamente con los Estados Unidos, quedando relegada Europa a un segundo lugar; en cambio el comercio interregional entre los países latinoamericanos, era totalmente marginal (cuadro pág 59).
En el Acta Económica de las Américas, como parte de la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y la Paz, celebrada en 1945 en Chapultepec, Estados Unidos exigió a los demás países americanos a reducir los aranceles y a dar acogida al capital extranjero, condenando además el nacionalismo económico y desalentando la empresa pública [no querían nada…]. Sin embargo, el documento final condenó sólo el nacionalismo económico, dejando sin tratar la cuestión de las empresas estatales.
Hasta 1948 América latina esperó un Plan Marshall para la región; sin embargo en la novena conferencia de la OEA quedó claro que no sucedería tal cosa. Entonces, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), creada ese mismo año y formada por un grupo de jóvenes economistas, dio a conocer en 1949 la "tesis Prebisch" que representaba el "punto de vista latinoamericano" y que desafiaba al pensamiento ortodoxo de la época dominado por la Teoría de la Dependencia [esta teoría postulaba que las diferencias entre los países desarrollados (o centrales) y subdesarrollados (o periféricos) se debían al distinto grado de desarrollo industrial; en consecuencia, la brecha social y económica entre ambos grupos de países podría ser salvada mediante el desarrollo industrial, para lo cual era "necesario" que los países subdesarrollaron aceptaran los "consejos" económicos de los países desarrollados -que incluía la llegada de las empresas multinacionales que "traían" consigo el "desarrollo técnico e industrial", sí, claro-] Andreas dijo que la Teoría de la Dependencia fue elaborada en 1949 por Cardoso y Faletto en oposición a la teoría imperialista porque recibían fondos estadounidenses para su trabajo . La "Tesis Prebisch", por su parte, afirmaba que las mejoras en la productividad del progreso técnico en la industria en los países centrales NO se reflejaban en precios más bajos, sino que eran retenidas (las mejoras) allí (en los países centrales), mientras que en la periferia las mejoras de la productividad en el sector primario eran menos significativas y los salarios se mantenían bajos por el excedente de mano de obra [es decir, mientras que los países centrales aplicaban el desarrollo tecnológico a la producción industrial, los países subdesarrollados la aplicaban a la producción primaria -cuyos productos eran aprovechados por los países centrales- sin que provocara mejoras en la situación salarial por el exceso de mano de obra]. Versiones posteriores de la teoría destacaron además la cuestión de la demanda y el comportamiento de los términos de intercambio: [la asimetría de la capacidad industrial hacía que los países centrales exportaran productos industriales (con mayor valor agregado) e importaran productos primarios (con un valor agregado prácticamente nulo); mientras que en los países periféricos era exactamente al revés: vendían barato y compraban caro, lo cual generaba un círculo vicioso en el cual los países ricos eran cada vez más ricos, y los países pobres eran cada vez más pobres]. Teórico de Andreas: entonces, los cepalinos argumentaron que la brecha no era solamente económica, sino más bien estructural. Las decisiones se toman en el Primer Mundo. Sólo una revolución llevaría al cambio. Seguimos con Thorp. Las economías latinoamericanas no respondían de forma automática a las señales del precio de los términos de intercambio debido a "rigideces estructurales". Las economías latinoamericanas, por tanto, requerían una promoción deliberada del gobierno a la industrialización. El capital extranjero era necesario para el desarrollo, pero los cepalinos creían que debía tratarse de capitales públicos [del estado]. La industrialización permitiría generar una independencia respecto de las exportaciones (que eran de productos primarios inestables y estancadas).
Sin embargo, dice Thorp, hacía falta algo más que las racionalizaciones previstas por los cepalinos; era necesaria una evolución de dos factores políticos para que el modelo de desarrollo basado en la ISI se estableciera de manera estable: 1) el capital extranjero fue privado (mediante las inversiones extranjera directa), no público; 2) el capital extranjero exigía una fuerza laboral "controlada". Aquí el autor analiza el caso de Brasil y el debate Simonsen-Godin (páginas 62 y 63).
El proteccionismo estatal de los años posteriores a la guerra incrementaron las relaciones empresariales estatales "clientelistas" en todas las economías industrializantes de América Latina de modo tal que, según un teórico de la época "lo que proponen (las empresas) es más bien la intervención empresarial en el gobierno que la intervención gubernamental en la empresa" (página 64, arriba). El sistema era tal que casi siempre la manera de aumentar las ganancias era operar a nivel político antes que con las variables técnicas convencionales que determinan la productividad [en Morón, a todo esto, le decíamos "corrupción"].
Pero las fuerzas en conflicto también operaban, en la década de 1950, respecto al capital extranjero. Nuevos grupos surgieron durante esta década cada vez más asociados a este tipo de capital. Se constituyó, finalmente, una triple alianza entre el Estado, las multinacionales, y la burguesía nacional, en la cual esta última era, sin dudas, el socio menor [bueno, tampoco deberían quejarse mucho…].
País por país, paulatinamente, los principales rasgos de la política económica de las décadas de la posguerra se consolidaron: se definió la relación con el capital extranjero y se redujo el uso de algunos controles directos (en las páginas 65 y 66, el autor analiza algunos casos particulares).

Pese al crecimiento de la ISI en el período 1940-1945, el resto de la década mostró un retroceso, incluso en las economías grandes: nuevamente se redujo la participación estatal (ante la presión de Estados Unidos) y se debilitó el impulso de las industrias básicas, a la vez que el temor a las tendencias inflacionistas acrecentó la dependencia de los controles a la importación; esto fue percibido como un medio hostil para los inversores extranjeros. Aquí la autora analiza varios casos (págs 67-81). En Argentina, Perón implementó una enérgica política de promoción del sector industrial para el mercado interno mediante créditos amplios y baratos, pero las exportaciones de bienes manufacturados durante la guerra se redujeron, como así también las exportaciones de carne y granos, por lo que las divisas rápidamente comenzaron a escasear. Cerrado el comercio con Estados Unidos por no declarase en contra de los países del Eje durante la guerra, los excedentes de divisas obtenidos del comercio con Europa no podían utilizarse para las importaciones de Estados Unidos. La industria se estancó. Brasil, en cambio, no experimentó un descenso de la producción industrial. En México, la industrialización se convirtió en un rasgo esencial de la política económica de Ávila Camacho y de Alemán. Sin embargo, no existió una verdadera planificación, ni un programa global de desarrollo económico nacional. Chile es el único caso entre de las cinco economías grandes, cuyas exportaciones crecieron, aunque en forma limitada. Sin embargo, debió pagar el costo de la inflación. Colombia disfrutó del auge de la exportación del café, pero creció muy lentamente. No obstante se destacó por ser el único país en desarrollar un sistema proteccionista tanto para la producción industrial como para la agricultura. Uruguay, ya industrializado antes de la guerra, a partir del proteccionismo batlista, no contó con una política de desarrollo a largo plazo, y a mediados de 1950 su crecimiento industrial se detuvo y el atraso en la producción agropecuaria originó problemas en la obtención de materias primas y de divisas, dejando ver las limitaciones del mercado. Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, estaban menos preparados para la industrialización y su avance fue muy lento. En Venezuela, la acogida al capital extranjero fue total y los grupos nacionales se identificaron totalmente con el Estado; así desarrolló la industria metalúrgica y la agroindustria. Ecuador creció en base a las exportaciones de café, cacao y bananas producidas en la región costera, por lo que la industria (localizada en la sierra), descendió. Perú llevó a cabo una política claramente favorable al capital extranjero, pero la industria recién se desarrolló en los años sesenta, para paliar el desempleo y la agitación rural. El estancamiento de Bolivia se relaciona con el mercado internacional del estaño y con las políticas interna condicionada por este mismo mineral. Paraguay, dominado por la elite exportadora de carne y tabaco hasta el inicio de la dictadura de Stroessner en 1954, vivó una fuerte presencia del capital extranjero en la tierra y en la infraestructura. En América Central crecieron rápidamente las exportaciones (especialmente café y bananas), por lo cual el modelo tradicional de exportación se mantuvo sólido y entonces no fue discutido. Recién en los años sesenta la influencia cepalista promovería la idea de una industrialización deliberada dentro del contexto de un Mercado Común Centroamericano. Cuba se mantuvo dependiente de la exportación azucarera.

Dos casos extremos de la economía política de la posguerra para América Latina en relación a la discriminación que la agricultura sufrió en relación a la ISI, son México y Argentina: el primero logró alcanzar el desarrollo agrícola, mientras que en el segundo, la desinversión durante el peronismo, fue fatal.
En la mayoría de los países, donde las políticas fueron menos extremas, la agricultura destinada al mercado interno resultó descuidada. El sector agrícola siempre estuvo forzado a vender a precios más bajos que los que tenía el mercado mundial. La única excepción fue Colombia, que desarrolló una "protección integral" para el campo y la industria.

Con respecto a la distribución de la renta, sólo está debidamente documentada en México, donde el empeoramiento de la misma está relacionada con el desigual acceso a las ganancias de la productividad agrícola. Thorp cree que el "argumento negativo" [que la distribución de la renta empeoró, es decir que se volvió más desigual, es decir que aumentó la brecha entre ricos y pobres] es válido puesto que al no haberse implementado reformas agrarias, el acceso a los medios de producción siguió sendo desigual.

Conclusión
La década de 1930 había sido un período de crecimiento para América Latina luego del desastre inicial de la depresión de 1929. En una combinación inusitada y fugaz, el Estado había permitido el crecimiento de las exportaciones tradicionales y había iniciado el desarrollo industrial (para sustituir los bienes importados).
La Segunda Guerra Mundial generó efectos positivos y negativos: mejoró los ingresos de exportación, pero no había en qué gastarlos, con lo cual se generó una fuerte inflación interna. El papel de Estados Unidos fue paradójico: aumentó su influencia en la región, pero promovió el desarrollo industrial. Por otro lado, aumentó el papel del Estado, pero aumentó también su relación con el sector privado, que comenzó a tener una creciente ingerencia en las decisiones políticas.
En relación a la tensión entre la necesidad constante de una fuente de divisas y la necesidad de diversificar la economía; de reducir la dependencia y desarrollar fuentes internas de dinamismo; la guerra dejó como consecuencia un tipo de cambio sobrevaluado y presiones inflacionarias aceleradas. El miedo a la inflación llevó, primero al gasto de las divisas acumuladas en importaciones [calculo que improductivas], y luego, al uso de controles para restringir la importación [no entendí].
Dos modelos entraron en juego para orientar la reforma: la concepción estructuralista naciente propugnaba por una industrialización inducida por el Estado, mediante una protección modesta y eficientemente dirigida, y confiada en los flujos de capital público extranjero. La segunda visión respondía a los intereses de Estados Unidos y a los intereses más conservadores de América latina, con orientaciones liberales, y a favor del capital extranjero privado. Cuando estuvo claro que el capital público extranjero no iba a llegar, se adoptó una posición intermedia entre ambos modelos, buscando desesperadamente capital privado extranjero, pero que fue atraído por mercados internos protegidos y una legislación [muy] favorable. La idea de exportar nuevos bienes manufacturados desapareció rápidamente [chau, nos garcaron de nuevo], y la eficiencia se subordinó a las oportunidades de ganancia a corto plazo [es decir, nunca se implementaron políticas de desarrollo a largo plazo y que pudieran sostenerse en el tiempo]. La idea durante la guerra de desarrollar la industria básica, también se esfumó frente a la producción de bienes de consumo duradero [que no permiten avanzar en el desarrollo industrial]. Los dirigentes descuidaron la importación de tecnología inapropiada y el prejuicio implícito contra la agricultura y las exportaciones no fue analizado (oculto por el desarrollo industrial), y sus resultados se sufrieron más tarde.
Hubo importantes contradicciones y tensiones en el nuevo modelo. Fue creciente el papel del Estado, creciente la demanda de los nuevos grupos sociales, y acelerados el crecimiento demográfico, la urbanización, y la industrialización. La actitud ambigua del sector privado se resolvió mediante el clientelismo. Las tendencias de la etapa bélica de estímulo al comercio intrarregional y a la industria básica, desaparecieron. El capital público extranjero fue insuficiente. La conducción de la ISI fue ineficiente, la inversión extranjera descontrolada, hubo un creciente desequilibrio sectorial entre la industria y la agricultura, y el modelo de acumulación dependiente de una confianza casi siempre tenue entre el Estado y el sector privado fue frágil.
Algunos de estos problemas se solucionaron a finales de la década de 1950 con la disminución de los controles comerciales, con una reducción del sesgo antiexportador y con una aceptación completa del capital extranjero [debe ser por esta afirmación de Thorp que Andreas dijo en clase que "Thorp pertenece a una generación de economistas liberales-progresistas que no cuestionan al capitalismo"]. Sigue la autora. Pero esto estaba lejos de una solución real, y quedó evidenciado en el crecimiento del mercado mundial en los años sesenta y por la mayor disponibilidad de crédito extranjero durante los setenta. Finalmente, sin embargo, las tensiones se hicieron abrumadoras, cuando las implicancias en el sistema fiscal y en la balanza de pagos del modelo subyacente se hicieron evidentes [esto último tampoco lo entendí].

Depresión del 29: formación de nuevos ejércitos profesionales, de carrera, copiados de Europa. Sin embargo, es difícil generalizar. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países de la Latinoamérica estaban gobernados por militares. ¿Es posible encontrar principios de comprensión comunes en todos los fenómenos a los que hicimos referencia? Para ello s importante destacar un contexto externo común y homogéneo.

La evolución de las Fuerzas Armadas
Dos regiones: Sudamérica (más Guatemala y El Salvador) y América Central (menos esos dos). En las segundas fue más tardía la aparición del estado y seguían inmersas en las guerras entre clanes y caudillos; además fueron ocupadas por Estados Unidos que creó las Guardias Nacionales. En las primeras, la evolución del estamento militar y su papel en la política, atravesaron por tres etapas:
1) 1860-1920: creación de los ejércitos modernos (formación estados nacionales)
2) 1920-1960: era militar: las fuerzas armadas profesionales comienzan a desempeñar un papel en la vida política.
3) 1960-1990: el papel de los militares adquiere un tono internacional, en el marco de hegemonía de los Estados Unidos y bajo el efecto de la Guerra Fría. Contra el peligro comunista.
1. Los ejércitos modernos nacieron como parte del proceso de modernización del estado. Para modernizarse debieron copiar los modelos europeos de moda: Francia y Alemania. La modernización de los ejércitos nacionales latinoamericanos llevó aparejadas dos reformas claves: 1) el reclutamiento de oficiales por medio de academias militares especializadas y su formación en ellas, y 2) la instauración del servicio militar moderno. Ejército viejo y ejército nuevo: tenía que inculcar un sentido cívico y moral en los futuros ciudadanos que eran puestos a su cargo y fomentar su espíritu nacional. Los nuevos oficiales, reclutados por sus méritos y formados en un molde común por las academias militares, asumieron una posición especial en el estado. Cooptados por sus iguales, y en teoría independientes de los personajes influyentes de la política y la sociedad, estos oficiales constituyeron un conjunto de funcionarios estables y permanentes con una carrera regulada, en contraste con los aficionados intercambiables que predominaban en el resto de la maquinaria del estado. Empezaron a participar de la política.
2. En las décadas de 1920 y 1930 el activismo político de los militares como institución, totalmente distinto a los pronunciamientos tradicionales de generales ambiciosos y descontentos, aumentó de manera notable en un gran número de países. Generalmente, aunque no siempre progresistas, se levantaron contra el status quo y por ello se puede decir que los militares entraron a la política por la izquierda del escenario: se buscaba alcanzar la justicia social, reforzar el potencial humano, económico, y por ende, militar de las naciones respectivas Argentina fue la nota discordante por su carácter claramente conservador. Contexto crisis y de sustitución de importaciones y nacionalismo. Progresistas, si era con orden social. Crisis del sistema liberal y elites tradicionales incapaces de conducir la nueva sociedad y la crisis. Nacional-militarismo.
3. El tercer período se subdivide en dos etapas:
En la primera, en el contexto de la hegemonía absoluta de los Estados Unidos sobre el continente, y a partir del desarrollo de la Guerra Fría de la Revolución, ante el peligro de la "subversión comunista", las fuerzas armadas del continente se prepararon para la guerra contrarrevolucionaria. Aparece la guerrilla en varios países. La seguridad nacional sustituyó a la defensa nacional. De esta forma, entre 1962 y 1966, los nuevos "cruzados" de la Guerra fría desencadenaron una serie de nueve golpes de estado en la región. La idea un tanto mal definida del "Occidente cristiano" parecía haber sustituido al estado nación en la jerarquía de las lealtades militares.
La segunda etapa se inicia en 1968 cuando empezó a tomar forma una coyuntura nueva que haría sentir sus efectos en las orientaciones políticas de los militares latinoamericanos hasta 1973: Cuba, encerrada sobre sí misma, y Estados Unidos, enfrascado en sus guerras de Vietnam y en los conflictos de Medio Oriente, generaron un clima de distensión que permitió a los militares que se hicieron con el poder en varios estados entre 1968 y 1972, volver al las políticas del militarismo nacionalista y reformista (sucedió con fuerza en Perú, Panamá, Bolivia, Ecuador y Honduras; con menor intensidad en Argentina y Uruguay).

Los regímenes militares
1. Dictaduras patrimoniales o sultánicas, o Guardias Pretorianas. En América Central y el Caribe, durante el período de entreguerras. Su carácter militar es dudosa, más bien caudillismo. Se caracterizan por confundir el patrimonio público con el privado y el estado es considerado como un botín.

2. Tres modos dominantes de poder militar:
1) La más característica es la que constituye una tutela militar virtualmente permanente, aunque no estable, en la cual la excepción en términos constitucionales se ha convertido, de hecho, en la regla: en Argentina, Brasil, Salvador, y Guatemala (hasta la década de 1980). Se denominan Repúblicas pretorianas.
2) El militarismo catastrófico de Uruguay y Chile después de 1973: unos militares que antes respetaban una tradición democrática intentaron fundar el estado contrarrevolucionario.
3) Las revoluciones militares reformistas y nacionalistas del decenio de 1970, sin participación de las masas, pero de carácter populista en Perú, Bolivia, Panamá, y en menor medida también en Ecuador y Honduras.

3. Los límites del militarismo: los estados civiles (o excepciones): donde el gobierno civil ha predominado durante períodos relativamente largos. A fines de 1980 cuatro países hacía al menos treinta años que gozaban de un gobierno civil y subordinación militar ininterrumpidos: Costa Rica, Venezuela, México y Colombia. Había habido intentos de golpes militares, pero éstos habían fallado. ¿Por qué esta supremacía civil? Costa Rica, de hecho, no tiene fuerzas armadas desde 1948. Venezuela, desde 1958, cuando fue derrocado el último gobierno militar, disfruta de gobiernos civiles bajo un sistema bipartidario. La vida política del México posrevolucionario está controlado por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) que es el único partido oficial, de donde salen todos los presidentes. El partido controla también a los militares. Desde principios de siglo, Colombia disfruta de un sistema bipartidario que garantizó la continuidad constitucional. Las fuerzas armadas colombianas tradicionalmente fueron débiles, pobres y carentes de prestigio; además, el ejército siempre ha estado dividido en unidades pequeñas y dispersas por el país, patrullando y rastreando las zonas inseguras, rebeldes u hostiles. Acostumbrado a las guerras anti-subversivas, no ha sido el ejército que organiza golpes de estado. Una vez modernizado, el ejército se dedicó a liquidar toda oposición política que no fuera absorbida por el sistema. ¿Cuáles son los principales factores que tienden a limitar el militarismo? 1. El factor militar podría ser la profesionalización débil o tardía; 2. El factor político podría ser la fuerza y la coherencia del sistema de partidos. 3. Un tercer factor podría ser la existencia de un régimen político en el cual la oposición esté institucionalizada, en el cual las fuerzas políticas progresistas y las sindicales sean débiles y en el cual la participación de las masas sea controlada y encauzada, o marginada. Sin embargo, no puede hablarse de métodos infalibles, ni para evitar los golpes militares, ni para asegurar el ascendente civil.

1) Las repúblicas pretorianas
Las fuerzas armadas constituían verdaderas fuerzas políticas; una vez en el poder, tendían a invadir el estado. El autoritarismo entraña invariablemente una expansión de la burocracia política responsable de la vigilancia y la represión de los disidentes y de los adversarios. Pero la inclinación natural de los tecnócratas uniformados, sean cuales sean los objetivos y la ideología que proclamen, hacen que, además, en la mayoría de los casos, sean partidarios del aumento de la planificación gubernamental y de la expansión del papel económico del estado. La colonización del aparato del estado por parte de los militares es uno de los rasgos más destacados de las repúblicas pretorianas de América Latina.

2) El estado contrarrevolucionario
En 1973, a pesar de su larga tradición de estabilidad democrática y de sumisión militar a la autoridad civil, sufrieron de forma virtualmente simultánea, feroces y duraderas intervenciones militares. En lo económico, el régimen seudocivil uruguayo adoptó una lógica ultraliberal parecida a la de Chile. Las nuevas medidas neoliberales tenían como fin promover (mediante la drástica reducción del gasto público, la apertura de las fronteras del país y la concentración de la renta) la especialización del Uruguay (y Chile) en las industrias que pudieran competir eficazmente en los mercados internacionales.

3) Revoluciones militares o "dictaduras reformistas o nacionalistas": Perú, Bolivia, Panamá, Ecuador (y Honduras).
Los golpes de estado que se autoproclamaron progresistas, con líderes que afirman estar del lado del pueblo, no son muy creíbles en América latina. Los observadores han tendido a atribuir la nueva postura de las fuerzas armadas a una estrategia del "imperialismo" o al oportunismo de los militares. Este reformismo militar parece una especie de retorno a las fuentes (años 20 y 30) del militarismo latinoamericano contemporáneo. Todas ellas fueron revoluciones fracasadas: culminaron bruscamente o terminaron transformándose en contrarrevoluciones declaradas. Estos gobiernos se caracterizaron por represiones bruscas, inesperadas oscilaciones, y giros de 180 grados.
Estos diversos gobiernos de reformismo militar tuvieron muchas cosas en común. Eran paternalistas: invitaban al pueblo a ser meros espectadores d los cambos que lo beneficiaban. ¿Cómo y por qué estas minorías radicales, dentro de las mayoritarias tendencias conservadoras, lograron hacerse con el poder? Se debieron indudablemente al clima de distensión que se dio hasta 1973 en el continente. Sin embargo vale destacar que generalmente es sólo una facción de las fuerzas armadas la que toma el poder, NO son institucionales.

Los años ochenta y después
En otros momentos del siglo XX, las dictaduras militares latinoamericanas habían dado paso a instituciones civiles, representativas; sin embargo, es raro presenciar una retirada militar del poder como la que se produjo durante el decenio de 1980. En efecto, a mediados de 1990 en ningún país de América seguía en el poder un gobierno militar en el sentido riguroso de la expresión. Sólo en Paraguay había aún un general en la presidencia, pero se trataba de un general que había puesto fin al largo reinado del general Stroessner en Paraguay, y había iniciado un proceso de liberación. El gobierno civil fue restaurado en once naciones latinoamericanas (doce con Paraguay) entre 1979 y 1990. Además en 1989 cayó el régimen de Duvalier en Haití. En estos países, el traspaso del poder de los presidentes civiles a sucesores también civiles y elegidos libremente, puede interpretarse como uno de los indicios de la solidez de la desmilitarización. El reflujo de la marea militar en América latina fue fruto de factores mundiales, regionales, y locales. Las características nacionales desempeñaron un papel clave en este proceso, así como las condiciones y las consecuencias de la retirada militar. Pueden identificarse dos elementos contextuales principales a favor de la desmilitarización:
1) la crisis económica mundial, destacándose la crisis de la deuda externa de 1982.
2) La política regional de los Estados Unidos a favor del predominio de las formas civiles, representativas y democráticas. Carter, Reagan y Bush (hijo).
Pero pese a estos dos factores generales, el proceso en cada país siguió distintos caminos en su regreso a los regímenes democráticos. En Perú y Ecuador los regímenes salientes (dictaduras progresistas), intentaron guiar la elección del primer presidente civil y consiguieron retirarse a sus cuarteles en buen orden, manteniendo mucha autonomía y siendo un actor político al que había que tener en cuenta. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, regímenes militares de signo conservador se habían hecho con el poder para "proteger" la democracia de peligrosos movimientos "subversivos". Se propusieron llevar a cabo programas de reorganización nacional que restaurarían la autoridad del estado, pondrían fin al "desorden" social, y superarían el estancamiento económico, con lo que eliminarían de forma permanente toda futura amenaza izquierdista. La salida de cada gobierno militar varió con cada país: en Argentina el régimen estaba ya muy debilitado interiormente, y la derrota de Malvinas fue determinante para su rendición. En Brasil, el régimen semi-autoritario y semi-competitivo que se había instalado en 1964 nunca había abolido por completo los procedimientos representativos ni prohibido los partidos políticos. En 1974 el gobierno inició un "deshielo" (la dicta"dura" y la dicta"blanda" de Andreas), que sumado a la bonanza económica, permitió al régimen militar subsistir por diez años más. Sin embargo, la crisis económica de la década de 1980, terminó precipitando su caída. En Uruguay y en Chile, como en Argentina, los regímenes habían sido extremadamente represivos. No obstante, las sólidas tradiciones democráticas de ambos países continuaron existiendo, e influyeron en la transición al gobierno civil. En Uruguay, en 1980, la izquierda armada ya había sido eliminada y una constitución propuesta por el gobierno fue rechazada. Entonces se acordó una retirada negociada que quedó plasmada en el Pacto del Club Naval, el cual garantizó la autonomía de las fuerzas armadas. Las elecciones se celebraron en 1971. En Chile, la personalización del poder en manos de la fuerte figura de Pinochet, evitó que hubiera divisiones internas en las fuerzas armadas, otorgando coherencia y continuidad al régimen. La propia Constitución dictada por los militares en 1980 determinó la caída del régimen: en 1988, Pinochet fue derrotado en el plebiscito presidencial, y al año siguiente, Patricio Aylwin resultó electo presidente. En Bolivia, el proceso de vuelta al gobierno civil fue caótico. Entre 1964 y 1982 se sucedieron 17 presidentes, y los traspasos de poder eran mediante el golpe de estado. Hugo Bánzer Suárez consiguió gobernar durante siete años desde 1971, y su caída (derrota electoral) marcó el final del gobierno militar coherente. Entre 1978 y 1982, se produjo una nueva anarquía política (325-326). En Paraguay, el general Alfredo Stroessner, cayó en 1989 después de 34 años en el poder, sustentado en el aparato estatal, el Partido Colorado (con base en las masas), y las fuerzas armadas (326-327). En América Central, la influencia del gobierno estadounidense fue el principal factor del regreso de los regímenes civiles (327). Más detalles generales: páginas 321-327.
Podría decirse que en los países en donde se restauró el gobierno civil entre 1979 y 1990, los regímenes acabados de instaurar no siempre dominan por completo sus fuerzas armadas. El período inicial solía caracterizarse por la fricción declarada entre autoridades civiles y militares. Donde la represión había sido más dura, el asunto más delicado que debían afrontar los nuevos gobiernos, era determinar las sanciones que debían imponerse por las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante los regímenes militares. Esta decisión dependía de la solidez de la posición política, de la gravedad de los crímenes cometidos, y de la presión pública; pero también dependía de los nuevos líderes. En Argentina, Alfonsín adoptó una posición muy severa al principio, pero luego de algunas rebeliones militares, su posición aflojó mucho. Luego, Menem, terminó por flexibilizar el proceso perdonando a todos los oficiales que habían recibido sentencias condenatorias, sin olvidar a los líderes del régimen anterior, y absteniéndose de llevar a cabo nuevos enjuiciamientos. En Brasil, Uruguay y Chile, los militares se encontraban en una posición más fuerte al momento de dejar el poder: en los tres casos [casi como en Argentina] terminó imponiéndose una amplia amnistía. En América Central el tratamiento de los derechos humanos en El Salvador y Guatemala presenta un contraste revelador (329). En El Salvador se pudo enjuiciar y castigar a los militares que cometieron delitos contra los derechos humanos; en Guatemala, no se pudo terminar con las violaciones de los derechos humanos, ni procesar a los responsables.
Además del asunto de los derechos humanos, cabe preguntarse qué grado de influencia política en general tuvieron los militares en los países donde se eligieron presidentes y asambleas legislativas civiles. En Argentina, el poder político de los militares se encontraba en su punto más bajo cuando dejaron el gobierno; su función se vio restringida a la defensa exterior. En Brasil, las fuerzas armadas conservaron gran influencia bajo la presidencia de Sarney; incluso el presupuesto en defensa fue incrementándose. Sin embargo, el papel preponderante de las fuerzas armadas fue perdiéndose con el paso del tiempo; así, Color de Mello, en 1990 restringió la representación militar en su gabinete. Por otra parte, la nueva Constitución de 1988, asignó a las fuerzas armadas un papel político aún más restringido, pero no tanto como reducirlas a la defensa exterior. En Chile fue excepcional: solo aquí los militares se fueron del poder sin perder un ápice de confianza en sí mismos, absolutamente orgullosos de sus 17 años de gobierno. Además, dejaron como herencia la Constitución militar de 1980, que otorga gran poder, tanto a las fuerzas armadas como a los carabineros (policía). El carácter restrictivo de dicha Constitución aún merman la capacidad de los nuevos gobiernos democráticos para llevar a cabo sus programas (332-333). En Perú, el rumbo de las relaciones entre civiles y militares estuvo marcado por la aparición del movimiento revolucionario Sendero Luminoso. Ausentes del escenario político, a cambio del mantenimiento de su autonomía y de generosas asignaciones presupuestarias, los militares volvieron al ruedo para combatir al nuevo grupo revolucionario a principios de la década de 1980. Tanto Alan García como Alberto Fujimori, dejaron las manos libres a los militares para decidir la estrategia y tácticas para combatir al grupo guerrillero. Sin embrago, aquellos no tuvieron éxito (334). En 1992, Fujimori disolvió el Congreso y asumió personalmente el poder en un "autogolpe", seguramente con el apoyo y el consentimiento de las fuerzas armadas. Evidentemente los militares no querían hacerse con los problemas del poder.
Estos últimos cuatro casos ilustran el hecho de que la desaparición del gobierno militar no garantiza automáticamente la extinción de la influencia política ni la autonomía de las fuerzas armadas. No es posible afirmar que los militares latinoamericanos se hayan resignado a desempeñar un papel político secundario. Sin embargo, es probable que Estados Unidos siga apoyando a los regímenes democráticos. Pero también puede ocurrir que en la lucha contra el narcotráfico necesite de las fuerzas armadas. De todos modos, pareciera que la vuelta de los militares fuera a depender de la solidez de los sistemas políticos democráticos que los gobiernos civiles logren establecer, y en especial de su capacidad para limitar de forma apropiada las aspiraciones populares.
En los países sudamericanos donde los militares gobernaron entre 1960 y 1990 parece difícil que vuelvan a oírse voces pidiendo la intervención directa de las fuerzas armadas en la política: el fracaso económico y el recuerdo vivo y punzante del autoritarismo y las violaciones de los derechos humanos, dificultarían su regreso. En relación a la actitud de los militares ante su propio papel político en el futuro, allí donde han gobernado recientemente (dado el fracaso recién mencionado) las fuerzas armadas en general no parecen ansiosas de cargar otra vez con la tarea de resolver asuntos políticos y socio-económicos complejos. No obstante, parece que los militares de América Latina siguen creyendo que son el baluarte y la encarnación de sus respectivas naciones, los guardianes de sus fronteras, pero también de sus instituciones, de su modo de vida, y trascendentalmente, de su alma misma.

Conclusión
¿Por qué los regímenes militares en América Latina? Andreas habla de cuatro causas incompletas, ninguna está mal, pero todas son insuficientes para explicar el fenómeno.
1) Herencia colonial (española y portuguesa): dado que América Latina fue colonizada por España y Portugal, los regímenes totalitarios en estos países, habrían determinado la aparición de regímenes militares en sus ex colonias. La existencia de regímenes similares en otras partes del mundo subdesarrollado, anularían esta tesis.
2) Herencia del caudillaje: serían una continuación de los caudillos de antaño surgidos con las guerras de la independencia. La independencia negociada y pacífica de Brasil negarían también esta hipótesis. Además, en muchos países no se observa una continuidad entre los caudillos y los militares, y las características de uno y otro distan mucho de semejarse (militares aficionados, guerreros improvisados, regionalistas, que usan la violencia privada contra el estado, los primeros; oficiales profesionales de carrera al servicio del estado, burocratizados y con el monopolio técnico del uso de la violencia legal, los segundos).
3) Andreas habla de una tercera causa: la modernización, el despegue económico. Los militares intervienen para modernizar económicamente el país. Es una modernización por la fuerza, sin elecciones, sin demagogia. Se desarrolla un proyecto industrialista sin tener en cuenta la opinión pública (pone como ejemplo a Brasil del 64) Yo hablaría de las dictaduras revolucionarias.
Teorías conspirativas de la historia (Imperialismo para Andreas) [Pukas' theory para mí]: según Rouquie van acompañadas de cierto economicismo desprovisto de sentido crítico. Después del golpe de estado en Brasil en 1964 y en Chile en 1973, ha ganado adeptos la idea de que las fuerzas armadas latinoamericanas son manipuladas desde el extranjero como si fueran simples prolongaciones del aparato militar estadounidense; algo más que meros "partidos políticos del capital internacional". La instauración de regímenes autoritarios desde los años sesenta a los años ochenta respondería a las necesidades de la fase contemporánea del desarrollo capitalista [¡SÍ!], ya fuera porque el capital multinacional y la nueva división internacional del trabajo requerían gobiernos fuertes y represivos que frenasen los movimientos sociales y garantizasen las inversiones, o porque la transición de la industria ligera a la producción de bienes intermedios y bienes de capital no era posible dentro de un marco civil y democrático. Según esta hipótesis, los militares latinoamericanos habrían sido "programados" para garantizar la "profundización" del proceso de industrialización [¡no es tan lineal, Rouquie1].

Andreas:
¿Por qué intervienen los militares?
En las guardias pretorianas por una cuestión de lucrar a partir del control del estado.
En las repúblicas pretorianas, llegan al poder en un momento de crisis socioeconómico. La fachada sería "salvar al país del comunismo", pero también hay que terminar con los populismos (en Argentina y Brasil, en Chile con un gobierno socialista que está llevando a cabo reformas en el campo y en la ciudad).
En las dictaduras reformistas no están de acuerdo con el liberalismo que no lleva a la reforma económica.
La guerrilla no es determinante: el Brasil no la combate, la crea; en Uruguay se mantienen en el poder, una vez liquidada la guerrilla; combatir la guerrilla es otra fachada, el fin último es torcer el rumbo económico e implantar el neoliberalismo: en todos los casos (menos Pinochet) los salarios bajan y aumentan las ganancias de las multinacionales.

¿Por qué se van?
Rouquie no lo explica muy bien. No tiene en cuenta la lucha popular (dejaron muy pocos documentos). Acuerdan salidas diferenciadas: El caso más negociado es Chile; en Brasil también salen de manera negociada, pero en menor medida; y en Argentina es la salida menos negociada de todas. En Uruguay, se van por la crisis económica (es la principal causa entre otras).

Otros puntos:
No hay dictaduras fascistas en América latina
Los golpes de estado son protagonizados por la institución "Fuerzas Armadas" (no son sólo los militares) y son apoyados por sectores de la sociedad civil (no obstante, es sólo es un apoyo pasivo)

El Mariscal Castello Branco (1964-1967) inició el ciclo dictatorial de los presidentes-generales, lo siguieron Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel y Joao Baptista Figueiredo. Se propusieron desalentar los movimientos sociales, principalmente los de izquierda, alineando el país con EEUU y garantizar una economía internacional al servicio del gran capital. Para que el proyecto de la derecha pudiera implantarse, era necesaria una dictadura que apresara y eliminara a todos los posibles opositores, entre ellos también los estudiantes.
La dictadura impuso varios mecanismos políticos para garantizar sus planes: decretos, SIN: represión a los subversivos, Ley de SN, censura, supresión partidos políticos y bipartidismo, no elección de presidente y gobernadores, intervención de sindicatos, prohibición huelgas, persecución de intelectuales de izquierda y estudiantes universitarios, depreciación de salarios, despidos de funcionarios públicos. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno militar implementó mecanismos económicos que agradaban al imperialismo y al gran capital nacional, provocando una suerte de crecimiento industrial: entrada de capitales extranjeros irrestricto, revocación de las nacionalizaciones petroleras y reforma agraria, privilegios fiscales y crediticios a las grandes empresas, Todas esas medidas, políticas y económicas, fueron la base del llamado "milagro brasileño" o "milagro económico", que se inició en 1969. Ya en 1967, la tasa anual de crecimiento del PBI pasó de 2,9 a 4,8%.
La izquierda se organiza. Varios grupos pasan a defender la lucha armada, a través de varias formas de guerrilla, urbana o rural, para derribar la dictadura. La década del 60 fue la época de la guerra de guerrillas en casi toda América Latina. A fines de 1968, se endurece la represión y la clase obrera es totalmente amordazada. De 1969 a 1974, prácticamente todas las organizaciones armadas fueron exterminadas. Decenas de miles de personas fueron encarceladas durante los años de la dictadura. Entre 1964 y 1984, se habla de entre 80 y 100.000 presos políticos, de 10 a 20.000 exiliados, los muertos y desaparecidos, dependiendo del criterio usado, llegarían a los 500. Pero, de a poco, construirá nuevas formas de resistencia y lucha en los 70's.

El cuadro político mundial de 1960 a 1970
Mientras el mundo vivía en esa efervescencia, en Brasil los militares implantaban un régimen dictatorial que iba en el sentido contrario a toda esa ola de rebeldía mundial. En los 60s se instalan dictaduras militares en varios países donde también aplastan movimientos de protesta: Bolivia en 1964, Chile y Uruguay en 1973, Argentina en 1976. En todos esos países, las burguesías fueron asesoradas y coordinadas por militares y especialistas en represión y torturas norteamericanos.
La falta de resistencia al golpe era el resultado de tres factores. El primero, fue una confusión ideológica que el PCB se alineara con la política de alianza de clases, por la cual la burguesía sería aliada del proletariado en una lucha antiimperialista y anti-latifundio. El segundo fue la falta de arraigue de una política obrera de base. El tercer elemento fue la aceptación en la práctica de la estructura sindical creada por Vargas, en la década de 1930. Esa estructura sindical despolitizaba las luchas, creaba un sindicalismo sin base, adosado al Estado y a sus patrones. Esa visión crítica fue la base de la reorganización del movimiento de los trabajadores en los años de resistencia a la dictadura y se amplió con la explosión de huelgas de 1978. Esas ideas fueron los elementos clave de lo que vino a ser conocido como "nuevo sindicalismo" y que dará origen, en el umbral de los 80, a la construcción de un nuevo proyecto sindical.

Las luchas obreras de 1964 a 1970
Gracias al A-5, a partir de 1969, fueron siendo destruidas o desarticuladas las principales organizaciones revolucionarias guerrilleras, cuyas acciones más comunes habían sido el secuestro de embajadores, cónsules y aviones, para exigir rescate o la liberación de presos políticos.

Los años de plomo y el "milagro económico" (1969-1974)
Se llega, así, a la década del 70 con un movimiento obrero amordazado y organizaciones de izquierda fuertemente golpeadas. El general Emilio Garrastazu Médici consolidó y profundizó la represión de la dictadura militar implantada en 1964. Su gobierno fue considerado como el reino del terror y de la falta de libertad. Para la mayoría de la población, entretanto, representó un momento de crecimiento económico y de pleno empleo. Los primeros años, completaron la destrucción de la protesta armada y la dictadura consiguió un gran salto en la economía al servicio del capital nacional e internacional. La libre entrada y, sobre todo, la libre salida de dólares garantizaban un repunte económico. El capital internacional miraba a Brasil, cuya dictadura le garantizaba la superexplotación de una clase trabajadora paralizada por la represión. En 1969, se inicia el "milagro brasileño". La economía crece a un promedio del 10% anual. El desempleo disminuye fuertemente. Las empresas imputaban horas extras y el ritmo de producción aumentaba cada día.
Todo este cuadro se fortalecía con el endurecimiento de la censura y con la propaganda del gobierno. Radios, televisoras, periódicos y revistas hablaban del "Brasil grande", del "Brasil potencia". Ese clima estaba envuelto por las músicas Eu te amo, meu Brasil y por el Hino da Seleçao, que eran los himnos al régimen militar y eran tocadas diariamente en los medios de comunicación y cantadas en las escuelas. Mostraban un país alegre, fuerte y firme y escondían la realidad del pueblo. Millones de adhesivos invadirían el país con el lema "Brasil, ámelo o déjelo". Quien manifestase cualquier crítica al gobierno, no amaba a Brasil. Era un "subversivo". En la televisión, la victoria brasileña en la copa del mundo de 1970 fue usada y abusada por la dictadura.. Su canal oficial era la Red O Globo, que, favorecida por los militares, fue una voz casi oficial del régimen. En su pantalla no aparecía la oposición, la miseria, las epidemias o cualquier noticia que pudiera indisponer al pueblo contra los militares. La prensa alternativa fue totalmente censurada. Los periódicos de la gran prensa se autocensuraban. Sólo publicaban lo que tenían certeza que los militares dejarían salir. Muchos periodistas de izquierda fueron encarcelados, asesinados o amenazados y, muchas veces, despedidos de sus empleos. Sin embargo, luego de la promulgación del AI-5, en 1968, y de la censura de prensa, comienza a crecer la prensa alternativa. Era la única fuente de información no oficial, cuyo discurso no estaba al servicio del régimen.

La resistencia a la dictadura de 1975 a 1979
El Brasil vivió el inicio de los años 70 con su clase obrera dominada y en silencio. Pero, en la segunda mitad de la década, una explosión de huelgas y la lucha de varios sectores de la sociedad cambiaron totalmente el panorama político del país. Las empresas extranjeras crecían y remitían ganancias astronómicas a sus casas centrales, debido al crecimiento vertiginoso del país. Hubo casos de multinacionales que cubrían sus pérdidas en el resto del mundo con sus ganancias de la filial brasileña. Contrariamente a la propaganda del gobierno, la realidad de los trabajadores era bien distinta. El tal "milagro económico" que era la alegría del FMI y del Banco Mundial, aumentaba la concentración de la renta, o sea, los ricos se volvían más ricos y los pobres cada vez más pobres. La situación del pueblo era dramática. Las favelas crecían día a día y los salarios adquirían uno de los mayores niveles de desigualdad del mundo. La diferencia entre el mayor y el menor salario llegaba a 150 veces.
Se fueron creados varios decretos-ley, que dieron otra función al sindicalismo brasileño, transformándolo en un sindicalismo de prestación de servicios y no de lucha: la meta de los militares era transformar a los sindicatos en centros de recreación y en máquinas asistenciales. Pero, a contramano de lo que los militares querían, sobre todo a partir de 1973, comenzaron a repetirse en las fábricas de varios estados pequeñas paradas de algunas secciones por mejores condiciones de trabajo o por aumento salarial. También se organizaban boicots. Mientras que el PBI había crecido un 11,4% en 1973, y las fábricas de montaje de automóviles producían casi un millón de autos por año; los datos mostraban que 40millones de brasileños estaban en estado de subnutrición y que el 46% de las familias tenían una renta insuficiente para sobrevivir. Se crea el PIS.
El "milagro brasileño" estaba llegando a su fin. El mundo comenzaba a sentir los efectos de la crisis del petróleo. A partir de 1974, la inflación había vuelto a crecer y el gobierno buscaba, cada vez más, préstamos en el exterior. El hundimiento salarial continuaba.
En enero de 1974, el general Geisel sucede, en una elección indirecta, al general Médici. Fue el año de la elección para el Congreso y para las Asambleas estaduales. La insatisfacción popular se reflejó en las elecciones de noviembre, que se transformaron en un plebiscito: era sí o no a la dictadura. De los 24 Estados, el gobierno militar perdió en 16. Era cada vez más evidente que el pueblo no quería continuar con el gobierno dictatorial. Esta derrota electoral modificó el discurso de los militares, llevándolos a hablar de una "apertura lenta, gradual y segura". La sociedad civil también volvía a manifestarse y a organizar movimientos opositores. Se reúnen, en esos movimientos, desde los familiares de los presos y exiliados políticos hasta organizaciones políticas que, diez años antes, habían apoyado tranquilamente al golpe y al régimen militar. Al mismo tiempo, aumentan las marchas estudiantiles y las manifestaciones de intelectuales, artistas y otros profesionales contra el régimen.

La sociedad se agita: curas, artistas y estudiantes vuelven a escena
Gradualmente, a partir de 1973, muchos sectores de la sociedad aglutinan fuerzas para enfrentar a la dictadura. Muchos de ellos habían apoyado, en 1964, a los golpistas, pero ahora, con otra comprensión, se colocaban a favor del pueblo, contra los militares.
El caso de la iglesia católica es bastante complejo. Históricamente su jerarquía siempre estuvo íntimamente ligada al poder. En las vísperas del golpe, la inmensa mayoría de los obispos estaba a favor de dar el famoso "basta" a las izquierdas. Pero, rápidamente, el número de curas, frailes y obispos que pasaron a oponerse a la dictadura se hizo cada día mayor, viendo la miseria creciente del pueblo y el avasallamiento de la libertad.
Los estudiantes también se vuelven a manifestar. Se volvió famoso el III Encuentro Nacional de los Estudiantes por la reorganización de la UNE, en San Pablo, en 1977, violentamente disuelto por las fuerzas de la represión. En 1978, en la periferia del gran San Pablo, el "movimiento de costo de vida" exige del gobierno una reducción del costo de vida, congelamiento del precio de los artículos de primera necesidad, refuerzo salarial del 20% y aumento salarial. En todo Brasil, fueron recogidas casi 1,5 millones de firmas. En 1979, ese movimiento, rebautizado como "movimiento contra la carestía", realiza un gran acto en San Pablo, que fue reprimido por la policía. En el exterior, los miles de exiliados representaban un factor más de presión sobre los militares que no querían dejar la escena, exigiendo el fin de la dictadura y el derecho de regresar a su tierra. En las grandes capitales, la población se movilizaba y discutía sobre las torturas a los presos políticos, exigiendo el fin de la dictadura y de las violaciones a los derechos humanos y promoviendo manifestaciones con cada viaje de autoridades brasileñas al exterior.

La recuperación de los movimientos y la explosión de las huelgas en 1978
A partir de 1975, aún con todas las restricciones impuestas por el régimen, los metalúrgicos de San Bernardo se tornan un referente dinámico de la actividad sindical del país. Allí nació el liderazgo de Lula, el tornero mecánico que se tornó famoso. Algunos sindicatos, en agosto de 1977, liderados por los metalúrgicos de San Bernardo, inician una movilización por la reposición del 34, 1% actualizado. El año 1978 comenzó recalentado por la reivindicación del 34,1% del año anterior. Luiz Inácio da Silva, Lula, es entonces electo presidente del Sindicato de los metalúrgicos de San Bernardo. En varias fábricas de ese sindicato, grupos de activistas comienzan a preparar una huelga reivindicando el 21% de aumento salarial. De mayo a junio, la ola de huelgas se extendió a todo el estado de San Pablo. Las huelgas eran lideradas, en las fábricas, por militantes organizados en grupos clandestinos. Los trabajadores entraban en las fábricas, como si fuesen a trabajar, pero se quedaban junto a las máquinas con los brazos cruzados. Eran huelgas aisladas, fábrica por fábrica, de corta duración, o de, como máximo, una semana. Las reivindicaciones comenzaban por la recomposición salarial y se extendían hacia otras exigencias, como la legalización de las comisiones o por mejores condiciones de trabajo. Casi todas esas huelgas resultaron exitosas.
En septiembre de 1978, en la ciudad de Cabo de San Agostinho, ocurre la primera huelga de cortadores de caña, desde el golpe del 64. Fue exitosa y mostró la insatisfacción de los trabajadores del campo con sus condiciones de vida y ganancias miserables
En 1979, la clase obrera vuelve a la escena política del país. Periódicos, radio y televisión, contra la voluntad de la dictadura, no pueden ya esconder este movimiento. Fueron más de 430 huelgas, con 3,2 millones de huelguistas de varias categorías. Reivindicaban aumento salarial, reajuste semestral, estabilidad en el empleo y una semana de trabajo de 40 horas. Además tenían reivindicaciones políticas: derecho de huelga, libertad de organización en los lugares de trabajo, libertad y autonomía sindical, amnistía para los presos políticos y fin de la dictadura. La dirigencia sindical, comprometida con los intereses de la clase trabajadora, promovía grandes asambleas diarias con la presencia de 30, 50 y hasta 100.000 metalúrgicos.

En la primera huelga de 1979, el gobierno intervino el sindicato y colocó miles de policías en las calles para reprimir a los huelguistas. Pero ninguna intervención conseguía debilitarlos. A partir de esas huelgas el liderazgo de Lula se esparce por el país y se torna conocido nacionalmente.
En 1979, también los bancarios de varios estados, liderados por la oposición o por nuevas dirigencias, entran en escena y pasan a ser uno de los motores de la movilización de trabajadores. En Porto Alegre y San Pablo, aparecen líderes que, en el futuro, tendrán un gran papel en la política nacional. Los profesores fueron otra categoría que inició una larga serie de movilizaciones y huelgas en San Pablo, Río de Janeiro y otros estados. De esas huelgas en el sector de la educación, surgen los primeros sindicatos de funcionarios públicos, hasta entonces no permitidos por la ley. La clase trabajadora había roto con la corriente de miedo.
Las huelgas de 1979 tuvieron una organización diferente a las de 1978. Fueron de toda categoría y no solo fábrica por fábrica. Casi todas tuvieron una larga duración. Una novedad fue la creación, en muchas de ellas, de Comandos de huelga. Estos eran una forma de democratizar las decisiones, por fuera de la estructura sindical oficial. La mayoría de las asambleas, siguiendo el ejemplo de los metalúrgicos de San Bernardo, eran realizadas en estadios o locales públicos. En Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife y muchas capitales, la televisión local mostraba estadios llenos de trabajadores en huelga. Otra característica de esas huelgas fueron los Fondos de huelga, que permitieron recaudar alimentos para los huelguistas y sus familias. La represión policial fue muy fuerte. En 1979, fueron asesinados por la policía, muchos obreros en piquetes o manifestaciones. Las huelgas fueron de enfrentamiento directo contra los patrones y contra la dictadura militar que los protegía. Al mismo tiempo, los huelguistas se enfrentaban con los pelegos y sus nuevos aliados, los "reformistas" del PCB y del MR-8, que, por entender que las huelgas, en ese momento, trababan la apertura política a ser negociada con la dictadura, estaban contra ellas o, como mínimo, pretendían limitar su alcance.
Así, la clase obrera, después de romper la barrera del miedo, llegó al año 1980 representando un gran peso político en el escenario nacional. La ley de huelga estaba siendo derrumbada en la práctica y los trabajadores se politizaban rápidamente. Nuevas exigencias, como la libertad de organización partidaria y las elecciones directas para presidente de la república, comenzaron a aparecer en boletines y periódicos sindicales.

Entre 1965 y 1980, ocurre una "modernización conservadora" de la agricultura, impuesta y patrocinada por el gobierno. Una modernización sin reforma de los fundos, esto es, sin reforma agraria. La dictadura favoreció todo tipo de crédito rural subsidiado para la mecanización y la expansión de la comercialización de abonos y pesticidas. Los resultados fueron el crecimiento de la cultura de la exportación y del crecimiento de la propiedad rural. Para los campesinos, ningún beneficio. La expulsión de los agricultores de las haciendas y de las pequeñas propiedades hacia las ciudades y hacia las villas, generó una explosión de desempleo y de los "boias-frias". En este ambiente, en 1985, nacerá el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), una respuesta a esa modernización capitalista hecha por los militares.

El trastorno económico y político mundial provocado por la Depresión de 1929, inició un período de intensa turbulencia política en Latinoamérica, durante el cual aparecieron los ejércitos modernos organizados y pertrechados a imitación de los modelos europeos más prestigiosos y mandados por oficiales de carrera, profesionales.
Entre febrero y diciembre de 1930, los militares tomaron el poder en Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú y Guatemala; y hubo cuatro intentos fallidos; en 1931 Ecuador, y en 1932 Chile, se sumaron a esta lista.
Sin embargo, la diversidad de situaciones no permite hacer generalizaciones fáciles. Al hacer un análisis comparativo, es necesario atender los matices, reservas y excepciones (281).
En el continente soplaba un viento militar. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países de la Latinoamérica estaban gobernados por militares; Uruguay y México tenían a un general por presidente; y Brasil y Argentina estaban gobernados por regímenes fruto de "revoluciones" en la cual los militares había tenido mucho peso. En este punto debemos preguntarnos si, en estos casos, la categoría "militar" es suficientemente homogénea o siquiera pertinente. Los diferentes gobiernos militares habían llegado al poder de forma muy variada y además eran muy distintos los regímenes que presidían. Un gobierno "militar" no puede definirse meramente por la profesión del jefe del ejecutivo. Los generales podían ser, tanto los civiles devenidos en tales, como ofíciales de carrera formados en academias militares (nacionales o extranjeras).
Atendiendo a esto, ¿es imposible descubrir principios de comprensión comunes en todos los fenómenos a los que hicimos referencia? Es posible siempre y cuando no se intente reducir todos los casos a un mismo modelo. Es importante además destacar un contexto externo común y homogéneo.

LAS FUERZAS ARMADAS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y EXPERIENCIAS NACIONALES
Las instituciones militares toman forma a imagen de las naciones en las cuales aparecen; reflejan las particularidades de la cultura nacional, y la naturaleza y el grado de complejidad del estado nacional.
Las fuerzas armadas de la mayoría de los países sudamericanos se distinguen de las naciones caribeñas o centroamericanas, no sólo por su diferencia de tamaño, sino sobre todo debido a la tardía aparición del estado en estas naciones, y del contexto colonial donde aparecieron. Nicaragua, República Dominicana, Cuba y Haití (no Guatemala ni El Salvador) empezaron tarde la construcción del estado, y a comienzos del siglo XX apenas habían salido de las guerras entre clanes y caudillos. Todas estas naciones fueron ocupadas largamente por Estados Unidos, que antes de retirarse creó cuerpos de policía uniformada local cuyos oficiales pertenecían a la infantería de marina estadounidense. Estas guardias nacionales debían poner freno a los ejércitos privados para garantizar el orden, la paz, y la defensa de los intereses de los Estados Unidos.
En los países sudamericanos y en Guatemala y El Salvador se distinguen tres etapas principales en la evolución del estamento militar y su papel en la política (aunque siempre teniendo en cuenta las vicisitudes locales):
1) 1860-1920: creación de los ejércitos modernos
2) 1920-1960: era militar: las fuerzas armadas profesionales comienzan a desempeñar un papel en la vida política.
3) 1960-1990: el papel de los militares adquiere un tono internacional, en el marco de hegemonía de los Estados Unidos y bajo el efecto de la Guerra Fría.
Las fuerzas armadas son símbolo de su soberanía nacional. A finales del siglo pasado y comienzos del presente [este tipo escribió en el siglo XX] eran también emblema de progreso tecnológico y de modernidad. La creación de fuerzas armadas permanentes y dotadas de una oficialidad profesional formaba parte de una modernización de cara al exterior vinculada de manera inseparable al crecimiento hacia fuera de las economías nacionales. En este contexto, las fuerzas armadas de estos países dependientes y no industrializados sólo podían transformarse, y en particular elevar su nivel tecnológico, imitando prototipos europeos. Llevaron a cabo su modernización dependiente no sólo comprando armas a los países europeos, sino también adoptando modelos de organización y formación, e incluso las doctrinas militares, de los países avanzados. A fin del siglo XIX existían sólo dos grandes ejércitos, dos modelos militares universalmente válidos: el de Alemania y el de Francia. Después de la guerra franco-prusiana (1870) y hasta la Primera Guerra Mundial, ambos países lucharon despiadadamente en pos de influencia en América Latina. Había mucho en juego, ya que al escoger un modelo militar, la nación latinoamericana fundaba una relación especial en la esfera diplomática, pero sobre todo en el comercio armamentístico (Así, por ejemplo, Argentina y Chile copiaron el modelo alemán, y Perú y Brasil, el modelo francés: 285).
La modernización de los ejércitos nacionales latinoamericanos llevó aparejadas dos reformas claves: 1) el reclutamiento de oficiales por medio de academias militares especializadas y su formación en ellas, y 2) la instauración del servicio militar moderno. En el "ejército antiguo" los hombres eran generalmente soldados profesionales que en un principio había sido reclutados, o que a veces se alistaban en el ejército por orden de los tribunales para cumplir sentencia por algún delito, mientras que los oficiales solían ser hijos de familias respetables, provistos de la recomendación de algún patrocinador influyente, que aprendían su profesión sobre la marcha. La instauración del servicio militar obligatorio cambió la situación. En lo sucesivo, la tropa estuvo constituida por "civiles", mientras que los profesionales permanentes con instrucción técnica fueron los oficiales. Además, el servicio militar universal creó responsabilidades especiales para el "ejército nuevo": tenía que inculcar un sentido cívico y moral en los futuros ciudadanos que eran puestos a su cargo y fomentar su espíritu nacional. El servicio militar obligatorio precedió, en la mayoría de los países, al sufragio universal: el ciudadano fue pues, primero soldado y luego votante. Además, los nuevos oficiales, reclutados por sus méritos y formados en un molde común por las academias militares, asumieron una posición especial en el estado. Cooptados por sus iguales, y en teoría independientes de los personajes influyentes de la política y la sociedad, estos oficiales constituyeron un conjunto de funcionarios estables y permanentes con una carrera regulada, en contraste con los aficionados intercambiables que predominaban en el resto de la maquinaria del estado.
Debido a sus responsabilidades cívicas y nacionales, así como a la independencia de que gozaban sus oficiales, los nuevos ejércitos no estaban predispuestos a permanecer callados en lo que se refería a la política. Los oficiales, que eran técnicos muy preparados que perfeccionaban constantemente su formación, eran ahora responsables del contingente anual de reclutas, y por lo tanto, según su propia óptica, de la juventud del país y del porvenir de éste. Además, ¿no eran los más indicados también para juzgar la situación internacional, dado que su misión específica consistía en escudriñar el horizonte por si aparecía alguna amenaza exterior? Patriotas profesionales y precursores de la modernización del estado, estos nuevos oficiales adquirieron una "conciencia de competencia" que los llevó a intervenir con todo su peso en la vida política.
En las décadas de 1920 y 1930 el activismo político de los militares como institución, totalmente distinto a los pronunciamientos tradicionales de generales ambiciosos y descontentos, aumentó de manera notable en un gran número de países. Generalmente, aunque no siempre progresistas, se levantaron contra el status quo y por ello se puede decir que los militares entraron a la política por la izquierda del escenario (ejemplos varios: Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, 286-288). Argentina fue la nota discordante por su carácter claramente conservador (Uriburu, con el apoyo de la oligarquía, en 1930 derrocó al gobierno de Irigoyen -apoyado por las clases media y baja-; la restauración de las elites conservadoras estuvo a la orden del día).
El nacionalismo era tal vez, en este período, el común denominador que podía identificarse en las orientaciones políticas de los diversos países latinoamericanos. No sin cierta ambigüedad, se buscaba alcanzar la justicia social, reforzar el potencial humano, económico, y por ende, militar de las naciones respectivas. Esta orientación concordaba con la política de desarrollo autárquico, encerrado en sí mismo, por medio de la industrialización por sustitución de importaciones, que empezaba a adoptarse en aquel tiempo. Parece que predominaba en las fuerzas armadas esta corriente nacional-militarista que no se oponía al cambio si éste se llevaba de forma ordenada, ni a la mejora de las condiciones de las clases trabajadoras si ésta se efectuaba bajo la tutela del estado (el Estado Novo de Brasil y Bolivia son buenos ejemplos de esto: 288-289).
La recurrente decisión de los militares de diversos países latinoamericanos, en este período y más adelante, de "liberar al estado" de la sociedad civil, también estaba vinculada a la situación internacional y a la consiguiente crisis de las clases gobernantes locales. Las perturbaciones que a la sazón sufría el sistema económico liberal habían desacreditado, entre las fuerzas armadas continentales, tanto al liberalismo político como a las metrópolis capitalistas que lo practicaban. Por otro lado, el afianzamiento del poder militar, también estuvo favorecido por la división existente hacia el interior de las clases gobernantes sobre cómo había que afrontar la crisis y las transformaciones económicas y sociales que se estaban produciendo. Las clases dominantes fueron quedando cada vez más aisladas y perdieron progresivamente su capacidad de organizar el asentimiento de los grupos sociales subordinados. Las elites socio-económicas estaban divididas sobre el modo de industrialización que debía adoptarse y sobre la actitud que había que mostrar hacia una clase trabajadora en expansión y cada vez más combativa. Desorientadas, conmocionadas, en algunos casos totalmente fragmentadas, carecían de los medios necesarios para imponer un liderazgo y un proyecto propio al conjunto de la sociedad. Había llegado el momento propicio para el nacional-militarismo. A falta de la definición de un interés general claro por parte de la burguesía, el interés de los generales ocuparía su lugar. Durante un tiempo serían los militares quienes, de acuerdo con sus propios valores de orientación estatal y autoritarios, definirían lo que era mejor para la nación, en nombre de la seguridad misma, y por ende, la defensa de los elementos esenciales del status quo.

La Segunda Guerra Mundial Había consagrado la hegemonía absoluta de los Estados Unidos sobre el continente. Entonces, América Latina no representaba para Washington una zona militar de gran prioridad a pesar de la alarma guatemalteca de 1954. Sin embargo, a principios del decenio de 1960, la sombra del conflicto entre Occidente y Oriente cayó con retraso sobre América latina. La revolución cubana, la ruptura del régimen de Castro con los Estados Unidos en 1960 y la instauración de un régimen comunista a 140 kilómetros de Florida, crearon una situación política totalmente nueva en la región. Un "gran terror" al castrismo recorrió el continente entero al reactivarse la izquierda y aparecer la guerrilla en numerosos países. Los Estados Unidos modificaron sus conceptos estratégicos. A partir de entonces, ante el peligro de "subversión comunista", las fuerzas armadas del continente se prepararon para la guerra contrarrevolucionaria. La seguridad nacional sustituyó a la defensa nacional. Veían el comunismo en todas partes. Cualquier intento de cambio, en especial si era apoyado desde la izquierda, era tachado indiscriminadamente de revolucionario. De esta forma, entre 1962 y 1966, los nuevos "cruzados" de la Guerra fría desencadenaron una serie de nueve golpes de estado en la región. Como medida preventiva, las fuerzas armadas derrocaron a los gobiernos considerados "blandos" con el comunismo, o tibios en su solidaridad con los Estados Unidos. En este período, de acuerdo con la teoría de las fronteras ideológicas, la idea un tanto mal definida del "Occidente cristiano" parecía haber sustituido al estado nación en la jerarquía de las lealtades militares. El régimen cubano, por su parte, intentó convertirse en un foco mundial de influencia y acción revolucionarias. Sin embargo, el fracaso en Bolivia y el asesinato del "Che" Guevara en 1967, hicieron que Cuba se retirara de esta lucha.
En 1968 empezó a tomar forma una coyuntura nueva que haría sentir sus efectos en las orientaciones políticas de los militares latinoamericanos hasta 1973: Cuba, encerrada sobre sí misma, y Estados Unidos, enfrascado en sus guerras de Vietnam y en los conflictos de Medio Oriente, generaron un clima de distensión que permitió a los militares que se hicieron con el poder en varios estados entre 1968 y 1972, volver al las políticas del militarismo nacionalista y reformista (sucedió con fuerza en Perú, Panamá, Bolivia, Ecuador y Honduras; con menor intensidad en Argentina y Uruguay: 292, abajo).

REGÍMENES MILITARES: MODELOS Y MECANISMOS DEL MILITARISMO CONTEMPORÁNEO
Los regímenes militares latinoamericanos entre los años treinta y ochenta, si bien con algunos elementos en común, eran, de hecho, muy diversos. No obstante es posible elaborar una tipología atendiendo a un reducido número de criterios clave. Para ello, dejaremos de lado las dictaduras patrimoniales o sultánicas de América Central y el Caribe, durante el período de entreguerras, ya que su naturaleza militar es como mínimo discutible. Aunque el primer Somoza (Nicaragua), Trujillo (República Dominicana) y Batista (Cuba) dependieran de guardias pretorianas bajo su mando para instaurar sus dictaduras personales, el origen militar de su poder no bastaba para conferirles una naturaleza rigurosamente militar. Los regímenes nicaragüense y dominicano en particular, con su práctica del "gansterianismo de estado" y el enriquecimiento familiar, están más cerca del caudillismo tradicional que del militarismo moderno. Andreas considera a estas dictaduras como el primer tipo: las dictaduras patrimoniales o "Guardias pretorianas". Agrega en este grupo a Stroessner (Paraguay) y a Banzer (Bolivia). Se caracterizan por confundir el patrimonio público con el privado ("pretoriano" quiere decir "Ladrón"). El estado es considerado como un botín.

Podemos distinguir entre militarismo reiterado, casi institucionalizado, y autoritarismo llamado "cataclísmico" o "de ruptura", así como entre regímenes militares con proyectos socioeconómicos conservadores o contrarrevolucionarios, y ciertas formas de militarismo reformista o progresista. En la América latina contemporánea, podemos identificar tres modos dominantes de poder militar:
1) La más característica es la que constituye una tutela militar virtualmente permanente, aunque no estable, en la cual la excepción en términos constitucionales se ha convertido, de hecho, en la regla: en Argentina, Brasil, Salvador, y Guatemala (hasta la década de 1980).
2) El militarismo catastrófico de Uruguay y Chile después de 1973: unos militares que antes respetaban una tradición democrática intentaron fundar un estado contrarrevolucionario.
3) las revoluciones militares reformistas y nacionalistas del decenio de 1970, sin participación de las masas, pero de carácter populista en Perú, Bolivia, Panamá, y en menor medida también en Ecuador y Honduras.

Repúblicas pretorianas: Argentina y Brasil
El militarismo latinoamericano contemporáneo se ha caracterizado por el dominio estable que los militares han ejercido sobre el estado más que por golpes de estado aislados y devastadores. La hegemonía militar duradera databa en su mayor parte de los años treinta. La tutela militar, que duró medio siglo, quedó prácticamente institucionalizada y el "factor militar" consiguió la categoría de socio político casi legítimo. Este papel militar recurrente transformó tanto el estado como las fuerzas armadas, y éstas, cuya participación ya era cosa corriente, constituían verdaderas fuerzas políticas. Esta clase de institución no necesitaba seguir el modelo canónico de "partido de los coroneles" que dominase la política y legitimase las ambiciones corporativistas de los militares. Incluso era posible que los militares no ejercieran el poder directamente (Brasil hasta 1964) o que periódicamente devolvieran el gobierno a los civiles (Argentina entre 1930 y 1983). Luego cuenta ambos casos (294-297).
En las repúblicas pretorianas, las fuerzas armadas, una vez en el poder, tendían a invadir el estado, sin que importase el respeto que sus líderes siguieran concediendo a las instituciones representativas (más ejemplos de ambos países: 297-298).
El autoritarismo entraña invariablemente una expansión de la burocracia política responsable de la vigilancia y la represión de los disidentes y de los adversarios. Pero la inclinación natural de los tecnócratas uniformados, sean cuales sean los objetivos y la ideología que proclamen, hacen que, además, en la mayoría de los casos, sean partidarios del aumento de la planificación gubernamental y de la expansión del papel económico del estado. La colonización del aparato del estado por parte de los militares es uno de los rasgos más destacados de las repúblicas pretorianas de América Latina.
Dos páginas más para Argentina y Brasil (298-299).

El estado contrarrevolucionario: Chile y Uruguay después de 1973 (no antes)
En 1973, a pesar de su larga tradición de estabilidad democrática y de sumisión militar a la autoridad civil, sufrieron de forma virtualmente simultánea, feroces y duraderas intervenciones militares. Ambos casos son estudiados minuciosamente de las páginas (300 a la 306). Muy brevemente, en el caso chileno, la llegada al poder de los militares se debió a la radicalización de los movimientos sociales campesinos y obreros, que se vieron favorecidos por una serie de medidas sociales que tomó el presidente demócrata-cristiano Eduardo Frei en el período (1964-70). En las elecciones de 1970 se impuso Salvador Allende, líder del Partido Socialista, que pretendía implantar una vía pacífica al socialismo; el miedo a la "amenaza comunista" se incrementó. Las fuerzas armadas chilenas, al mando del general Pinochet, y con el apoyo [¡documentado!] de los Estados Unidos y de los sectores burgueses (que por la radicalización vieron amenazados sus intereses económicos), el 11 de setiembre, llevaron a cabo un violento golpe de estado. El nuevo régimen contrarrevolucionario, en nombre de la cruzada contra el comunismo, rechazó la culpable debilidad de la democracia representativa e impuso su propio proyecto económico: la deificación del mercado. A los ojos de Pinochet, una "revolución capitalista" garantizaría un futuro libre de preocupaciones. Las empresas estatizadas por Allende, y las tierras repartidas durante la reforma agraria impulsada también por él, fueron restituidas al sector privado, de la misma manera que las empresas que históricamente habían pertenecido al estado, como la sanidad pública, la educación, y el sistema de pensiones. La liberación del comercio hizo daño a la industria, pero tuvo el efecto de reducir el tamaño del proletariado.
En Uruguay, la tradicional alianza entre las grandes propiedades agrarias (el latifundio era la base del estado de bienestar uruguayo) y una especie de socialismo urbano, había logrado la estabilidad política y social, pero a cambio unos bajos niveles de eficiencia productiva y una mediocre capacidad de adaptación a los cambios del entorno económico. El descenso de la demanda de la lana, y la caída de los precios de los principales productos de exportación del país, revelaron estas contradicciones, y pusieron en peligro el consenso social. Los sectores sociales que controlaban los medios de producción (los grandes terratenientes y el sector financiero y exportador) intentaron desde el gobierno implementar un plan de estabilización y recuperación de la economía que incluía arbitrarias rebajas salariales. En oposición, surgió un movimiento de carácter clandestino y extraparlamentario, formado por jóvenes, que se denominó Movimiento de Liberación Nacional (más conocidos como tupamaros), y que desataron una ola de actos de "violencia simbólica" que contaron con el apoyo popular, debilitando la autoridad del gobierno. El clima político degeneró rápidamente.
El presidente hasta 1971, Pacheco Areco, les había asignado a las fuerzas armadas, nuevas atribuciones con el fin de combatir la guerrilla. Derrotados en las elecciones por Juan María Bordaberry, los tupamaros intensificaron su lucha armada, atacando a la policía y los militares. La respuesta gubernamental fue otorgarle aún más atribuciones a las fuerzas armadas, que terminaron implementando una ofensiva indiscriminada y extremadamente mortífera contra los rebeldes. En setiembre de 1972, el PLN ya estaba desmantelado, pero las fuerzas armadas, lejos de abandonar el escenario político, incrementaron sus pretensiones. Finalmente, el 23 de junio de 1973, dieron el golpe. Con un sumiso Bordaberry todavía en la presidencia, el orden militar conservó una fachada civil. Una serie de "leyes institucionales" reestructuró por completo el sistema político, militarizándolo en nombre de la "lucha contra la sedición". Toda la oposición fue aplastada sin piedad. La inseguridad generalizada reinaba en nombre de la seguridad nacional. Un estado-guarnición había sustituido al estado de bienestar. En lo económico, el régimen seudocivil uruguayo adoptó una lógica ultraliberal parecida a la de Chile. Las nuevas medidas neoliberales tenían como fin promover (mediante la drástica reducción del gasto público, la apertura de las fronteras del país y la concentración de la renta) la especialización del Uruguay en las industrias que pudieran competir eficazmente en los mercados internacionales.

Revoluciones militares: Perú, Bolivia, Panamá, Ecuador (y Honduras). Andreas las denomínó "dictaduras reformistas o nacionalistas"
Los golpes de estado que se autoproclamaron progresistas, con líderes que afirman estar del lado del pueblo, no son muy creíbles en América latina. Los observadores han tendido a atribuir la nueva postura de las fuerzas armadas a una estrategia del "imperialismo" o al oportunismo de los militares. Los representantes de este grupo son: Velasco Alvarado en Perú (1968), Torrijos en Panamá (1968), Torres en Bolivia (1970), Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador (1972), y son analizados con más detalle de las páginas 306 a 312. También se puede considerar a Honduras dentro de este grupo.
Este reformismo militar parece una especie de retorno a las fuentes del militarismo latinoamericano contemporáneo. Pero no dejaron de ser ambiguos. Todas ellas fueron revoluciones fracasadas: culminaron bruscamente o terminaron transformándose en contrarrevoluciones declaradas. Estos gobiernos se caracterizaron por represiones bruscas, inesperadas oscilaciones, y giros de 180 grados.
Estos diversos gobiernos de reformismo militar tuvieron muchas cosas en común. Eran paternalistas: invitaban al pueblo a ser meros espectadores de los cambos que lo beneficiaban. ¿Cómo y por qué estas minorías radicales, dentro de las mayoritarias tendencias conservadoras, lograron hacerse con el poder? Se debieron indudablemente al clima de distensión que se dio hasta 1973 en el continente (ver página 4).
Para Andreas, estos golpes se produjeron en democracias formales liberales que no lograban modernizar la sociedad. Responde a la crisis oligárquica. Tienen causas diferentes. Generalmente es sólo una facción de las fuerzas armadas, no son institucionales.

LOS LÍMITES DEL MILITARISMO: "ESTADOS CIVILES"
Andreas denomina a este grupo "excepciones".
Existió un número reducido de países [¡cuatro!] donde el gobierno civil ha predominado durante períodos relativamente largos. A fines de 1980 cuatro países hacía al menos treinta años que gozaban de un gobierno civil y subordinación militar ininterrumpidos: Costa Rica, Venezuela, México y Colombia. Había habido intentos de golpes militares, pero éstos habían fallado.
¿Por qué esta supremacía civil? Costa Rica no tiene golpes de estado desde 1917, y de hecho no tiene fuerzas armadas desde 1948. Venezuela, que durante el primer tercio de siglo fue un ejemplo de tiranía tropical, cambió en 1958 cuando fue derrocado el último gobierno militar; desde entonces disfruta de gobiernos civiles bajo un sistema bipartidario. La vida política del México posrevolucionario está controlado por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) que es el único partido oficial, de donde salen todos los presidentes. El partido controla también a los militares. Desde principios de siglo, Colombia disfruta de un sistema bipartidario que garantizó la continuidad constitucional tan extraña en el continente. Las fuerzas armadas colombianas tradicionalmente fueron débiles, pobres y carentes de prestigio; además, el ejército siempre ha estado dividido en unidades pequeñas y dispersas por el país, patrullando y rastreando las zonas inseguras, rebeldes u hostiles. Acostumbrado a las guerras anti-subversivas, no ha sido el ejército que organiza golpes de estado. Una vez modernizado, el ejército se dedicó a liquidar toda oposición política que no fuera absorbida por el sistema. (Para más precisiones, ver páginas 312 a 318).
¿Cuáles son los principales factores que tienden a limitar el militarismo? El factor militar podría ser la profesionalización débil o tardía; el factor político podría ser la fuerza y la coherencia del sistema de partidos. Un tercer factor podría ser la existencia de un régimen político en el cual la oposición esté institucionalizada, en el cual las fuerzas políticas progresistas y las sindicales sean débiles y en el cual la participación de las masas sea controlada y encauzada, o marginada. Sin embargo, no puede hablarse de métodos infalibles, ni para evitar los golpes militares, ni para asegurar el ascendente civil.

¿DESMILITARIZACIÓN? LOS AÑOS OCHENTA Y DESPUÉS
En otros momentos del siglo XX, las dictaduras militares latinoamericanas habían dado paso a instituciones civiles, representativas; sin embargo, es raro presenciar una retirada militar del poder como la que se produjo durante el decenio de 1980. En efecto, a mediados de 1990 en ningún país de América seguía en el poder un gobierno militar en el sentido riguroso de la expresión. Sólo en Paraguay había aún un general en la presidencia, pero se trataba de un general que había puesto fin al largo reinado del general Stroessner en Paraguay, y había iniciado un proceso de liberación. El gobierno civil fue restaurado en once naciones latinoamericanas (doce con Paraguay) entre 1979 y 1990. Además en 1989 cayó el régimen de Duvalier en Haití (ver el cuadro de la página 319). En estos países, el traspaso del poder de los presidentes civiles a sucesores también civiles y elegidos libremente, puede interpretarse como uno de los indicios de la solidez de la desmilitarización. El reflujo de la marea militar en América latina fue fruto de factores mundiales, regionales, y locales. Las características nacionales desempeñaron un papel clave en este proceso, así como las condiciones y las consecuencias de la retirada militar. Pueden identificarse dos elementos contextuales principales a favor de la desmilitarización:
1) la crisis económica mundial, destacándose la deuda externa.
2) La política regional de los Estados Unidos a favor del predominio de las formas civiles, representativas y democráticas. La presidencia de Carter dio más importancia que sus predecesores a la causa de los derechos humanos. Igualmente, Reagan y Bush, pese a no coincidir en la actitud moralista del primero orientada a los derechos humanos, se mantuvieron en oposición a los regímenes militares. (Más detalles, página 320).
Pero pese a estos dos factores generales, el proceso en cada país siguió distintos caminos en su regreso a los regímenes democráticos.
En Perú y Ecuador los regímenes salientes (dictaduras progresistas), intentaron guiar la elección del primer presidente civil y consiguieron retirarse a sus cuarteles en buen orden, manteniendo mucha autonomía y siendo un actor político al que había que tener en cuenta. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, regímenes militares de signo conservador se habían hecho con el poder para "proteger" la democracia de peligrosos movimientos "subversivos". Se propusieron llevar a cabo programas de reorganización nacional que restaurarían la autoridad del estado, pondrían fin al "desorden" social, y superarían el estancamiento económico, con lo que eliminarían de forma permanente toda futura amenaza izquierdista.
La salida de cada gobierno militar varió con cada país: en Argentina el régimen estaba ya muy debilitado interiormente, y la derrota de Malvinas fue determinante para su rendición. En Brasil, el régimen semi-autoritario y semi-competitivo que se había instalado en 1964 nunca había abolido por completo los procedimientos representativos ni prohibido los partidos políticos. En 1974 el gobierno inició un "deshielo" (la dicta"dura" y la dicta"blanda" de Andreas), que sumado a la bonanza económica, permitió al régimen militar subsistir por diez años más. Sin embargo, la crisis económica de la década de 1980, terminó precipitando su caída. En Uruguay y en Chile, como en Argentina, los regímenes habían sido extremadamente represivos. No obstante, las sólidas tradiciones democráticas de ambos países continuaron existiendo, e influyeron en la transición al gobierno civil. En Uruguay, en 1980, la izquierda armada ya había sido eliminada y una constitución propuesta por el gobierno fue rechazada. Entonces se acordó una retirada negociada que quedó plasmada en el Pacto del Club Naval, el cual garantizó la autonomía de las fuerzas armadas. Las elecciones se celebraron en 1971. En Chile, la personalización del poder en manos de la fuerte figura de Pinochet, evitó que hubiera divisiones internas en las fuerzas armadas, otorgando coherencia y continuidad al régimen. La propia Constitución dictada por los militares en 1980 determinó la caída del régimen: en 1988, Pinochet fue derrotado en el plebiscito presidencial, y al año siguiente, Patricio Aylwin resultó electo presidente. En Bolivia, el proceso de vuelta al gobierno civil fue caótico. Entre 1964 y 1982 se sucedieron 17 presidentes, y los traspasos de poder eran mediante el golpe de estado. Hugo Bánzer Suárez consiguió gobernar durante siete años desde 1971, y su caída (derrota electoral) marcó el final del gobierno militar coherente. Entre 1978 y 1982, se produjo una nueva anarquía política (325-326). En Paraguay, el general Alfredo Stroessner, cayó en 1989 después de 34 años en el poder, sustentado en el aparato estatal, el Partido Colorado (con base en las masas), y las fuerzas armadas (326-327). En América Central, la influencia del gobierno estadounidense fue el principal factor del regreso de los regímenes civiles (327). Más detalles generales: páginas 321-327.
Podría decirse que en los países en donde se restauró el gobierno civil entre 1979 y 1990, los regímenes acabados de instaurar no siempre dominan por completo sus fuerzas armadas. El período inicial solía caracterizarse por la fricción declarada entre autoridades civiles y militares. Donde la represión había sido más dura, el asunto más delicado que debían afrontar los nuevos gobiernos, era determinar las sanciones que debían imponerse por las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante los regímenes militares. Esta decisión dependía de la solidez de la posición política, de la gravedad de los crímenes cometidos, y de la presión pública; pero también dependía de los nuevos líderes. En Argentina, Alfonsín adoptó una posición muy severa al principio, pero luego de algunas rebeliones militares, su posición aflojó mucho. Luego, Menem, terminó por flexibilizar el proceso perdonando a todos los oficiales que habían recibido sentencias condenatorias, sin olvidar a los líderes del régimen anterior, y absteniéndose de llevar a cabo nuevos enjuiciamientos. En Brasil, Uruguay y Chile, los militares se encontraban en una posición más fuerte al momento de dejar el poder: en los tres casos [casi como en Argentina] terminó imponiéndose una amplia amnistía. En América Central el tratamiento de los derechos humanos en El Salvador y Guatemala presenta un contraste revelador (329). En El Salvador se pudo enjuiciar y castigar a los militares que cometieron delitos contra los derechos humanos; en Guatemala, no se pudo terminar con las violaciones de los derechos humanos, ni procesar a los responsables.
Además del asunto de los derechos humanos, cabe preguntarse qué grado de influencia política en general tuvieron los militares en los países donde se eligieron presidentes y asambleas legislativas civiles. En Argentina, el poder político de los militares se encontraba en su punto más bajo cuando dejaron el gobierno; su función se vio restringida a la defensa exterior. En Brasil, las fuerzas armadas conservaron gran influencia bajo la presidencia de Sarney; incluso el presupuesto en defensa fue incrementándose. Sin embargo, el papel preponderante de las fuerzas armadas fue perdiéndose con el paso del tiempo; así, Color de Mello, en 1990 restringió la representación militar en su gabinete. Por otra parte, la nueva Constitución de 1988, asignó a las fuerzas armadas un papel político aún más restringido, pero no tanto como reducirlas a la defensa exterior. En Chile fue excepcional: solo aquí los militares se fueron del poder sin perder un ápice de confianza en sí mismos, absolutamente orgullosos de sus 17 años de gobierno. Además, dejaron como herencia la Constitución militar de 1980, que otorga gran poder, tanto a las fuerzas armadas como a los carabineros (policía). El carácter restrictivo de dicha Constitución aún merman la capacidad de los nuevos gobiernos democráticos para llevar a cabo sus programas (332-333). En Perú, el rumbo de las relaciones entre civiles y militares estuvo marcado por la aparición del movimiento revolucionario Sendero Luminoso. Ausentes del escenario político, a cambio del mantenimiento de su autonomía y de generosas asignaciones presupuestarias, los militares volvieron al ruedo para combatir al nuevo grupo revolucionario a principios de la década de 1980. Tanto Alan García como Alberto Fujimori, dejaron las manos libres a los militares para decidir la estrategia y tácticas para combatir al grupo guerrillero. Sin embrago, aquellos no tuvieron éxito (334). En 1992, Fujimori disolvió el Congreso y asumió personalmente el poder en un "autogolpe", seguramente con el apoyo y el consentimiento de las fuerzas armadas. Evidentemente los militares no querían hacerse con los problemas del poder.
Estos últimos cuatro casos ilustran el hecho de que la desaparición del gobierno militar no garantiza automáticamente la extinción de la influencia política ni la autonomía de las fuerzas armadas. No es posible afirmar que los militares latinoamericanos se hayan resignado a desempeñar un papel político secundario. Sin embargo, es probable que Estados Unidos siga apoyando a los regímenes democráticos. Pero también puede ocurrir que en la lucha contra el narcotráfico necesite de las fuerzas armadas. De todos modos, pareciera que la vuelta de los militares fuera a depender de la solidez de los sistemas políticos democráticos que los gobiernos civiles logren establecer, y en especial de su capacidad para limitar de forma apropiada las aspiraciones populares.
En los países sudamericanos donde los militares gobernaron entre 1960 y 1990 parece difícil que vuelvan a oírse voces pidiendo la intervención directa de las fuerzas armadas en la política: el fracaso económico y el recuerdo vivo y punzante del autoritarismo y las violaciones de los derechos humanos, dificultarían su regreso. En relación a la actitud de los militares ante su propio papel político en el futuro, allí donde han gobernado recientemente (dado el fracaso recién mencionado) las fuerzas armadas en general no parecen ansiosas de cargar otra vez con la tarea de resolver asuntos políticos y socio-económicos complejos. No obstante, parece que los militares de América Latina siguen creyendo que son el baluarte y la encarnación de sus respectivas naciones, los guardianes de sus fronteras, pero también de sus instituciones, de su modo de vida, y trascendentalmente, de su alma misma.

CONCLUSIÓN
¿Por qué los regímenes militares en América Latina? Andreas habla de cuatro causas incompletas, ninguna está mal, pero todas son insuficientes para explicar el fenómeno.
1) Herencia colonial (española y portuguesa): dado que América Latina fue colonizada por España y Portugal, los regímenes totalitarios en estos países, habrían determinado la aparición de regímenes militares en sus ex colonias. La existencia de regímenes similares en otras partes del mundo subdesarrollado, anularían esta tesis.
2) Herencia del caudillaje: serían una continuación de los caudillos de antaño surgidos con las guerras de la independencia. La independencia negociada y pacífica de Brasil negarían también esta hipótesis. Además, en muchos países no se observa una continuidad entre los caudillos y los militares, y las características de uno y otro distan mucho de semejarse (militares aficionados, guerreros improvisados, regionalistas, que usan la violencia privada contra el estado, los primeros; oficiales profesionales de carrera al servicio del estado, burocratizados y con el monopolio técnico del uso de la violencia legal, los segundos).
3) Andreas habla de una tercera causa: la modernización, el despegue económico. Los militares intervienen para modernizar económicamente el país. Es una modernización por la fuerza, sin elecciones, sin demagogia. Se desarrolla un proyecto industrialista sin tener en cuenta la opinión pública (pone como ejemplo a Brasil del 64) Yo hablaría de las dictaduras revolucionarias.
4) Teorías conspirativas de la historia (Imperialismo para Andreas) [Pukas' theory para mí]: según Rouquie van acompañadas de cierto economicismo desprovisto de sentido crítico. Después del golpe de estado en Brasil en 1964 y en Chile en 1973, ha ganado adeptos la idea de que las fuerzas armadas latinoamericanas son manipuladas desde el extranjero como si fueran simples prolongaciones del aparato militar estadounidense; algo más que meros "partidos políticos del capital internacional". La instauración de regímenes autoritarios desde los años sesenta a los años ochenta respondería a las necesidades de la fase contemporánea del desarrollo capitalista [¡SÍ!], ya fuera porque el capital multinacional y la nueva división internacional del trabajo requerían gobiernos fuertes y represivos que frenasen los movimientos sociales y garantizasen las inversiones, o porque la transición de la industria ligera a la producción de bienes intermedios y bienes de capital no era posible dentro de un marco civil y democrático. Según esta hipótesis, los militares latinoamericanos habrían sido "programados" para garantizar la "profundización" del proceso de industrialización [¡no es tan lineal, Rouquie1].
Hay que reconocer, dice Rouquie, que en tales interpretaciones hay algo de verdad [gracias, Alain]. Sus defensores [entre ellos, yo] recalcan el hecho de que los militares latinoamericanos han dependido del Pentágono y recuerdan la influencia que Washington ejerció sobre las fuerzas armadas por medio de los programas de instrucción en la Zona del Canal de Panamá. Insisten en el ascendiente de la doctrina de la seguridad nacional (donde el enemigo interno era la amenaza principal) y, a partir de 1960, la definición del objetivo más importante: la guerra ideológica contra el comunismo. Finalmente, la forma en que ciertas multinacionales han actuado con los gobiernos democráticos reformistas [calculo que en contra] y la afinidad activa con las dictaduras por parte de importantes sectores económicos extranjeros, son una demostración suficiente del papel directo que las multinacionales desempeñaron en el advenimiento de los regímenes militares del período. No obstante, sigue diciendo Rouquie, estas interpretaciones instrumentalistas tienen sólo un alcance analítico muy limitado [acá el único limitado es Alain], en la medida que no toman en cuenta los mecanismos específicos que intervienen en los procesos políticos.
Los regímenes militares nacieron mucho antes de la "internalización de los mercados nacionales" [acá se olvida que está hablando de la década del 60] y no entiende, si el capital internacional es realmente capaz de instaurar regímenes a su gusto, porqué es incapaz de aprovecharse de ellos: ¿por qué no hubo inversiones internacionales en Chile, en el Uruguay "liberalizado" o en la Argentina de Martínez de Hoz? [buenas preguntas] ¿Por qué el número de dictaduras disminuyó tan drásticamente a partir de los años 80?
La influencia militar de los Estados Unidos en las fuerzas armadas latinoamericanas es innegable, pero hay cierta ingenuidad en la afirmación de que el éxito de este proyecto fue total y que todos los militares latinoamericanos [sólo Rouquie habla de "todos"], víctimas de una "estrecha solidarización" en beneficio del imperio norteamericano [no, de sus propios bolsillos], repudiaron sus valores nacionales [¿valores?].
El militarismo contemporáneo no fue un fenómeno preordenado, ni histórica ni geográficamente. Y tampoco el determinismo cultural o la manipulación extranjera son suficientes para explicar el fenómeno complejo en el cual se entremezclan factores nacionales y transnacionales. Al intentar evaluar el papel político de los militares latinoamericanos a largo plazo, vemos claramente que las fuerzas armadas de la región muy raras veces han sido instrumentos pasivos de fuerzas nacionales o extranjeras, aunque tales fuerzas con frecuencia hayan intentado aprovechar el poder de los militares para sus propios fines. El papel político de las fuerzas armadas del continente ha variado en el espacio y el tiempo. No lo ha determinado una sola causa ni causas sencillas. Ha reflejado configuraciones sociales y modelos de desarrollo que no eran propicios a la democracia representativa, pero también ha dependido de la naturaleza de las fuerzas armadas latinoamericanas, de su inserción en la sociedad y en el estado. Por supuesto, las raíces más profundas de la hegemonía militar no están en la sociedad militar, del mismo modo que no se puede considerar que las fuerzas armadas sean las principales responsables de la inestabilidad crónica de ciertas regiones. Pero la naturaleza de su poder en América Latina en el período que empieza en 1930 sigue siendo ininteligible si no se presta debida atención a coyunturas históricas determinadas, y si no rehace ningún esfuerzo por comprender a las propias fuerzas armadas latinoamericanas, su formación original, su posterior evolución y su modo de actuación específicamente política.

¿Por qué intervienen los militares?
En las guardias pretorianas por una cuestión de lucrar a partir del control del estado.
En las repúblicas pretorianas, llegan al poder en un momento de crisis socioeconómico. La fachada sería "salvar al país del comunismo", pero también hay que terminar con los populismos (en Argentina y Brasil, en Chile con un gobierno socialista que está llevando a cabo reformas en el campo y en la ciudad).
En las dictaduras reformistas no están de acuerdo con el liberalismo que no lleva a la reforma económica.
La guerrilla no es determinante: el Brasil no la combate, la crea; en Uruguay se mantienen en el poder, una vez liquidada la guerrilla; combatir la guerrilla es otra fachada, el fin último es torcer el rumbo económico e implantar el neoliberalismo: en todos los casos (menos Pinochet) los salarios bajan y aumentan las ganancias de las multinacionales.

¿Por qué se van?
Rouquie no lo explica muy bien. No tiene en cuenta la lucha popular (dejaron muy pocos documentos).
Acuerdan salidas diferenciadas: El caso más negociado es Chile; en Brasil también salen de manera negociada, pero en menor medida; y en Argentina es la salida menos negociada de todas. En Uruguay, se van por la crisis económica (es la principal causa entre otras).

Otros puntos:
No hay dictaduras fascistas en América latina
Los golpes de estado son protagonizados por la institución "Fuerzas Armadas" (no son sólo los militares) y son apoyados por sectores de la sociedad civil (no obstante, es sólo es un apoyo pasivo)