LEMPÉRIERE, A., República y publicidad a finales del antiguo régimen (Nueva España), en "Los espacios públicos en Iberoamérica", México, FCE, 1998.
por Ricardo y Ana María


La palabra público solía emplearse abundantemente en el antiguo régimen, asociada a palabras como utilidad, beneficio, servicio; formando, además, parte de un "trilogía sagrada: Dios, el Rey, el Público".
Con la ausencia del monarca y la aparición de nuevas ideas, fue necesario reformular el vocabulario que "había perdido su claridad y se había vuelto ambiguo y controvertido". La libertad de imprenta desencadenó "un conflicto de palabras y de conceptos no menos enconado que la lucha institucional o la guerra de insurgencia."
Antes de la revolución liberal, público tenía dos significaciones principales: por una parte, era el pueblo, el conjunto de habitantes de una ciudad o de un pueblo; por otra, "público" era lo que se hacía a la vista de todos o era conocido por todos "voz pública", la publicidad. Semántica y culturalmente, se trataba en realidad de una misma cosa: la comunidad política como un sistema de reciprocidad moral en el cual lo "individual" y lo "particular" estaban subordinados al "bien común".
Desde el inicio, la palabra "república" formaba parte del vocabulario jurídico y político de la monarquía española, constituyendo la "comunidad perfecta". La palabra público asociada a servicio, utilidad, beneficio, o perjuicio, remitía siempre al pueblo de la república.
La corporación urbana era la expresión acabada de todos los demás cuerpos que componían la república: consulado, universidad, colegios, cofradías, hospitales, recogimientos (todos ellos gobernados por juntas propias y, solo en algunos casos, tutelados por el Patronato Real).
"El público era una totalidad que no podía concebirse sin la existencia de su gobierno, el ayuntamiento." El ayuntamiento o cabildo estaba integrado por alcaldes y regidores, comisionados para desempeñar los cargos de "utilidad pública". Administraba los bienes materiales "en común" que pertenecía al "público" y el buen orden, la policía de la ciudad. Por lo tanto, alcaldes y regidores "eran los ojos y los oídos de la comunidad", eran llamados, a veces, "Padres de la Patria". Estos cargos eran parte de las obligaciones de servicio público que no podían ser eludidas.
Las juntas de gobierno escogían a los individuos que estimaban dignos de asumir los cargos y la elección estaba vinculada al estatus social y a la reputación moral. Ser distinguido con un cargo concejil era a la vez un honor y una carga porque implicaba no solo total disponibilidad sino numerosos gastos personales, aunque, en ejercicio de sus funciones, se otorgaban "recompensas" que se agregaban a las retribuciones honoríficas del puesto, siendo difícil, muchas veces, diferenciar entre beneficios legítimos y casos de corrupción a secas. Lo que nosotros llamamos corrupción no se concebía como tal, a menudo se trataba simplemente de favoritismo, de premios por el buen desempeño de la función. "El ayuntamiento olvidaba a veces que era el gobierno del público, no el público por sí mismo". Al mismo tiempo, el ayuntamiento invocaba el bien público para negociar con las autoridades reales y, en estos casos, desempeñaba el papel de representante y apoderado de los intereses de la república urbana. Estas ambigüedades no fueron remediadas por los administradores ilustrados y reformistas de finales del siglo XVIII, ni siquiera después de la independencia.
"Mientras el vocablo república, empleado para designar a la comunidad política de los habitantes, tuvo siempre una significación positiva, aun cuando el "servicio público" pudo encubrir algunos abusos, publicidad, palabra utilizada comúnmente para conceptuar la idea de que se hace "a la vista de todos" o es conocido de todos, encerraba en sí un riesgo para la comunidad.": la posibilidad del escándalo. Se consideraba escandalosa cualquier conducta fuera de lo aceptable en el campo de las costumbres, tanto colectivas como individuales. "la publicidad, en la medida en que amenazaba con disolver los vínculos morales que unían a la comunidad y la alejaban de su salvación espiritual, era extremadamente vigilada."
La publicidad más legítima era la de la práctica religiosa, que exigía manifestaciones públicas y colectivas, con el fin atraer "la misericordia y la gracia divinas" y contribuir al aumento de la piedad de los miembros más tibios. Colectividad e individuos eran recíprocamente responsables de la salvación, de allí las ceremonias colectivas de expiación y oración en épocas de catástrofe, interpretadas como castigos divinos a la comunidad por los pecados de "todos y cada uno de sus miembros".
Pero esta responsabilidad moral del público no se restringía al campo religioso, todos los comportamientos, sociales o domésticos, entraban en el mismo sistema de reciprocidad moral. La moral pública no toleraba los vicios "privados", eran ofensas para la comunidad que era necesario prevenir y, llegado el caso, castigar. Se observa claramente en los bandos de policía que hacer referencia a todo lo que podía corromper o atentar contra la moral y la decencia pública (la más escandalosa, la ebriedad pública, pero también vicios como los juegos prohibidos, las palabras escandalosas y obscenas, las acciones indecentes, la blasfemia y la profanación).
La cultura ilustrada tuvo muy en consideración actitudes y conductas tradicionales que atentaban contra la decencia del culto o contra el decoro requerido por la "urbanidad" y la "civilidad". Los ilustrados se distinguieron por su afán moralizador y, aunque siguió "siendo una moral pública en el sentido antiguo de la palabra, hacía menos hincapié en el ahondamiento de los valores colectivos y más en lo que exigía de los individuos", era menos sensible con las debilidades individuales, condenando tanto las apariencias como las intenciones de los comportamientos. La persecución de la indecencia corporal en las ciudades traduce la complejidad de la moral pública en la época de las Luces, la "indecente y vergonzosa desnudez de la plebe" fue condenada como un "indicio de ociosidad o malas costumbres". Se dictaron normas para obligar al vestido "decente", cerrando, inclusive, las puertas de las iglesias a los más miserables en los días de ceremonia. "La prensa ilustrada sirvió de enlace entre la voluntad reformadora y la sociedad". Un publicista del Diario de México sugirió el fomento para la fabricación de tejidos, que proporcionaría no solo trabajo a los artesanos sino "ropa barata a los miserables indecentes". Como una muestra de su almita buena, propuso que los mal vestidos pudieran entrar a venerar a los santos en hora tempranas cuando aún no asistía "la gente decente".
Los bandos de la policía emitidos por el virrey o por el ayuntamiento se hacían públicos por los carteles fijados en las esquinas y la lectura en voz alta en la plaza mayor y las parroquias. Nadie podía ignorar la ley. Pero la publicación era privilegio exclusivo de las autoridades que, en algunos casos, juzgaba innecesario dar a conocer ciertas disposiciones. Cuando no existían los periódicos, se anunciaban de este modo nacimientos, defunciones, llegadas de galeones, indulgencias, sentencias, etc. La publicación no pertenecía al campo de la opinión sino al de la información útil y necesaria de las celebraciones colectivas. "Dado que el impreso formaba parte de la publicidad, estaba vigilado severamente. Imprimir era siempre un privilegio otorgado por el rey o las autoridades." En América fue unos de los asuntos en los que se afirmó la autoridad soberana, ninguna obra podía ser impresa hasta no ser avalada por magistrados que fundamentaban su juicio en el criterio de la utilidad para el público: "todo lo que no perjudicaba la religión, la moral, la obediencia, el respeto a las autoridades y el honor de los particulares".
Cuando aparecieron los periódicos el privilegio siguió siendo un requisito indispensable para conseguir el derecho de impresión, con los mismos criterios de moralidad y utilidad. El periódico o anhelaba otro papel que el de <servicio público>". Sin embargo, y con la autorización de las autoridades reales, se introdujeron novedades como la promoción de las ciencias y el fomento de la industria, el comercio y la agricultura. No se limitaba a informar de las disposiciones de gobierno, sino que sometía a la reflexión proyectos, planes, hipótesis o proponía nuevas finalidades para la acción caritativa (educación, sanidad).
Por otra parte, el periódico escenificaba opiniones (en general el editor era el único autor) sobre problemas de policía o de otros asuntos útiles, lo que introdujo un procedimiento inaudito: publicación de la opinión de individuos que no estaban encargados de misiones de servicio público. Surge una situación nueva: las opiniones publicadas "adquieren en el público una <autoridad> que puede competir con las autoridades establecidas." Hasta este momento, los impresos habían sido concebidos para promover la obediencia y mejorar las costumbres, ahora aparece la idea de que no todos los actos de gobierno pueden ser acertados y que puede haber opciones en el manejo de los asuntos públicos.
Mientras la publicación fue un privilegio real, la publicidad, tanto en América como en España, estaba limitada por los criterios del absolutismo y por la utilidad y la moral. El público era protegido de la publicidad escandalosa o peligrosa para el orden establecido por los individuos cuidadosamente escogidos para tener el privilegio de publicar.
La situación cambió con la libertad de imprenta decretada por las Cortes de Cádiz que la impuso como un derecho político, al mismo tiempo individual y universal. "Dentro del nuevo orden jurídico, cada uno podía no solamente publicar su opinión, sino pretender que se trataba de la opinión del público."Los temas políticos y los debates que llevaban a cabo las mismas autoridades se volvieron asuntos de publicación y de discusión", con la multiplicación de impresos. Estos pusieron en primer plano una nueva autoridad, que se llamó a sí misma "opinión pública" que no necesitaba justificar sus aciertos. "El impreso, desvinculado de las obligaciones del privilegio, afirmaba el derecho de proponer opiniones sobre cualquier cosa, podía invocar la <opinión>, el juicio y la desaprobación y, en última instancia, tenía el poder de provocar la acción política, la <revolución de los poderes>. (…) Los poderes públicos hicieron esfuerzos descomunales para reconquistar esta nueva autoridad: en Nueva España, el virrey suspendió la libertad de imprenta sólo algunos meses después de promulgado el decreto de las Cortes. Los gobiernos crearon sus propias gacetas y trataron de restringir, lo más posible, pero sin lograrlo, la libertad de publicar." Desde luego estas medidas estaban en contradicción con la Constitución de Cádiz en la que el pueblo era una "asociación voluntaria de individuos libres y provistos de derechos iguales". "…en la era constitucional y liberal, el nuevo orden de la publicidad vio coexistir y mezclarse constantemente las antiguas finalidades de la información útil a la <causa pública>, promovedoras de la obediencia y la piedad, las metas reformadoras y educativas de los ilustrados y la invocación de la opinión soberana, tribunal de las autoridades establecidas."
A pesar de la moda de estudiar la vida privada en tiempos pasados, Lempérière se pregunta si existía una esfera privada en una comunidad cuyos individuos estaban siempre bajo la vigilancia de los demás. Por eso trata de indagar que significaba el concepto de "lo privado". De acuerdo a las definiciones de la época, privado es lo opuesto a lo público, es lo que se hace a la vista de pocos, familiar y domésticamente, y sin formalidad ni ceremonia alguna, o lo que es particular y personal de cada uno. Pero la vida doméstica no es lo que nosotros llamaríamos la vida privada, ya que esta se definía como "la que se pasa con quietud y sosiego, cuidando sólo de su familia e intereses domésticos, sin entremeterse en negocios ni dependencias públicas", es decir, es la vida del individuo que se rehúsa a participar de los negocios públicos, no sugiere significaciones muy positivas. Para indicar que unos intereses, negocios o bienes son propios de un individuo o familia se utiliza, preferentemente, el vocablo particular, ya que privado sugiere la sustracción de esos bienes a la república, al bien común. Las expresiones "vida privada" o "propiedad privada" no se encuentran en las fuentes del Antiguo Régimen. No había una tal intimidad familiar, las grandes casas patricias albergaban al matrimonio, sus hijos, los parientes pobres, los hijos naturales, las familias de los sirvientes; y estaban abiertas a los clientes, obligados, endeudados y menesterosos. Eran el centro de una densa red de relaciones sociales jerarquizadas. En cuanto a las viviendas más modestas, su misma arquitectura los hacía poco íntimos: simples cuartos rentados en casas más grandes, viviendas dispuestas alrededor de patios; el espacio doméstico nunca estaba completamente cerrado. "En resumen, confundir la vida cotidiana con la vida privada de cada uno puede llevar a contrasentido cuando se trata de la sociedad urbana hispanoamericana."
En cuanto a la "propiedad privada", el reparto de los bienes fue, desde el principio, una cuestión arbitraria manejada por el poder de forma discrecional. La propiedad particular era "accesible solo a una minoría selecta y, más que un derecho, constituía un privilegio asociado al rango social y honorífico del dueño, a quien se le recordaba constantemente su pertenencia a la república y la obligación de servicio que esto implicaba." Además, los particulares enriquecidos por el comercio y la minería se sentían obligados a sustraer parte de sus bienes a los herederos para donarlos a obras pías: colegios, hospicios. Estas donaciones daban lugar a una gran publicidad y permitían asociar a la vida colectiva estas propiedades corporativas que se reconocían como un "bien común" junto con los espacios comunales.
El liberalismo logró la destrucción del mundo corporativo, las ciudades se vieron amenazadas por la pérdida de su jurisdicción y de sus bienes colectivos. La policía urbana y su conjunto de servicios se vio poco a poco absorbida por los gobiernos nacionales. "La proclamación de la libertad y de la igualdad entre los individuos, la libertad de imprenta, las elecciones generales y la representación en los congresos cambiaron también poco a poco la idea del "servicio del público" y la jerarquía de méritos que se le asociaba en el mundo corporativo."
Hablar de la sociedad del Antiguo Régimen como de una "sociedad tradicional" sugiere que no había cambios ni "progreso" y, en realidad, las famosas "costumbres" cambiaban todo el tiempo. "Lo que no cambiaba era el ideal del público: las idea, difícilmente comprensible y admisible en las sociedades radicalmente individualistas de finales del siglo XX, de que la colectividad tenía el derecho de fiscalizar las acciones de cada uno de sus miembros en nombre de las finalidades del bien común." El liberalismo no pudo librarse de esta herencia y su cultura política conservó referencias insistentes a la moral, la virtud y las buenas costumbres a lo largo del siglo XIX.