Reformas Borbónicas en el Virreinato:

·        En 1700 muere Carlos II de Habsburgo, comienza la Guerra de Sucesión en Europa, entre los Habsburgo y los Borbones de Francia. Finaliza con la paz de Utrecht en 1713.

·        Los Habsburgo recibieron los Países Bajos, Cerdeña, Milán y Nápoles.

·        Inglaterra (aliada desde un primer momento de los primeros) obtuvo algunas posesiones en Europa y América. Además obtuvo el privilegio del comercio de esclavos en el virreinato durante 30 años, más la posibilidad de ingresar un barco anualmente con 500t.  de mercancías para comerciar con las colonias.

·        Los Borbones consiguieron la corona de España y su imperio de ultramar.(Rey Carlos III de España)

 La nueva dinastía decidió aplicar una serie de medidas para revertir la decadencia del imperio español y por lo tanto aplicaron algunas reformas políticas, militares y eclesiásticas.

La principal preocupación del grupo de ministros encargados de la recuperación del país, fue el progreso económico de las colonias y el país.

·        Se promovió y protegió la industria manufacturera dentro de España.

·        Se desarrolló la marina de guerra, con nuevos barcos y armas.

·        Se aprovisionó y reorganizó el ejército.

·        Se fomentó la agricultura, producto de las nuevas ideas francesa sobre la fisiocracia. También se incentivó la actividad ganadera.

·        Se crearon nuevos monopolios, como por ejemplo el del tabaco.(se fijaba una zona de plantación de tabaco, y se obligaba a los cultivadores a venderlos solamente a España)

·        Se aumentó la presión sobre los tributos exigidos a los indígenas.

·        Se aumentó la explotación y exportación de productos coloniales tales como el azúcar de Cuba, el cacao de Venezuela , la plata extraída del Potosí y el cuero del Río de la Plata.

·        Se separaron dos territorios dentro del virreinato del Perú llamado virreinato uno, Río de la Plata, con 8 intendencias internas con capital en Buenos Aires; y otro llamado virreinato de Nueva Granada. La intensión de esta medida era la de asegurar  un mejor dominio y defensa de esta zona austral, contra las potencias extranjeras, como Inglaterra y Portugal, que amenazaban con el contrabando de diversas mercancías. Se creó el primer consulado para el fomento del comercio colonial. El primer cónsul fue el abogado Manuel Belgrano.

·        Se ampliaron a 24 la cantidad de puertos abiertos al comercio con la metrópoli que hasta ese entonces eras sólo dos. La intensión era conseguir una relación comercial más fluida con las colonias, de tal manera que el comercio ilegal disminuyera.

 Resultados y Consecuencias de la Reforma:

·        Descontento de una gran parte de la población como los criollos y mestizos debido a la gran presión tributaria.

·        Conflictos internos en las colonias porque los criollos seguían sin poder acceder a cargos administrativos y de gobierno.

·        Las colonias seguían desabastecidas porque las potencias extranjeras dominaban los mares y asaltaban los barcos españoles.

·        España consiente de la imposibilidad de abastecer las colonias permite el ingreso de mercadería desde otra procedencia distinta de la metrópolis. Esto mostraba cierto grado de debilidad de la potencia española sobre sus colonias.

·        Aumento importante de los ingresos fiscales para la colonia.

·        Mejoramiento del ejército español. Se recuperó la Colonia de Sacramento en manos de los portugueses.(otro centro de contrabando comercial)

·        Había evidencias del debilitamiento en el control metrópolis  - colonias, por lo tanto las potencias veían una buena oportunidad para ampliar su comercio ultramarino.

 Para contrarrestar estos conflictos España trata de dominar la situación por medio de la fuerza a través de sus ejército, con la intención de someter a todas las instituciones que ofrecen resistencia a la reforma imperial, y una de ellas fue la iglesia. Como muestra de esta medida, se tiene la expulsión de las misiones jesuíticas de toda la América española en 1767.

Contexto Internacional:

·        Desde la instalación de los Borbones en el trono español, España estuvo aliada a Francia por lazos familiares.

·        Ambos países se unieron para competir con Inglaterra.

·        Napoleón inicia una lucha territorial en todo Europa tratando de conseguir el control comercial del continente y de sus colonias.

·        Inglaterra también tenía las mismas intenciones monopólicas.

·        Ambas potencias se encuentran en  1805 en la batalla de Trafalgar, donde los ingleses tiene una importante victoria frente a los españoles, quedando dueños únicos de los mares.

·        Inglaterra bloquea todos los puertos de Europa que quieran comerciar con Francia.

·        Napoleón responde con un bloqueo  a la isla anglosajona, quedando ésta aislada.

·        Portugal, antigua aliada de Inglaterra trata de auxiliar a los ingleses. Napoleón pide a la corona de España para pasar por su país y poder atacar a los portugueses.

·        En 1808, estando las fuerzas de Francia dentro  de España, estas se vuelven contra la corona española y toma cautivo al rey Carlos IV.  Aquí comienza la crisis colonial y el movimiento de independencia de los territorios del Río de la Plata.

 Otros Movimientos Importantes Simultáneos:

Existieron varios conflictos dentro y fuera de Europa que crearon una visión mas clara de las formas tradicionales de gobierno, poniendo en duda la legitimidad de las monarquías.

 1776 Las colonias de América del Norte se emancipan de Inglaterra, mostrándole a otras colonias que la gran potencia inglesa también tenía fisuras y debilidades para controlar y someter sus otros asentamientos.

 1780 En Perú los indígenas y mestizos se sublevan contra  la Corona, comandados por Tupac Amaruc. Reclamaron contra la total explotación en los régimen de mita y encomienda. Este conflicto ganó total adhesión de miles de indígenas de no soportaban el sistema. La rebelión fue sofocada y el cuerpo de Tupac Amaruc fue descuartizado y sus partes diseminadas por varias plazas de la región.

 1789 Estalla en Francia la Revolución Francesa, el gran triunfo de la burguesía sobre un sistema opresor y totalitario como era la monarquía de Luis XVI. Se difunden nuevas ideas sobre la libertad, igualdad y fraternidad de los pueblos, cuyos promotores habían sido los hombres de la ilustración francesa.

 1791 Se sublevan los esclavos negros de la colonia francesa de Santo Domingo. Luego de años de lucha en 1804 se independizan formando el estado de Haití, el primer país negro en América.

 1808 La monarquía de Carlos IV de España permite el paso de los ejércitos de Napoleón por su territorio para atacar a Portugal. Esta actitud hace que el pueblo español se rebele contra la Corona y obligue a abdicar al rey colocando a su hijo Fernando VII en el trono de España. 

1809 En Chuquisaca estalló un movimiento revolucionario, que más tarde se extendió hasta La Paz, y adquirió matices netamente antipeninsulares, antimonárquicos e independentistas. Esta oposición fue revertida por la acción en conjunto de Cisneros y el virrey del Perú.

 Invasiones Inglesas Al Río De La Plata:

1806 Primera Invasión Inglesa: La Reconquista

            Sobremonte es virrey. El gobernador de Montevideo avisa del peligro inminente, pero el virrey convencido de que los buques de gran calado no podrían llegar a Bs.As., se limitó a enviar sólo 300 milicianos a Montevideo, sin proteger adecuadamente la ciudad de Bs.As. Santiago de Liniers no pudo defender la ciudad, y Beresford la toma sin grandes esfuerzos. Ante la gravedad de la situación el virrey Sobremonte y otros funcionarios huyen hacia Córdoba. Los ingleses se instalaron en el fuerte local, enarbolando la bandera inglesa. Más tarde Liniers,(un oficial francés al servicio de la corona española) organiza la reconquista, con la ayuda de Martín de Pueyrredón. Luego de vencidos los ingleses, Liniers es proclamado como nuevo virrey, pidiendo que Sobremonte no regrese a la ciudad, ya que se había resuelto privarlo de todo mando militar y administrativo. 

1807 Segunda Invasión Inglesa: La Defensa

            Los ingleses a fines de 1806 recibieron un importante refuerzo y atacaron Montevideo, al mando del general Whitelocke, dominando a los españoles. En junio 1807 entraron a la ciudad, pero el pueblo al mando del alcalde Martín de Alzaga, junto a la milicia (que había sido vencida dos veces pocos días antes), se prepararon para ofrecer una enconada resistencia, porque no estaban dispuestos a ser avasallados. Dos meses después los ingleses debieron abandonar el Río de la Plata. Estos triunfos abrieron el camino a los criollos para comenzar a pensar seriamente en la emancipación de España.

 Consecuencias:

·        Dejó a las claras que las tropas metropolitanas eran incapaces de defender las colonias.

·        Hubo un resentimiento popular en repudio  a la actitud de los funcionarios de gobierno que habían escapado del ataque inglés.

·        Creció un espíritu guerrero en la gente (criollos) que habían colaborado en la defensa de la ciudad. Como así también crecieron  ideas de unión y fraternidad entre los ciudadanos porteños.

·        Se  gestaron ideas revolucionarias de independencia de España.

·        Se creó una nutrido ejército formado por criollos para la defensa local.

 

LAS REFORMAS BORBÓNICAS

Arturo Gómez Alarcón

Se denomina así al conjunto de grandes cambios económicos, políticos y administrativos que impulsaron los reyes borbones de España, durante el siglo XVIII, para la metrópoli y sus colonias.



Estas reformas fueron iniciadas por Felipe V (1700-1746), continuadas por Fernando VI (1746-1759) y desarrolladas principalmente por Carlos III (1759-1788). Los objetivos fueron, básicamente, recuperar la hegemonia comercial y militar de España, y explotar y defender mejor los ingentes recursos coloniales.



Las Reformas Borbónicas y las colonias en América

El fuerte incremento de la población colonial durante el siglo XVII creó nuevas necesidades y problemas que los monarcas habsburgos no pudieron resolver. La lentitud y la corrupción administrativa caracterizaban la administración colonial. Las potencias rivales, Inglaterra y Portugal, se expandían impunemente e inundaban Sudamérica con mercancías de contrabando. A todo esto hay que añadir el excesivo poder que habían adquirido la aristocracia criolla y el clero, quienes se atrevían a desafiar las disposiciones reales que llegaban al Virreinato del Perú.
Los reyes borbones, principalmente Felipe V y Carlos III, emprendieron la colosal tarea de renovar la vieja estructural colonial que habían dejado los habsburgos. Apoyados por ministros y asesores ilustrados llevaron adelante las famosas Reformas Borbónicas.
Los borbones implementaron nuevas unidades administrativas en América. Crearon virreinatos, como Nueva Granada y Río de la Plata; capitanías, como Venezuela y Chile; y comandancias como Maynas. En 1784 se suprimieron los corregimientos y se implantó el sistema de intendencias, buscando mayor eficiencia en los gobiernos locales. De esta manera se consiguió mejorar la explotación de las riquezas coloniales y la recaudación tributaria.



Los borbones hicieron grandes esfuerzos por contrarrestar la hegemonía comercial y marítima de potencias rivales como Inglaterra y Holanda, prósperos países impulsados por la Primera Revolución Industrial. El proyecto borbón contempló la renovación del sistema mercantil para que sus colonias sean proveedoras eficientes de materias primas y consumidoras de las manufacturas españolas. La Corona apoyó a la burguesía penínsular favoreciendo la industria y protegiendo sus mercados. En este contexto se fue liberalizando el comercio entre los puertos españoles y americanos, lo que se consagró cuando Carlos III dio el decreto de Libre Comercio en 1778.

Esta política debía complementarse combatiendo el contrabando y mejorando la recaudación fiscal a favor de la metrópoli española. Esto provocó fuertes tensiones y guerras principalmente contra los poderosos ingleses y lusitanos.
Los conflictos contra los contrabandistas y corsarios británicos, holandeses y portugueses hizo necesario un mayor presupuesto para la armada, el ejército y las milicias. También se construyeron poderosas fortalezas y murallas para defender los principales puertos y ciudades de las colonias. El más importante ejemplo fue la construcción de los castillos del Real Felipe en el Callao.
El reformismo borbónico privilegió a los españoles europeos, “los chapetones”, en el acceso a los principales puestos de confianza en el aparato burocrático. Esto fue un duro golpe para la aristocracia criolla, pero el despotismo de los borbones reprimió duramente todo intento de resistencia.



Una de los instituciones afectadas por el despotismo ilustrado español fue la Iglesia Católica. La Corona pretendió afirmar el poder secular sobre el religioso. Esto incluía la restricción de los privilegios y exoneraciones fiscales que gozaban las ordenes católicas. Fueron los jesuitas los que más se opusieron al proyecto centralizador de los borbones, es por ello que fueron expulsados de España y sus colonias en 1767.

EL REINADO DE FELIPE V (1700-1746)

Durante los siglos XVI y XVII gobernaron España, los monarcas de la Casa de Habsburgo ("los austrias"). El último de estos fue Carlos II "el hechizado", quien murió sin dejar descendencia; antes de morir cedió los derechos al trono a su sobrino Felipe, el Duque de Anjou, un nieto del Rey Luis XIV de Borbón, el poderoso Rey Sol de Francia.



LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA

El reinado de un borbón en España rompía el equilibrio geopolítico en Europa. Potencias como Inglaterra, Portugal y Austria no se resignaban a que Francia tenga tanta influencia sobre España y alentaron al Archiduque Carlos de Habsburgo para tomar el poder. La guerra estalló en 1702 y tuvo varios frentes. Francia utilizó todos sus recursos para sostener a Felipe V en el trono español.
Después de una década de guerra, la Corona Británica se mostró dispuesta a terminar una guerra que la agotaba económicamente y que causaba gran descontento en su población por la elevación de impuestos que sufría, por ello firmó en 1711 con Francia los preliminares de paz, en los que reconocía a Felipe V como rey de España. El agotamiento de los bandos en conflicto aceleró la firma de la paz definitiva en el famoso Tratado de Utrecht de 1713. Sus principales acuerdos fueron:
Inglaterra conserva Menorca y Gibraltar, ocupadas durante la guerra (cedidas por España), Nueva Escocia, la bahía de Hudson y Terranova (cedidas por Francia), la isla de Saint Kitts en el Caribe, el derecho de Asiento de negros (un monopolio de treinta años sobre el tráfico de esclavos negros con la América española) y el Navío de Permiso (concedidos por España).
Portugal obtiene la devolución de la Colonia del Sacramento (Uruguay), ocupada por España durante la guerra.
Austria obtiene los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles y la Isla de Cerdeña (cedidos por España). El Archiduque Carlos de Austria, ahora emperador, renuncia a cualquier reclamación del trono español.
Felipe V obtiene el reconocimiento como rey de España por parte de todos los países firmantes en tanto que renuncia a cualquier derecho al trono francés, España conserva sus posesiones americanas y asiáticas.
La potencia más beneficiada con este Tratado fue Inglaterra que además de sus ganancias territoriales, obtuvo grandes ventajas económicas que le permitieron romper el monopolio comercial de España con sus colonias. Además, pudo contener las ambiciones territoriales y dinásticas de los borbónes franceses.



PRINCIPALES REFORMAS EN EL REINADO DE FELIPE V

Este reinado se puede dividir en dos etapas. La primera (de 1700 a 1724) de fuerte influencia francesa e italiana; y la segunda (de 1724 a 1742) de gran protagonismo de estadistas y ministros españoles.
En el primer periodo se vivió los dificiles años de la Guerra de Sucesión Española. Aún así, gracias al gran apoyo de su esposa y regente María Luisa de Saboya, se inició la renovación cultural en España; se fundó la Librería Real ( después Biblioteca Nacional), la Academia de la Lengua y, más tarde, las de Medicina e Historia.
Tras la muerte de su primera esposa, María Luisa de Saboya, adquirió protagonismo el Cardenal Julio Alberoni, quien impulsó la reorganización de Estado con el objetivo de fortalecer el absolutismo real; se abolieron viejos privilegios feudales, se centralizó la administración, otorgándose mayor poder al Rey.
En el aspecto económico, se restauró la Hacienda y se protegió a la burguesía buscando el crecimiento de industria nacional. En este sentido se implementó una política económica fuertemente proteccionista. El impulsó a la producción nacional se reflejó en la creación de una Real Fábrica en Guadalajara para fabricar tejidos de lujo que llegó a contar con varios centenares de telares y unos miles de trabajadores. Se estimuló el comercio interior, suprimiendo las aduanas internas, y se impulsó al comercio exterior trasladándose en 1717 la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, cuyo puerto ofrecía mejores posibilidades al calado de los buques.
En el aspecto militar, reorganizó la milicia dotándola de disciplina, buscando la profesionalización de sus miembros, estableciendo una sólida jerarquía en los cuadros y un método de reclutamiento obligatorio entre la población nacional. La Armada se fortaleció con la construcción de una base naval en Ferrol, mejorando la infraestructura portuaria de importantes ciudades, construyendo numerosos barcos y activando las industrias auxiliares de la navegación.
En enero de 1724, Felipe V abdicó a favor de su hijo Luis I, sin embargo, la prematura muerte de éste, en agosto del mismo año (víctima de la viruela), le obligó a ocupar el trono nuevamente.
En la segunda parte de su reinado destaca el papel desempeñado por los ministros españoles. Entre ellos, los ilustrados: José Patiño, político, diplomático y economista; José del Campillo, hacendista; y, luego, el marqués de la Ensenada, gran político y magnífico planificador de la economía.
Con estos eficientes colaboradores se acentuó este proceso de reconstrucción nacional: se expandió la flota, mercante y de guerra; se reactivó el comercio, nacional y colonial, y se siguió protegiendo la industria nacional. Para el suministro de materias primas se crearon varias compañías comerciales con América y se persiguió severamente el contrabando.

El ascenso de Felipe V a la corona española trajo consigo, en primer término, un fuerte intercambio comercial con Francia. En 1701, el Rey autorizó la apertura de los puertos hispanos a los navíos franceses.
En 1705 llegó a Lima Manuel de Oms y Santa Pau, marqués de Castell dos Rius, el primer Virrey enviado por los borbones al Perú. Hasta 1710 gobernó este Virrey que al permitir la presencia de naviós franceses en el Callao, encontró gran resistencia del Tribunal del Consulado, cuyos miembros acusaron al Virrey de fomentar el contrabando.
Según el historiador Jonh Fisher, los franceses saturaron el mercado local con miles de toneladas mercancías que desembarcaban por Pisco, sin pagar almojarifazgo. Esto con el aval del virrey que tenía familiares involucrados en las empresas contrabandistas.
A semejanza de las famosas academias francesas, el Virrey Castell dos Rius, amante de la poesía y el teatro, fundó una Academia Literaria en 1709, la misma que funcionaba en el propio palacio de Lima. Entre los contertulios amigos del Virrey estaba el prestigioso erudito criollo Pedro Peralta y Barnuevo.




En 1710 asumió el poder Don Diego Ladrón de Guevara, Obispo de Quito, pues su nombre figuraba en el Pliego de Providencia (llamado tambien Pliego de Mortaja), traido por el virrey anterior. Durante este gobierno llegó la noticia de la firma del Tratado de Utrecht (1713) que ratificó a Felipe V como Rey de España y permitió la llegada de los Navíos de Permiso con 500 toneladas de mercadería británica a la Feria de Portobello, perteneciente al Virreinato del Perú.
En 1716 inició su gobierno Don Carmine Nicolás Caracciolo, Príncipe de Santo Buono. Este Virrey recibió la noticia de la creación del Virreinato de Nueva Granada en 1717, con lo cual se segregaban al Perú las audiencias de Bogotá, Quito y Panamá. Su duración fue efímera pues a los pocos meses su corte fue desmantelada y sus territorios volvieron a jurisdicción del Virreinato peruano.
En 1720 llegó a la Lima el Virrey Diego Morcillo, Arzobispo de Charcas, quien gobernó sin mayores sobresaltos hasta 1724 en que tomó el poder José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte. Este Virrey era un experimentado militar y su nombramiento obedece precisamente a los planes de defensa y paz colonial que impulsaron los borbones en el siglo XVIII. La carrera militar se convirtió en un requisito para el nombramiento de los virreyes, principalmente desde 1745.
El marqués de Castelfuerte fortificó todos los puertos del virreinato, incrementó las tropas. Asimismo, pudo derrotar diversas rebeliones como la de los indios de Cochabamba y la del criollo José de Antequera en el Paraguay.


En 1735 la corona española creó el sistema de Navíos de Registro, autorizando que españoles e ingleses comercien con los puertos españoles de América por iniciativa propia. El único requisito era pagar los derechos aduaneros (almojarifazgo) en el puerto de Cádiz. En la práctica se suprimía el sistema de flotas y galeones y se derrumbaba la famosa feria de Portobelo.
De 1736 a 1745 gobernó el Perú Don José Antonio de Mendoza, marqués de Villagarcía. Sucesos importantes marcaron este periodo. En 1739 estalló una guerra con los ingleses en el Mar Caribe. Ante la grave situación el Rey Felipe V decidió restablecer inmediatamente el Virreinato de Nueva Granada. Aparte de Bogotá, Quito, Panamá y Venezuela, se anexaron al nuevo virreinato los territorios peruanos de Maynas, Jaen, Tumbes y Guayaquil.
En 1741 llegó una poderosa escuadra británica al mando del corsario George Anson. Los invasores saquearon e incendiaron Paita. Al año siguiente miles de nativos ashánincas y shipibos se sublevaron en el Gran Pajonal (Selva Central). Su líder era Juan Santos Atahualpa quien pretendía expulsar a los españoles y restaurar un gobierno incaico para el Perú. Las fuerzas del virrey no pudieron derrotar a los rebeldes.



El siglo XVIII también se caracteriza por el impulso a las expediciones científicas auspiciadas por los reyes borbónicos. Una de las más importantes fue la que encabezó el sabio francés Carlos María de la Condamine.
Cosmógrafos, naturalistas y etnólogos integraron el equipo que llegó al Perú en 1737, entre quienes se encontraban dos ilustrados españoles: Jorge Juan y Antonio Ulloa. Ellos tenían la misión de elaborar un informe con los pormenores de la desorganización colonial, corrupción de los funcionarios y comercio ilegal que caracterizaban al Virreinato. El informe fue publicado más tarde con el título de "Noticias Secretas de América".



En 1746 murió el Rey Felipe V. Pocos meses antes había nombrado como nuevo Virrey del Perú a José Antonio Manso de Velasco.

 

REINADO DE FERNANDO VI (1746-1759)

Este monarca continuó la política de su padre, de reorganización política y administrativa de España. Su principal ministro fue el eficiente marqués de la Ensenada.
Este reinado se caracteriza por su pacifismo. Se mantuvo neutral en medio de diversos conflictos de aquellos años. Tal vez lo más trascendental fue la firma del Tratado de Madrid (1750) con Portugal, por la cual solucionaron provisionalmente conflictos de la región amazónica. Portugal renunció a la colonia de Sacramento (Uruguay) a favor de España, que cedió vastos territorios guaraníes colonizados por los jesuitas.
Otros hechos dignos de mención son: la fundación de la Academia de Bellas Artes y el impulso a la ampliación de los puertos y la construcción de barcos.
Fernando VI falleció el 10 de agosto de 1759 sin dejar descendientes; entonces fue coronado su hermano Carlos III.

EL VIRREINATO DEL PERÚ EN EL REINADO DE FERNANDO VI

Mientras reinaba Fernando VI, en el Perú gobernó el virrey José Antonio Manso de Velasco, conde de Superunda (1745-1761). Éste era un experimentado y enérgico militar que antes de venir a Lima ejerció el cargo de gobernador de Chile durante siete años.
El 28 de octubre de 1746 Lima sufrió un devastador terremoto que ocasionó la muerte de 10000 personas. Además, el Callao fue arrasado por un tsunami que provocó la muerte de casi todos sus 5000 habitantes; sólo sobrevivieron 200 personas.
Arduos fueron los trabajos de reconstrucción. Cientos de palacios, iglesias y casas se habían derrumbado. El matemático Luis Godín, de la Academia de Ciencias de Paris, elaboró los nuevos planos de las nuevas edificaciones de la capital. Para el Callao, Godín diseñó un gran ciudadela militar. Su construcción fue iniciada en 1747 y fue bautizada con el nombre de Fortaleza del Real Felipe.



Durante este prolongado gobierno se continuó la lucha contra Juan Santos Atahualpa, hasta la misteriosa muerte del Inca en 1756. El Virrey también reprimió enérgicamente a los indígenas y mestizos alzados en Huarochiri, en 1750.
En 1759 murió el rey Fernando VI. El nuevo monarca, Carlos III, en 1761 nombró como nuevo Virrey del Perú a Manuel Amat y Juniet.

 

 

 

 

EL REINADO DE CARLOS III (1759-1788)

Carlos III tenía experiencia de gobierno, pues había sido Rey de Nápoles. Al llegar al trono español se instaló con una corte de ministros y asesores de origen italiano, entre quienes destacaba el marqués de Esquilache. Más tarde se rodeó de eficientes ministros ilustrados españoles como Aranda, Campomanes y Floridablanca.
El nuevo monarca llegó a Madrid dispuesto a iniciar grandes reformas modernizadoras. Su gobierno tuvo el espíritu característico del Despotismo Ilustrado, por lo tanto tuvo que enfrentar la resistencia de la aristocracia y el clero. Su carácter enérgico y el apoyo de la burguesía y los intelectuales ilustrados permitieron llevar adelante el proceso reformista.
Carlos III restringió viejos privilegios feudales, dividió latifundios, repartió tierras comunales, construyó canales de regadío y liberó el comercio y las aduanas. Apoyó la industria privada e impulsó la navegación y el comercio con las colonias americanas. La burguesía fue favorecida, también, con la creación del Banco de San Carlos y la creación de la Orden del Sol.
El proceso reformista afectó los intereses eclesiásticos, ya que el clero poseía grandes latifundios y tenía estrechos vínculos con la vieja aristocracia feudal. Carlos III buscó el nombramiento de nobles y religiosos abiertos a las reformas. En este contexto decretó la expulsión de la Compañía de Jesús. Los religiosos jesuitas y su poderosa clientela, educada en los colegios de la orden, controlaban gran parte del poder administrativo tradicional y eran firmes opositores de las reformas ilustradas.
La investigación científica y la difusión de los nuevos conocimientos recibió gran impulso de este monarca y sus ministros. Esto contribuyó a renovar la mentalidad de los españoles. Viejas costumbres y supersticiones fueron combatidas; España debía modernizarse y esto sólo era posible extendiendo la educación, alentando el desarrollo de la ciencia.



Con respecto a las colonias, Carlos III emprendió una serie de reformas destinadas a racionalizar la administración, liberalizar el comercio, incrementar la recaudación de rentas y mejorar las defensas.

EL VIRREINATO DEL PERÚ EN EL REINADO DE CARLOS III

El rey Carlos III puso especial interés en renovar el sístema administrativo de las colonias. El Virreinato del Perú sufrió importantes cambios que conmocionaron a sus habitantes y provocaron la rebelión de los indígenas, mestizos y criollos afectados. Las reformas de mayor trascendencia fueron: la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776), el decreto de Libre Comercio (1778) y las medidas fiscales del visitador Areche (1778-1780).
Además, las reformas carolinas reforzaron la presencia hispana en la alta burocracia estatal. El predominio criollo en la maquinaria estatal llegó a su fin. La corona los relegó gradualmente en el acceso a las audiencias, gobernaciones, corregimientos y las fuerzas armadas; favoreciendo a los "chapetones" de rango militar.


GOBIERNO DEL VIRREY MANUEL AMAT Y JUNIET (1761-1776)



El Virrey Manuel Amat continuó la reconstrucción de Lima. Su objetivo era convertir a la capital del Perú en una de las ciudades más hermosas y seguras de América.
Los principales monumentos arquitectónicos ordenados por el Virrey tuvieron como modelo el estilo rococó, muy en boga en Francia del siglo XVIII. Entre las obras más destacadas tenemos a la plaza de toros de Acho, el paseo de Aguas, un coliseo de gallos, la alameda de los Descalzos, el convictorio de San Carlos, la iglesia de las Nazarenas y las torres de la iglesia de Santo Domingo. En el Callao se culminó la impresionante fortaleza del Real Felipe. La renovación urbana de Lima incluyó la construcciones de bellos cafés y nuevos hospitales.
En 1767 llegó la orden de expulsión de los jesuitas del Perú. Fue una Pragmática Sanción decretada por el Rey Carlos III, ésta se cumplió el 9 de setiembre de 1767. Todas la propiedades de los religiosos expulsados pasaron a poder de la Oficina de Temporalidades, institución que remató gran parte de los bienes. Al clausurarse los colegios jesuitas, Amat fundó el Real Convictorio de San Carlos y construyó un bello edificio para su sede.
No se puede dejar de lado la famosa relación amorosa del sexagenario Virrey con la joven y bella actriz Micaela Villegas, con quien tuvo un hijo llamado Manuel Amat y Villegas. Este amor escandalizó Lima, principalmente, por el origen plebeyo de la muchacha, una mujer ilustrada y caritativa, a quien las lenguas envidiosas llamaban Perricholi.

 

 

GOBIERNO DEL VIRREY MANUEL GUIRIOR (1776-1780)



Antes de llegar al Perú, ejerció el cargo de Virrey de Nueva Granada durante cuatro años. Recibió con beneplácito su traslado al Perú, llegando a Lima a mediados de 1776.
Apenas instalado en el palacio recibió la noticia de la creación del Virreinato del Río de la Plata, hecho que afectó notablemente la economía peruana. Todo el rico Alto Perú, incluyendo los corregimientos de Puno, pasaron a poder de Buenos Aires. Además, Lima fue obligada a financiar los gastos de la instalación del nuevo Virreinato.
En 1777 llegó a Lima José Antonio de Areche, Visitador General de la Real Hacienda y Tribunales del Reino, con la expresa misión de aumentar las rentas de la Corona y sanear la administración pública. El Visitador incrementó las alcabalas, creó las aduanas terrestres y empadronó a los mestizos para que paguen tributo como los indios. Su maneras autoritarias y su menosprecio por los funcionarios criollos le valieron serios enfrentamientos con el Virrey Guirior. El Visitador emprendió una campaña e desprestigio contra Guirior ante la Corte, logrando su destitución en 1780.
El incremento de los impuestos y los repartos mercantiles de los corregidores ocasionaron muchas rebeliones en diversas provincias como Chumbivilcas (Cusco), Huamalies (Huanuco), Huaylas y Conchucos (Ancash). Las agitaciones y protestas se propagaron en todo Arequipa y en el Cusco se descubrió la Conspiración de los Plateros, dirigidas por Lorenzo Farfán de los Godos y Bernardo Tambohuacso, el cacique de Písac. Las autoridades reprimieron a sangre y fuego todos estos movimientos rebeldes donde estaban involucrados indígenas, mestizos y criollos; todos afectados por las reformas fiscales implementadas por Areche y auspiciadas por la Corona.
Uno de los hechos más importantes del rey Carlos III fue la liberalización del comercio colonial. El decreto de Libre Comercio de 1778 legalizó el tráfico mercantil entre trece puertos españoles y 22 puertos americanos. El objetivo era favorecer el crecimiento económico de las regiones descuidadas por las viejas rutas monopólicas y convertirlas en nuevas fuentes de materias primas y mercados para las manufacturas españolas.

El comercio entre la metrópoli y las colonias se quintuplicó en una década. En América los más favorecidos fueron los mercaderes afincados en Buenos Aires y Valparaiso. Aunque el libre comercio fue resistido por los comerciantes limeños, no significó la destrucción de la importancia comercial del Callao o de Lima.



Según Jhon Fisher, aún con la fuerte competencia de los bonaerenses y chilenos, el Perú mantuvo su hegemonía comercial en Amércia del Sur hasta el ocaso de la etapa colonial. A pesar del gran crecimiento mercantil de otros puertos sudamericanos, el Perú controló casi el 15 º/o de las exportaciones a España, superando al Río de la Plata que tenía el 12 º/o, y a Venezuela con el 10 º/o.

Como ya mencionamos, los reyes borbones favorecieron las expediciones de carácter científico a las colonias. En 1778 echó anclas en el Callao el navío "El Peruano" que traía a los renombrados naturalistas Hipólito Ruiz y José Pavón acompañadosde otros sabios ilustrados españoles. El objetivo era hacer estudios botánicos, zoológicos y minerológicos en el Perú y Chile.
Después de diez años de intensas investigaciones los científicos retornaron a España llevandose 53 cajones con especies vegetales y animales, 800 dibujos. Ruiz y Pavón luego publicaron en España la famosa obra "Flora peruviana et chilensis".





En 1780 el virrey Guirior fue relevado de su cargo y tuvo que regresar a España, para beneplácito del poderoso visitador Areche. El mismo año desembarcó en el Callao el sucesor, Agustín de Jauregui.


GOBIERNO DEL VIRREY AGUSTÍN DE JÁUREGUI (1780-1784)



El 20 de julio de 1780 Lima recibió al virrey Agustín de Jáuregui y Aldecoa, un militar de brillante carrera que, antes de venir al Perú, había gobernado Chile durante siete años.
Todavía no terminaban en Lima los agasajos de recepción al nuevo virrey cuando estalló en Tungasuca (al sur del Cusco) la gran rebelión del cacique José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II.
El jefe rebelde era descendiente directo de los incas del Tahuantinsuyo. Túpac Amaru I, su antepasado, fue el último Inca de Vilcabamba, el mismo que fuera decapitado por orden del virrey Toledo en 1572. Túpac Amaru II, en 1780, era cacique de Tungasuca, Surimana y Pampamarca, y gozaba de propiedades, negocios y prestigio en la región del Cusco. Se sublevó a los 40 años, cansado de los excesos de los despóticos corregidores -los repartos mercantiles- y las imposición de las reformas del Visitador Areche (aduanas, alacabalas, tributos).
El espacio sur andino había sido la región más afectada con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la liberalización del comercio decretada por Carlos III. En este contexto el incremento de la presión fiscal agudizó las contradiciones sociales. Desde 1778 José Gabriel Condorcanqui organizó una red de conspiración con objetivos cada vez más radicales.



El 4 de noviembre de 1780 estalló la sublevación. Túpac Amaru capturó y condenó a la horca al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga; el mismo día, delante de miles de seguidores en Tungasuca, anunció la abolición de las mitas, alcabalas y corregimientos. Además, liberó a miles de indios de los obrajes y decretó el fin de la esclavitud de los negros.
El corregidor del Cusco, Tiburcio Landa, emprendió campaña contra el cacique, dirigiendo una fuerza de tres mil hombres. Túpac Amaru lo destruyó sus tropas en la batalla de la batalla de Sangarará. Sin embargo, extrañamente, emprendió campaña al Alto Perú, cuando tenía practicamente en sus manos a la ciudad del Cusco.
En Lima las autoridades coloniales se aprestaron para el combate. El Virrey Jauregui envió tropas al mando del capitán Gabriel de Avilés. Estas fuerzas tomaron el Cusco y repelieron el ataque tupacamarista en enero de 1781. Poco después llegaron el visitador Areche y el brigadier José del Valle quienes, apoyados por el cacique Mateo Pumacahua, vencieron a los rebeldes en Checacupe y Combapata (Tinta, Cusco).
La represión fue indiscriminada y llegó a su punto culminante cuando el 18 de mayo de 1781, el Inca, su esposa Micaela Bastidas y otros dirigentes fueron descuartizados. El Perú fue pacificado a sangre y fuego. Los últimos líderes indígenas del levantamiento -Túpac Katari, Diego Cristobal Túpac Amaru y Pedro Vilca Apaza- fueron torturados y asesinados horrendamente entre 1781 y 1783.

 

 

 

GOBIERNO DE TEODORO DE CROIX (1784-1790)



Asumió el gobierno en abril de 1784, cuando el nuevo visitador general, Jorge de Escobedo y Alarcón, se aprestaba a implementar en el Perú un nuevo sistema administrativo: las intendencias.
Escobedo, por encargo del Ministro de Indias José de Gálvez, abolió los aborrecidos corregimientos. Los corregidores con su corrupción y despotismo habían provocado muchas rebeliones en América, incluyendo la que lideró Túpac Amaru II. Eran urgente la renovación del sistema administrativo en el Perú con el nombramiento de magistrados selectos y con salarios adecuados.
En 1784 el Perú fue dividido en 7 intendencias (tipo departamentos): Lima, Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Arequipa y Cusco. Estas juridicciones de gobierno estaban a cargo de los Intendentes, quienes debían velar por la recaudación tributaria y el mantenimiento del orden. La Corona les asignó buenos sueldos, pero les prohibió hacer negocios o repartos mercantiles.
Cada intendencia se dividía en partidos (tipo provincias) que eran administradas por los subdelegados. Estos también estaban prohibidos de hacer repartos mercantiles; sin embargo, la mayor parte de ellos incumplían la ley y cometían tantas tropelías como los antiguos corregidores.
El visitador Escobedo estableció que la Superintendencia de la Real Hacienda pase a manos del Intendente de Lima. Este hecho provocó la reacción del Virrey De Croix, quien consiguió restituir este importante título a su autoridad en 1787.

VI. LAS REFORMAS BORBÓNICAS Y LA INDEPENDENCIA, 1767-1821

ANTES DE SEGUIR con el hilo de la historia de la gobernación de Sinaloa y Sonora es necesario referirnos, aunque sea brevemente, a los acontecimientos que sacudieron al imperio español entre 1767 y 1821, que tuvieron una relación muy estrecha con lo que sucedió en la metrópoli. La sociedad del noroeste ya estaba integrada al imperio español, y lo que ocurría en el imperio afectaba a nuestra región.

Desde el siglo XVI, la casa reinante en España era de la familia Habsburgo, de origen austriaco, pero en 1700 falleció el último rey de la dinastía, Carlos II, sin dejar descendencia directa. Después de no pocos conflictos, la sucesión recayó en el príncipe francés Felipe de Anjou, sobrino nieto del difunto rey, quien asumió el trono de España con el nombre de Felipe V e inició una nueva dinastía, la de los Borbón, por el apellido de la familia a la que pertenecía, y que era la misma que reinaba en Francia. Los reyes de la casa de Borbón comenzaron una profunda reforma en España porque consideraban que el país estaba muy atrasado en comparación con los demás países europeos. Efectivamente, los cambios modernizadores que transformaban a Europa no habían tenido cabida en España, y en el siglo XVIII estaba en desventaja económica y tecnológica respecto del mundo occidental. Cuando las reformas borbónicas quedaron consolidadas en la península ibérica, los monarcas decidieron extenderlas también a las colonias del imperio, lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII por iniciativa del rey Carlos III quien gobernó el imperio español de 1759 a 1788. En este capítulo nos ocuparemos de las reformas borbónicas que afectaron a la Nueva España, y en especial de las consecuencias que tuvieron en las provincias del noroeste.

Las reformas aplicadas en la Nueva España y en otras colonias del imperio tenían por principal objetivo recuperar para la corona el poder que los reyes de la familia Habsburgo habían ido delegando en algunas corporaciones de las colonias, como la iglesia católica y los consulados de comerciantes, así como al menos moderar la creciente corrupción de todas las esferas del gobierno. Ejercer el poder sin la interferencia de estas corporaciones también significaba canalizar hacia la corona los beneficios económicos que éstas acaparaban. La batalla fue muy reñida porque se afectaron muchos y muy fuertes intereses creados desde tiempo atrás.

Para ejemplificar la situación que Carlos III quería reformar, examinemos lo que ocurría en el noroeste novohispano, según lo hemos descrito. Las funciones de gobierno que debían ejercer el gobernador y los alcaldes mayores estaban orientadas a proteger intereses que no eran los del rey. Así, los alcaldes mayores, que al mismo tiempo eran mercaderes, estaban muy comprometidos con los comerciantes almaceneros de la ciudad de México, de modo que dichos alcaldes anteponían los intereses de los almaceneros —que también coincidían con sus propios intereses— al provecho del rey y de sus súbditos. Con su fuerza política, la Compañía de Jesús intervenía en los asuntos de gobierno y en defensa de sus propias ventajas. La riqueza producida en el noroeste beneficiaba a los comerciantes, a los locales, pero sobre todo a los almaceneros, y la Compañía de Jesús se llevaba también una buena porción. La Real Hacienda era la menos beneficiada por las riquezas del noroeste, pues sólo recibía lo recaudado en impuestos. Para el gobierno imperial, pues, era muy conveniente eliminar a quienes interferían en los asuntos de gobierno y se llevaban la mayor parte de los rendimientos económicos.

Para llevar a cabo las reformas en la Nueva España, Carlos III envió a un funcionario de la más alta burocracia de la corte de Madrid, José Bernardo de Gálvez Gallardo, con el nombramiento de visitador general del reino de la Nueva España y con atribuciones superiores a la autoridad del virrey. Desembarcó en Veracruz el 18 de julio de 1765 y allí mismo empezó a ejercer sus funciones interviniendo en todos los asuntos, lo mismo militares que de gobierno, fiscales, de comercio e incluso mineros. El virrey en funciones, el marqués de Cruillas, no aceptó la injerencia del visitador, pero el rey respaldó la autoridad de Gálvez y el virrey tuvo que someterse. Al año siguiente, el marqués de Cruillas fue remplazado por el nuevo virrey Carlos Francisco, marqués de Croix, un enérgico militar cuya virtud era la adhesión sin reservas a su rey Carlos III. El marqués de Croix fue el mejor colaborador de José de Gálvez en la difícil tarea de reformar la Nueva España.

En general, las profundas reformas impuestas en las provincias del noroeste afectaron a la iglesia católica, a la organización política y militar, a la economía y al fisco. Empezaremos por la expulsión de los jesuitas, porque fue la primera manifestación del reformismo borbónico en el noroeste novohispano.

La expulsión de los jesuitas y las comunidades indígenas

El visitador en el noroeste novohispano

La reforma política y administrativa

Las reformas en la economía

La población

La Alta California

El obispado de Sonora

El significado de las reformas borbónicas

La crisis de la Independencia

La expulsión de los jesuitas y las comunidades indígenas

En el capítulo anterior dijimos que la expulsión de los misioneros jesuitas de las provincias del noroeste fue un acontecimiento con profundas repercusiones en la historia de la región. La expulsión de estos religiosos del imperio español fue una de las reformas borbónicas, y la primera que afectó al noroeste. La Compañía de Jesús había provocado la animadversión y desconfianza del rey Carlos III tanto en España como en diversas colonias del imperio. Esta orden era en extremo poderosa por las propiedades acumuladas y por la influencia política que había alcanzado. Los jesuitas fueron los educadores de las elites del imperio español y sus alumnos les guardaban respeto y admiración. Además, el rey recelaba de la fidelidad de los jesuitas porque no aceptaban la política de imponer la voluntad del rey sobre la Iglesia, aun por encima de la autoridad del papa.

Los monarcas de Portugal y de Francia también tuvieron conflictos con la Compañía de Jesús, que resolvieron expulsando a los religiosos y confiscando sus bienes. Carlos III optó por la misma vía y, el 27 de febrero de 1767, firmó la orden de expulsión de los jesuitas de todos los dominios de España y la confiscación de sus propiedades. En México y en otras ciudades de la Nueva España la orden se cumplió entre el 25 y el 28 de junio del mismo año, pero en las provincias remotas se realizó más tarde, a mediados de julio en el noroeste: 52 misioneros fueron concentrados en Guaymas y 10 meses más tarde deportados por mar a San Blas, salieron por Veracruz hacia el destierro en diversos países europeos.

La expulsión de los misioneros fue súbita y violenta en las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora, lo que provocó efectos inmediatos en las comunidades indígenas. Los jesuitas daban coherencia y unidad al sistema de misiones que, con una administración centralizada, presentaba un solo frente a los colonos que buscaban su desaparición. La salida de los misioneros desarticuló la organización de los pueblos indígenas y los redujo a comunidades aisladas y vulnerables al asedio de los colonos. Desapareció también la disciplina misional que normaba la vida interna de las comunidades y, aunque esta supresión gustó a muchos indios, la falta de dirección provocó la pérdida de los bienes de comunidad.

Se había previsto secularizar las misiones luego de la expulsión de los jesuitas, pero el obispo de Durango, a cuya diócesis pertenecía la gobernación de Sinaloa y Sonora, sólo tuvo suficientes clérigos para atender las 14 misiones de Sinaloa y Ostimuri. Para administrar las 25 misiones de la provincia de Sonora hubo que llamar a los frailes franciscanos, pero ni los clérigos ni los religiosos recibieron autorización para intervenir en la vida económica y política de las comunidades, como lo habían hecho los jesuitas.

Sobre estas comunidades desarticuladas y en su mayor parte carentes de dirección incidieron otras disposiciones del gobierno colonial que resultaron muy perjudiciales para los indios. El 23 de junio de 1769, el visitador general José de Gálvez ordenó que las tierras de las misiones, que eran propiedad colectiva de cada comunidad, se fraccionaran en parcelas y se repartieran en propiedad privada. Los primeros adjudicatarios serían los indios, pero también los españoles y mestizos podrían recibir tierras si deseaban quedarse a vivir en los pueblos de indios. El intendente Pedro Corbalán (1770-1778) aplicó la disposición de Gálvez, con cierto éxito en la provincia de Sonora, pero con fuerte resistencia de los indios cahitas de Ostimuri y Sinaloa. El comandante Pedro de Nava, con objeto de obligar a los indios a que aceptaran la propiedad privada, en 1794 declaró abolida la propiedad comunitaria de la tierra y el agua; es decir, las comunidades indígenas quedaron desprovistas del título legal que amparaba la propiedad de sus tierras y aguas; si no aceptaban la propiedad privada las tierras pasaban a ser realengas, o sea propiedad del rey, y podían ser entregadas a quien las solicitase.

Los cambios que trataban de imponer las autoridades coloniales en las comunidades indígenas fueron graves y de profundas consecuencias. La introducción de españoles mestizos y mulatos en las comunidades tendía a promover la aculturación de los indios, es decir, a debilitar la identidad cultural de las comunidades. En la tradición de los indígenas la tierra y el agua no eran patrimonio individual y menos aun mercancías susceptibles de compraventa. Por otra parte, faltaba saber si los indios podrían conservar la tierra y el agua, aunque les expidieran un título de propiedad privada. Lo previsible era que, desprovistos del apoyo de su comunidad, fueran obligados por los colonos a vender su tierra o que por fraude o violencia fueran despojados, y que así la tierra y el agua pasaran a manos de blancos y mestizos. Así, en este periodo (1767-1821) comenzó la destrucción de las comunidades indígenas, la pérdida de la propiedad de la tierra y del agua, la pérdida incluso de la cultura propia. Desprovistos de su comunidad, de su tierra y de su cultura, los indígenas no tuvieron otra alternativa que alquilarse como peones al servicio de los colonos. Éste es el profundo cambio social que se inició a raíz de la expulsión de los misioneros jesuitas.

El visitador en el noroeste novohispano

En los planes del visitador general José de Gálvez, el noroeste novohispano ocupaba un lugar preferente, y había para ello varias razones. Tenía una exagerada opinión sobre las riquezas minerales de la región y quería terminar con la inseguridad que privaba en la zona a causa de los indios insumisos. El visitador soñaba con un noroeste completamente colonizado por los españoles, sin las angustias que los pobladores sufrían a causa de los seris, los pimas, los apaches y los yaquis. A esto se añadía el inminente peligro de una invasión extranjera, ya por parte de los rusos que navegaban el Pacífico norte, o bien por parte de los ingleses, franceses o estadunidenses, muy interesados en aprovechar el Océano Pacífico, donde el imperio español tenía enormes y desprotegidos litorales.

El visitador dispuso varias acciones importantes en relación con las provincias del noroeste, como el envío de una expedición militar de grandes proporciones para la pacificación de los indios rebeldes, la cual, al mando del coronel Domingo Elizondo, partió para Guaymas en 1767. Era tan impresionante el despliegue de soldados, armas y pertrechos que se pensaba que su sola presencia bastaría para disuadir a los rebeldes y lograr la sumisión. En el mismo año el visitador ordenó la habilitación del puerto de San Blas en las costas de Nayarit, así como el establecimiento de un astillero y de una base naval.

A principios de 1768, José de Gálvez y el virrey marqués de Croix sometieron al rey un proyecto para crear una nueva entidad gubernativa con jurisdicción sobre todas las provincias del norte de la Nueva España, desde California hasta Texas, del cual nos ocuparemos más adelante. Era tal el interés de De Gálvez por el noroeste que decidió recorrerlo personalmente para disponer las medidas reformadoras. Partió de la ciudad de México en abril 1768, pasó por Guadalajara y llegó a San Blas, donde se embarcó hacia Baja California. En el curso del viaje desembarcó en Mazatlán, donde estuvo una semana y concedió privilegios a los mulatos de la guarnición del presidio, como la exención de impuestos al comercio, el aumento del número de plazas para presidiales y cierta autonomía del alcalde mayor de Copala, del cual dependían por estar el presidio en este territorio.

José de Gálvez estuvo en el sur de Baja California por espacio de 10 meses y se dedicó a organizar minuciosamente a la nueva sociedad peninsular. Repartió las escasas tierras cultivables que pertenecían a las antiguas misiones jesuíticas y amplios sitios para la cría de ganado mayor; puso en funcionamiento unas minas por cuenta del rey y creó un almacén con fondos de la Real Hacienda para agilizar el comercio y el abastecimiento de los colonos, quienes importaban desde el continente todas sus mercancías. Los actos del visitador que tuvieron mayor trascendencia fueron la decisión de colonizar la Alta California y la organización de las dos primeras expediciones que participaron en esta empresa. De este asunto hablaremos con mayor detenimiento en otro apartado de este capítulo.

En mayo de 1769, De Gálvez salió de Baja California y desembarcó en Santa Bárbara, pequeña ensenada cercana a la desembocadura del Río Mayo, en la provincia de Sinaloa. Al llegar al continente se enteró de algunos asuntos enojosos. El ejército del coronel Elizondo llevaba un año en la provincia de Sonora emprendiendo campañas contra los indios seris, pero con ínfimos resultados, sobre todo tomando en cuenta los gastos que la expedición militar causaba al real erario. El ejército español no disuadía a los rebeldes seris, sino que estimulaba su astucia para eludirlo. En el mismo mes, los indios cahitas del Río Fuerte se sublevaron contra autoridades y colonos y fueron reprimidos por la tropa española con violencia inmoderada. Las fuerzas de coronel Elizondo estuvieron dos años más en la región y se retiraron, a mediados de 1771, sin haber logrado el objetivo de pacificar a los indios insumisos.

Antes de partir a Baja California, De Gálvez había comisionado al doctor Eusebio Ventura Beleña para que recorriera las provincias de El Rosario, Maloya, Copala, Culiacán y Sinaloa e iniciara la organización de la Real Hacienda, esto es, el aparato burocrático para la recaudación fiscal, que hasta la fecha no existía en el noroeste. El comisionado debía poner las bases para la fundación de una real caja y el establecimiento de los "estancos" del tabaco, la pólvora, los naipes y la sal. La real caja era una oficina recaudadora en la que los mineros pagaban el impuesto del quinto real y marcaban sus barras de plata con el sello del rey para poder comercializarlas. Los estancos eran monopolios del rey, de modo que sólo las oficinas de la Real Hacienda podían vender los productos. El comisionado también estableció una oficina para "rescatar" el oro y la plata que producían los mineros y cambiar estos metales por plata acuñada, medida que afectó a los comerciantes locales porque esta oficina pagaba mejor precio que ellos. Pero el visitador desaprobó las gestiones de Ventura Beleña, lo destituyó y lo puso en prisión.

José de Gálvez permaneció tres meses y medio en el real de los Álamos, provincia de Sinaloa, desde donde dispuso importantes medidas para el desarrollo de la región. Estableció la real caja para el quintado de los metales de la gobernación y venta del azogue a precios reducidos asimismo, ordenó la formación de padrones de todas las provincias para el cobro de diezmos y tributos, expidió un reglamento de salarios y jornales, y ordenó la formación de milicias de españoles y de indios para la defensa de los pueblos. Una de las más importantes disposiciones, a la cual ya nos referimos, fue la repartición de las tierras misionales entre indios y no indios, para que la propiedad privada sustituyera a la colectiva y para que indios y no indios vivieran juntos en los mismos pueblos.

Posteriormente, De Gálvez partió al presidio del Pitic, en la provincia de Sonora, y a las misiones de Ures y Arizpe. Cuando se encontraba en Ures mostró señales de una enfermedad que perturbaba sus facultades mentales, por lo que sus servidores y el gobernador Claudio de Pineda procuraron retirarlo sigilosamente para que no se difundiera la noticia del penoso estado de tan ilustre funcionario, y lo trasladaron a Chihuahua, a donde llegó ya en su sano juicio. José de Gálvez volvió a España en 1772; el rey Carlos III recompensó sus servicios con el nombramiento de ministro universal de Indias y le concedió el título nobiliario de marqués de Sonora.

El visitador José de Gálvez pasó por el noroeste novohispano con la celeridad y la fuerza de los ciclones de verano. No se había visto en la región a un funcionario imperial de tan alta investidura y que dictara tantas y tan diversas disposiciones reformadoras. En los siguientes apartados seguiremos el curso de los acontecimientos posteriores a la visita de De Gálvez para evaluar el efecto que tuvieron las reformas borbónicas sobre la sociedad regional

La reforma política y administrativa

Páginas atrás vimos cómo José de Gálvez y el marqués de Croix concibieron un proyecto para formar una nueva entidad política que comprendiera a todas las provincias del norte. novohispano; el rey lo aprobó en 1769 y se puso en práctica en 1776. Esta entidad recibió el nombre de Comandancia General de las Provincias Internas. La palabra "comandancia" indicaba el carácter preponderantemente militar de la nueva institución, cuyo titular, llamado "comandante general", debía ser un militar de alta graduación porque una de sus principales funciones sería defender la frontera norte del imperio español. El término "provincias internas" era el nombre genérico de todas las provincias situadas al norte de Zacatecas; se consideraba que estaban "en el interior del territorio", como lo indicaba también el nombre "camino de tierra adentro" aplicado a la vía que conducía a ellas, a partir de la ciudad de México.

El caballero Teodoro de Croix, sobrino del virrey, fue designado primer comandante general con órdenes de establecer en el pueblo de Arizpe, provincia de Sonora, la sede de su gobierno. De Gálvez había planeado la fundación de una ciudad en las márgenes del Río Gila, que se llamaría San Carlos, para que fuera la capital de la Comandancia, pero mientras ocurría esto, la sede estaría en Arizpe. Es curioso observar que provincias como Texas y Nuevo Santander (Tamaulipas) quedaban a mayor distancia de Arizpe que de México y, sin embargo, serían gobernadas desde esta remota capital que, además, presentaba muchos problemas de comunicaciones.

Las atribuciones del comandante general fueron superiores a las de un gobernador, y en ciertos ramos como hacienda, gobernación y guerra, sus facultades eran equiparables a las del virrey de Nueva España; no así en el ramo de justicia, porque estaba sujeto a la Audiencia de Guadalajara. El comandante general dependía directamente del rey de España sin que debiera rendir cuentas al virrey de la Nueva España.

Teodoro de Croix permaneció cinco años en Arizpe tratando de organizar el gobierno de la Comandancia General, sin muchos aciertos. Eran numerosos los obstáculos que impedían su consolidación: el territorio tenía enormes dimensiones, la población era muy escasa y estaba diseminada, las vías de comunicación eran deficientes, había indígenas insumisos dentro de las fronteras e invasiones de apaches desde el exterior. En pocas palabras, las necesidades presupuestales de la Comandancia General fueron muchas, y muy escasos los productos fiscales que recababa, de aquí que debiera recurrir al apoyo financiero del virrey.

Los sucesores del marqués de Croix en la Comandancia General tampoco pudieron establecer el gobierno, y su principal actividad fue la de garantizar la seguridad de las provincias. La Comandancia General duró hasta después de la independencia, sí bien con varias transformaciones: en 1786 se dividió en tres comandancias, la del poniente, la del centro y la del oriente; en 1788 se redujo a dos y, en 1790, volvió a la comandancia única. Sufrió nuevos cambios en 1791, 1792 y 1804, mas, a pesar de tantos ajustes, nunca fue una institución sólida. El proyecto era adecuado en cuanto a crear un gobierno militar que fortaleciera la frontera, pero no hubo los medios necesarios para llevarlo a la práctica.

La Intendencia de Arizpe

La Intendencia de Arizpe

Otra de las reformas impulsadas por José de Gálvez fue la implantación en la Nueva España de una institución de origen francés, la intendencia, cuyo principal objetivo era aumentar el control de la administración de todas las provincias, tanto en la recaudación de impuestos como en el fomento de las actividades productivas de cada región, de modo que el resultado final fuera el incremento de ingresos de la Real Hacienda. La primera intendencia erigida en la Nueva España fue la de Arizpe, en el año 1770, y esta ciudad fue la sede del intendente. El catalán Pedro Corbalán fue nombrado intendente provisional mientras el rey confirmaba el plan de De Gálvez y otorgaba los nombramientos definitivos.

La Intendencia de Arizpe sirvió como laboratorio para adecuar la institución a las circunstancias de la colonia. Cuando Corbalán inició su gestión tuvo muchos problemas, como la falta de un reglamento que señalara sus funciones con precisión y los conflictos con el gobernador de Sinaloa y Sonora, porque ambos actuaban en el mismo territorio, no estaban delimitadas las funciones de cada uno e incluso había confusión sobre qué autoridad era superior, la del gobernador o la del intendente. Estos problemas se resolvieron cuando se decidió que los cargos de intendente y de gobernador recayeran en la misma persona. Más tarde, en 1786, el rey promulgó la "real ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el Reino de la Nueva España". Ese año se extendió a todo el virreinato el sistema de intendencias; se erigió una intendencia general en la ciudad de México y 10 de provincia que, además de la de Arizpe, fueron las de Mérida, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Guadalajara, Valladolid (Morelia), San Luis Potosí, Zacatecas y Durango.

La real ordenanza de 1786 modificó profundamente la organización política y administrativa de la Nueva España. De hecho, desapareció la antigua división en reinos, gobernaciones y provincias e incluso la figura del virrey quedó muy limitada. La nueva división territorial estaba pensada en función de la mejor administración de las regiones y en cada intendencia había una única autoridad superior en la persona del intendente. La ordenanza indicaba que éste tenía competencia en cuatro ramos: justicia, hacienda, guerra y "policía". El intendente era juez supremo en su territorio, pero supeditado a la correspondiente audiencia. En Arizpe, la dependencia era de la Audiencia de Guadalajara. En el ramo de hacienda el intendente tenía injerencia en todos los asuntos fiscales y de gastos públicos, pero nominalmente estaba subordinado al intendente general de México. En el ramo de guerra estaba sujeto al comandante general, y sólo si era militar podía ejercer a plenitud su autoridad en este ramo; si no lo era, sencillamente se ocupaba de los asuntos administrativos del ejército. El ramo de policía, que hoy llamaríamos "de Fomento", consistía en ejercer las acciones convenientes para estimular las actividades productivas del territorio, es decir, fortalecer la economía para hacer crecer la recaudación fiscal. La ordenanza preveía que las intendencias se subdividieran en partidos, con un subdelegado como autoridad principal, que tenía las mismas atribuciones del intendente, pero dentro de su partido. Tanto el intendente como el subdelegado tenían prohibido inmiscuirse en asuntos de comercio, pues se deseaba eliminar la mala imagen que los alcaldes mayores y algunos gobernadores habían dejado en la población por estar coludidos con comerciantes.

La Intendencia de Arizpe, que es la que directamente nos interesa porque territorios que hoy son de Sinaloa formaron parte de su jurisdicción, fue erigida por De Gálvez en 1770, pero quedó consolidada hasta 1777 cuando Pedro Corbalán reunió en su persona los nombramientos de intendente y gobernador, cargos que ya no se separaron. El territorio de la Intendencia de Arizpe fue el mismo de la antigua gobernación de Sinaloa y Sonora, pero la subdivisión en partidos no fue la misma que antes. En 1787 había en esta intendencia 11 partidos, a saber: Cieneguilla, San Antonio de la Huerta, Ostimuri, Álamos, El Fuerte, Sinaloa, Culiacán, Cosalá, Copala, Maloya y El Rosario. Cada partido tomó el nombre de la población, villa o real de minas en donde residía el subdelegado (mapa VI.1).

Partidos 1.- Cieneguilla 2.- San Antonio de la Huerta 3.- Ostimuri 4.- Álamos 5.- El Fuerte 6.- Sinaloa 7.- Culiacán 8.- Cosalá 9.- Copala 10.- Maloya 11.- Rosario

MAPA VI.1 La intendencia de Arizpe en 1787.

A Pedro Corbalán tocó la tarea de organizar la Real Hacienda en la intendencia, porque no había en las provincias del noroeste ninguna dependencia de este organismo fiscal. Durante la visita de José de Gálvez se inició el establecimiento de los estancos y el mismo visitador fundó nominalmente, en 1769, la Real Caja de Álamos. Corbalán puso en funcionamiento la caja para que quintaran sus metales todos los mineros de la intendencia y para la distribución del azogue, que también era estanco del rey. Los mineros del sur de la intendencia no aceptaron esta disposición porque se les obligaría a viajar a Álamos para quintar sus metales, pero su plata salía hacia México y era más fácil quintarla en Guadalajara o en la misma capital del virreinato. En atención a las objeciones de los mineros de El Rosario, las autoridades superiores acordaron trasladar la Real Caja a El Rosario y establecer en Arizpe una pagaduría, esto es, una oficina subalterna de la Real Caja, cuya principal función era atender al pago de los situados de los presidios y de los sínodos de los misioneros. La Real Caja de El Rosario empezó a funcionar en 1783, mientras que la pagaduría de Arizpe lo hizo desde 1780.

CUADRO VI.1. Intendentes de Arizpe

Los sucesores de Pedro Corbalán consolidaron la estructura de la Real Hacienda. La administración principal de los estancos reales estaba en la Real Caja de El Rosario, pero tenía ocho administraciones subalternas, que en 1790 eran las de Arizpe, San Miguel de Horcasitas, San Antonio de la Huerta, Cieneguilla, Álamos, Sinaloa, Culiacán y Cosalá. Para estas fechas habían aumentado los ramos fiscales manejados en la intendencia, pues ahora eran tabaco, pólvora, naipes, papel sellado, alcabalas, sal, mezcal, correo, diezmos, reales quintos, media anata, tributos y azogue. El tabaco, la pólvora, los naipes, la sal y el azogue eran productos monopolizados por el rey, como ya se dijo: estaban "estancados" y sólo la administración correspondiente podía producir y comercializar estas mercancías. El papel sellado consistía en hojas con el sello del rey que debían usarse en todo asunto público, so pena de invalidez de las gestiones. La alcabala era un impuesto al comercio y consistía en el pago de un porcentaje del valor de las mercancías introducidas a la Intendencia. Sólo en algunas intendencias estaba permitida la producción y venta de mezcal y aguardiente, entre ellas la de Arizpe, pero por cuenta del rey. El diezmo era un impuesto eclesiástico que consistía en donar a la iglesia la décima parte de los productos agrícolas y pecuarios; en el noroeste no se había cobrado por ser indios de misión la mayor parte de los productores, pero hecha la secularización de las misiones tanto los indios como los mulatos y mestizos debían pagarlo, así como el tributo; el diezmo lo cobraba la Real Hacienda. El correo era un servicio público operado por el gobierno, y quienes lo usaban pagaban el correspondiente derecho. De los impuestos del real quinto de los mineros y la media anata de los funcionarios reales ya hemos hablado. El tributo era un impuesto personal que pagaban los indios, mulatos y mestizos como reconocimiento del vasallaje que debían al rey de España.

Es indudable que los intendentes de Arizpe pusieron mucho empeño en la estructuración de la Real Hacienda y en el cobro de los impuestos, ya que ésta era una de sus funciones esenciales. Efectivamente, entre 1767 y 1821 se creó una infraestructura fiscal que antes no existía y se inició la tarea de acostumbrar a los pobladores a pagar impuestos que antes no pagaban. De los ramos fiscales citados sólo se pagaban con regularidad los reales quintos de los mineros y la media anata de los funcionarios del rey, así como los derechos sobre el azogue, ya que sólo la Real Hacienda lo importaba y lo distribuía. Los demás cobros se impusieron poco a poco y vencieron muchas resistencias de la población, especialmente de los antiguos indios de misión que eludían el pago del diezmo y del tributo. Fue en este ramo donde menos se logró, excepto en Culiacán, porque aquí el tributo se cobraba desde el siglo XVI.

Algunos historiadores piensan que el excesivo crecimiento del aparato burocrático necesario para cobrar los impuestos fue más costoso que el producto de la recaudación. En un estudio reciente titulado La aplicación regional de las reformas borbónicas. Sonora y Sinaloa, 1768-178 7, el historiador Ignacio del Río examina a profundidad este asunto para concluir que la reforma fiscal sí rindió beneficios a la Real Hacienda, pues una región que antes recibía subsidios de ésta se transformó en autofinanciable, aunque se trataba de una intendencia con grandes gastos militares ocasionados por los presidios fronterizos que, además, eran improductivos desde el punto de vista económico.

Las reformas en la economía

De las reformas efectuadas por los monarcas borbones en el campo de la economía, dos fueron las que mayores repercusiones tuvieron en el noroeste novohispano: la liberalización del comercio y los incentivos a la minería. Antes de las reformas el comercio exterior de la Nueva España era un monopolio de los comerciantes del consulado de Sevilla, en España, y de los consulados de cada colonia americana, en nuestro caso el Consulado de Comerciantes de la ciudad de México. Sevilla era el único puerto español que estaba autorizado a manejar el comercio trasatlántico (después lo fue Cádiz) y sólo un puerto novohispano, Veracruz, podía recibir la flota que una vez al año venía de España cargada de mercaderías europeas y volvía con plata y oro, principalmente. En el Océano Pacífico ocurría algo similar, pues sólo los consulados de México y de Manila podían hacer el comercio por medio de un galeón que anualmente viajaba de las islas Filipinas a Acapulco —único puerto autorizado para el comercio— con mercancías sobre todo chinas, y volvía a Manila con plata novohispana. Este comercio monopólico, establecido desde el siglo XVI por concesiones del rey a los comerciantes, producía grandes ganancias a los mercaderes almaceneros, pero perjudicaba a los consumidores porque estaban sujetos a los precios que fijaban los monopolistas.

Las reformas llamadas del "libre comercio" tenían por objeto romper el monopolio de los consulados, porque estos poderosos mercaderes eran los que acaparaban las utilidades del comercio y con su riqueza lograban influir en no pocas decisiones de las autoridades del virreinato. Los principales cambios en el sistema de comercio fueron la habilitación de nuevos puertos para el comercio ultramarino, lo mismo en España que en América; la sustitución de la flota anual por navíos sueltos que podían viajar sin someterse a un calendario; la ampliación de los permisos para comerciar con más productos, tanto de la metrópoli con las colonias como de las colonias entre sí, porque antes de estas reformas estaba restringido el comercio entre las colonias. A estas reformas hay que añadir la supresión de los alcaldes mayores, a la que ya nos referimos, porque estos funcionarios eran un eslabón muy importante en el control del comercio en el interior de la Nueva España.

El libre comercio quebró las bases del monopolio que mantenían los almaceneros de México; algunos de estos comerciantes prefirieron retirarse de esta actividad y dedicar sus capitales al crédito o a la compra de haciendas. La ciudad de México dejó de ser el único centro del comercio ultramarino y surgieron otros dos consulados, el de Veracruz y el de Guadalajara. El libre comercio favoreció a un nuevo tipo de comerciantes que fincaban sus ganancias en el volumen de las ventas más que en los precios exageradamente altos; de esta manera creció el tráfico comercial y por ende la recaudación fiscal de las alcabalas.

El libre comercio tuvo amplias repercusiones en la Intendencia de Arizpe, pues al fracturarse el monopolio de los almaceneros y al desaparecer los alcaldes mayores quedó desmantelada la estructura que durante casi dos siglos había sustentado la forma de hacer el comercio entre el noroeste y el centro de la Nueva España. Otros cambios importantes se produjeron en las rutas comerciales al abrirse las comunicaciones marítimas en el Pacífico que, a partir de Acapulco y de San Blas, llegaban a Mazatlán, Altata, Guaymas, Loreto, La Paz, San Diego, Monterrey y San Francisco. Estos tres últimos puertos eran de Alta California, que fue colonizada a partir de 1769, como más tarde expondremos. En 1768 el visitador José de Gálvez había autorizado la celebración de ferias francas, esto es, sin pago de impuestos, en Guaymas y en Loreto, con objeto de intensificar el comercio marítimo en el noroeste. Cuando en 1795 surgió el Consulado de Guadalajara, los comerciantes tapatios quedaron en mejor posición que los de México para abastecer las importaciones de la Intendencia de Arizpe y se intensificó el comercio entre estas intendencias vecinas que tenían comunicación marítima.

Debemos referirnos a otro acontecimiento que incidió sobre la Intendencia de Arizpe a fines del siglo XVIII. No se trata de alguna de las reformas borbónicas porque este hecho fue ajeno al Imperio español, pero coincidió en tiempo con ellas: la apertura de las rutas comerciales en el Pacífico norte. En efecto, hacia 1765, los comerciantes rusos establecidos en Alaska empezaron a cruzar el Pacífico para llevar a China las pieles de nutria que obtenían en las costas de América del Norte. En 1784, navegantes ingleses y estadunidenses de Boston empezaron también a navegar el Pacífico para llegar al mercado chino y participar en el comercio de pieles finas. Entraban al Pacífico por el estrecho de Magallanes, luego recorrían las costas del Imperio español hasta Alta California y el actual Canadá, donde obtenían las pieles de nutria que llevaban a China por la ruta de Hawai. Recordemos que fue la presencia de los rusos en el Pacífico norte lo que decidió al gobierno español a ocupar la Alta California antes de que éstos lo hicieran.

En este nuevo mapa de las rutas de navegación, la Intendencia de Arizpe ocupó un lugar estratégico. Los barcos ingleses y estadunidenses costeaban el litoral de la Intendencia, en donde había plata, así que no tardaron en detenerse para intercambiarla por los productos que transportaban, tanto europeos como estadunidenses y asiáticos. Este comercio era de contrabando, porque las autoridades españolas ni con el libre comercio habían autorizado el trato con extranjeros, pero fue imposible de evitar, ya que la intendencia carecía de medios para alejar a los extranjeros y, por otra parte, era un negocio atractivo para los comerciantes locales y muy beneficioso para los consumidores así que las autoridades prefirieron disimular y negaban que hubiera contrabando en sus partidos.

Los comerciantes de México y Guadalajara, que abastecían a la Intendencia con productos importados, protestaban ante las autoridades superiores por ese tráfico ilícito que afectaba sus intereses, y éstas emitían prohibiciones, pero el contrabando continuaba. Al principio, los comerciantes mayoristas se inconformaron porque el contrabando mermaba sus negocios, puesto que los artículos introducidos eran de mejor calidad y menor precio que los traídos de México o de Guadalajara; sin embargo, terminaron por participar también porque obtenían buenas utilidades y no necesitaban compartirlas con los proveedores que desde aquellas ciudades los surtían. Por otra parte, resultaba prácticamente imposible competir con los bajos precios del comercio ilícito, así que para estos comerciantes la disyuntiva era participar en el contrabando o quedar fuera del comercio,

Las circunstancias que favorecieron el contrabando se acentuaron en las primeras décadas del siglo XIX; una de ellas fue la insuficiencia de la marina novohispana del Pacífico, que obligaba a utilizar barcos extranjeros para el transporte de la carga destinada a la Intendencia de Arizpe o a las Californias. Otra fue la guerra insurgente que interrumpió las comunicaciones con el centro del virreinato. La conjunción de estos elementos no sólo incrementó el volumen del comercio ilegal, sino que amplió su radio de acción a la Intendencia de Durango. Las autoridades locales contemporizaron con el contrabando y cobraron las alcabalas correspondientes,

Muy importantes fueron los cambios que se gestaron en el comercio de Sinaloa y de todo el noroeste en el periodo de las reformas borbónicas, porque tuvieron hondas repercusiones. Por una parte, se aflojó el nudo que ataba a la Intendencia de Arizpe con los almaceneros de México; se desarticuló el mecanismo por el que la riqueza de la región salía para México en forma de plata. Por otra parte, se esbozaba otra forma de realizar el comercio exterior: el trato directo con los comerciantes extranjeros, que al correr del tiempo llegara a ser determinante en la historia de la economía sinaloense, Asimismo, las comunicaciones marítimas empezaron a cumplir una función relevante en el comercio del noroeste, aunque —y es preciso señalarlo— el comercio exterior conservó el mismo defecto que Rodríguez Gallardo señalara 70 años antes: los comerciantes del exterior sólo querían plata en pago de sus mercancías, por lo que muchos otros productos regionales siguieron inexplotados por falta de mercado.

La minería

La minería

La política de los monarcas de la casa de Borbón en la Nueva España tendió a impulsar el desarrollo de la minería con el propósito de incrementar la producción de plata. Las principales medidas prácticas en apoyo a los mineros fueron las siguientes: disminución a la mitad del precio del azogue y una mejor distribución de esta materia prima para la producción de la plata; organización del gremio de los mineros en el Tribunal de Minería y sus diputaciones provinciales; creación de un banco para el financiamiento de los mineros y de una escuela para la formación de los jóvenes en el arte de la minería. Para la intendencia de Arizpe, en particular, hubo un frustrado pero interesante proyecto de José de Gálvez, que consistió en crear una compañía por acciones para invertir en las "ricas minas de Sonora y Sinaloa", como el visitador lo publicó. El proyecto fracasó porque los comerciantes a quienes propuso la empresa no quisieron secundarla, tal vez porque las reformas que De Gálvez impulsó habían lesionado sus intereses.

En la Intendencia de Arizpe llegó a haber alrededor de 150 reales mineros de muy diferente capacidad productiva y duración de su bonanza, pero los más consistentes fueron los mismos que desde el siglo anterior producían la mayor parte de la plata en el noroeste: Álamos, Cosalá y El Rosario. Para este periodo tenemos registros sobre la producción de plata, en los montos de la plata quintada en la Real Caja de Álamos, después trasladada a El Rosario, que podemos estimar como la plata producida en la intendencia. La información se resume en el cuadro VI.2.

CUADRO VI.2. Plata quintada en el noroeste y total de Nueva España, 1771-1810 (valor en pesos)

FUENTE: John TePaske y Herbert S. Klein, "Sumario general de carta cuenta de Los Álamos/Rosario/Cosalá",
en Ingresos y egresos de la Real Hacienda de Nueva España, V. 2.

Los datos del cuadro permiten observar que la recaudación de quintos reales sobre la plata creció notablemente en la intendencia de Arizpe y en toda la Nueva España. En el quinquenio 1801-1805 la plata quintada en la intendencia alcanzó casi 10% del total de la Nueva España. ¿Fue el resultado de la política de incentivos a la minería? Probablemente, aunque también intervinieron los factores que señala Peter Bakewell, y que son los siguientes. En la segunda mitad del siglo XVIII creció el número de mineros en toda la Nueva España, aunque muchos de ellos trabajaban a niveles muy reducidos, pero la suma de pequeños montos aumentó la cifra de producción. Además, en este periodo aumentó el registro de "plata de fuego", es decir, refinada por fundición, que era el método que podían usar los pequeños mineros. Por último, según Bakewell el uso de la pólvora en el laboreo subterráneo de las minas trajo un importante avance tecnológico en la explotación. Este procedimiento se empleó en las minas mayores, como las de Guanajuato y Zacatecas, pero es posible que se usara también en las minas de El Rosario y de Álamos.

Así, pues, las reformas borbónicas aplicadas en el noroeste dieron por resultado el crecimiento de la producción de plata, la mercancía más importante que fortalecía el comercio interno y exterior. No tenemos información de la producción en otros ramos de la economía, pero es muy probable que al crecer la población de la Intendencia, como luego veremos, haya aumentado también la producción de alimentos y el volumen de las importaciones, por vía legal y por contrabando.

La población

Los datos de población de la Intendencia de Arizpe en el periodo 1720-1821 aparecen en los cuadros VI.3 y VI.4

Las cifras del cuadro VI.3 indican el acelerado crecimiento de la población total de la intendencia, debido aumento de la población no indígena que se triplicó entre 1750 y 1821, lo que indica que hubo inmigración de mestizos, mulatos y españoles provenientes de otras regiones de la Nueva España; es decir, el noroeste novohispano, antaño desdeñado por falta de atractivos económicos, era ahora una región más integrada a la sociedad colonial y apetecible para quienes buscaban mejores oportunidades para sobrevivir o progresar.

CUADRO VI.3. Población total de la Independencia de Arizpe (individuos)

FUENTE: Peter Gerhard, La frontera norte de Nueva España, p. 39.

 

En el cuadro VI.4 se presentan los datos referentes a la población indígena. Nótese que se hace referencia a los mismos territorios de las provincias anteriores a la implantación de la intendencia; esto se debe a que la división en partidos cambió varias veces entre 1770 y 1821, y sólo señalo entre paréntesis los nombres de los partidos en que se dividió cada provincia según la distribución de 1787. Se observa en el cuadro que el total de la población indígena no tuvo cambios apreciables en el periodo de las reformas borbónicas, aunque fijándonos en la población por provincias se aprecia un incremento en Culiacán (ahora partidos de Culiacán y Cosalá) y una sensible disminución en la antigua provincia de Sonora (ahora partidos de Cieneguilla y San Antonio de la Huerta). En Culiacán, la población indígena se cuadruplicó entre 1720 y 1790, cambio que es muy notable pero no tenemos razones para explicarlo. ¿Sería alguna migración de la sierra a la planicie, como la hubo en el siglo XVI? En la antigua provincia de Sonora la población indígena se redujo a la mitad entre 1720 y 1790. En este caso vemos ya claramente la tendencia que en adelante se impondría, la constante disminución de la población indígena. Este fenómeno no implica necesariamente la muerte de los indios, sino que puede ser la expresión del mestizaje o de la pérdida de la cultura indígena que, en ambos casos, transforma al indio en mestizo. Este cambio no es extraño, pues como dijimos, fue una consecuencia de la desaparición de las comunidades indígenas por la privación de sus tierras y aguas y por la introducción de mestizos y mulatos en sus pueblos.

CUADRO VI.4. Población indígena de la Intendencia de Arizpe (individuos)

FUENTE: Peter Gerhard, La frontera norte de Nueva España, p. 310.

También se observa en el cuadro VI.4 que la población indígena de la intendencia estaba concentrada en Sinaloa y Ostimuri, es decir, eran los grupos yaqui y mayo los más numerosos desde el siglo XVII. Este hecho también muestra una situación que se prolongará a lo largo de los siglos XIX y XX: la presencia de estos grupos cahitas en la zona agrícola más codiciada del noroeste. Estas comunidades fueron las más tenaces en la lucha por conservar su patrimonio ancestral, sus tierras, sus aguas y su cultura. En los siguientes capítulos veremos esta larga y dramática historia de los indios del noroeste, que aún no ha concluido, y que pone en evidencia las contradicciones de la sociedad mestiza, porque quisiera destruir a los indios para quedarse con sus tierras, pero que no puede prescindir de su trabajo.

La Alta California

Páginas atrás nos referimos a uno de los proyectos borbónicos cuya realización inició José de Gálvez cuando visitó Baja California: la ocupación de la Alta California por los españoles. Este acontecimiento tuvo profundas repercusiones en la historia de todo el noroeste, pero aquí destacaremos la participación de las provincias que hoy forman el estado de Sinaloa.

De Gálvez se propuso llevar a cabo la ocupación de la Alta Califonia con los mismos medios que desde el siglo XVII habían servido para la conquista del noroeste, esto es, la misión y el presidio; sin embargo, para prever la preponderancia de las misiones —en el caso de Sinaloa y Sonora— dispuso que se promoviera la colonización civil, que se crearan pueblos españoles de manera simultánea a la formación de las misiones, para que sirvieran de contrapeso económico y político a las comunidades misionales.

El comandante general de la empresa fue el militar catalán Gaspar de Portolá con el nombramiento de "gobernador de ambas Californias". Las misiones se confiaron a los frailes franciscanos del Colegio de San Fernando de México, bajo la dirección de fray Junípero Serra. Se integraron dos expediciones marítimas que partieron de San Blas en enero y febrero de 1769, y dos expediciones terrestres formadas en Baja California, las cuales partieron en marzo y mayo del mismo año llevando ganado, semillas, instrumentos de trabajo, armas, provisiones, soldados e indios auxiliares. Las cuatro expediciones confluyeron en donde hoy está la ciudad de San Diego, y que en aquel tiempo fue la misión de San Diego de Alcalá, la primera de las fundaciones franciscanas. Así empezó la colonización de la Alta California el sábado 16 de julio de 1769. A partir de este punto, la ocupación del territorio avanzó de manera pausada pero sostenida a lo largo de la costa, en una franja que empezaba en San Diego —en su extremo sur— y terminaba en la Bahía de San Francisco, que fue su límite norte. Este territorio, que alcanzó su máxima extensión el año 1823, comprendía 20 misiones, cuatro presidios, tres pueblos y nueve ranchos.

En la primera expedición de Portolá iban algunos soldados originarios de la provincia de Sinaloa. Esto no es extraño, porque el poblamiento de Baja California se inició con hombres reclutados en la contracosta, desde Sonora hasta El Rosario; de aquí salieron los soldados del presidio de Loreto y los mineros del Real de Santa Ana, única población civil que había en la península.

Como las autoridades españolas habían ordenado la colonización civil, los gobernadores de la Alta California y otros funcionarios reales hicieron diversas campañas de reclutamiento de voluntarios que desearan poblar las nuevas tierras para trabajar principalmente como agricultores y criadores de ganado. Por razones obvias los reclutamientos se realizaron en las provincias de la gobernación de Sinaloa y Sonora. Se ofrecía a los colonos el traslado gratuito junto con sus familias, la manutención por cinco años, la adjudicación gratuita de tierras para cultivo y para la ganadería, donación de animales, semillas y aperos de labranza, más otras prestaciones. Estos ofrecimientos eran atractivos para muchos colonos de la gobernación, mestizos, mulatos y algunos españoles, que se enrolaron en la aventura californiana. De varias de estas campañas de reclutamiento tenemos suficiente información.

En el año de 1773, el gobernador de las Californias, Fernando Rivera y Moncada, condujo una expedición de 51 colonos sinaloenses que se asentaron en las misiones, porque aún no se iniciaba la fundación de pueblos. En 1774, el capitán del presidio de Tubac en la Pimería Alta, Juan Bautista de Anza, exploró la ruta terrestre para comunicar Tubac con la misión de San Gabriel en la Alta California; como la empresa tuviera buen éxito, en 1776 el capitán realizó su segundo viaje en el que condujo a 200 pobladores de Sinaloa y Sonora, y con 19 de estas familias se fundó el primer pueblo californiano, San José de Guadalupe; otros colonos del grupo fundaron el pueblo de San Francisco en la bahía del mismo nombre. En el año de 1781 se formó una nueva expedición que constaba de 14 familias y 42 soldados, todos ellos de Sinaloa y Sonora, que se asentaron en otros pueblos recién fundados.

Antonio Nakayama Arce, el historiador de Sinaloa, estudió los padrones de los pobladores de los pueblos y presidios de la Alta California y mostró, con sus nombres y apellidos, quiénes fueron estos pioneros de la Alta California. En su libro Pioneros sinaloenses en California, publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1980, don Antonio expuso los resultados de su investigación. Afirma que, en 1790, 80% de la población no indígena de la Alta California procedía de Sinaloa, Sonora y Baja California, y que la mitad era sinaloense. Estos pobladores eran originarios, en su mayor parte, de la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, pero los hubo también de San Miguel de Culiacán, de El Fuerte, de Chametla, de El Rosario, de El Tule, de San Javier de Cabazán, de Mazatlán y de Cosalá.

La historia de la Alta California no es materia de este libro, pero es preciso señalar que su colonización se hizo, en general, con recursos y con gente del noroeste y, en particular, con los de las provincias sinaloenses, y es un episodio que no podemos olvidar. Los vínculos culturales y de sangre entre Sinaloa y la Alta California no se extinguieron, ni siquiera cuando este territorio pasó a ser parte de los Estados Unidos, En los subsecuentes capítulos relataremos cómo la Alta California tuvo importante influencia en la vida de los sinaloenses, y hasta el presente la sigue teniendo

El obispado de Sonora

Parte del plan de José de Gálvez en el noroeste novohispano era la creación de un obispado. Las provincias del noroeste dependían de la diócesis de Durango, que era de dimensiones dilatadas. Allí el prelado poco podía ocuparse de lugares remotos de la cabecera del obispado. Al poner un obispo en este lugar, De Gálvez también buscaba mantener a los religiosos franciscanos bajo estricto control para que no se repitiera lo ocurrido con los jesuitas. En la época colonial el obispo era un pastor para el servicio espiritual de los fieles, pero también era un funcionario del rey, y como tal debía velar por que los cristianos a su cuidado fueran vasallos dóciles y sumisos al soberano. El patronato que sobre la iglesia ejercía el rey de España le otorgaba el derecho de escoger a las personas que el papa designaría como obispos en todas las diócesis del imperio.

Durante la época de las reformas borbónicas el rey colocó como obispos a los adictos a la política de la corona. Estos obispos actuaron más como ministros del rey que como pastores, pues respaldaron la política del monarca incluso cuando agredía a la misma Iglesia; por ejemplo, cuando Carlos III expulsó a los jesuitas los obispos novohispanos apoyaron el cumplimiento de esta orden y condenaron a quienes opinaron que el rey estaba invadiendo el campo de la disciplina eclesiástica que sólo competía al papa. Hubo también otros casos en que los obispos de la Nueva España prefirieron sujetarse a la voluntad del rey cuando éste se oponía a la autoridad del papa. Un episcopado de esta naturaleza era muy útil para calmar a la población cuando se imponían reformas que agredían los intereses de muchos. La erección de un obispado en el noroeste, pues, era un elemento más para el control político de la región.

A solicitud del rey Carlos III, el papa Pío IV erigió el obispado de Sonora, nombre oficial que recibió la nueva diócesis el 7 de mayo de 1779. Comprendía los territorios de la intendencia de Arizpe —segregados de la diócesis de Durango— y de ambas Californias, separadas de la diócesis de Guadalajara (mapa VI.2). La sede del obispado sería la ciudad de Arizpe, y como primer obispo fue designado el religioso franciscano fray Antonio de los Reyes, antiguo misionero de la Pimería Alta y muy fiel a la política regalista de Carlos III y de José de Gálvez. Fray Antonio estaba en España cuando fue designado obispo, y, tras de jurar fidelidad al rey, partió para la Nueva España y llegó a Arizpe en septiembre de 1783.

MAPA VI.2 El obispado de Sonora en 1790.

En la mayor parte del territorio del obispado aún había misiones. En la provincia de Sonora estaban los franciscanos; en la Alta California había misioneros de la misma orden, y en Baja California había dominicos y franciscanos. La intención del gobierno español era que las misiones fueran secularizadas lo antes posible, pero las circunstancias no lo permitieron. En la Alta California y en la Pimería Alta (que era el territorio que hoy ocupa el estado de Arizona) los misioneros eran necesarios para mantener sometidos a los indios. En Baja California ya casi no había indios, pero los misioneros se oponían a la secularización y no había clérigos disponibles que quisieran ir a la desolada península. Según la legislación vigente los misioneros no estaban del todo sujetos a la jurisdicción del obispo, sino que seguían dependiendo de su propia institución religiosa, como el Colegio franciscano de San Fernando de México o la provincia franciscana de Jalisco. Esta situación causó conflictos de autoridad que fray Antonio de los Reyes no pudo resolver.

En el resto del territorio diocesano, desde Ostimuri hasta El Rosario, había parroquias a cargo de clérigos seculares que dependían únicamente del obispo. En Ostimuri funcionaron las antiguas parroquias de San Ildefonso de Ostimuri, San Francisco de Río Chico y Nuestra Señora de Loreto de Baroyeca, y a partir de la expulsión de los jesuitas se formó una parroquia en los pueblos del Yaqui, atendida por cuatro clérigos seculares. En la provincia de Sinaloa, además del curato de Álamos, al secularizarse las misiones se formaron las parroquias de Mocorito, Chicorato, Tehueco, Mochicahui, San Miguel Zapotitlán, Camoa, Conicari, Batacosa, Navojoa, Guasave, Ocoroni, Toro y Santa Cruz, pero un buen número de ellas no tenían párroco y eran atendidas por algún cura de las inmediaciones. En Culiacán y Cosalá se encontraban seis parroquias; en Copala había cuatro curatos, uno en Maloya y otro en El Rosario. En 1819, el obispo contaba con 68 clérigos para la administración religiosa del obispado, que eran insuficientes dada la extensión del territorio y lo disperso de los poblados.

A excepción de algunas parroquias como Álamos, El Rosario y Cosalá, que producían buenas rentas a sus curas, las demás eran muy pobres y no producían ni el sustento del cura, por lo que en algunas de ellas el gobierno pagaba sínodo al párroco, como si fuera misionero. La recaudación del diezmo también fue deficiente en el obispado, por lo que la Real Hacienda daba al obispo una compensación para su sustento y los gastos de administración de la diócesis.

Durante el periodo que nos ocupa (1767-1821) hubo cinco obispos en la diócesis de Sonora. El primero, como ya dijimos, fue fray Antonio de los Reyes (1783-1787), español originario de Alicante, franciscano, que ocupó su tiempo y esfuerzos en tratar de imponer su autoridad sobre los misioneros de su misma orden. Aunque fray Antonio inició su gestión episcopal en Arizpe, al poco tiempo cambió su residencia a Álamos, donde vivió hasta su muerte en marzo de 1787. Los tres inmediatos sucesores de fray Antonio fueron también franciscanos y españoles, aunque sólo dos eran peninsulares. Fray José Joaquín Granados (1788-1794) era malagueño, igual que José de Gálvez, y había sido guardián de un convento franciscano de Michoacán; en 1794 fue trasladado como obispo a la diócesis de Durango. Fray Damián Martínez de Galinzoaga (1794-1796), originario de Murcia y antiguo guardián del convento de San Francisco de México, fue promovido en 1796 al obispado de Tarazona en España. El cuarto obispo franciscano fue fray Francisco Rousset de Jesús y Rosas (1798-1814), originario de Cuba, quien murió en Imala en diciembre de 1814.

El último obispo de Sonora durante la época colonial fue el religioso carmelita fray Bernardo del Espíritu Santo Martínez y Ocejo (1817-1825), español nacido en Santander que llevó al extremo su fidelidad a los reyes borbones y se opuso, con más ardor que doctrina, a la independencia de México, como ocurrió con todos los obispos de la Nueva España. Fray Bernardo murió en San Sebastián en julio de 1825.

Aunque la sede oficial del obispado era la ciudad de Arizpe, ninguno de estos obispos radicó aquí de manera permanente. Fray Antonio de los Reyes y fray José Joaquín Granados residieron en Álamos; fray Damián Martínez de Galinzoaga mudó la sede a la ciudad de El Rosario, y fray Francisco Rousset de Jesús pasó a radicar a la ciudad de San Miguel de Culiacán, donde permaneció la sede del obispado de Sonora hasta el año de 1883, cuando se creó el obispado de Sinaloa.

El significado de las reformas borbónicas

En el presente capítulo hemos expuesto con algún detenimiento cuáles fueron los cambios que el visitador José de Gálvez inició en el noroeste de la Nueva España y que hemos llamado las reformas borbónicas. En este apartado presentaremos algunas reflexiones sobre el fenómeno histórico considerado en su conjunto, porque se trata de una combinación de acontecimientos que incidieron profundamente en la sociedad regional y modificaron el rumbo de su evolución al alterar las relaciones entre sus grupos internos y también las relaciones con las sociedades regionales vecinas y con la capital del virreinato e, incluso, con el extranjero. Fueron tan importantes los cambios inducidos por las reformas borbónicas que podemos considerarlas como un hito en el proceso histórico regional del noroeste en general y de Sinaloa en particular.

Las reformas borbónicas llegaron del exterior, concretamente de la corte imperial de Madrid; llegaron de fuera como llegó la conquista en el siglo XVI. Afectaron todo el imperio, pues no eran sólo para la Nueva España y menos privativas del noroeste. El objetivo último de los monarcas de Borbón era la sujeción de las colonias para beneficio económico de la metrópoli: corregir las fugas fiscales y promover la producción para aumentar así la recaudación de impuestos. Para lograrlo se necesitaba reformar instituciones y procedimientos viciados —a juicio de los reformadores— que se habían incrustado en las sociedades coloniales y con los que ciertos grupos de privilegiados medraban al amparo de la debilidad de los gobernantes de la casa de Habsburgo. El Consulado de Comerciantes, algunas corporaciones religiosas como la Compañía de Jesús y la misma institución del virreinato fueron el blanco de los golpes de los reformadores.

Los cambios llamados de "libre comercio" minaron las bases en las que se apoyaba el monopolio de los comerciantes almaceneros del Consulado de México y resquebrajaron su poder económico y político. La otrora corporación más poderosa de la Nueva España vino a menos; siguió como la asociación más importante en la Colonia, pero ya no fue la única, ni la rectora de la política comercial del virreinato ni la acaparadora de la riqueza colonial. La expulsión de los religiosos de la Compañía de Jesús eliminó de la política imperial a un opositor temible por su poder económico y su influencia en los estratos ilustrados de la sociedad; además, la confiscación de sus bienes produjo considerables ingresos a la hacienda del rey.

La implantación del sistema de intendencias pretendía que, desde la metrópoli, se ejerciera un control más directo y efectivo sobre las regiones del imperio. El intendente era un funcionario de la más alta jerarquía, con un sueldo equiparable al del virrey y revestido de amplios poderes en todos los ramos de la administración pública dentro del territorio de su intendencia. El intendente era nombrado por el rey y a él debía responder de su gestión. Aunque no se dijo de manera expresa, de hecho el sistema de intendencias venía a suplantar la antigua institución del virreinato; o, en otras palabras, en el sistema de intendencias el virrey no era necesario. Resulta muy interesante observar que Antonio María de Bucareli y el segundo conde de Revillagigedo, virreyes de intachable lealtad al monarca, respondieron con disgusto a la limitación de su autoridad y la disminución de sus funciones. Ciertamente, la ley seguía otorgándoles los omnímodos poderes que sus antecesores ejercieron en todo el virreinato, pero ahora sólo a través de los intendentes podían hacer uso de tales poderes, y los intendentes no dependían del virrey. Por esto, los virreyes consideraron al intendente como una cuña que había puesto el monarca para minar su poder.

La creación del ejército profesional fue también una de las reformas mas borbónicas, y su objetivo fue contar con una fuerza represiva disciplinada y leal al rey. Las reformas lesionaron muchos y muy fuertes intereses, así que el monarca debía tener a mano el instrumento para reducir a los inconformes. El ejército profesional fue objeto de los máximos privilegios concedidos por el rey, y era tanta su confianza en los altos cuadros del ejército que casi todos los intendentes fueron oficiales de alta graduación.

Veamos la magnitud de los cambios producidos en la gobernación de Sinaloa y Sonora que se transformó en la Intendencia de Arizpe. La primera reforma de consideración fue la expulsión de los jesuitas que eliminó de tajo una de las más importantes fuerzas económicas y políticas de la región, con el aplauso de mineros, alcaldes mayores y comerciantes, pues quedaba despejado el campo para que los ricos de la región recibieran más trabajadores indígenas y tuvieran acceso a la propiedad de la tierra y el agua. La política de incentivos a la minería también benefició a este grupo social, que aumentó la producción de plata en forma considerable.

La creación de la Intendencia de Arizpe dotó a la región de un aparato burocrático que no tenía; una autoridad superior en la persona del intendente y un grupo de subdelegados nombrados por él y sólo dependientes de él, a través de los cuales podía ejercer su autoridad en todos los puntos de la intendencia; un aparato para la recaudación fiscal que extendió su campo de acción hasta el cobro de diezmos y tributos (y el intendente tenía injerencia en la administración de estos ingresos). Por medio de esta burocracia, el intendente podía también ejercer funciones militares, judiciales y de fomento de la economía regional. Y es de notar que este aparato burocrático se articuló en la misma región, del intendente hacia abajo; ya no hubo alcaldes mayores cuya lealtad estaba comprometida con los comerciantes de México. A pesar de las fallas y confusiones, cosa explicable en un organismo nuevo y sin antecedentes en la región, este aparato sirvió bien al desarrollo de los intereses locales.

La ruptura del monopolio comercial de la ciudad de México puso término al más gravoso mecanismo de explotación de la región. De manera simultánea, la llegada de comerciantes extranjeros abrió la oportunidad para que los comerciantes locales, antes sujetos a los almaceneros de México, pudieran operar por su propia cuenta y evitar que las ganancias generadas por el comercio fluyeran hacia la ciudad de México. Los capitales mercantiles acumulados podrían invertirse en la región para estimular el crecimiento de las actividades productivas.

El gobierno de los intendentes de Arizpe favoreció al grupo regional privilegiado, como se puede observar en la política de privatización de la tenencia de la tierra, tanto de la baldía como la de las comunidades indígenas. El empeño por repartir las tierras comunales conducía a favorecer también a ese grupo, pues si bien la tierra se entregaba a indios y mestizos a la larga pasaría a manos de los ricos, ya por compraventa o por despojo. Saúl Jerónimo Romero ha estudiado este fenómeno en su libro De las misiones a los ranchos y haciendas. La privatización de la tierra en Sonora, 1740-1860, en el que muestra con detalle el acaparamiento de las tierras y aguas por un reducido grupo de pudientes en lo económico e influyentes en lo político. La actitud de los intendentes fue muy favorable con los comerciantes, como se observa con claridad en la tolerancia o permisividad del contrabando de ingleses y estadunideneses, a despecho de las leyes que prohibían el comercio con extranjeros.

Este comportamiento de los intendentes resulta explicable si consideramos que necesitaban una base de sustentación regional si querían conservar su puesto y ejercer sus funciones. El intendente era un forastero que llegaba a la región respaldado por la autoridad de un rey muy lejano y amenazado por la enemistad de un virrey más cercano, así que al hacer causa común con los importantes de la intendencia de Arizpe encontraba un sólido asidero que le permitía desafiar incluso la autoridad del virrey.

Esta cadena de cambios en la política y la economía del noroeste novohispano produjo el debilitamiento de las relaciones comerciales y políticas con la ciudad de México, y por consiguiente la organización de la economía tendió a reforzar su sentido regional, para beneficio de quienes habitaban la región o al menos para cierto grupo. Antes, la zona dependía de México en todos los aspectos: las decisiones políticas, económicas y religiosas para la región se tomaban allá. Los gobernantes regían al noroeste, principalmente, para beneficio de ciertas gentes de la capital; el noroeste era una "colonia" de los almaceneros del Consulado de México. En este periodo se debilitó mucho esta asimétrica relación que supeditaba nuestra región a los intereses de algunas personas del centro. Éste es un hecho que no debemos perder de vista en el curso de los sucesos posteriores.

En capítulos anteriores dijimos que a finales del siglo XVII se habían delineado con precisión los tres principales grupos sociales surgidos de la conquista y colonización de las provincias del noroeste. Un grupo de prominentes, pequeño en número pero grande en poder económico y político, formado por autoridades, comerciantes, mineros, capitanes de presidio y religiosos jesuitas, todos ellos españoles aunque sólo algunos peninsulares. El segundo grupo, el más numeroso, formado por los indios, especialmente aquellos que estaban integrados en comunidades misionales, que eran propietarios colectivos de la tierra y del agua y cuya organización les daba fuerza económica y política, bajo la tutela de los jesuitas. El tercer grupo social, el de los mestizos, mulatos y negros, era el intermedio por el número de sus integrantes, que vivían del alquiler de su trabajo a los dueños de las minas y de las tierras o bien eran artesanos independientes.

Con la repercusión de las reformas borbónicas se inició una transformación profunda en el concierto de estos grupos sociales. Del grupo de los españoles desapareció el poderoso sector de los religiosos jesuitas, se integraron otros clérigos, como los párrocos seculares, los misioneros franciscanos y el nuevo obispo, pero su influencia no alcanzó el grado que había tenido el poder de los jesuitas. Los integrantes de este grupo (autoridades de la intendencia, propietarios de tierras, mineros y otros empresarios) trabajaron en armonía y con sus intereses más centrados en la región que en México.

El segundo grupo, el de los indios de comunidad, resultó muy afectado por las reformas borbónicas que aniquilaron el sistema de misiones jesuíticas. La política reformista tendía a la anulación de la propiedad comunitaria y a la implantación de la propiedad privada de los recursos de la comunidad. Se inició un lento pero irreversible proceso de cambio que tendía a la destrucción de las comunidades y a la asimilación de los indios al tercer grupo social, el de los desposeídos.

El grupo de los mestizos y mulatos fue el que creció más entre 1767 y 1821, pero no resultó beneficiado por las reformas borbónicas, sino que fue mejor controlado y objeto de las exacciones fiscales de una burocracia más amplia y eficiente.

La crisis de la Independencia

Para cerrar este capítulo, examinaremos los hechos ocurridos en la etapa final del periodo, de 1808 a 1821, y que llamamos la crisis de la independencia, porque el resultado fue la ruptura del lazo que ligaba a la Nueva España con la metrópoli. Los acontecimientos que desataron la crisis ocurrieron fuera de la intendencia de Arizpe concretamente en el centro del virreinato, pero fue tal su magnitud que repercutieron en todo el ámbito de la Colonia. Examinaremos brevemente en qué consistieron y cómo influyeron en nuestra región. Nos referiremos a tres hechos principales: el conflicto criollos y gachupines de la ciudad de México en 1808; la revolución insurgente de 1810 acaudillada por Miguel Hidalgo, y el movimiento trigarante de 1821 encabezado por Agustín de Iturbide.

En 1808 Napoleón Bonaparte invadió España, apresó al rey y al heredero y nombró a su hermano José Bonaparte monarca de España. El pueblo español respondió con una insurrección general en contra de los franceses. Cuando en la Nueva España se supo que el reino estaba acéfalo, los "criollos" de la ciudad de México, encabezados por el ayuntamiento, trataron de ganar la participación política que los reyes borbones les habían negado. Los criollos, los españoles nacidos en Nueva España, estaban en conflicto con los gachupines llegados de la península para el desempeño de los puestos del gobierno colonial. Los reyes borbones habían postergado a los criollos al negarles la participación en el gol de su propia patria —como ellos decían— y otorgar los puestos importantes a los peninsulares. Éstos respondieron con un armado que dominó a los criollos, pero que no resolvió el conflicto político.

Hasta donde tenemos noticia, el enfrentamiento entre criollos gachupines no se dio en la Intendencia de Arizpe, pues no se mostró esa escisión del grupo dominante, lo que indica que los intereses de los miembros de la elite estaban mejor concertados que en la ciudad de México. Podemos señalar que aquí la política de los borbones favoreció al grupo de españoles, tanto criollos como peninsulares; los mercaderes perjudicados por los cambios estaban fuera de la Intendencia, principalmente en México y Guadalajara. Los ricos de la Intendencia de Arizpe no habían sido tan maltratados por el rey como los de otras regiones.

En 1810 estalló la revolución social protagonizada por indios y castas que afectó una amplia zona de la Nueva España que prendía las intendencias más pobladas del centro, occidente y sur del virreinato: Guanajuato, Valladolid, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, Veracruz y México. En la guerra insurgente también participaron algunos criollos, sobre todo clérigos y militares, que actuaron como caudillos y guerrilleros. La rebelión fue sofocada en 1817 por el ejército borbónico, pero no extinguida.

El movimiento insurgente no tuvo importantes adhesiones en la Intendencia de Arizpe. Si bien Miguel Hidalgo comisionó a José María González de Hermosillo para propagar la insurrección en estos territorios, fue poco lo que logró. Las fuerzas insurgentes ocuparon El Rosario el 24 de diciembre de 1810 y saquearon la Real Caja tras vencer a las fuerzas realistas comandadas por el coronel Pedro de Villaescusa. Luego avanzaron hacia el norte con la intención de tomar Cosalá y en el trayecto recibieron la adhesión de los mulatos del presidio de Mazatlán. González de Hermosillo atacó San Ignacio Piaxtla el 7 de febrero de 1811, pero fue completamente derrotado por las fuerzas realistas al mando del brigadier Alejo García Conde, intendente de Arizpe. González de Hermosillo, con los restos de su tropa, volvió a Jalisco. En el noroeste dejó su nombre a la ciudad que hoy es la capital del estado de Sonora.

En la zona serrana, en Badiraguato, hubo otro movimiento de indígenas y mestizos capitaneado por Apolonio García, levantado en armas a principios de marzo de 1811. El día 13 los insurrectos enfrentaron a los realistas en Charay, donde fueron derrotados y se desbandaron. Queda aún por averiguar si este movimiento tuvo relación directa con los insurgentes de González de Hermosillo o fue una rebelión provocada por los problemas sociales propios de la región. El obispo de Sonora, fray Francisco Rousset de Jesús, había condenado al movimiento insurgente en 1810, y del clero de su diócesis sólo fray Agustín José Chirlín trabajó en favor de la difusión de las ideas insurgentes. Los efectos más notables de la guerra insurgente en la Intendencia de Arizpe fueron de tipo económico, pues las comunicaciones terrestres entre México, Guadalajara y la intendencia quedaron interrumpidas entre 1810 y 1817, dado que no había seguridad para los arrieros transportistas. Esta circunstancia provocó el aumento del comercio de contrabando en toda la costa de la intendencia.

La lucha del pueblo español contra los invasores franceses tuvo otra importante faceta que fue el combate por los derechos políticos de los individuos, que la monarquía española desconocía. En ausencia del rey, se reunieron en la ciudad de Cádiz las Cortes, el Congreso de Representantes del reino, y elaboraron una constitución liberal que consagraba los derechos políticos de los españoles de todo el imperio. Esta constitución se llamó "de Cádiz" o "de 1812" porque fue promulgada en marzo de dicho año. Cuando Fernando VII volvió de su prisión en Francia fue reconocido como legítimo rey de España, pero se encontró con una constitución vigente en la península y en las colonias americanas.

De los ordenamientos de la Constitución de Cádiz, dos fueron los que mayor repercusión tuvieron en las colonias: la restauración del régimen municipal y la creación de la Diputación de Provincia, que era un cuerpo formado por diputados electos en cada provincia y cuya función era proponer a las autoridades las medidas convenientes para el buen orden de los asuntos locales. La vigencia de la constitución fue breve, porque el rey la desconoció en 1814, y no hubo tiempo para aplicarla en la Intendencia de Arizpe; pero en 1820 se restauró y con ella se inició la creación de ayuntamientos en las ciudades de la intendencia y la instalación de una diputación de provincia en Arizpe con jurisdicción local y sobre ambas Californias. Este hecho es importante porque tanto los ayuntamientos como la diputación fueron los instrumentos con los cuales los mineros, comerciantes y otros personajes importantes empezaron a ejercer funciones políticas reconocidas por la autoridad.

El año de 1821 surgió en el centro de la Nueva España el movimiento trigarante que acaudilló Agustín de Iturbide. Fue un proyecto nacido de un sector de la elite novohispana de la región central que, con una débil concertación entre las diversas fuerzas sociales, logró imponerse el 27 de septiembre de 1821 y desde la capital proclamó la independencia de México. Cuando el movimiento trigarante aún no triunfaba, ya en la Intendencia de Arizpe hubo adhesiones al Plan de Iguala que Iturbide había proclamado, cosa que también ocurrió en muchos otros lugares de la Nueva España. El 16 de julio de 1821, el teniente coronel Fermín de Tarbé y el párroco fray Agustín José Chirlín juraron el Plan de Iguala en el real de El Rosario. A fines del mes de agosto, el brigadier Alejo García Conde, que ahora era comandante general de las provincias internas, también lo respaldó. En septiembre lo juraron el teniente coronel Arvizu, en Tucsón, y Antonio Narbona, en Arizpe. Antonio Cordero era intendente de Arizpe por estas fechas, pero prefirió renunciar a su cargo para no jurar el Plan de Iguala. Como la aceptación del plan se generalizó en la Intendencia, el ahora obispo de Sonora, fray Bernardo del Espíritu Santo, ordenó a los párrocos de la diócesis que no se opusieran a la proclamación de las adhesiones.

Así, en menos de tres meses la gente importante de la intendencia de Arizpe se había adherido al Plan de Iguala. Es sorprendente la rapidez con que se difundió la información sobre el movimiento trigarante y su plan, y no menos extraordinaria la celeridad con la que fue aceptado en la Intendencia. Más que una decisión de las autoridades parece que fue una opción de las personas importantes de la intendencia, que del poder económico habían pasado a ejercer el poder político. Estas personas, que se llamaban "los notables", desempeñarían un papel muy importante en la historia de Sinaloa y de Sonora durante el siglo XIX.

Este punto de la historia sinaloense no está suficientemente investigado. Falta encontrar la razón que ayude a explicar el cómo y el porqué de la aceptación del movimiento trigarante por los notables de la Intendencia de Arizpe. La investigadora Rina Cuéllar Zazueta propone la hipótesis de que los masones, que se habían extendido en la intendencia por lo menos desde 1816, desempeñaron un papel en la difusión de la información y actuaron como organización política para concertar las decisiones de sus miembros, Esta explicación parece factible y convincente porque coincide con los hechos posteriores, que examinaremos en los siguientes capítulos.

VII. LOS NOTABLES Y EL ESTADO INTERNO DE OCCIDENTE, 1821-1830

AGUSTÍN DE ITURBIDE culminó la campaña militar por la independencia de México el 21 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entró en la capital. Un mes y medio antes, a principios de agosto, había llegado a Veracruz el último gobernante de Nueva España nombrado por la metrópoli, Juan de O'Donojú, con quien Iturbide había firmado el Tratado de Córdoba por el que este jefe político reconocía la independencia, pero, según el Plan de Iguala, quedaban a salvo los derechos de la casa real española, porque se invitaría, en primer término, a Fernando VII para que ocupara el trono de México, o, en su defecto, a alguno de los príncipes españoles. Sólo en el caso de que no se cumplieran estas previsiones, el trono sería ocupado por la persona que el Congreso designara. Es importante recordar esta circunstancia porque nos ayuda a entender la relativa facilidad con que fue aceptado el Plan de Iguala en toda la Nueva España, pues la independencia no significaba el rechazo del rey Fernando VII, a quien la mayor parte de la población profesaba lealtad. Lo que se exigía en el Plan de Iguala era que la Nueva España no fuera más una colonia, sino un reino independiente de España, gobernado por Fernando VII o algún príncipe español. México y España serían dos reinos diferentes, sin que uno estuviera sujeto al otro, aunque tuvieran el mismo rey. Fue por esto que el obispo de Sonora, fray Bernardo del Espíritu Santo, aceptó el Plan de Iguala, porque no implicaba deslealtad contra su rey, al que siempre defendió con ardor. Otra circunstancia importante del movimiento trigarante fue que reconoció la vigencia de la constitución española de 1812 en todo aquello que no se opusiera a la independencia del país.

Como la monarquía mexicana nació fiel a la casa real de España y a la constitución de 1812, quienes ocupaban los puestos de gobierno no tuvieron inconveniente en continuar ejerciendo sus funciones bajo el nuevo régimen independiente. Excepto el intendente Antonio Cordero, quien prefirió renunciar a su cargo, en la intendencia de Arizpe permanecieron en sus puestos los subdelegados, los alcaldes y los capitanes de presidio. El mismo comandante general de las Provincias Internas de Occidente, el brigadier Alejo García Conde, continuó como tal hasta mediados de 1822.

Como la constitución de 1812 permaneció vigente, los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones de provincia quedaron confirmadas en sus funciones. Recién instalada en México la junta de Regencia, dispuso que las diputaciones de provincia fueran renovadas mediante elecciones, que en el noroeste se realizaron el 24 de febrero de 1822. La diputación de Arizpe quedó integrada por las siguientes personas: Antonio Narbona, Rafael Montes, Manuel Íñigo, Antonio Almada, Julián Moreno, Manuel Gómez de la Herrán y el obispo fray Bernardo del Espíritu Santo; como suplentes quedaron los sacerdotes Santiago Domínguez Escobosa, Juan Elías González y Salvador Salido. Antonio Narbona y el obispo fray Bernardo eran autoridades de la época virreinal, y los demás diputados eran miembros de las familias distinguidas de la región, eran "notables". Fue también en este momento cuando se abandonó el nombre de intendencia de Arizpe y se aceptó el de provincia de Sonora y Sinaloa, y se cambió el título de intendente por el de jefe político superior, Para ocupar este puesto fue designado Antonio Narbona.

 

 

Las reformas borbónicas y sus efectos en la nueva España

A mediados del siglo XVIII, el virreinato de la Nueva España presentaba características muy distintas de las que se dieron en la primera mitad del siglo. En la metrópoli, los monarcas se sentían seguros en el trono y sabían que había llegado el momento de romper definitivamente con las estructuras políticas y económicas impuestas por los Habsburgo. En el caso particular de España, los cambios obedecieron a la necesidad de la nueva administración borbónica que tomó el poder a partir de 1700, con el propósito de corregir la situación de progresiva decadencia que se manifestó en el transcurso del siglo XVII.

En la Nueva España, los visitadores y virreyes, así como los obispos nombrados por Carlos III, fueron los primeros y más destacados abanderados del pensamiento fisiocrático y del absolutismo regalista, fueron los agentes de una "revolución desde arriba" tendiente a transformar el sistema colonial, para sujetarlo a la Corona de una manera más eficaz, mediante la aplicación de los conocimientos científicos de la fisiocracia.

De acuerdo con el principio de que no podían existir poderes corporativos o privados que rivalizaran con los del monarca, ni privilegios que atentaran contra el interés supremo del Estado, la principal tarea de los funcionarios borbónicos en el virreinato fue la de recuperar las atribuciones que los Habsburgo habían delegado en corporaciones y grupos.

Todo lo anterior implicaba eliminar la oposición de los grupos de poder locales americanos, y liberar los factores de producción monopolizados por algunos de esos grupos. Por ello, los reformistas se plantearon los siguientes propósitos:

·         Crear cuadros administrativos y burocráticos leales a las ideas colonialistas, eliminando el peso de los criollos.

·         Adecuar la legislación a las nuevas necesidades de la Metrópoli.

·         Contar con una fuerza militar que defendiera y protegiera el programa de remodelación presentado, como un ejército defensor de las fronteras ante las agresiones extranjeras.

·         Reducir la autonomía de gestión y control económico de los consulados de comerciantes.

·         Poner en circulación los bienes de la Iglesia.

·         Favorecer la reducción de precios de las importaciones para erradicar los sectores productivos competitivos, como los obrajes, que desarrollados en la colonia competían con cierto éxito, limitando las ganancias de los comerciantes, fieles a la corona y desarrollando grupos con intereses económicos distintos a la metrópoli.

El encargado de promover estas reformas en América fue José de Gálvez, nombrado visitador de la Nueva España por Carlos III entre 1765 a 1771. La misión de Gálvez era establecer diversos mecanismos que recuperara los hilos que con independencia de la metrópoli se movían desde hacía más de un siglo en los asuntos económicos, políticos y administrativos de la colonia y colocarlos bajo la dirección y vigilancia de funcionarios fieles a la metrópoli. Una de las primeras instituciones contra las que el visitador Gálvez dirigió sus ataques fue el virrey, por considerar peligroso para la metrópoli la centralización de tanto poder, así como la ineficacia administrativa que entorpecía la solución de todos los asuntos que concentraba. El instrumento recomendado por Gálvez para buscar la solución a este problema fue una nueva división territorial en intendencias que venía a sustituir el sistema de provincias y reinos vigente en ese momento, que permitiría una mejor administración evitando los abusos de la centralización del poder en el virrey, los alcaldes mayores, delegados y subdelegados.

El establecimiento del sistema de intendencias enfrentó fuertes resistencias que impidieron su aplicación completa; en un primer momento el rechazo provino de los virreyes mismos, quienes se opusieron a ceder parte de su poder. Más tarde a sus protestas se unieron los integrantes de la Real Audiencia, los altos jerarcas eclesiásticos y los miembros de las principales corporaciones, que sentían limitado su poder por las reformas.

En 1776 la Corona creó el puesto de regente, de rango inmediatamente inferior al del virrey, con facultades para asumir ese cargo en su ausencia o cuando quedara vacante. La Real Audiencia, institución civil más poderosa después del virrey, también fue objeto de cambios, uno de los cuales consistió en que había de ser presidida por el regente, quien estaba facultado para intervenir en asuntos judiciales, generales o específicos. Esta disposición, fundamentada en la idea de que la burocracia colonial necesitaba de mas conexiones entre los diversos sectores, afectó directamente la relación entre el virrey y la Audiencia. En la época en que llego José Gálvez, la gran mayoría de los miembros de la Audiencia eran del grupo criollo, por lo que se propuso modificar esta situación en primer lugar, y puso en práctica medidas tendientes a reducir la participación de los criollos en la Real Audiencia; además, en la Ordenanza de Intendentes de 1786, se le restaron facultades a esta institución, al disponer que muchos asuntos de índole económica, antes manejados por ella, pasaran a ser de la competencia de la Real Hacienda. De esta manera, el antes poderoso tribunal perdió poder y sobre todo dejó de constituir un bastión del grupo criollo.

También fueron sustituidos casi todos los tesoreros y oficiales encargados de manejar las cajas reales donde se acumulaban los impuestos del virreinato, y sus cargos fueron ocupados por personas adictas a la nueva administración de los Borbones, enviadas desde España.

Otra disposición fue la de suprimir a los alcaldes mayores y corregidores de los pueblos de indios, porque suponía que las bajas recaudaciones de impuestos tenían origen en la corrupción de estos administradores locales y en la práctica generalizada de controlar la producción y el consumo de los indígenas mediante el repartimiento del comercio, pues de este modo sólo se beneficiaban los comerciantes y los alcaldes, pero no la Corona ni sus súbditos indígenas. Para acabar con esa situación se recomendó la abolición total de los alcaldes mayores, y se proyectó la creación de un nuevo rango de oficiales subordinados al intendente: los subdelegados, que mediante el pago de un salario, se encargarían de las funciones gubernamentales antes en manos de los alcaldes, y tendrían prohibida toda práctica comercial y monopólica. Este plan fue aceptado por el gobierno metropolitano en el año de 1769, y confirmado luego por la Ordenanza de Intendentes.

Además fue creada una nueva institución, el ejército, como instrumento destinado a vigilar el cumplimiento de las disposiciones del gobierno borbónico. La nueva estructura del ejercito se componía de tres niveles: un pequeño número de unidades regulares bien adiestradas, un grupo más grande de regimientos de la milicia y una extensa red de compañías de reserva. Sin embargo, el reclutamiento enfrentó varias dificultades y creó algunos problemas sociales y económicos, sobre todo por la resistencia de los pobladores a ingresar al ejército. Los reclutadores atribuían su fracaso a la ausencia de valores marciales entre los mexicanos, y además, dadas las circunstancias de sujeción colonial no era posible inculcar virtudes patrióticas para defender los intereses de la Corona.

Tampoco fue posible cumplir con los propósitos de orden racial, de acuerdo con los reglamentos, los elegibles para el servicio deberían ser individuos de origen europeo o mestizos, tener entre 16 y 36 años de edad, medir por lo menos metro y medio de estatura y tener buena salud. Los negros y los indígenas estaban exentos del servicio militar, pero eran aceptables los de "sangre mixta".

Ante el rechazo al reclutamiento, los oficiales tuvieron que recurrir a prácticas de leva, sin importar el origen racial de quienes eran reclutados a la fuerza. Estas medidas trajeron consigo problemas de orden social y económico porque provocaron un ambiente de tensión que comúnmente ocasionaba la fuga de los hombres hacia las montañas, abandonando su trabajo y su familia. La Corona, para hacer más atractivo el servicio, otorgó privilegios militares (fueros) a los miembros del ejército, pero esta medida fue mal interpretada por quienes abusaron del fuero al suponer que se les otorgaba inmunidad contra el castigo penal.

El proyecto de reformas afectó a la más poderosa de las corporaciones: la Iglesia. Los ataques contra la Compañía de Jesús, considerada como la orden religiosa mas desafiante no sólo por su cuantiosa riqueza y su poderosa influencia como educadora de los criollos, sino por su adhesión al papa Clemente XIII, quien luchaba contra el regalismo en defensa de los derechos de la Santa Sede. En junio de 1767 el gobierno español decretó de manera sorpresiva la expulsión de los jesuitas de todas las tierras bajo su dominio. En la Nueva España se vieron afectados 7()() miembros de la orden; su arresto y posterior destierro ocurrió cuando la influencia jesuita se encontraba en su punto más alto, pues además de ejercer una influencia incuestionable sobre la élite criolla, gozaban de un elevado prestigio entre otros sectores de la población novohispana.

Pero todos estos cambios e implicaciones en la vida social constituían sólo una parte del conjunto de grandes transformaciones operadas en el mundo occidental a lo largo del siglo XVIII, etapa pletórica de acontecimientos trascendentales, los cuales se manifestaron con toda su fuerza durante el llamado "Siglo de las Luces", y revolucionaron al mundo introduciéndolo a una era de modernidad sin precedentes.

El cumplimiento de estos propósitos implicaba a su vez contar con medios económicos financieros adecuados, para lo cual se programó una política fiscal encaminada a suprimir las deshonestidades, crear nuevos estancos y ampliar la base social tributaria, dándole a la colonia su carácter real de territorio sometido a una metrópoli imperialista.

Algunas de esas reformas se sometieron a estudio, pues su aplicación se consideraba asunto delicado, por las protestas que pudiera ocasionar el rompimiento de los antiguos esquemas pero como quiera estas reformas dieron comienzo en el año de 1765, con la llegada de José de Gálvez como visitador general. A partir de ese momento se produjeron cambios tan violentos que es posible afirmar que fue entonces cuando la Nueva España adquirió, en un sentido real y estricto, su estatus colonial, porque nunca antes su dependencia y sometimiento fueron mayores.

Sistema de Intendencias

Entre las primeras funciones del visitador español José Gálvez, estuvo la de establecer una centralización administrativa orientada a fortalecer el control de la Corona sobre el virreinato. Dentro de este propósito se buscaba tomar medidas encaminadas a romper el monopolio que tenían las élites locales en el gobierno municipal, y establecer un sistema de división territorial similar al creado por el gobierno de Francia, y ya adoptado en España.

La implantación de este sistema exigió la división del virreinato en juridicciones político administrativas denominadas intendencias, las cuales habrían de estar bajo la dirección de un funcionario que fungía como gobernador general o intendente, quien ejercía todos los atributos del poder: justicia, guerra, hacienda, fomento de las actividades económicas y obras públicas. Los intendentes debían utilizar su autoridad para movilizar la economía de sus provincias, y debían solicitar la colaboración del pueblo a fin de tener éxito; se consideraba necesario mejorar la participación pública en los asuntos comunales para que hubiese contacto entre gobernantes y gobernados, y lograr con ello una mayor estabilidad.

Los intendentes debían estimular la actividad económica directa e indirectamente, por medio de obras publicas. Se esperaba que los intendentes, adictos a la Corona y bien pagados acabarían con la corrupción y con los abusos de los alcaldes mayores, para ello serían los encargados de producir las reformas, y estimular el rendimiento colonial que debía comenzar por la agricultura. El intendente repartiría baldíos a los indios y españoles que carecieran de tierras, supervisando que las hicieran producir, además debía favorecer la artesanía y fomentar el comercio y la minería.

Transcurrieron 19 años entre 1767, fecha en que Gálvez presentó su plan original de intendencias, y 1786, año en que la Corona española promulgó las Ordenanzas de Intendentes, que daban carácter legal y definitivo al sistema de intendencias. Las Ordenanzas establecían la nueva división territorial en 12 intendencias, cuyas capitales serían México, Puebla, Oaxaca, Mérida, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Valladolid, Guadalajara, Zacatecas, Durango, y Arizpe (Sonora-Sinaloa). No formaban parte de las intendencias de esta Ordenanza los territorios de California, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Coahuila y Texas, quizá por tratarse de provincias que constituían la Comandancia General de Provincias Internas; además las ordenanzas mencionan aparte otras regiones como el Nuevo Reino de León y Nuevo Santander, donde el gobernador debía tener el mando en las causas de Hacienda y de guerra.

Descontento contra las reformas borbónicas

Antes de tomar medidas para con la Nueva España, el gobierno español decidió, primero que nada, organizar una inspección militar (1764) y una visita general a las oficinas virreinales (1765), aunque estas dos medidas provocaron una división entre las autoridades coloniales. Con la llegada de José Gálvez, con carácter de visitador general las tensiones aumentaron, hasta que sale en 1771 de la Nueva España. De su visita resultó la nueva división política del territorio en intendencias y comandancias de provincias internas, el aumento al triple de las rentas públicas, la reducción de restricciones al comercio, la fundación del obispado de Sonora y la Academia de Bellas Artes. El virrey-inspector general inicia una segunda reorganización del ejército e intenta establecer una nueva modalidad en las milicias. Toma medidas intrascendentes que fracasan y sólo hacen perder dinero. La economía de la Nueva España es cargada con los cuantiosos gastos que provocaban los preparativos militares para el conflicto en América del Norte. La recuperación de La Habana (1763) y las medidas para modernizar sus defensas se transformarían en la insaciable boca que engulle cuanto Nueva España no se basta para producir: dinero, hombres, pólvora, carne, maíz, arroz, habas y harina. En Veracruz enfermaban los cientos de reos que esperaban para ser llevados a trabajar en la isla. Se calcula que las obras de fortificación de la isla requirieron del envío de más de 5 mil trabajadores novohispanos. La quiebra del erario se fue agudizando debido al aumento de los gastos, provocados por el mantenimiento de las tropas y trabajadores en La Habana. Ante esto, las tensiones sociales aumentan y comienza a organizarse la oposición. El Gobierno de Carlos III recibe desde 1766 noticias, las que considera sin fundamento, sobre el supuesto espíritu de rebeldía existente en la nueva España, y sobre un plan de insurgencia que contaba con el apoyo de Inglaterra.

Efectos socioeconómicos de las reformas borbónicas

Como es de suponerse, las reformas económicas trajeron consigo múltiples efectos y consecuencias, tanto positivas como negativas. El gobierno español tomó diversas medidas para explotar al máximo los recursos de la colonia, con el propósito de generar mucha más materia prima para la metrópoli. Con las reformas borbónicas se tocaron todas las áreas principales en la Nueva España, entre ellas se encontraba la minería. También estaban la agricultura, el comercio (pequeño) y algunas empresas de manufactura. Obviamente hubo beneficios, se permitió ampliar los negocios entre ciertas colonias (Trinidad, Margarita, Cuba, Puerto Rico).

La medida que mayores desajustes provocó en la Nueva España fue la real cédula de 1804 sobre la enajenación de bienes raíces de las corporaciones eclesiásticas, que desató reacciones violentas en contra del gobierno español. Esto se debió a que, con excepción de los comerciantes más ricos, aquella disposición afectó a los principales sectores productivos del virreinato (agricultura, minería, manufacturas y pequeño comercio), y en particular a los agricultores, pues la mayoría de los ranchos y haciendas estaban gravados con hipotecas y censos eclesiásticos, que los propietarios se vieron obligados a cubrir en un plazo corto, a fin de que ese capital fuera enviado a España. De esta manera, no sólo la Iglesia se vio afectada por la real cédula, sino también casi toda la clase propietaria y empresarial de la Nueva España, así como los trabajadores vinculados con sus actividades productivas. Por ello, se levantó un reclamo y por primera vez en la historia del virreinato todos los sectores afectados expusieron al monarca por escrito sus críticas contra el decreto en cuestión. A pesar de todo, la cédula se aplicó desde septiembre de 1805 hasta enero de 1809, produciendo un ingreso de alrededor de 12 millones de pesos para la Corona.

Para la Nueva España , la aplicación de la cédula aparte de provocar una severa crisis de capital, agrietó considerablemente las relaciones entre la Iglesia y el Estado; desde entonces esos dos poderes no sólo rompieron los lazos de unión que tuvieron en el pasado, sino que se convirtieron en facciones antagónicas. Las reformas borbónicas también afectaron al Consulado de Comerciantes de la ciudad de México; esta corporación, que había acaparado el comercio exterior e interior del virreinato por medio del sistema de flotas y del control de los puertos, perdió su enorme monopolio con la expedición de las leyes sobre la libertad de comercio. Al mismo tiempo, la supresión de los alcaldes mayores, agentes comerciales del Consulado en los municipios del país y en las zonas indígenas, acabó con la red de comercialización interna y rompió el lazo político que permitía a los comerciantes de la capital controlar los productos indígenas de mayor demanda en el mercado exterior e interior.

Al parecer los reformadores borbónicos, encabezados por Gálvez, no tenían una visión completa del funcionamiento del sistema económico en la Nueva España. Aunque es cierto que muchos alcaldes mayores eran corruptos y abusaban de su autoridad, el repartimiento del comercio era mucho más que un mero mecanismo de explotación; constituía el más importante sistema de crédito para las comunidades indígenas y los pequeños agricultores. Los alcaldes mayores se beneficiaban porque proporcionaban a crédito servicios necesarios: distribuían semillas, herramientas y otros bienes agrícolas básicos; facilitaban la compra o la venta de ganado, y con frecuencia vendían los productos de algunos grupos que quizá no hubieran encontrado otra forma de colocar su producción. Todo esto fue interrumpido con el decreto que suprimía las funciones de los alcaldes mayores.

El Comercio Exterior

El comercio de la Nueva España fue limitado por la corona española para asegurar para sí los máximos beneficios. El comercio con España se hacía por el puerto de Cádiz en el que se reunían, para la inspección de la Audiencia y la casa de contratación de Sevilla, todos los artículos destinados a América. El comercio con la Nueva España se hacía por el puerto de Veracruz, que era el único autorizado, y el de Acapulco que recibía los artículos importados por Filipinas.

Los comerciantes de España y Nueva España tenían un acuerdo en común para mantener el monopolio comercial para su beneficio exclusivo. Estos comerciantes monopolizaban los productos importantes y controlaban el mercado colonial. Se estableció un Consulado, que tenía como objetivo defender los intereses de los grandes comerciantes y excluyendo a los que realizaban el comercio de menudeo. El gobierno otorgó el cobro de impuestos y de la alcabala a todo artículo que se comerciara. El transporte de las mercancías europeas a Nueva España y el envío de caudales a la metrópoli fue cuidadosamente reglamentado por la corona española. Los navíos cargados de géneros (la flota) debían atravesar el océano protegidos por otros de guerra (la armada o los galeones). La inspección para verificar el buen estado de las embarcaciones, que tenían que ser fuertes y veleras, era rigurosa. La dotación de los navíos también estaba cuidadosamente regulada y los navegantes, capitán y oficiales, pasaban estrictos exámenes y para cada travesía habían de recabar licencia. Tanto cuidado y vigilancia tenían por objeto que la mercancía estuviera expuesta al menor número de riesgos posibles.

La plata era la principal mercancía que se enviaba a España en forma de moneda acuñada. Las monedas de plata novohispanas estimularon la economía europea y el comercio entre los dos continentes. Además de plata, la Nueva España exportaba oro, cueros, grana, que era una pintura roja que los indios sacaban de la cochinilla.

La Nueva España tenía relaciones comerciales con diferentes partes del mundo. Barcos españoles llegaban al puerto de Veracruz. Traían fierro, papel, vino, fruta seca, telas, y ropa fina. El comercio con las Filipinas y el Oriente se hacía a través de la Nao de China, que cada año llegaba a Acapulco con finas telas de algodón y de seda, piezas de marfil y de porcelana. Estas mercancías se pagaban con monedas de plata, muy cotizadas en todo el mundo y de la Nueva España salían productos europeos.

Algunas regiones del virreinato de Nueva España comerciaban entre sí durante la época colonial. De Nueva España, por Veracruz, se enviaba harina a las islas del Caribe y a las costas de Venezuela. De esos lugares venía cera, tabaco y cacao.

Los monopolios de las aduanas de Veracruz y Cádiz se eliminaron con las reformas borbónicas del siglo XVIII y buscaron diversificar los cauces comerciales en el interior de la Nueva España; sin embargo siguieron las restricciones con países extranjeros, por ejemplo España prohibió el comercio con Inglaterra, con quien mantenía una rivalidad ancestral, sin embargo el contrabando de productos ingleses era frecuente en la colonia.

El control del comercio exterior de la Nueva España fue un rasgo del sistema mercantilista vigente en España en el siglo XVI, cuando inicia el dominio que por trescientos años establecería en territorios americanos.

La agricultura, la minería y las manufacturas en la Nueva España.

Acorde con los lineamientos de la política económica mercantilista, la corona española promovió el desarrollo de la minería, los primeros fundos mineros importantes se crearon en el siglo XVI al descubrirse importantes yacimientos de plata en Zacatecas, Guanajuato, Taxco y Pachuca, que aunados a nuevos descubrimientos en el siglo XVIII colocaron a la Nueva España como el mas importante productor de plata. Estos centros mineros se convirtieron mas tarde en detonantes de otras actividades económicas al desarrollarse centros agrícolas, pueblos y ciudades, donde se crearon obrajes para producir herramientas, utensilios y textiles que requería la cada vez más creciente población. Junto a estas actividades productivas se desarrolló un activo comercio al que se dedicaron un buen número de criollos, grupo que habiendo nacido en la Colonia desarrollaría de esta forma, intereses económicos y políticos que los llevaría más tarde a apoyar la lucha por la independencia.

Reformas para impulsar la minería:

La medida inicial consistió en reducir el precio del mercurio en una tercera parte, y mas tarde, como esta disposición provocó un aumento inmediato de la producción, se decidió bajar el precio hasta la mitad de su valor anterior. Al mismo tiempo, los mineros fueron beneficiados con exenciones de impuestos en la introducción de maquinaria y materias primas.

Por último, se crearon tres instituciones que transformaron la situación de la minería:
Un consulado que agrupó a todos los mineros en una organización con privilegios y derechos especiales, un tribunal que se convirtió en un activo órgano de difusión de conocimientos técnico y científico, y un Colegio de Minería, creado en 1792, primera escuela secular y técnica altamente especializada, en donde se impartieron por primera vez cursos de metalurgia, mineralogía y química, así como aquellas materias de estudio acordes con el pensamiento ilustrado, como matemática y lengua francesa.

Mediante estos tres organismos, los mineros pudieron manejar por ellos mismos los problemas inherentes a sus actividades, organizaron y sistematizaron los aspectos técnicos y administrativos que antes dificultaron el progreso de la minería, lo cual les permitió adquirir fuerza y autonomía. Pero la Corona no puso el mismo interés en impulsar otras actividades industriales o manufactureras, sino al contrario, estas fueron desalentadas y hasta prohibidas.