Carton de Grammont, Humbert

El campo hacia el fin del milenio.

El tratado de libre comercio hace correr mucha tinta desde hace meses y ocupará la atención pública en el futuro. Sin duda muchas cosas van a jugarse en las negociaciones trilaterales pero no hay que perder de vista que entre 1986 y1990 el país se incorporó al GATT y ha vivido un profundo proceso de apertura comercial. Casi todas las barreras arancelarias y los permisos previos fuerno cancelados para la producción agropecuaria, de tal manera que al iniciarse las negociaciones del TLC México tiene la agricultura más abierta y menos subsidiada de los tres países involucrados.

Con esta apertura la política gubernamental juega la carta de la inserción en el mercado internacional, probocando profundos y repentinos cambios en la estructura productiva que se expresa en la crisis de los granos y el crecimiento de la agroexportación de hortalizas, frutas, flores y ganadería.

En este contexto queremos analizar tres elementos claves de la estructura productiva: la tierra, el trabajo, la organización para planear algunas perspecticas en la evoución del campo en un futuro "previsible".

La tierra. El fin del reparto agrario.
En 1930 el gobierno mexicano declaró oficialmente el fin del reparto agrario; en su campaña presidencial Miguel Alemán Valdés anunció su intención de terminar con la reforma agraria para transformarla en reforma agrícola y 20 años después Lopez Portillo planteó de nueva cuenta la necesidad de acabar con la distribución de tierra, Ya sabemos que los campesinos pobres no lo entendieron así. Por la fuerza de su lucha, hasta la fecha se distribuyeron mas de 100 millones de hectáreas.

En su Primer informe de Gobierno, Salinas de Gortari refrendó la vieja posición gubernamental, cuando declaró: "El reparto masivo ha concluido, quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo a los casi dos millones de solicitantes de tierra y a los más de cuatro millones de jornaleros agrícolas (...) Reforma agraria quiere decir ahora, fundamentalmente, apoyar a la producción." En efecto el reparto de tierras ha disminuido drásticamente.

Aunque las orgnizaciónes campesinas no gubernamentales rechazan esta posición, existe un amplio consenso entre estudiosos, funcionarios y dirigentes sociales: desde la segunda mitad de la década de los setenta la organización para la producción de los productores agrícolas para retener su exedente ha desplazado a la lucha agraria.

Vale la pena preguntarse por qué la demanda por la tierra, cuando en la opinión de muchos, el fin del reparto agrario, en el contexto de un importante crecimiento demográfico, da una crisis agrícola de larga duración que provoca la pauperación de los campesinos y la presencia de un fuerte desempleo, debía desencadenar un amplio agrarista.

Se aducen dos razones que no compartimos. Se dice que la política gubernamental desvió la lucha agraria hacia la organización para la produccion, suponiendo que el Estado tiene la capacidad de determinar el carácter de las luchas sociales en el campo. Rechazamos esta interpretación porque pensamos que los actores sociales existen por su propia capacidad de organizarse. En el caso, el sector ejidal y el pricado ( o mejor dicho e campesinado y los empresarios de campo) son grupos sociales que existen por su capacidad da autoconstituirse y, de alguna manera, de compartir el poder en el seno de Estado.

Tambien se argumenta que el movimiento agrario desaparece a causa de la represión. Sin negar, ni mucho menos , la importancia de la represión, tampoco parce ser una explicación apropiada, Asumimos que la represión en tiempos pasados era más cruenta en la medida en que los caciques locales controlaban todos los poderes de su región y que no existían instituciónes sociales (FNCR y otras), ni gubernamentales (CNDH), para ponerle alto al poder caciquil. Testimonios de los actores, así como una recesión hemerográfica y bibliográfica sobre las décadas anteriores, parecen confirmar esta opinión.

Política gubernamental y represión atúan como elementos de contención pero no son razones suficientes para explicar el reflujo de la lucha agraria. Proponemos, de manera hipotética - ya que no hay datos estadísticos adecuados ni estudios de casos suficientes- , dos explicaciónes: 1) La reforma agraria está agotando sus posibilidades. Existen latifundios, pero ya no es la forma de producción dominandte en el campo. De alguan manera esta situación limita la fuerza social del ancestral movimiento agrarista mexicano. 2) Los procesos de modernización que ha vivido el campo en las dos últimas décadas han creado una nueva dinámica social que generó nuevas demandas y conformó nuevos movivmientos sociales que no se expresan forzósamente en el sector rural. Por un lado sabemos que los cambio económicos de la última década han creado nuevas fuentes de ingreso que antes no existían: a) es probable que se haya incrementado el empleo agricola aún si el valor absoluto del salario ha disminuido; b) la economía informal tanto en el campo como en la ciudad, se ha desarrollado ampliamente. Por otro lado, es probale que parte importante de la población sin tierra, que dibiera ser el actor principal de la lucha agrarista, ha abandonado el campo para hubicarse en las zonas marginales de los centros hurbanos en las princiales regiones agrícolas. Allí viven, trabajasen temporalmente en el sector informal hubano, y desde la ciudad salen a trabajar al campo o migran hacia los Estados Unidos. Este nuevo fenómeno, conceptualizado como rurbarización, cambia la clásica relación ciudad-campo.

Ya no estamos frente al viejo fenómeno de migración del campo a la ciudad, debido a la mecanización de la agricultura y al crecimiento industrial, sino que habitantes marginales de la ciudad se van a trabajar temporalemtne a las empresas agrícolas. Las contradicciones que esperábamos entcontrar en el campo y que debían generar un nuevo conflicto por la tierra, se han desplazado hacia las ciudades y surgen como conflictos propios del sector hurbano popular: vivienda, agua potable, etc.

Hay conflicotos por la tierra en el país, pero no llega el estallido agrarista barticinado por muchos. Hasta ahora la política neoliberal ha sabido sortear el escollo- que parecía inevitable- de un repunte agrarista. Sin embargo aún no está resuelto el problema de la tenencia de la tierra; falta por definir la relación que se establecerá entre el ejido y la pequeña propiedad.

La privatización del ejido: uno de los principales planteamientos de los tres últimos gobiernos es la necesidad de facilitar la inversión privada en los ejidos, bajo nuevas formas asociativas con el propósito de suplir las limitaciónes de la banca oficial que no tiene dinero suficiente para modernizar la producción en las tierras ejidales. Esta situación da mucha fuerza al sector empresarial al que no le intresa aceptar una asociacion entre socios iguales (uno que aportaría el dinero y el otro la tierra) tal como lo plantean las orgnizaciónes ejidales.

Efectivamente la CNC y las organizaciónes compesinas no gubernamentales se quejan de la falta de voluntad por parte del sector privado para crear empresas mixstas ( privadas- ejidales) que ofrescan buenas condicioes de asiciación a los ajidatarios. Los posibles inversionistas consideran, con obvia nacionalidad capitalista, que si aportan el dinero, la tecnología y el mercado, mientras los ejidatarios ofrecen una tierra que nisiquiera es suya ( y que se puede conseguir por otras vías, sin los riesgos inherntes a tal asociación) deben ser los virtuales dueños de la empresa mientras los ejidatarios no pueden ser mas que sus trabajadores. No hay salida a este dilema.

Hay que recalcar que el arrendamiento de las tierras ejidales es un fenómeno tan viejo como el propio reparto agrario y con la creación de las empresas mixtas, la Ley de Fomento Agropecuario de 1979 permitió legalizar esta situación con estos antecedentes asumimos que hoy en día el capital privado y ejidal, está en poseción de todas las tierras ejidales y comunales que necesita o tiene acceso a ellas con bastante facilidad. No hay razón objetiva por la cual el empresario debiera renunciar a controlar sus negocios para compartirlos con sus trabajadores. Es de esperarse que los llamados gubernamentales a la solidaridad no sean incentivos suficientes para lograr la creación de un nuevo tipo de asociación satisfactorio para el sector ejidal. Para los empresarios la producción de alimentos es un negocio que debe ser tan rentable como cualquier otro. Business is business para todos y esta ley es tan dura en el bucólico campo como en la jungla hurbana.

Obviamente podemos esperar que se adopten nuevas medidas legales que permitan legalizar situaciones de hecho o, para decirlo de otra manera, que faciliten la circulaación del capital en todas las tierras aptas para la producciòn empresarial. Sin embargo, con todo y el nuevo contexto definido por el TLC, la hipótesis de la privatización del ejido en un futuro próximo parece poco probable porque conlleva más desventajas que ventajas.

En lo económico es poco probable que la privatización permita incrementar notablemente la producción ya que desde siempre los grandes productores han rentado sin mayor problema las tierras ejidales. Si no se invierte en el campo desde hace una década no es por falta de seguridad en la tenencia, desde 1910 nunca el campo ha estado más tranquilo como ahora; es porque, por la adhesión al GATT, la agricultura no es negocio si no se tiene la capacidad de competir en el mercado internacional. Después de décadas de proteccionismo y en el contexto de una crisis económica de larga duración, la brutal apertura de las fronteras hizo tambalear a la mayoría de los productores agropecuarios. En los próximos años el TLC, y no la tenencia de la tierra, será el factor determinante de la evolución del campo.

Según los empresarios, la privatización no puede ser más que benéfica. Nunca se preguntan sobre posibles efectos negativos de esta medida: 1) el incremento del costo de la tierra(arrendamiento y precio de venta) por adquirir, ahora sí, un valor comercial real establecido por el mercado; 2) la especulación por parte de propietarios que se dediquen a comprar tierras para rentarlas pero no para trabajarlas directamente, a pesar de las limitaciones de superficie impuestas por la actual ley de reforma agraria (suponiendo que sigan vigentes después de la privatización); 3) el aumento del desempleo abierto de una importante fracción de los actuales ejidatarios.

La insistente demanda por la privatización de la tierra ahora en realidad responde a un problema de orden ideológico-político. Se pretende eliminar toda esperanza por recibir tierra del gobierno nacido de la revolución, a los millones de desempleados, y por lo tanto cancelar las ancestrales luchas agrarias, olvidando que los movimientos sociales no nacen por las promesas de los gobiernos sino por las necesidades o revueltas del pueblo.

Después de generar una intensa polémica en torno a este problema en los meses pasados, y haber encontrado oposición en las filas de su propio partido, el gobierno optó por mantener las 3 formas de tenencia porque la fuerza ideológica del agrarismo revolucionario es demasiado cercano aún como para eliminar formal y abiertamente una de las instituciones que le dio sustento social durante siete décadas: el ejido. Es de esperarse que la demanda por la privatización de la tierra se planteará, otra vez, en el próximo periodo de sesiones de las cámaras legislativas, tal vez con presiones de Canadá y de Estados Unidos. Creemos que el proyecto no pasará, porque actualmente no vemos condiciones para dar un paso así en el marco de una sociedad democrática.

Si funciona el esquema neoliberal, con el desarrollo de una agricultura "a doble velocidad" (la capitalista y la de Pronasol) es probable que en el sector capitalista la forma de la tenencia de la tierra perderá paulatinamente importancia real y la polémica en torno a la privatización del suelo caerá por su propio peso. Para lograrlo hay que cumplir, en nuestra opinión, dos condiciones previas: 1) vaciar el campo de sus campesinos pobres, o sea crear empleo para absorber la enorme población agrícola sobrante; 2) transformar la ideología agrarista en una ideología agrícola: es el papel que hoy juegan las organizaciones del Congreso Agrario Permanente.

El trabajo

Igual que en 1930, la declaración oficial de terminar el reparto agrario hecha por el presidente Salinas de Gortari fue acompañada por la oferta de otorgar a los asalariados agrícolas buenas condiciones de trabajo y de salario. Esta preocupación no está compartida por los patrones porque no hay ni organización sindical, ni movimiento laboral, capaz de exigir el cumplimiento de la ley.

La hipótesis de la rurbanización, que proponemos para explicar por qué hay un reflujo en la lucha por la tierra, funciona también para la lucha sindical. Constatamos, además, la tendencia a la ampliación de la precarización del empleo en detrimento del trabajo de planta. Aun el peón calificado, que encontraba trabajo en planta con cierta facilidad, está sometido ahora a un trabajo temporal, ya que si bien encuentra empleo a lo largo del año lo debe buscar en varias empresas (podemos hablar de un trabajo "permanente-intermitente"). El tractorista, que fue el típico hombre de confianza del patrón, no escapa a los avances de esta precarización. Se estima que en México el 80% de los asalariados del campo son eventuales.

Otro fenómeno que permite entender por qué tal debilidad social de los peones en el campo es la segmentación del mercado de trabajo. Contra la idea comúnmente establecida de que en el campo los peones forman una masa uniforme de mano de obra, ahora grupos de trabajadores específicos compiten entre ellos para tener acceso al mercado de trabajo, ya que los nuevos procesos de modernización en la fruticultura, horticultura y floricultura, suponen el desarrollo de las habilidades manuales de los trabajadores. También la presencia de las mujeres asalariadas (un 50% de la fuerza de trabajo) permite crear un mercado segmentado y comprimir los salarios agícolas.

La relación ciudad-campo está cambiando, así como la relación entre el trabajador y la empresa: rurbanización, precarización del trabajo, segmentación del mercado, son algunos de los nuevos conceptos que debemos introducir para analizar el trabajo asalariado en el campo.

Insistimos como en el caso de la tierra: hay coerción en contra de los asalariados agrícolas que intentan crear sindicatos, en algunos casos hay represión abierta, pero esto no basta para explicar la falta de presencia social de los jornaleros.

Para pensar en las futuras posibilidades de organización laboral en el campo proponemos dos reflexiones: 1) La modernización neoliberal supone un estricto control de los gastos salariales. En el campo, como en el resto de la economía, la renovada competencia entre las empresas, a la hora de negociar el TLC, crea un clima poco favorable para mejorar los ingresos de los trabajadores. 2) Es probable que la tradicional organización sindical monolítica no corresponde más a las necesidades diferenciadas en los distintos grupos que integran el mercado de trabajo. Tal vez tendrán que surgir nuevas formas organizativas, mejor adaptadas a las actuales condiciones del trabajador en el campo.

La organización.

Encontramos en el campo dos formas especiales de organización: las corporativas y los gremios.

Las organizaciones corporativas pertenecen al partido gubernamental. En el campo tenemos por el sector social (ejidal y comunal) a la Confederación Nacional Campesina (CNC), creada en 1938, y por el sector privado a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), creada en 1946.

Por organización gremial entendemos el reagrupamiento de los productores para la defensa de sus intereses particulares, no como grupo o clase social, fuera del ámbito político partidista. En México esto se dio esencialmente a través de las asociaciones de productores y las uniones de crédito.

En el caso del sector social todas las asociaciones de productores pertenecen a la CNC, no hay entonces ninguna diferencia entre organización corporativa y gremial.

En el sector privado las asociaciones tienen un papel esencial porque de ellas nacen diferentes proyectos de organización nacional del sector privado, fuera del marco corporativista. Estas organizaciones gremiales nacionales y en algunos casos regionales, son poderosas plataformas para negociar con el gobierno sin estar directamente sujeto a los mecanismos políticos de la relación corporatista.

Recordaremos solamente la importancia de la Confederación Nacional Ganadera (CNG), la Unión Nacional de Productores de Hortalizas (UNPH), la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES). Desde 1984 las organizaciones gremiales más importantes están reagrupadas en el Consejo Nacional Agropecuario que tiene actualmente una gran fuerza ya que participa en el gabinete agropecario y en la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior, organismo asesor del gobieno para negociar el TLC.

Viendo hacia futuro podemos prever: 1) importantes transformaciones en las organizaciones de productores, 2) que las relaciones entre el sector ejidal y el sector privado se modifican profundamente, 3) también su relación con el Estado.

Para poder terminar con el reparto agrario el gobierno tiene que acabar con la ideología del agrarismo. Para eso debe construir una nueva ideología ya no basada fundamentalmente en la demanda por la tierra sino en la organización de los pequeños productores para la producción. Lo agrícola debe sustituir a la agrario; lo cual quiere decir que en lo organizativo, lo económico debe sustituir a lo jurídico-político.

Después de la revolución, se ha superpuesto una ideología, la agrarista, sobre una forma jurídica de la tenencia de la tierra, el ejido, de tal manera que la organización de los productores se ha estructurado, en buena medida, a partir de una situación de derecho más que de hecho: los productores se reagrupan de acuerdo a la tenencia de la tierra y no de acuerdo al nivel económico de sus empresas o de sus formas de organización (unidad campesina vs. empresa capitalista, empresa colectiva vs. empresa individual) como suele ser en los países en donde la estructura agraria es el resultado de una lenta evolución pero no de un acontecimiento histórico fundador tan violento y cargado de ideología como lo fue la Revolució Mexicana.

Sin embargo, hoy existe en el sector ejidal un importante porcentaje de agricultores empresariales, los "ejidatarios-nylon", cuyos intereses no corresponden a los intereses de los ejidatarios pobres que son la mayoría de los productores del sector social. De la misma manera encontramos del lado de la pequeña propiedad una alta proporción de campesinos pobres que conforman parte de la base social del sector privado sin tener nada en común con los empresarios que dirigen sus organizaciones.

Si se logra terminar con la ideología agrarista sustentada de la actual organización corporativista, la diferencia entre el sector social y el sector privado perderá contenido. Podemos suponer que se darán, entonces, reacomodos entre las organizaciones de productores, privilegiando ahora su nivel económico y sus formas reales de organización sobre la legalidad de la tenencia de la tierra. Los empresarios del sector ejidal se integrarán a las organizaciones patronales, junto con los empresarios del sector privado; mientras los pequeños productores, tanto ejidatarios como proletarios privados, buscarán controlar sus propias organizaciones. En este tránsito es posible fortalecer al ejido como aparato productivo.

Estos cambios probables en la estructura organizativa no significan el fin del corporativismo, ni mucho menos, ya que las formas de acción corporativistas atraviesan el conjunto de las organizaciones sociales.

El parteaguas entre las organizaciones de los pequeños y los grandes productores se delineará en torno a la siguiente disyuntiva: autosuficiencia alimentaria, entendida como autoabasto en productos básicos del mercado nacional, contra las ventajas corporativas, que privilegia la agricultura de exportación. Los pequeños productores (en cualquier forma de tenencia de la tierra) defenderán la primera opción porque no pueden resistir la competencia internacional, mientras los grandes, la cúpula empresarial, empujarán hacia el TLC. Desde ahora esta línea de demarcación está trazada, allí está el futuro punto de quiebre entre las organizaciones de productores en el campo.