Riva Palacio, Raymundo

La prensa en la mira.

Mientras en el Mundo la apertura de la información ha sido clave de los procesos democráticos, en México se cierran los accesos y se retorna al amago. No parece muy fortuito que se comience a presionar a los y a las periodistas para que, frente a jueces y ministerios públicos, revelen sus fuentes de información.

El secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, es un político cuajado. Sofisticado. Es también mano blanda en la epidermis, pero dura, enérgica, cuando se rasca un poquito. Su trato público gentil, su charla amena, sus giros chuscos, abonan en la personalidad de Chuayffet. Pero por eso mismo, lo hace ser mucho más peligroso.

O peligroso al menos en lo que concierne a medios y periodistas en su eterna lucha por conquistar lo que es, para muchos estándares, un derecho natural: La libertad de expresión. En efecto, para la prensa, el Secretario de Gobernación es un tipo de cuidado. Y véase por que:

De cuatro fuentes del más alto nivel en el aparato gubernamental, sale una información: Circula en el País una lista negra de periodistas. Ocho de ellos se encuentran en ella, y las instrucciones de Chuayffet, se afirma, son que no se les brinde información, que no se tenga contacto con ellos, que no se les levante el teléfono. Kaput, en una palabra. Muerte civil por la vía de la inanición informativa. Esa es, queda claro, la intención.

La lista la componen periodistas de distinto sino, origen, posición y desarrollo. ¿Por qué los mete en un mismo potaje? Sabrá el Secretario de Gobernación y quien, si ése fuera el caso, se los sugirió. Por lo pronto, la lista negra se Integra por los siguientes periodistas:

Juan Bustillos (revista Impacto y La Prensa); Francisco Cardenas Cruz (El Universal); Angel Trinidad Ferreira (La Afición y El Universal); Félix Fuentes (El Universal Gráfico y El Universal); Miguel Angel Granatos Chapa (Reforma); Carlos Ramírez (El Financiero): Francísco Rodríguez (El Sol de México); y el autor de esta columna.

En una reciente conversación telefónica, el Secretario Chuayffet aseguró que la existencia de esa lista y de alguna instrucción de represión informativa contra ese grupo era falsa, y retó a quien propagara esa versión para que se lo fuera a decir en su cara.

La aseveración del Secretario queda bien como para una cita periodística, pero no es real. La política, lo sabe bien él, no opera a través de relaciones candorosas ni de jugar con las cartas abiertas. Por el contrario, es tramposa, siniestra y mentirosa. Aquí y en cualquier lado.

Todo parecía haber quedado en una replica que mataba la denuncia. Sin embargo, después de esa conversación hubo ratificación de la versión y una ampliación, de otras fuentes de alto nivel gubernamental, sobre el malestar del Secretario de Gobernación. Lamentablemente, el trabajo del Secretario Chuayffet le impidió devolver las llamadas telefónicas que se le hicieron la semana pasada en busca de su opinión sobre la reiteración de la denuncia, a fin de tener una nueva réplica que pudiera ser incorporada en este texto.

Será para otra ocasión, como también parece ser que es la ruta seguida por fuentes de relevancia dentro del aparato gubernamental, que han hecho caso omiso de la instrucción y siguen hablando con los periodista. Qué bueno. Hay que dar la bienvenida a esa aproximación democrática, donde el control férreo que se ejercitaba antaño no parece estar surtiendo efecto masivo.

Si, empero, ha tenido efecto de manera marginal, donde se ha dado, por instrucción directa o no, un proceso de inhibición por parte de algunos funcionarios.

Un Secretario de Estado, por ejemplo, prefiere que no lo vean en público con algunos de los enlistados, y se inclina más a reunirse a pláticas, que a no revelar los grandes secretos de Estado, en casas particulares. En otros momentos, la Secretaría de Gobernación ha buscado a través de terceros, presionar a empresarios de la prensa para que modifiquen su línea editorial, llegando incluso en forma sibilina, hasta la amenaza.

Guerra por la información
¿Para dónde estamos caminando? Menudo cierre de siglo, pues, mientras en el Mundo la apertura de la información ha sido clave de los procesos democráticos, en México se cierran los accesos, se retorna al amago y se intenta el retorno a la etapa oscura de la secrecía.

Por estas razones, no parece muy fortuito que se comience a presionar a los y a las periodistas para que, frente a jueces y ministerios públicos, revelen sus fuentes de información.

El último caso específico compete a la publicación en El Norte de Monterrey, hermano mayor de Reforma, de tres cartas de Leopoldo del Real, un abogado regiomontano de reputación cuestionada recientemente acribillado, que probaban una relación de amigo y beneficiario del Gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, y donde acusaba la traición del ex-Procurador de Justicia del Estado, David Cantú.

El punto relevante de las cartas es que los destinatarios Rizzo y Cantú resultan involucrados en actividades de posible corrupción en la administración de la justicia.

En reacción a la publicación de esas cartas, el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría estatal, Aroldo F. Pérez Porras, giró un oficio a los directores de El Norte para que entregaran toda la documentación en un plazo no mayor de 24 horas, con el propósito de verificar su autenticidad y, de ser así, iniciar la averiguación criminal correspondiente.

El Norte decidió, como respuesta, entregar 133 documentos que posee sobre el caso. Sólo que, cabe aclarar, no los entregó en la rejilla de prácticas, sino a través de enviarlos al mundo cibernético, al cual se puede acceder vía Internet. El Norte saldrá bien librado de esta escaramuza donde, de paso, hizo un ejercicio no visto con las fuentes de información tradicionales: Abrir el acceso al público a información de interés público.

Pero este momento es de gloria efímera. Por esta vez un medio de comunicación pone contra la pared al poderoso. ¿Cuántas veces será posible repetir la experiencia con las leyes actuales que dejan a la prensa y a los y las periodistas sin protección? ¿Qué sucederá cuando se pidan las fuentes de información que proporcionaron una copia de la carta que envió Ernesto Zedillo, como coordinador de la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio a su candidato, donde sugería tensión y conflicto con el Presidente Carlos Salinas de Gortari?

¿Qué cuando se pida la identidad de los informantes sobre el espionaje telefónico en México? ¿Qué cuando se exija la identidad de las fuentes que narran los episodios espantosos de las cañerías del sistema político mexicano? ¿Qué habría sucedido si la prensa decide no correr riesgos en los dos últimos años y no empuja las investigaciones de los casos Colosio y Ruiz Massieu? En todos estos casos la respuesta es simple: La impunidad del poder público hubiera sido absoluta.

En ese camino, la guerra jurídica y contra el acceso a la información toca a la puerta. El derecho del público a estar informado corre peligro.

Hay un buen número de periodistas que consciente o inconscientemente han violado la Ley actual con el propósito de aportar datos e información que ayuden a explicar las turbulencias políticas de la mitad de los 90. Se han jugado su libertad y, valga decirlo, todavía están en riesgo, pues la Ley obsoleta está en su contra. ¿Ha valido la pena el riesgo? Claro que sí, pues ha ayudado a romper la hegemonía de la información y a socavar la cultura de la secrecía.

Y quizás este sea el punto nodal del conflicto que está creciendo entre la prensa y el poder: La información; quién la tiene, quién la controla, cómo se disemina, a dónde se circula.

El modelo convencional está roto. Los instrumentos gubernamentales tradicionales para controlar la información, como lo son la corrupción, el chantaje y la presión financiera están bastante agotados.

LA irrupción de una sociedad más informada y más demandante, la apertura económica que, como en cada País que se embarca en ella, genera pérdida de legitimidad del Gobierno que la realiza, la mayor competencia en el mercado de la información y el descontrol político generado por la falta de acuerdo entre las elites, han servido como catalizador para un despertar periodístico.

Que falta mucho, es cierto. Que hay grandes deficiencias, también. Que se han dado excesos, así es. Pero es parte de un proceso de aprendizaje. Quien no camina, no se tropieza, y eso es lo que parece no gustarle al poder que, inteligente, está buscando otras formas de control. Si no puede ya más con el mensajero, ¿por qué no ir al origen de la información? Es decir, si no puede darse un control eficaz sobre los medios y sus periodistas, al gusto de la vieja cultura autoritaria, ¿por qué no intimidar a las fuentes de origen?

El camino ya lo trazaron, es el de la censura, la represión y la subordinación de las mentes para la fabricación del consenso sobre las formas de gobernar y sus políticas.

Según el Secretario Chuayffet, al refutar la existencia de la lista negra de los periodistas, no es así, pues no sumarían un problema adicional a los que ya tienen. Según lo que se desprende de cuatro fuentes de alto nivel en la burocracia gubernamental, sí se está cambiando por esa ruta. Falta, en todo caso, una definición pública gubernamental, porque hasta el momento parece ser que no se han acomodado con el nuevo mercado libre de las ideas y que debajo de la piel democrática esconden su Leviatán.