Meyer, Lorenzo.
Periódico EL NORTE.
Jueves 9 de Enero de 1997.
¿Igualdad política con desigualdad social?
Confíemos en que los líderes del Sistema que se retira
el Presidente y la élite priísta, estén conscientes
de que hay circunstancias como las actuales en México, donde la mejor
defensa ya no consiste en atrincherarse y gritar "no pasarán",
sino en aceptar el cambio.
¿Inicio del cambio histórico definitivo?
Ya es posible pensar en la posibilidad de alcanzar próximamente la igualdad política de los mexicanos por la vía de la superación democrática del viejo sistema de partido de Estado. Desafortunadamente, también es claro que hoy avanza con mayor o igual velocidad la desigualdad social.
Veamos el primer punto. A estas alturas ya es posible, aunque de ninguna manera seguro, suponer que la sociedad mexicana está inmersa en un proceso que antes de terminar el siglo puede obligar al PRI a dejar de ser lo que siempre ha sido: un partido de Estado con siete decenios consecutivos en el poder, un partido que ha sido el sostén de una forma de Gobierno centrada en una Presidencia refractaria a la rendición de cuentas.
La lenta evolución política del pueblo mexicano está llegando por fin al punto en que será posible, por primera vez en más de un siglo, institucionalizar una real división de poderes, condición indispensable para el arribo a la democracia política.
Los resultados de encuestas como la que recientemente llevó a cabo el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara (CEO) organización que ya ha acreditado su profesionalismo, muestran que de los mexicanos en edad y condiciones de votar, sólo el 30.7% piensa hacerlo en favor del PRI mientras que la mayoría absoluta afirma estar dispuesta a sufragar en favor de un partido de Oposición (La Jornada, 3 enero)
Existe, por tanto, la posibilidad objetiva y subjetiva de que, pese a la persistencia de actitudes tradicionales en la clase gobernante y de una legislación electoral inequitativa y tramposa -aunque menos que todas las anteriores-, el viejo partido de Estado pierda por primera vez en su historia la mayoría en el Congreso y vea caer en manos de la Oposición nuevas gubernaturas e incluso el Gobierno de la más grande concentración urbana del País: la capital de la República.
Todo esto, insisto, es una mera posibilidad, pues hasta ahora, cuando la voluntad de la ciudadanía ha chocado con la del Sistema, la victoria ha sido siempre para este último y eso puede volver a pasar.
Sin embargo, e independientemente de su resultado, las elecciones de 1997 serán más competidas y vigiladas que nunca y serán el preámbulo para la batalla decisiva: la del año 2000.
A estas alturas, y gracias a mantener su enferma cercanía, el PRI y el presidente quizá puedan volver a imponer su mayoría en el Congreso e incluso ganar el Distrito Federal a una Oposición que crece, pero que se va a presentar a la batalla tan desunida como siempre. Sin embargo, es claro que el PRI y el presidencialismo son ya un arreglo agotado, que el partido de Estado no es parte de la solución, sino el centro mismo del gran problema nacional.
En fin, el campo de maniobra de la clase política priísta está cada vez más acotado, como resultado de la valuación material y moral de la sociedad mexicana, de la conclusión de la guerra fría y del apoyo que ésta dió a los autoritarismos latinoamericanos, del fin de la vigencia de la Revolución Mexicana, del evidente desgaste histórico de un presidencialismo irresponsable, de una cisis económica que se alarga ya por quince años, de una marginación en aumento entre las clases populares e incluso medias, de una corrupción pública creciente e imbatible, de una ineficacia peligrosa del aparato oficial para hacer frente a la ingobernabilidad; en fin, la lista de las razones de la inviabilidad del sistema encabezado por el PRI se puede duplicar o triplicar sin problema.
La idea misma de que nuestro país se encuentra ya en posibilidad de dar finalmente el gran paso que lo coloque por derecho propio entre las democracias políticas y los sistemas modernos del mundo, debe ser motivo de optimismo y un acicate para sacudir lo mucho que aún queda de la tradicional apatía ciudadana, una actitud muy cultivada por el Gobierno y su partido.
Sin embargo, justamente por esa misma razón, si el cambio no ocurriera, entonces la frustración y el resentimiento de los sectores más politizados y descontentos de la sociedad podrían convertirse una vez más en energía antisistemática canalizada ya no por la vía de las urnas, sino de otros medios entre ellos los violentos.
Confiamos en que los líderes del Sistema que se retira el
Presidente y la élite priísta, estén concientes
de que hay circunstancias como las actuales en México, donde la mejor
defensa ya no consiste en atrincherarse y gritar "no pasarán",
sino aceptar el cambio.
El problema de fondo
Ahora bien, supongamos que efectivamente entre 1997 y el 2000, México finalmente formaliza su tránsito a la democracia política, y cierra de manera razonable un capítulo más de su no muy afortunada historia política y abre otro nuevo y democrático.
Los problemas que se presentarían inmediatamente, despúes del posible cambio no serán fáciles de resolver. Cuando la democracia llegue, si es que llega, no va a encontrar una atmósfera social particularmente favorable para echar raíces y desarrollarse.
Conviene, pues, moderar las expectativas y prepararnos desde ahora para un debate muy complicado, donde pueden hacer crisis los problemas sociales agudizados a lo largo de los últimos tres lustros.
El conjunto de problemas no resueltos que reclaman reconocimiento y acción
de fondo se pueden resumir en unas cuantas líneas: en primer lugar,
una economía que a pesar del alto costo de su transformación
aún sigue sin encontrar la manera de reactivar el conjunto del aparato
productivo y sacar al país de su atraso histórico; en segundo
lugar, una desigualdad social brutal y creciente que pone en peligro la
viabilidad de las instituciones, en particular las democráticas que
están por nacer.
Igualdad política con desigualdad social creciente
Si finalmente logra surgir la democracia política en México, va a aparecer justamente en un momento en que la antidemocracia social será más evidente.
El crecimiento de la desigualdad entre clases, grupos y regiones, puede hacer muy dificil mantener y afianzar las posiciones ganadas en la lucha por la igualdad política.
La democracia política significa, entre otras cosas, la equivalencia del poder de decisión de los ciudadanos al momento de expresar en las urnas sus preferencias entre los varios proyectos de futuro colectivo disponibles, y entre los varios equipos que se disputan en el privilegio de llevarlos a cabo.
Desafortunadamente, en México, esa paridad política se daría en un contexto de creciente disparidad social, Y las cifras disponibles así lo demuestran.
Si al 10 por ciento de los hogares mexicanos más afortunados les llegó en 1994 el 41.24 por ciento del ingreso disponible, al 10 por ciento menos afortunado apenas si le tocó el 1.01 % del total. En 1977 esta disparidad debe ser más aguda.
En los países que hoy son modelos de equidad y desarrollo, la desproporción entre los extremos de la estructura social puede ser de cuatro o cinco a uno, pero nunca de 41 a uno, como sucede en el México neoliberal y globalizado.
En tales condiciones ¿qué posibilidad tiene o, peor aún, qué sentido tiene la igualdad política, la democracia electoral?.
Otra manera de formular la cuestión central del problema nacional es ésta: ¿qué sentido puede tener para una gran cantidad de mexicano lograr y sostener su igualdad ante las urnas cada dos, tres o seis años, si su desigualdad material cotidiana ha creado una comunidad nacional polarizada, injusta en extremo, donde la humillación se traduce en resentimiento, pues las enormes ganancias de unos- en nuestro caso los muy pocos - están directamente relacionados con la marginalidad creciente, es decir, las pérdidas relativas o absolutas de los otros, de la mayoría?
El proyecto económico que se impulso a México a partir de los años ochentas -proyecto impulsado tanto por las tenencias de la economía mundial, como por una decisión unilateral de sus élites gobernamentales- ha llevado a que casi la mitad de su población simplemente no tenga lugar en el futuro colectivo.
En realidad, lo que sucede en nuestro país se reproduce en el resto de América Latina: toda la población del subcontinente, incluso los pobres, es aceptada en su calidad de consumidor del mercado global, como productor con una remuneración a la altura de la preservación de su dignidad humana.
Es la Estructura productiva actual, hay muchos mexicanos redundantes,
que sobran.
Pobreza y antidemocracia
El viejo sistema priísta no siempre promovío, como hoy, la pobreza y la marginalidad, pero siempre supo aprovechar a ambas.
En efecto, para la parte más desprotegida de la sociedad mexicana, en particular la campesina, el voto simplemente era, y en buena medida sigue siendo, algo tan ajeno a su experiencia histórica y cotidiana las clases medias pueden imaginar la democracia, pero ni siquiera esto es posible para buena parte de las clases marginadas, que no vale más de lo que vale el pedazo de papel en que están impresos los símbolos de los partidos.
En tales condiciones, para esos mexicanos resulta lógico y racional intercambiar, el sencillo acto de cruzar el símbolo del PRI en un papeleta por uno o dos kilos de carne, como ocurrió, por citar una caso concreto, en varias pequeñas comunidades rurales yucatecas durante el último proceso electoral.
Un voto, que por decenios objetivos no ha valido nada a cambio de unos muy reales y nutritivos pedazos de carne, es un negocio redondo para muchos de los pobres, herederos de una centenaria cultura política autoritaria.
Es precisamente para seguir comprando los votos de los más necesitados, para sacar poder de la miseria, la ignorancia, la marginalidad y la cultura cívia tradicional, que el PRI necesita los enormes recursos monetarios que su grupo parlamentario aprobó el año pasado.
Como bien acaba de recordad José Antonio Crespo (El Norte, 6 de enero), el financiamiento público que se va a dar en México a los partidos en 1997, mayoritariamente al PRI, desde luego, es superior al que se dió un años antes en Japón, con el agravante de que México es un país subdesarrollado cuyo producto per cápita es diez veces menor que el de Japón.
Es de situaciones sin salida, de un mundo brutal y sin esperanza como el que viven hoy varios millones de mexicanos, de donde se nutre la violencia cotidiana que hace ya muy peligrosas las calles de nuestras ciudades o los caminos de nuestro campo.
Es igualmente de ese universo de desigualdad extrema y creciente, de
donde salen los movimientos políticos antisistema no electorales:
los radicales y violentos.
El desafío
En las condiciones descritas, el posible cambio democrático que se está gestando ahora en México, si se logra va a tener que llevar a buscar una respuesta tanto inmediata como de fondo al creciente e inaceptable problema social.
Eso es necesario para que, entre otras cosas, por primera vez en nuestra historia, la democracia llegue a tener sentido en la vida cotidiana del mexicano, independientemente de su clase.
Hay, pues, que lograr que el voto libremente emitido tenga más valor que unos sacos de cemento. Y para ello hay que repensar el modelo económico en su conjunto; crear un sistema de mercado que no sea excluyente. El reto moral e intelectual que eso implica es tan grande como ineludible.