Soledad Loaeza

Ensayo Político

NEXOS MARZO 1999;

No. 255

Desde que el PAN se convirtió en un partido en el poder -como escribe Soledad Loaeza en este ensayo que es a la vez el capítulo final del libro El Partido Acción Nacional: La larga marcha, 1939-1994 (FCE), que saldrá próximamente- ha tenido que enfrentarse al dilema de mantener su identidad original o abandonarla para poner en práctica la idea de que el mejor gobierno es el que menos gobierna.El PAN: Monje, casado, virgen y mártirpor Soledad LoaezaCompañeros, dijo el Gran Arcángel, no es necesario conquistar el cielo. Basta con poder conquistarlo. La guerra engendra la guerra y la victoria la derrota_Dios vencido se convertirá en Satanás. Satanás vencedor será Dios. Quiera el destino salvarnos de una suerte tan atroz_ Anatole France, La rebelión de los ángelesUna de las imágenes que con mayor persistencia han acompañado al Partido Acción Nacional desde su nacimiento ha sido la que lo presenta como el partido del inmovilismo o de la reversión contrarrevolucionaria. Dentro de esta visión, el cambio era el referente negativo a partir del cual se había formado la identidad política de unas élites y una organización vinculadas a la protesta en contra de las políticas del presidente Lázaro Cárdenas, consagradas por la historia oficial como un episodio heroico de la Revolución Mexicana que aceleró la transformación del país. Una medida de la fuerza de este discurso fue que después del gobierno de Miguel Alemán pocos, incluso entre los panistas, se hubieran atrevido a asociar al PAN con objetivos de modernización, a pesar de la inexactitud de esta supuesta contradicción. Así, en lugar de asumirse sin temores como parte del proyecto nacional que había lanzado el Estado de la postrevolución, Acción Nacional respondió a las exigencias del poder y diseñó para sí un perfil de oposición que abarcaba todo aquello que podía identificarse con aquél: desde la antidemocracia hasta el desarrollo industrial; de la corrupción y la amoralidad de la práctica política cotidiana hasta la negociación entre intereses encontrados; del anticlericalismo a la promoción del conocimiento científico y la tolerancia ante la secularización de la sociedad.La autodefinición del PAN como la única oposición verdadera era tan amplia y absoluta como pretendían serlo las facultades del Estado y la representación del PRI. En contrapartida de los priistas del pasado, los panistas tampoco se reconocían como portavoces de una corriente de opinión, de intereses o ideas particulares, sino que respondieron a la presunta homogeneidad política de la nación que encarnaban el Estado de la postrevolución y su partido, con la pretensión universalista que impulsa a toda fuerza moral que se mira a sí misma por encima de grupos y parcialidades. En los años de apogeo del autoritarismo postrevolucionario, Acción Nacional optó por ser la "conciencia crítica" de la política en México. Esta decisión obedeció a una intuición atinada: la supervivencia del partido dependía de que renunciara a sustituir al Estado o al PRI en su calidad de agentes políticos de la sociedad. A pesar de que con ello se vieron restringidas sus acciones como organización política efectiva, la distancia moral que los panistas construyeron frente al poder se convirtió en un capital político único que fue la clave de su éxito en 1982 cuando se produjo la bancarrota del Estado. Muchas de las ambigüedades no superadas del PAN, así como de sus querellas internas, son prueba de que no se puede ser fuerza moral y política a la vez.El cambio es la experiencia esencial que nos ofrece la historia. Cada acontecimiento es único y se precipita sin avisar, pero deja su huella en las instituciones tanto como en la memoria. Esto significa que las reglas formales, los procedimientos, las prácticas establecidas que estructuran las relaciones entre el poder y los individuos contienen una densidad histórica que les imprime un carácter singular, que recupera la naturaleza contingente de la política y la trasciende. La perspectiva de la permanencia -más que estabilidad- que dominó la lectura de la historia política de la segunda mitad del siglo XX mexicano, tendía a negar esta dinámica institucional, como si con la Revolución y sus criaturas -el Estado, el presidencialismo y el partido hegemónico- se hubieran cumplido las condiciones para el desarrollo de relaciones políticas modernas. Bajo el amplio manto de la regularidad sexenal quedaban ocultas la evolución de los actores políticos, la renovación de sus objetivos, la revisión de sus estrategias y, por ende, los reacomodos en la distribución del poder. Sin embargo, en la fisonomía de Acción Nacional, como en la del PRI o la del PRD es posible descubrir los rastros de las iniciativas presidenciales de organización de la vida política, de las leyes electorales que han regido el voto en México en el siglo XX, así como las heridas de conflictos postelectorales, los vestigios de arreglos y negociaciones entre las élites, las trazas de la protesta de los votantes, de su apoyo o de su conformismo.Visto desde la trayectoria de Acción Nacional, el sistema político postrevolucionario no era un arreglo institucional "congelado" en un entorno social y económico que, en contraste, se transformaba aceleradamente. El PAN ha sido a lo largo de su historia objeto y agente de cambio que restringía o proyectaba acciones políticas, las estructuraba e incidía sobre sus resultados. Este proceso no transcurría sin contradicciones, porque el cambio mucho tiene de deseable pero es también un reto a fidelidades profundas. El dilema se agudizaba en el caso de los panistas, porque hasta los años ochenta su identidad estuvo determinada en primer lugar por sus fidelidades; no obstante, la crisis de entonces le impuso al partido nuevas funciones que alteraron sus rasgos, y con ello también su significado dentro del sistema político. Por esta razón, casi medio siglo después de su fundación, en lo que pareció un giro sorprendente de la historia, Acción Nacional quedó a la cabeza de apremiantes demandas de cambio político que impulsaron lo que se convertiría en un lento proceso de desmantelamiento del autoritarismo postrevolucionario.La continuidad del PAN, al igual que la del PRI, no fue producto de la inmovilidad y tampoco el simple reflejo de una rutina, de formas vacías, carentes de contenido. Unicamente lo que tiene capacidad de cambio puede mantenerse. La supervivencia y el ascenso de Acción Nacional en un medio adverso serían inexplicables si no hubiera tenido la capacidad de evolucionar desde las posiciones de modernización autoritaria que sostenía en los años treinta, hasta el pluralismo democrático que ha sido su imagen de marca desde los ochenta y que lo convirtieron en uno de los protagonistas centrales de la pluralización política y del fin de la hegemonía electoral priista. No obstante, ello ocurrió sin que el partido hubiera experimentado una sacudida organizacional o un revisionismo doctrinario profundo que explicara por qué se convirtió en el favorito en elecciones de municipios urbanos identificados como modernos, si durante décadas de transformación social con dificultades había logrado captar, cuando mucho, 15% de la votación nacional. Los ajustes que introdujeron sus presidentes, Adolfo Christlieb Ibarrola y José Angel Conchello, a principios de los sesenta y de los setenta respectivamente, permitieron que el PAN sobreviviera, pero no bastan para explicar las victorias de los ochenta. Las ambivalencias del llamado neopanismo en relación con el partido, su doctrina, su estructura de autoridad y el principio de disciplina, confirman que la movilización antiautoritaria de los ochenta vio en el PAN el instrumento efectivo de su protesta, más que una oferta política novedosa o atractiva. En un primer momento, el ascenso electoral de Acción Nacional fue el efecto residual de dos fenómenos de largo plazo: la modernización de la sociedad y el agotamiento del Estado de la postrevolución. Desde esta perspectiva el cambio institucional que alentó tiene una calidad indiscutible de epifenómeno; sin embargo, este hecho no le resta importancia al PAN, ni a otras organizaciones partidistas, en la explicación de la pluralización política que ha sido la clave del desmantelamiento del autoritarismo mexicano. Como lo demostró la delicada situación del verano de 1988, esas instituciones inacabadas y dependientes lograron orientar en momentos de crisis el curso de la lucha política, y al hacerlo fueron agentes de mediación esenciales en el cruce de los dos grandes procesos estructurales mencionados.La ola de descontento que provocó la expropiación bancaria de 1982 y la rabia que excitaron las gravísimas consecuencias de la inestabilidad y las políticas económicas de la década, encontraron en ese partido el vehículo de expresión que necesitaban. En realidad, el PAN se convirtió en interlocutor del poder por perseverancia más que por audacia; porque estaba ahí, más que por haberse puesto ahí. Por consiguiente, el fortalecimiento del partido nos dice más de la sociedad que lo impulsó que del partido mismo. Cuando los mexicanos descontentos con el gobierno votaron en contra del PRI, estaban manifestando rechazo e insatisfacción ante quienes no podían garantizarles estabilidad y prosperidad como lo habían hecho en el pasado. Lo que es de destacar es que las formas que tomó la inconformidad revelaron la existencia en la cultura política mexicana de actitudes políticas modernas, que son aquellas que sustentan la legitimidad de instituciones que integran el conflicto mediante mecanismos que resuelven en forma civilizada la lucha por el poder: el sufragio, el pluripartidismo, y los procesos subsidiarios de competencia y alternancia partidista. El comportamiento político de los mexicanos en la crisis dejó al descubierto las transformaciones culturales profundas que se habían operado durante los años de crecimiento económico, las cuales habían nutrido actitudes de capacidad ciudadana que se mantuvieron latentes en tanto el arreglo político autoritario fue visto como un seguro más que como una amenaza para las expectativas de bienestar de la sociedad.Desde esta perspectiva, la piedra de toque de la experiencia mexicana de cambio fue el incremento de la participación electoral, que en este caso mostró un potencial de transformación sorprendente, sobre todo si se mira a la luz de las funciones que cumplía en el sistema autoritario. A diferencia de muchos países de América Latina, en México la élite en el poder cultivó la continuidad electoral con gran dedicación para legitimar y estabilizar las relaciones políticas. La regularidad de los comicios en los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- era prueba del potencial democrático del sistema político. No obstante, la credibilidad de estos procesos estaba profundamente comprometida por la manipulación y el fraude de que eran objeto, por la invencible hegemonía del PRI, y también porque en todo régimen de origen revolucionario la legitimidad electoral ocupa un lugar secundario. De hecho, muchos de los desacuerdos a propósito del alcance de las reformas institucionales del último cuarto del siglo, en particular en materia electoral, se explican porque la esencia de los cambios ha sido el funcionamiento efectivo de mecanismos e instituciones existentes, antes que su implantación. Esto significa que en México no ha habido un corte contundente con el pasado como el que representó el restablecimiento de partidos y procesos electorales en países donde una elección simbolizó el fin de un sistema antidemocrático y fue el punto de partida inequívoco de la construcción democrática. Con estos antecedentes parecía impensable que el voto pudiera ser un instrumento de cambio.El objetivo prioritario de las sucesivas reformas electorales que se introdujeron a partir de 1989 era imprimir credibilidad al voto y ya no promover la participación electoral, como se habían propuesto las leyes anteriores en la materia. La confiabilidad del voto alentó la participación electoral independiente, minando dos pilares de la estabilidad autoritaria: el control de la participación, y el conformismo que se expresaba en el abstencionismo. El fraude electoral era un mecanismo de control porque dejaba al arbitrio de la autoridad la determinación de la cantidad de votos emitidos, así como la proporción de éstos que recibía cada candidato; también desalentaba la participación, porque alimentaba la convicción de que un voto emitido podía ser un voto defraudado; en estas condiciones las autoridades estaban en libertad de manipular los comicios y, en última instancia, de gobernar el país a su conveniencia. Por esta razón, el aumento en la tasa de participación electoral trajo consigo la transformación del significado del voto. Con el incremento de la participación independiente, el sufragio dejó de ser un sello legitimador de decisiones tomadas de antemano. En esas circunstancias, cuando las autoridades recurrían a los viejos hábitos de manipulación o alteración de los procesos electorales, el voto era prueba de la naturaleza autoritaria del sistema, y, por consiguiente, un factor de deslegitimación del partido en el poder. El efecto de la movilización electoral independiente y de las reformas que garantizaban la limpieza de los comicios fue democratizador, y en este sentido similar al que pudo haber tenido en su momento la introducción del sufragio universal, como si los votantes hubieran recuperado de manos del Estado un instrumento que éste les había expropiado.El hecho de que los ciudadanos descontentos hayan elegido precisamente al PAN para organizar y expresar su rechazo a la forma en que se ejercía el poder y exigir el respeto a la participación política independiente, sugiere que la leyenda a su propósito fue una pieza más del discurso postrevolucionario que se vino abajo, como se habían desmoronado antes las promesas de prosperidad y justicia social. No obstante, cuando el mito se desplomó quedó en pie la institución partidista que se había formado de manera irregular y lenta, en cada coyuntura electoral en la que justificaba su existencia contribuyendo parcialmente a estructurar cierto tipo de acciones políticas -en concreto el voto-. El fortalecimiento del Partido Acción Nacional no se entiende sin la debilidad del Estado mexicano; pues aun cuando el partido fuera todavía una institución titubeante e imprecisa, cumplió una función clave que ni el gobierno ni el partido en el poder podían llevar a cabo: la estructuración de la movilización política. Con ello desempeñó también funciones de mediación del conflicto y fue un factor determinante para que el cambio político se orientara por el camino de la democracia liberal.Con la expropiación bancaria llegó a sus límites el Estado mexicano de la postrevolución, y quedó al descubierto el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, que le asignaba la función de promotor de la modernización y un papel central como agente del crecimiento económico. Sin embargo, las dificultades del Estado en esos años eran de tal magnitud que no quedaron circunscritas al ámbito de sus actividades en la economía, sino que afectaron también su capacidad política. De suerte que, así como se vio obligado a reducir significativamente su acción como impulsor del desarrollo económico, también estuvo forzado a ceder posiciones en el liderazgo de la modernización política de la sociedad, que había ejercido en forma mono-pólica desde la creación de las instituciones postrevolucionarias en 1917. La estrecha vinculación entre el Estado y el PRI explica que la crisis de uno se haya extendido al otro, de manera que si bien el debilitamiento de aquél creó la oportunidad para que los partidos lo suplieran en las funciones de organización y articulación políticas, el partido hegemónico ya no tuvo la capacidad para detener o cooptar la movilización antiautoritaria que se acogió al Partido Acción Nacional.Nada habría de nuevo en señalar la dependencia del PRI del Estado. Sin embargo, la experiencia mexicana permite constatar que en general entre Estado y partidos existe una relación muy estrecha en la que estas construcciones institucionales se corresponden y se condicionan mutuamente. Esta relación no es exclusiva de sistemas autoritarios sino que se presenta también en las democracias. Pensemos simplemente que la crisis de los partidos de masas que identificó Otto Kirchheimer a mediados de los sesenta en el famoso artículo que profetizó la sustitución de las organizaciones de militantes por partidos de electores -el catch-all party-, puede ser vista como el primer gran síntoma de la crisis del Estado benefactor que se presentó en Europa occidental en la década siguiente. De acuerdo con esta hipótesis, el ascenso del modelo de partido liberal que ha tenido lugar a finales del siglo XX , que ha afectado a los grandes partidos de masas que fueron sus protagonistas centrales, sería la contraparte política de una reforma del Estado que se propone la reducción del intervencionismo. Para relacionarse con el poder los gobernados requieren de agentes que posean características semejantes a las que ostenta su principal interlocutor. De ahí se desprendería que las formas del Estado inducen a su vez en la sociedad determinadas formas de organización, y que el conjunto cristaliza en configuraciones institucionales relativamente armoniosas integradas por partidos, sindicatos o grupos de presión. Así, por ejemplo, volviendo al caso mexicano, el PRI era un partido corporativo cuyas dimensiones y estructura eran la única forma de organización que permitía a los ciudadanos relacionarse con el poderoso Estado que había creado la revolución. El partido hegemónico perdió la fuerza que tenía en la sociedad, por efecto de la reforma del Estado que abrió el camino a otras formas de organización de la acción política, pero las mismas transformaciones que experimentó restaron pertinencia al PRI. En estas circunstancias surgió la oportunidad para que se desarrollaran nuevas formas de organización política, más conformes con los rasgos del Estado reformado. Este proceso favoreció, en primer lugar, a Acción Nacional, que estaba libre de restricciones corporativas y poseía la estructura débil y relativamente desarticulada de un partido de electores, condición que le prestaba una maleabilidad muy útil para los objetivos de las nuevas fuerzas políticas.El resurgimiento de las regiones que ha ocurrido en México sirve para ilustrar de qué manera las transformaciones del Estado influyeron sobre los partidos, en este caso, Acción Nacional. La política de descentralización que impulsó el gobierno de Miguel de la Madrid se diseñó a partir del reconocimiento de que se había cumplido el ciclo de la centralización del poder que impuso el Estado revolucionario, la cual había sido el corazón de la estabilización postrevolucionaria y pilar de la modernización del país. La política delamadridista no inició los procesos de regionalización económica y social, sino que se propuso estructurar e institucionalizar los que estaban en marcha. Ahora bien, esos mismos habían dado nacimiento a nuevas élites que reclamaban autonomía de decisión para sí y para sus regiones, y sus acciones políticas encontraron en el PAN el encuadramiento institucional más apropiado para desarrollar formas de relación con el poder federal consistentes con los rasgos que empezaba a adquirir este último. Al asumir la representación de los intereses locales -estatales y municipales-, Acción Nacional dio forma política al clivaje centro-periferia que ha sido uno de los motores más dinámicos del cambio a finales del siglo XX y que probablemente seguirá siendo en el futuro una base sólida de diferenciación política. Una de las contradicciones más notables que se han producido en el prolongado proceso de pluralización política en México, ha sido que al mismo tiempo que se aceleraba la construcción de un sistema de partidos autónomo muchos insistían en hablar de la crisis de los partidos. Esta disonancia entre las ideas y los acontecimientos no era exclusivamente mexicana. Después de la caída del socialismo en los países del este de Europa, la noción misma de partido era vista como antagónica con la de democracia, porque el partido había sido el eje de la sociedad totalitaria. En la rehabilitación de la política que siguió a la caída de los regímenes socialistas se recurrió a nociones alternativas para referirse a los grupos activos en la reconstrucción: foro, movimiento, grupo, mesa. Las había cuadradas, redondas, ovaladas, en forma de herradura; aunque en realidad no se trataba sino de un artificio semántico porque estas semiorganizaciones cumplían las mismas funciones que los partidos políticos: articulaban intereses particulares, los representaban, transmitían sus demandas, integraban a sus miembros y simpatizantes a la vida política, pero sobre todo eran los protagonistas centrales de la lucha por el poder. Al cabo de un tiempo los partidos recuperaron su nombre y su lugar en la recomposición de las sociedades políticas postotalitarias. El retorno no es más que el reconocimiento de que a pesar de sus desventajas, los partidos siguen siendo las instituciones más apropiadas para encauzar una relación dinámica y fluida entre el poder y sociedades heterogéneas. La historia del siglo que termina demuestra sobradamente que puede haber partidos sin democracia, pero que sin partidos no hay democracia.En México, por imitación, nostalgia, interés partidista o convicción ideológica, muchos también se empeñaban en discutir la crisis de los partidos políticos, al mismo tiempo que se afianzaban los cimientos del régimen pluripartidista que había instalado la Constitución de 1917, pero cuyo desarrollo había bloqueado el autoritarismo postrevolucionario. Se discutían las desventajas o los problemas de organización de los partidos no como problemas de formación y consolidación de instituciones en más de un sentido incipientes, sino como prueba de desgaste, a pesar del aumento en las tasas de participación electoral, del evidente fortalecimiento de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, y de la capacidad de recomposición del propio PRI. En agosto de 1998, el Partido Acción Nacional ganó las elecciones a gobernador del estado de Aguascalientes con una ventaja porcentual superior a diez puntos frente a su competidor más cercano que era el candidato priista. Con esta victoria el PAN mantuvo en seis el número de entidades que gobernaba -Baja California, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro- porque pudo compensar la pérdida de Chihuahua que había sufrido unas semanas antes. El año anterior, en las elecciones federales de 1997, el partido obtuvo además de dos gubernaturas , 7.8 millones de votos que le aseguraron 64 curules de mayoría relativa y 57 de representación proporcional en la LVII Legislatura. Estos resultados están muy lejos de la nueva mayoría que el partido se propuso formar desde los años ochenta. El mayor tropiezo que ha sufrido fue la aparición de una segunda organización opositora creíble, el Partido de la Revolución Democrática, que puso fin al tradicional monopolio panista sobre el voto antipriista. Paradójicamente este desarrollo más que debilitarlo lo ha favorecido porque el PAN ha derivado mayor capacidad de influencia de la peculiar disposición de las fuerzas políticas a que dio lugar la escisión del PRI y el surgimiento del PRD, que de los votos que recibe en las urnas. En el escenario tripartita que ha dominado la lucha por el poder en México en la última década del siglo, Acción Nacional quedó colocado en el centro del acre antagonismo que opone a sus dos grandes rivales, PRI y PRD. Con este último el PAN se ha disputado desde 1988 el lugar de la primera minoría frente a la mayoría que el PRI ha mantenido cada vez con más dificultad (37% del voto en las elecciones de 1997 frente a 25% del PRD); sin embargo, los representantes panistas en el Congreso han hecho valer el poder de coalición que es la fuerza de las minorías políticas, apoyando alternativamente al PRI o al PRD. Desde esa posición el partido ha cumplido distintas funciones: ha sido un referente institucional que ha orientado los comportamientos de grupos, organizaciones e individuos que desconocían las reglas del juego electoral y parlamentario; también ha sido el fiel de la balanza que ha contribuido a generar una cierta simetría entre el poder y la oposición, previniendo con ello la polarización de las fuerzas políticas. Asimismo, ha cumplido una función moderadora que ha sido decisiva para que el desmantelamiento del autoritarismo no se resolviera en un derrumbe institucional, sino para que transcurriera dentro de los límites más o menos imprecisos de la vieja institucionalidad autoritaria a medida que ésta ha sido sustituida por instituciones democráticas.A finales del siglo XX Acción Nacional es, sin lugar a dudas, un partido en el poder. Además de que gobierna varios estados y numerosos municipios densamente poblados, posee un poder de coalición en el Congreso que le ha servido para convertirse en la bisagra de relaciones políticas de continuo amenazadas por la parálisis derivada de la profunda animadversión que opone a priistas y perredistas. No obstante, si el PRI es el partido que más tiempo se ha mantenido en el poder en el mundo en el presente siglo, el PAN es, por contrapartida obvia, uno de los partidos cuya permanencia en la oposición es de las más prolongadas. De ahí que no haya resuelto algunos de los dilemas y de las ambigüedades que lo han perseguido desde su nacimiento. En primer lugar, cuál es su función: ¿cogobernar, es decir, contribuir a las acciones de gobierno de su adversario en el poder y contribuir a su éxito? o ¿bloquear y oponerse al partido en el poder para demostrar que no puede gobernar y contribuir a su derrota? Este dilema que enfrenta cualquier partido en la oposición, se agrava en el caso particular de Acción Nacional porque dada su historia particular en el pasado reciente muchos dirigentes, militantes y electores se han preguntado en qué medida la acción de gobernar ha desnaturalizado al partido. A partir del momento en que el PAN accedió al poder, por ejemplo cuando conquistó su primera gubernatura en Baja California en 1989, perdió la excepcionalidad que le imprimía la función testimonial y la pretensión -hasta entonces aparentemente fundada- de ser una fuerza moral cuyo objetivo no era el poder sino el bien común. Los costos de la victoria se elevaron considerablemente para Acción Nacional cuando uno de sus miembros más distinguidos, Antonio Lozano Gracia, aceptó el nombramiento de Procurador General de la República que le otorgó el presidente Ernesto Zedillo en diciembre de 1994. En el pasado -durante el gobierno de Manuel Avila Camacho e incluso el de Miguel Alemán- los panistas habían expresado su buena disposición a ocupar este cargo que según ellos les permitiría cumplir las funciones de supervisión, control y vigilancia del poder y de la sociedad, que se propusieron asumir desde la fundación del partido. Sin embargo, esta idea se fundaba en un equívoco que se deriva de la visión moralista de la política: el de la imparcialidad de la oposición frente al poder. La esencia de una fuerza moral estriba en que se sitúa por encima de todos los intereses particulares, y ésta no es la premisa de una fuerza política, la cual, en cambio, representa intereses particulares. La invitación del presidente Ernesto Zedillo para que el PAN participara en el gobierno, era un reconocimiento de los buenos resultados electorales del partido, un gesto de apertura política; la señal de que el propio jefe del ejecutivo admitía que corrían nuevos tiempos en la República. Sin embargo, al cabo de menos de tres años, la experiencia de esta fórmula peculiar de co-gobierno únicamente puso al descubierto las implicaciones del equívoco original: Antonio Lozano Gracia fue un procurador de oposición que aun en el gobierno siguió actuando como miembro de la oposición para quien los primeros sospechosos eran sus adversarios políticos. Encargado de investigaciones tan delicadas para el PRI como el asesinato de su candidato Luis Donaldo Colosio ocurrido en marzo de 1994 y, unos meses más tarde, de su secretario general, José Francisco Ruiz Massieu, el procurador Lozano Gracia no supo o no pudo superar las trampas de su fe partidista. Su gestión en la Procuraduría de la República tuvo consecuencias negativas muy serias sobre la credibilidad del aparato de justicia del país, y sembró serias dudas acerca de la capacidad del PAN para administrar la cuota que se le había asignado en la estructura del poder federal, porque no concluyó las investigaciones emprendidas y tampoco tuvo capacidad para reformar el funcionamiento de la procuración de justicia. Con el ejercicio del poder, Acción Nacional perdió la excepcionalidad que por décadas había sido rasgo de identidad y se convirtió en un partido como cualquier otro. Desde entonces tuvo que enfrentar los retos que plantean problemas concretos, atender o afectar intereses particulares, administrar recursos escasos, resolver problemas de organización, luchas internas y tensiones entre liderazgos rivales. Sin embargo, dada su historia particular, la victoria y sus implicaciones han traído dilemas más angustiosos para el partido que los que en el pasado le planteaba la derrota. En primer lugar, gradualmente se ha visto despojado de la superioridad moral que durante años derivaba de su alejamiento del poder. Al ejercer responsabilidades de gobierno se ha visto forzado a tomar decisiones -de índole política y administrativa- cuyo sentido obedece al carácter parcial de los intereses que representa. En segundo lugar, también ha visto desdibujarse su identidad original bajo la presión que impone la lucha por los votos y por el poder con otras fuerzas políticas, así como la competencia que se libra en su interior entre corrientes rivales que se disputan la hegemonía interna.La existencia de familias distintas en el seno de Acción Nacional nada tiene de novedoso. El crecimiento del partido ha aumentado la diversidad interna, y su ascenso al poder ha elevado el valor de los intereses en juego; ambos procesos han alterado las estrategias y los objetivos del panismo. En un esfuerzo de simplificación, las corrientes internas más importantes del partido podrían asimilarse a la dualidad original que encarnaban el doctrinarismo de Efraín González Luna o la eficacia política que postulaba Manuel Gómez Morín, e identificar dos grandes alternativas de desarrollo para Acción Nacional: primero, su transformación en un partido francamente demócrata-cristiano, que encontraría amplio respaldo en la tradición del pensamiento católico del propio partido y en un movimiento político de alcance internacional; y, segundo, el populismo antiestatista que puso en pie Manuel J. Clouthier, que es a finales del siglo XX una de las familias panistas más activas y prolíficas, en particular en los estados del norte del país. En el pasado la orientación del partido era un asunto casi exclusivo de la dirigencia que definía los puntos de doctrina y las líneas generales de política, con la libertad que le daba poder ignorar a un electorado que era irrelevante. Sin embargo, uno de los costos de la democratización del sufragio para las dirigencias partidistas ha sido que tienen que someter candidato, doctrina y programa a la prueba del gusto de los votantes. Este fenómeno obliga al PAN a elegir la alternativa que le permita superar las fronteras de clase que hasta ahora lo han mantenido como el partido de las clases medias urbanas y de las élites locales, pues la historia enseña que la victoria política de estos grupos depende de su capacidad para formar alianzas con las clases populares, que son las que aportan la cantidad de votos que exige el triunfo en las democracias. A seis décadas de su nacimiento, Acción Nacional en un entorno pluralista puede optar por la vía demócrata-cristiana, acogerse nuevamente al pensamiento católico y aprovechar sus propuestas reformistas, la defensa de identidades colectivas y del intervencionismo estatal regulado y, con el apoyo de la amplia identidad cultural que le ofrece el catolicismo, trascender las barreras de clase y penetrar en el mundo de las clases populares. Esta opción le resolvería el problema de los votos; pero comprometería el apoyo de los grupos privilegiados -veáse de recursos financieros y otros- que no simpatizan con el reformismo católico ni con el conservadurismo en los comportamientos sociales que promueve la iglesia católica.La segunda vía que se le ofrece al PAN es la del populismo de derecha, antiestatista, que también parece ser una entrada a la tierra prometida del voto popular, fundamentalmente porque conectaría al partido con hábitos tradicionales de la política mexicana, que por décadas se nutrieron de la legitimidad revolucionaria, cuyo lenguaje es familiar a amplios sectores de la población que rechazan la institucionalización de las decisiones y de los comportamientos políticos. Al igual que el viejo populismo, el populismo panista se apoya en la búsqueda casi instintiva del liderazgo paternalista que se ejerce en forma directa, sin mediaciones partidistas, y sin más limitación que la autoridad natural del padre, su sapiencia -ahora revestida de eficacia administrativa- y su bondad. Estas dos características sugieren semejanzas entre el populismo histórico del Estado postrevolucionario que preconiza el Partido de la Revolución Democrática, y el nuevo populismo panista. Sin embargo, entre ambos hay diferencias irreconciliables, pues mientras el primero defiende el Estado intervencionista, el segundo propone una reducción significativa de la participación estatal en la vida social, guiado por un agresivo individualismo y por la idea de que el mejor gobierno es el que menos gobierna. En el populismo antiestatista de Acción Nacional no resuenan los ecos del cardenismo, sino del populismo norteamericano con el que comparte la desconfianza frente al establishment -en un caso de Washington, y en el otro del Distrito Federal-, así como ante las instituciones permanentes de mediación política como son los partidos.El triunfo de esta alternativa en Acción Nacional significaría la derrota de la tradición católica original y pondría a prueba la consistencia institucional que alcanzó el partido después de una marcha tan larga, como largo ha sido el trayecto de la modernización política en México.Soledad Loaeza. Politóloga. Profesora-investigadora de El Colegio de México.