Alcocer, Jorge

La tercera refundación del PRI.

Revista Mexicana de Sociología.

ed. UNAM. Núm. 2, 1993

La tercera refundación del PRI

JORGE ALCOCER V.

¿EN DONDE COLOCAR AL PRI?

ES PROBABLE que la muerte violenta de Obregón haya sido el factor que llevó, en 1929, al "jefe máximo" de la Revolución mexicana, Plutarco Elías Calles, a sintetizar la preocupación de la cúpula dirigente en la consigna del paso de un gobierno de hombre a otro de instituciones, para dar lugar con ello al surgimiento del partido de la Revolución.

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) fue producto del grupo en el poder. Ni concibió ni hizo una revolución, a diferencia del partido bolchevique ruso, ya que fue procreado por la fracción victoriosa de una revolución. No nació para ganar el poder, sino para conservarlo.

El partido que Calles anunció en 1929 surgió para permitir el paso de la época de los caudillos a la de las instituciones. En aras de ese objetivo, muy pronto debió enfrentarse a su propio creador, Calles, que en 1935 pretendió perpetuar el "maximato" y con ello abrió una crisis que se resolvería en favor del poder presidencial. A partir de ese momento el partido encontró su lugar en el nuevo sistema político mexicano: instrumento del poder legalmente constituido, esto es, el partido al servicio del presidente.

Dos hombres marcaron la vida del hasta hoy partido gobernante en México: Cárdenas y Alemán. El primero fundó el partido de sectores y lo subordinó a los designios del presidente; lo hizo correa de transmisión para el reparto de cargos públicos de elección, diputados, senadores, gobernadores y la herencia personal del poder presidencial, al sucesor en el cargo del ejecutivo federal.

Cárdenas realizó el ideal de Calles: nunca más el partido quedó al servicio intemporal de un hombre. Sumiso a los designios del presidente en turno. Todo el poder a un hombre ... por seis años, y cada seis años la renovación del grupo en el poder, el relevo presidencial como garantía de la capilaridad del sistema político mexicano y de su grupo gobernante.

Con Cárdenas el partido cambió por vez primera de nombre (de PNR a PRM) y adoptó la vena radical de la Revolución. Fue antiimperialista, nacionalista, estatista, filosocialista y aliado del PCM en la táctica de Frente Unico de la III Internacional. Pasó a ser un partido de sectores, corporativo, de afiliación colectiva y en no pocos casos sin nexos con los ciudadanos que por la vía de sus organizaciones gremiales o campesinas, pasaban a ser, sin saberlo, miembros del partido.

La Revolución mexicana encontró en el PRM su expresión e instrumento. El Estado hizo de él instrumento de control y continuidad. El reparto de posiciones y prebendas fue, desde ese entonces, negociación que pasaba por el partido.

En 1948, concluida la segunda guerra y abierta la guerra fría, la táctica de frente único adoptada durante el período cardenista perdió su razón de ser. La relativa independencia que las organizaciones sociales, progresivamente incorporadas al partido de la Revolución, habían logrado mantener, quedó anulada. Lombardo y sus seguidores fueron arrojados de la CTM, de la que antes ya se había expulsado a los comunistas.

En el frente agrario, la CNC fue consolidada como central oficial y progubernamental sobre la misma base: la expulsión de los dirigentes izquierdistas y la proscripción de sus organizaciones. El llamado sector popular, que en 1942 dio origen a la fundación de la CNOP, fue consolidado con el objetivo de diseñar y aplicar una política de control sobre los emergentes grupos medios que empezaban a ser importantes en las ciudades. Pero además, la CNOP sirvió, desde ese entonces, como cobertura partidaria para los nuevos cuadros dirigentes que el alemanismo incorporó a las tareas de gobierno.

Al desaparecer el cuarto sector-el militar-, Alemán refundó el partido. No negó la herencia de su antecesor, simplemente la perfeccionó y adecuó para la nueva etapa. El partido de los tres sectores y las tres centrales (CTM, CNC, CNOP); el partido del "señor presidente", el partido oficial, quedó constituido y por segunda vez cambió de nombre.

El PRI, con sus antecesores, ha gobernado a México desde 1929 en forma ininterrumpida. Se dice rápido, pero son 63 años, en los cuales ha visto cambiar el mundo, desaparecer y aparecer naciones y partidos. Su competidor en punta, el PCUS, gobernó Rusia y la URSS de 1919 a 1991, hasta desaparecer, hundiéndose al mismo tiempo que la nación y el sistema que construyó.

La solidez del dominio priísta sobre la política de México la ilustran cifras de difícil equiparación: entre 1929 y 1989 no perdió una sola de las gubernaturas en juego; ganó, en procesos electorales fielmente cumplidos, más del 96% de los más de 2 000 municipios que conforman la geojgrafía del país; nunca, hasta 1992, perdió la mayoría en un congreso local. Obvio, pero hay que anotarlo, lleva 10 presidentes de un sexenio cada uno, más los tres del período del "maximato", y desde 1929, todas las legislaturas del Congreso de la Unión con mayoría, y sólo hasta 1988 se vio obligado a aceptar senadores de oposición.

Uno de los clásicos de la ciencia política contemporanea calificó al PRI como un enigma: "Hay todo genero de errores conceptuales, de interpretación y de predicción que son resultado de nuestra incapacidad para introducir en ningún marco adecuado al PRI mexicano, el famoso Partido Revolucionario Institucional".

Sartori incluyó su breve reflexión sobre el "famoso" PRI en el capítulo 7 de su texto citado, capítulo titulado "Sistemas no competitivos", dentro del parágrafo 7.3. denominado "El partido hegemónico" (pp. 277­289). No lo incluyó, valga subrayarlo, dentro del análisis de los sistemas de partido único, de los cuales escribió: "Los Estados de partido único son más o menos opresivos, más o menos omnipresentes, más o menos íntolerantes, más o menos extractivos. Esto equivale a decir que las comunidades políticas unipartidistas varían en cuanto a la intensidad de la represión, del control coercitivo" (Sartori, op. cit., p. 265).

Sartori distinguió tres variantes del unipartidismo: totalitaria autoritaria y pragmática. A lo largo de su texto es posible detectar el peso de lo que el mismo señaló, esto es, la "incapacidad para introducir en ningún marco adecuado al PRI mexicano". En efecto, por momentos, bien podría incluirse al PRI dentro del grupo unipartidista pragmático, sólo que el criterio númerico determinó, en Sartori, su exclusión de ese subgrupo y lo llevó a incluirlo en el de los partidos hegemónico­pragmáticos.

Dentro y fuera de México la discusión sobre el lugar que corresponde al PRI en los sistemas de partidos prosigue. Los cambios ocurridos desde 1979 a la fecha, y en particular desde 1988, cuando por vez primera en su historia el PRI estuvo ante la posibilidad real de perder la presidencia de la República, han reavivado el interés y el debate acerca de su naturaleza.

Por desgracia, una buena parte de los estudiosos del PRI se ha inclinado por la simplificación, tendencia agudizada por el derrumbe y desaparición de la mayoría de los partidos gobernantes de las naciones del ex bloque socialista. Bajo esa tendencia se ha vuelto lugar casi común, en México, calificar al PRI como un "partido de Estado".

Para quienes han adoptado el camino de definir al PRI como "partido de Estado" cabe recomendar la lectura del propio Sartori en su capítulo sobre el "Sistema de Estados­ partido" (pp. 66­74), y en particular la nota de pie de página incluida en su parráfo relativo al "pluralismo unipartidista" (p.75, np.27), en donde Sartori afirma de manera contundente que "de hecho el único caso claro es el de México"... al que, sin embargo, pasó, como ya apuntamos antes, a los sistemas de partido hegemónico. La confusion era, y es, generalizada.

¿Partido hegemónico o pluralismo unipartidista? Para las dos categorías existen elementos empíricos. Para lo que no parece haber prueba empírica, más allá de extrapolaciones o simples fantasías, es para sustentar la categoría de "partido de Estado". Ni de jure ni de facto, México ha sido un sistema de partido de Estado.

Desde 1929 a la fecha, otros partidos han acompañado al PRI en ese precario "sistema de partidos" que hemos vivido. Nunca la Constitución ni ley alguna de la República definió al PRI como partido único, oficial o de Estado. Ni siquiera es posible documentar intento alguno para llegar a esa definición.

Los elementos que los defensores de la categoría "partido de Estado", aplicada al PRI, sustentan en su apoyo pueden encontrarse en otros partidos-y en otros países-que difícilmente serían equiparables, por lo demás, al caso mexicano.

Hay al menos tres elementos permanentes del sistema político mexicano que impiden clasificar al PRI dentro de la categoría de los partidos de Estado:

Primero: no ha existido definición jurídica que sustente esa condición, calidad o privilegio. Por lo contrario, tanto en las leyes como en la práctica, el PRI-al igual que sus antecesores-ha coexistido junto a otros partidos.

Segundo: la precariedad del pluripartidismo mexicano no es elemento suficiente para negar la existencia de otros partidos, independientes y opuestos al PRI. Basta citar el caso del Partido Acción Nacional, con presencia ininterrumpida en la vida política nacional de 1939 a la fecha. Al respecto, la definición adoptada en 1988 por Carlos Salinas podría resultar más pertinente: partido casi unico.

Tercero: a lo largo de más de siete décadas la formalidad del relevo en los cargos públicos se ha cumplido a través de elecciones. De nueva cuenta, no basta calificar los procesos electorales previos a 1979 (año de la primera reforma política) como "formalismo" o "ritual", lo relevante es que las elecciones no han dejado de realizarse y que México pudo escapar así del peligro de la perpetuación de facto del grupo en el poder.

A esas tres características vale agregar un hecho relevante, si de sistemas comparados se trata: mientras que en la URSS y otros países del ex bloque socialista el partido ocupó el espacio central de la política y subordinó en los hechos a las instituciones estatales-China sigue siendo el mejor ejemplo de esa situación-, en México ocurrió exactamente lo inverso, esto es, el PRI ha sido un instrumento del Estado, una maquinaria electoral y de promoción política subordinada por entero al poder establecido, valga decir al gobierno.

Calificar al PRI como un "partido de Estado" no forma parte del esfuerzo analítico para desentrañar su naturaleza; esa adjetivación debe ubicarse en el terreno de la lucha política, de la propaganda en la disputa por el gobierno.

Subsiste, sin embargo, la definición de la naturaleza del PRI, su lugar dentro de las categorías de partidos y sistemas de partidos. La explicación de su persistencia en el poder, de su capacidad de adaptación y cambio, de su hoy renovado esfuerzo por transformarse.

Creo que de las exploraciones de Sartori al respecto, la que mejor provecho nos brinda es la que el propio autor desarrolló en forma más extensa: la del partido "hegemónico­pragmático". En efecto, la otra, la del unipartidismo pluralista, si bien alcanza a cubrir algunas de las características del PRI, en particular la presencia de varias corrientes ideológicas en su interior (como lo concibió Du-verger) y el propio Sartori exploró, no resuelve el problema básico antes apuntado, que plantea la existencia permanente al menos desde 1939, de otro partido con una ideología y una propuesta, por general que esta sea, contraria a la del PRI y compitiendo con él en las elecciones, en forma legal; por no hablar de la gama de partidos, distintos del PRI, que es posible registrar en los añales electorales, entre 1929 y nuestros días.

Si retomamos la categoría "hegemónico­pragmático" ideada por el multicitado autor, combinada con esa caracterización aún imprecisa pero certera de "partido casi único", podemos sostener que el sistema que permitió la hegemonía incontestable del PRI ha quedado roto. Recordemos de nuevo a Sartori: "...No sugiero en lo más mínimo que unas elecciones libres y verdaderamente competitivas fueran a desalojar al PRI del poder. De hecho hay pruebas abrumadoras en contra. Lo que importa no es que el PRI fuera a perder si permitiera una oposición libre y plena. Lo que importa es que la disposición hegemónica mantiene unido al PRI y que el paso a un sistema competitivo pondría en peligro su unidad, porque eliminaría las sanciones prohibitivas infligidas por la fórmula hegemónica a las escisiones y las rupturas con el partido" (p. 285).

Si atendemos a los hechos empíricos tendremos los siguientes elementos causales del cambio en la disposición hegemónica del PRI:

1. El cisma cardenista de 1987­1988, que entre otras cosas mostró los límites del pragmátismo en el interior del PRI.

2. La ruptura de la unidad priísta, aun sin elecciones libres y verdaderamente competidas, lo cual se explica por la expansión de las oposiciones independientes, o semiindependientes, que coincidiendo con un sector del PRI en la defensa del nacionalismo y el estatismo, estuvieron dispuestas a poner sus derechos electorales al servicio de la disidencia priísta, rompiendo con ello la amenaza de exclusión de la legalidad a quienes abandonaron las filas del partido oficial.

3. La posibilidad abierta en 1988 de que el PRI pierda la elección presidencial, que a su vez abre una etapa de competencia cada día más acrecentada en los espacios municipales y regionales.

4. El reacomodo político originado por la elección de 1988, cuyos componentes más significativos serían la consolidación del PAN como partido alternativo y el surgimiento del PRD. Lo anterior altera la disposición hegemónica para trastocarla a nivel nacional en un sistema virtual de tripartidismo, y en algunos estados de bipartidismo PRI­PAN, o en menor número PRI­PRD.

5. La pérdida, en sólo cuatro años, de dos gubernaturas y una más como producto del conflicto poselectoral. Todas en favor del PAN. A lo anterior se suma una inédita presencia opositora en ayuntamientos y congresos locales. Si se consideran los 160 municipios más grandes del país, en 1992 los partidos opositores habían conquistado la presidencia de más de 80 de ellos. Tan sólo el PAN, a octubre de 1992, gobernaba a más de 15 millones de mexicanos.

6. La reiteración de un círculo incredulidad­conflicto en cada elección competitiva, que pone en jaque la capacidad hegemónica del PRI. Los principales partidos secundarios (PAN y PRD) dejaron de ser parte del "decorado" pluripartidista, para convertirse en reales competidores.

7. El hecho de que en 1994 el PRD enfrente, por segunda vez consecutiva, la posibilidad de perder la elección presidencial.

8. El intento de "refundación" del PRI, el tercero en su historia, que busca aprovechar lo que de pragmático le queda para convertirlo, de un partido hegemónico, "casi único", en otro con la capacidad de disputar y conservar el poder, en un marco de pluripartidismo y alternancia, en el que los escenarios más posibles son el tripartidismo (PRI, PAN, PRD) o el bipartidismo (PRI­ PAN).

LA CRISIS DE IDENTIDAD

La revisión de los documentos básicos del PRI entre 1948 y 1988 muestra una relativa estabilidad en sus principios ideológicos, cuyo vertice ha sido la llamada ideológia de la Revolución mexicana, con sus componentes centrales: nacionalismo, populismo, estatismo y paternalismo. En lo que hace al programa de acción, se observe una adaptación casi sexenal a las políticas del presidente en turno, que dicta los enfasis y variaciones en el programa del partido.

Por lo que hace a los estatutos, estos han sido formalmente respetados, aunque en la práctica para nadie es un secreto la injerencia directa del presidente de la República en la designación tanto de los principales dirigentes del PRI, como en la selección de candidatos a puestos de elección popular, en primer lugar el candidato a la presidencia y también los candidatos a las gubernaturas y a las cámaras del Congreso de la Unión.

La relativa estabilidad ideológica quedó en entredicho a partir del sexenio de Miguel de la Madrid cuando en forma paulatina, pero firme, el gobierno fue abandonando el agotado modelo económico fundado en el intervencionismo estatal y la protección frente al exterior.

Se produjo así una separación, que se acentuó en muy poco tiempo, entre los principios doctrinarios y programáticos del PRI y la política del gobierno priísta. Esa separación está entre las causas principales del cisma de 1987, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, por mencionar sólo a las dos figuras más destacadas de lo que fue la Corriente Democrática del PRI, abandonaron su larga militancia y pasaron a la oposición.

Las elecciones de 1988 significaron un trauma de dimensiones inéditas para la estructura priísta, pues vinieron a confirmar lo que hasta entonces sólo se intuía: la inoperancia de los viejos mecanismos corporativos de coptación y control del voto. En julio de 1988 una ciudadanía mayoritariamente urbana demostró que podía usar su voto como arma de protesta, sin que los mecanismos de control pudiesen impedirlo.

Sin el férreo control que el gobierno ha mantenido sobre los procesos y las autoridades electorales, las elecciones de 1988 hubiesen derivado, en el mejor de los casos, hacia la nulidad del proceso. Aunque la máxima autoridad electoral determinó que la votación por el candidato del PRI para la presidencia de la República había superado por décimas el 50%, fue posible verificar una votación entre 5 a 10 puntos porcentuales por debajo de la cifra oficial.

El saldo de la elección de 1988 fue desastroso en términos de credibilidad y legitimidad de las elecciones. Más de cinco años después, las cifras casilla por casilla de la elección presidencial permanecen en secreto y los míticos "paquetes electorales" fueron enviados a la pira, por acuerdo de las diputaciones del PRI y del PAN.

Desde 1989 el PRI ha venido experimentando un conjunto de transformaciones que configuran el más profundo intento de refundación que haya vivido desde su surgimiento. Esas transformaciones pueden agruparse en tres vertientes significativas:

La primera se refiere al cambio de su disposición organizativa de cara a las elecciones. Aquí el rasgo más importante del cambio es la adopción de una estrategia de conquista del voto urbano en condiciones de competencia, lo que se combine con la persistencia de mecanismos de control, cuando no de adulteración, del voto en áreas rurales o semirurales. La estrategia urbana, identificada como "ingeniería electoral", fue utilizada con éxito en la elección intermedia de 1991, en la que el PRI recupero los niveles de votación previos a 1988.

La segunda, en la que priva aún la indefinición, consiste en el esfuerzo por adaptar los documentos básicos del partido a las nuevas realidades del país y de la estrategia gubernamental. En lo que va del actual sexenio (1988­1994), la separación entre los antiguos referentes ideológicos y programáticos del priísmo, y las nuevas políticas gubernamentales se amplió hasta convertirse en un abismo. La XIV Asamblea Nacional del PRI intentó, infructuosamente, realizar la adaptación del partido a las líneas del gobierno.

Digo que infructuosamente porque todo indica que por la vía de un acuerdo de las fuerzas internas, se produjo una especie de empate o "congelamiento" de la situación. Si bien los estatutos fueron modificados, en la búsqueda de métodos menos antidemocráticos para la elección de dirigentes y la selección de candidatos, después de unas pocas pruebas (Nuevo León, Colima), la dirigencia priísta optó por generalizar lo que en sus estatutos es una excepción, las candidaturas de "unidad " a los cargos de elección popular, al mismo tiempo que la democratización de los procesos de elección de los dirigentes siguió siendo mero formalismo por la persistencia del "candidato único".

Las corrientes tradicionales del PRI lograron que la XIV Asamblea prácticamente dejara intacto el mismo ideario de principios, a cambio de modificaciones al programa de acción, el cual fue encomendado para su redacción final a una comisión ad hoc. De ese documento han desaparecido las referencias al estatismo, el populismo y en buena medida la antigua concepción nacionalista defensiva que caracterizaban al PRI.

Sería hasta el acto del 61 aniversario de la fundación del partido cuando el presidente Carlos Salinas tomó a su cargo directo el esfuerzo para dotar al priísmo de un nuevo referente ideológico: el "liberalismo social", presentado primero como respuesta a los llamados ''neopopulistas'' o "nuevos reaccionarios", y luego, en los informes tercero y cuarto de gobierno, como línea de pensamiento que busca resolver el problema entre liberalismo y justicia social.

La tercera línea de cambios ha corrido con una suerte dispar. Iniciada durante la presidencia de Luis Donaldo Colosio, tomó como ciudadela, de cara a las organizaciones gremiales (CTM-CNC) más resistentes al cambio, a la multiforme Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

Con un liderazgo pragmático, identificado con la necesidad de cambios en el partido y con las nuevas circunstancias que impone la política gubernamental, la dirigencia de la CNOP logró lo que parecía imposible: desaparecer a una de las viejas centrales, para dar lugar al experimento de cambio más ambicioso realizado desde 1948. Surgió así la UNE "Ciudadanos en movimiento".

La UNE, bajo la dirección de la senadora Silvia Hernández, ha sido, desde 1990, la punta de lanza del proyecto de refundación priísta. En una complicada combinación de intereses, preservó las viejas estructuras corporativas, a las cuales otorgó el espacio de los movimientos gremiales, sindicatos de burócratas, comerciantes, colegios de profesionistas, abriendo junto a ellos dos espacios organizados que han resultado de singular importancia para la preservación de la influencia priísta: la organización territorial y el movimiento ciudadano.

Por vez primera en su historia, el PRI cuenta con una estrategia y un dispositivo organizado destinados a competir entre los ciudadanos sin partido. De ese esfuerzo han surgido los llamados movimientos y frentes, a través de los cuales se pretende establecer relación con organizaciones no adheridas al PRI con presencia en la sociedad.

En torno a causas ciudadanas, como la ecología, los discapacitados, los jóvenes, los artistas, los llamados "frentes" han logrado articular una red que ya constituye una importante confluencia de organizaciones a las que, por vez primera, no se les plantea ingresar al partido oficial, sino que se trabaja con ellas con respeto a su autonomía y capacidad de decisión.

Es cierto que para tal política, el PRI, en concreto la UNE, sigue utilizando las ventajas de su vinculación con el gobierno y con empresas privadas, en particular de los medios masivos de comunicación. Pero no menos cierto es que esa plataforma, de acción ha sabido combinarse con una creativa política de relaciones que ha podido establecer el contacto, hasta el momento no conflictivo, con múltiples organizaciones que en otras condiciones difícilmente hubiesen aceptado esa relación.

Cuando se produjo el relevo natural en la presidencia del CEN priísta, con la salida de Colosio, que estuvo tres años y cuatro meses al frente del partido oficial, y la llegada de Genaro Borrego, la UNE no sólo mantuvo su grupo dirigente sino que se convirtió en el vértice de la reforma del PRI, a la cual se le empezó a denominar, desde sus más altos cuadros directivos, "refundación".

La refundación ha debido conciliar el proyecto de dotar al PRI de una nueva forma organizativa y nuevas maneras de actuar en la búsqueda de la preferencia ciudadana en las urnas, con los intereses y resistencias de las añejas estructuras corporativas.

El discurso del nuevo presidente del CEN del PRI, desde su toma de protesta, refleja a plenitud esa contradicción: "Hemos decidido ser un partido de ciudadanos y tambien de organizaciones y sectores. Nuestra reforma no supone autodesmantelamientos orgánicos [...] A partir de las lecciones de la XIV Asamblea y de la reafirmación de nuestro fundamento ideológico, emprenderemos de inmediato la construcción de las nuevas estructuras que le permitan sumarle pueblo al partido [sic]. Lo habremos de hacer a través de tres grandes movimientos: la consolidación del Pacto Obrero­Campesino; la creación del Frente Nacional Ciudadano y la fundación del Movimiento Popular Territorial" (CBE, 14 de mayo de 1992, versión estenográfica).

En junio de 1992 el propio Genaro Borrego amplió su propuesta refundadora, a la cual le denominó con tal nombre: "Llevamos a cabo una Refundación Estructural transitando caminos propios." Reiteró las tres líneas de esa refundación y amplió su propuesta de incorporar al "liberalismo social" como la nueva base ideológica del PRI (Consejo Nacional del PRI, 26 de junio de 1992).

La lectura de los discursos de los dirigentes priístas que intervinieron en la reunión de junio de 1992, permite detectar fuertes contradicciones en torno a la llamada refundación estructural. Mientras que para los dirigentes de las centrales gremiales, CTM y CNC, el cambio aparece como una más de las multiples mutaciones de fachada de su partido, para la secretaria general del PRI, Beatriz Paredes, la refundación es la simbiosis entre la vieja estructura y las nuevas necesidades. Solo la dirigente de la UNE, Silvia Hernández, fue capaz de articular una propuesta de refundación real, matizada sin embargo por el inevitable compromiso con las viejas estructuras.

En septiembre de 1992, en Querétaro, una nueva reunión habría de expresar con nitidez la tensión y conflictos internos que la refundación priísta había provocado. Ocurrida la pérdida de Chihuahua a manos del PAN, con el conflicto derivado de la elección michoacana sin resolver (cosa que ocurriría días después con la "licencia" otorgada al efímero gobernador, y con San Luis Potosí en puerta de un renovado conflicto, que terminó con el veto opositor a la candidatura de Gonzalo Martínez Corbalá) la dirigencia priísta empezó el repliegue.

A la idea de refundación se le matizó con la de renovación: "No un partido distinto, sino un partido renovado. Un partido sustentado en los principios e ideales de la Revolución Mexicana..." (GBE, 18 y 19 de septiembre de 1992.) Puesto en jaque por el efecto combinado de la presión opositora y las decisiones de la presidencia de la República (Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán y luego, de nuevo, San Luis Potosí), el priísmo inició la marcha hacia atrás.

Dos documentos contienen la visión más desarrollada y coherente de lo que sigue siendo el proyecto para la refundación del PRI. El discurso de la senadora Silvia Hernández, dirigente de la UNE, en junio de 1992, ante el CPN del PRI, y el documento intitulado "Lineamientos generales para la refundación estructural del partido", suscrito por el CEN del PRI como documento de trabajo para la reunión de Querétaro, (18 y 19 de septiembre de 1992).

De la lectura y análisis de dichos documentos es posible desprender el núcleo fundamental del proyecto de refundación: la desaparición de los sectores corporativos (obrero, campesino y popular) y la conversión del PRI a un partido territorial, de libre afiliación, con organizaciones que apoyen su plataforma, sin adherirse orgánicamente a su estructura.

Ese cambio constituiría una verdadera refundación, pues supone el abandono de la forma concreta en como el PRI se ha organizado y existido desde 1936. En otras palabras, estamos en presencia del esfuerzo más importante para transformar, desde el poder y con sus recursos, a un viejo partido creado a imagen y semejanza de sus congéneres ya desaparecidos, que ha mantenido a lo largo de más de medio siglo una innegable capacidad de adaptación a las renovadas y cambiantes circunstancias.

Valga resaltar la contradicción que el PRI vive desde 1989 cuando debió plantearse con seriedad la posibilidad de ser desplazado del poder por la vía de unas elecciones fuera del control gubernamental. Esa circunstancia, sumada al mareo que el vértigo del cambio salinista generó en los cuadros priístas, arrojó como resultado un partido en la orfandad.

LA TERCERA REFUNDACION

Contra lo que comúnmente se cree, las evidencias disponibles indican que el PRI ha discutido y reflexionado, ha experimentado cambios. Aprendió las nuevas artes de las ingeniería electoral: revaloró la presencia ciudadana e intentó incorporarse al debate nacional, buscando una nueva forma organizativa, pero no parece darse cuenta de la profundidad y sentido del cambio que ocurre en México.

La justificable impaciencia opositora ha querido ver en las contradicciones y debilidades del PRI el signo inequívoco de su fatal crisis. Olvidan un hecho fundamental: la capacidad de recuperación demostrada en agosto de 1991. Al parecer, el pragmatismo del PRI, que ha dejado perplejos a todos los que de él se han ocupado, no se ha extinguido.

Lo que desde el punto de vista opositor y crítico aparece como inconsistencia y señal de debilidad, el "camaleonismo" que le permite adaptarse a las necesidades del gobierno en turno, sigue siendo una de sus grandes ventajas, vista la competencia por los votos. Una cosa es el debate entre los partidos, incluso en el interior del priísmo, y otra muy diferente el voto ciudadano.

Los adversarios y críticos del PRI nos hemos comportado frente a él con un punto de vista ciudadano, creyendo que ese conjunto de valores y condicionantes está presente en el grueso de nuestra sociedad. Por desgracia, todo indica que aun en las grandes urbes mexicanas, que ya definen el sentido de una elección, la volatilidad de las preferencias ciudadanas, cuando de votar se trata, sigue incluyendo al PRI como una opción válida. En otras palabras, nuestra crítica al sistema priísta de poder no ha terminado de incorporarse al sistema de valores que determinan la preferencia de los electores.

Hemos sido proclives a confiar en que nuestra convicción de que el PRI es, en sí mismo, valor negativo, es compartida por la mayoría de los electores. Encuestas confiables indican que para el elector promedio, el fraude y la corrupción tienen un peso menor, comparados con los "éxitos" del gobierno priísta. De esa forma, una exitosa gestión desde la presidencia de la República pareciera ser la clave de la recuperación nacional del PRI en agosto de 1991.

Ahora bien, en la refundación del PRI encontramos dos problemas básicos: uno podría explicar su postergación, el otro su fracaso.

Lo primero tiene que ver con la coyuntura en la que la refundación transcurre. Las derrotas electorales y los acuerdos con las oposiciones, en torno a los conflictos locales, han sometido al PRI a la más dura prueba desde su fundación. Es cierto que entre 1940 y 1988 es posible encontrar momentos de dificultad, pero lo que ahora es significativo es la reiteración de los problemas, y sobre todo, las nuevas fórmulas utilizadas, desde el poder ejecutivo, para darles solución.

Nunca antes, en su historia, el PRI había sufrido el descrédito público al que el presidente Salinas de Gortari lo ha sometido. Sin tener capacidad de decidir las candidaturas convertidas en derrota, por la vía de las urnas o del acuerdo con los opositores, ha debido sufrir el escarnio que significan las decisiones en las que aparece como elemento negativo. Por vez primera en la historia contemporánea de México, la fortaleza de la figura presidencial ha debido fincarse en la debilidad de su partido. Separar la figura del presidente Salinas de la de su partido, al extremo de mostrarlas como antagónicas.

EL LABERINTO PRIISTA

La prisa que marca a los partidos opositores, acentuada en sus ideólogos y estrategas, los ha llevado, una vez más, a decretar el fin inexorable del sistema de poder. Para desgracia de los bisoños ideólogos de la crisis final del sistema, éste parece tener todavía un arsenal de recursos por utilizar. Quizá, el no ser un partido de Estado, en el sentido estricto de la palabra, termine por otorgarle al PRI, a ese viejo animal político, su capacidad de adaptación y sobrevivencia.

La refundación del PRI tiene obstáculos hasta ahora no sólo insalvables, sino simplemente obviados. El más importante lo constituye su dependencia del poder presidencial y lo que ello implica en términos de su (in)capacidad para definir políticas autónomas y fuentes de financiamiento apoyadas en la legalidad.

Pedirle al PRI que rompa con el poder ejecutivo es ejercicio de esquizofrenia opositora. Los partidos existen para ganar el gobierno, para conservarlo. En ese ejercicio, los verdaderos partidos guardan una relativa autonomía de cara a quienes gobiernan. El reto del PRI es conquistar esa autonomía relativa.

Las democracias modernas encontraron en los poderes legislativos la fórmula para expresar la autonomía de los partidos de cara a los gobernantes. Mientras el PRI siga siendo correa de transmisión de las decisiones presidenciales, sin la menor capacidad para modular, matizar, incluso negar, la voluntad del ejecutivo-sin poner en riesgo al gobierno-, no será un partido, en el sentido moderno del término. Al PRI, en su refundación, lo que debe exigírsele es ideario y programa, y junto a ellos, consecuencia en la práctica.

El otro asunto es el quid pro quo de la democracia mexicana. ¿Es transformable el PRI? ¿Su desaparición es condición sine qua non para el tránsito a la democracia? Si respondemos positivamente a la pregunta, entonces el futuro democrático de México está condicionado a la crisis terminal del sistema fundado en 1929.

El nudo gordiano de la refundación estructural del PRI, sin subestimar sus cambios orgánicos, esta en la ruptura radical de su dependencia financiera de los recursos públicos. Para ser un partido entre los partidos, mayoritario o minoritario, el PRI requiere construir y operar sus fuentes propias de ingresos, ajenas a las areas públicas, sujetas a regulación y control. Esa parece ser la condición de su verdadera refundación.

Así lo ha entendido el propio líder nato (1988­1994) del PRI, Carlos Salinas, quien en su propuesta política del IV Informe de Gobierno, colocó el tema de la transparencia de los recursos y el límite a los gastos de campaña, como el vértice de un perfeccionamiento del marco electoral.

En la ruptura de sus dos dependecias estructurales está la clave de la transformación del PRI. La pregunta que está buscando respuesta es sí el PRI mexicano, ese animal político incomprendido por propios y extraños, será capaz de negar la regla, para convertirse en un partido.