García Reyes, Miguel y Ma. Mercedes Agudelo
Impacto social del ajuste estructural
Ajuste Estructural y Pobreza.
ed. Fondo de Cultura Económica, 1997
Impacto social del ajuste
estructural
Según un estudio que realizó la Oficina Central de Estadística e Informática de Venezuela, con el apoyo de la CEPAL y el PNUD de la ONU, en la actualidad cerca de 45% de la población vive en la pobreza y, de esta porción, 20% se encuentra en la miseria extrema. Esto significa que unos 8 millones de venezolanos-de una población total de 20 millones-se hallan en estado de indigencia. De esta cifra, unos 3.5 millones se encuentran en verdadera situación de miseria. Según el estudio, el estado con mayor índice de pobreza es Apure, unos 400 kilómetros al suroeste de la capital, con 63% de pobreza y 37% de pobreza extrema.
Le siguen en orden los estados de Delta, Amacuro, Amazonas, Portuguesa y Sucre, cuyos índices oscilan entre un máximo de 55% y un mínimo de 50% de pobreza. A pesar del cordón de miseria que rodeo a la capital venezolana, es la entidad que presenta el más bajo porcentaje de indigencia, con 25% de necesitados y 8% de pobreza extreme.
Estos resultados se desprenden del análisis de los indicadores, establecidos internacionalmente, acerca de las necesidades básicas insatisfechas que comprenden hogares con niños en edad escolar, hogares en hacinamiento crítico, viviendas estructuralmente inadecuadas y sin servicios básicos y hogares con alto dependencia económica.
Por otra parte, una investigación que realizó la Fundación para el Crecimiento y el Desarrollo Social, empresa estatal venezolana, indica que la pobreza agobia hoy en día a 16 millones de venezolanos. Además, la cantidad de personas que viven en condiciones de marginalidad, también conocida como pobreza extrema, asciende a 8 millones, quienes no logran satisfacer siquiera sus necesidades básicas.
La situación más crítica la enfrentan 1.1 millones de personas que, según la categoría de la UNESCO, se ubican dentro del llamado "Cuarto Mundo". Este sector, con 14% de los venezolanos, está destinado a no salir nunca de sus condiciones primarias de vida, al conjugar un bajo nivel socioeconómico y sociocultural. En ese país sudamericano, 8% de la población (1.6 millones de personas) concentra toda la riqueza, mientras la clase media abarca a menos de tres millones de personas
El estudio señala que los índices de pobreza contrastan las cifras económicas de Venezuela, país petrolero que en 1992 logró un crecimiento de 7.1% de su PIB de 55 000 millones de dólares, pese a la caída de los precios de los hidrocarburos, sobre los cuales descansa la economía.
Entre otros factores, la pobreza en Venezuela
es reflejo de la caída del salario real de 39% en los 10 años
recientes. Según cifras oficiales, el sector informal agrupa a 40%
de la población activa de siete millones de personas y la tasa de
desempleo alcanza 7%.
Política social (19501989)
La política social que en el pasado
instituyeron los gobiernos locales con el propósito de combatir la
desigualdad social en Venezuela-política que en parte modificó
en 1989 el gobierno de Carlos Andrés Pérez durante su segundo
mandato presidencial-, por medio del VIII Plan de la Nación, buscaban:
1. Que los recursos financieros y materiales se destinaran a la satisfacción de las necesidades básicas; a saber, educación, salud, nutrición y vivienda.
2. Que las intervenciones sociales fueran selectivas, para beneficiar, en principio, a los grupos biológicamente más vulnerables y a las familias más pobres.
3. La consolidación del proceso de democratización
de las decisiones sobre el gasto social.
Este estudio indica que los gobiernos venezolanos, en general, preservaron el bienestar social por encima de las prioridades económicas. De hecho, los resultados de este documento muestran que la participación del gasto social sólo descendió durante el boom petrolero, cuando el gobierno brindó mayor atención al crecimiento de las actividades económicas. Posteriormente, cuando apareció la recesión, de nuevo aumentó el peso consignado a lo social, pues mientras el PTB mostraba ritmos descendentes, el gasto social mantenía un comportamiento ascendente.
En el marco de la política social venezolana, los recursos se concentraban principalmente en educación y salud, ya que estos sectores eran los más afectados por la recesión, al mostrar una caída del gasto real per cápita invertido en ellos. Sin embargo, el hecho de que el gasto social fuera prácticamente manejado por el gobierno central, provocaba una cierta inequidad en su distribución.
Este estudio reconoce que en el pasado el gasto social se concentraba en parte, en el pago de personal; esta tendencia se fortalecía durante las épocas recesivas. No obstante que había un número significativo de instituciones en el sector social el gasto se concentraba en pocas, como el Ministerio de Educación, el de Sanidad, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y, en los últimos años, como resultado del subsidio a la leche popular, en el Instituto National de Nutrición. También había numerosos programas de atención social a la población, donde se canalizaba el gasto a sectores como el educativo-bás¦co y el universitario-, medicina y de prestaciones sociales.
De tal modo, la política social que
aplicaron casi sin cambios los gobiernos anteriores a la segunda gestión
de Carlos André Perez, favorecían sobre todo a los sectores
de educación, salud, vivienda, seguridad y asistencia social, y otros
servicios sociales.'
El gasto en el sector educación
El marco institucional de la educación
pública en Venezuela incluye los siguientes organismos: el Ministerio
de Educación entre rector del área y responsable de dirigir,
coordinar y supervisar todo lo referente a la política educativa
del país el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE),
dedicádo a la formación profesional de los trabajadores ;
la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, creada para coordinar los
diferentes aportes del Estado en materia de becas; y la Fundación
de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), responsable de la construcción
y dotación de infraestructura escolar. En el presupuesto al área
educativa también entran el Instituto Autónomo, la Biblioteca
National y la Fundación para la Educación Especial.
El gasto en el sector salud
El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) es el organismo rector del sector salud, que está conformado por los siguientes institutos: el Hospital Universitario de Caracas, el Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, el Instituto Nacional de Nutrición el Instituto Nacional de Higiene y la Oficina Coordinadora dé los Servicios de Salud. Además, comprende los establecimientos médicos asistenciales dependientes de las gubernaturas de estado.
Con fines de planificación se incorporan
al sector salud los servicios de atención médica del Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales y de los institutos de previsión
de los diferentes Ministerios que prestan atención médica
a los afiliados.
El gasto social en el sector
vivienda
En el presupuesto del sector público
consolidado se define como sector vivienda y desarrollo urbano al integrado
por el Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), la Fundación para el
Desarrollo de la Comunidad y el Fomento Municipal (Fundacomun), el Centro
Simón Bolívar, el Instituto de Asco Urbano para el Área
Metropolitana de Caracas, el Instituto Nacional de la Vivienda, y el Instituto
National de Obras Sanitarias, el cual absorbe el mayor volumen de las asignaciones.
El gasto en otros sectores
sociales
Además de los sectores considerados, existen otros que agrupan un conjunto de instituciones cuyo gasto es muy poco significativo; se hace referencia a los sectores "Desarrollo Social y Participación" y "Cultura", que aprovechan una buena cantidad del presupuesto gubernamental.
Desarrollo Social y Participación integra instituciones muy heterogéneas de acuerdo con sus funciones. Por definiclón, el papel de este sector consiste en facilitar y mejorar las condiciones de vida de la población, con el objeto de incorporarlos al desarrollo económico y social del país y mejorar y fortalecer la organización social de los distintos sectores, áreas y comunidades, con especial atención a grupos poblacionales de menores recursos. Además del INAM-incluido en el sector seguridad social-, está el Instituto de Capacitación y Recreación para los Trabajadores, el Instituto Nacional de Deportes, la Fundación del Niño y en total un conjunto de organismos destinados al desarrollo social de algunos estados y localidades de ese país americano.
Por su parte, el sector cultura comprende un
número significativo de instituciones dedicadas a la producción,
investigación, conservación y disfrute de las artes plásticas,
lá música, teatro, la danza, el patrimonio arquitectónico,
etc. Dentro de estas instituciones se encuentran: el Consejo Nacional de
Cultura; la Fundación Casa Bello; la Orquesta Nacional Juvenil, la
Fundación Teresa Carreño y la Fundación para el Rescate
del Acervo Cultural Venezolano.
Nueva política social
Uno de los problemas más difíciles y perentorios que debe enfrentar la sociedad venezolana es el aumento sostenido-especialmente en los años recientes-de los hogares que se encuentran en situación de pobreza crítica. Si se toma como indicador de pobreza crítica el número de hogares con ingresos familiares inferiores al costo de la canasta alimentaria básica, se observa que éstos pasaron de 69 000 en el año de 1981 a más de 600 000 en 1988. Si estas cifras se comparan con el total de hogares en el país, se llega a la preocupante conclusión de que en un lapso de siete años la proporción de hogares en condiciones de pobreza crítica subió de 3% a casi 20%. Esto significa que uno de cada cinco venezolanos no recibe el ingreso necesario para satisfacer sus requerimientos alimentarios y nutricionales básicos, lo cual compromete severamente el estado físico y mental de las generaciones futuras y las posibilidades de un desarrollo económico y social autónomo.
Uno de los efectos más dramáticos del aumento del número de hogares en condiciones de pobreza crítica, es su repercusión en la población infantil, la cual constituye el grupo social más vulnerable. La pobreza extrema genera problemas de desnutrición y enfermedades diarreicas asociadas que aumentan la vulnerabilidad de dicha población al afectar sus posibilidades de formación, capacitación futura y desarrollo intelectual y constuyen la principal causa de mortalidad infantil en el país.
Asimismo, en las zonas urbanas donde predominan condiciones de pobreza crítica, hay un ambiente propicio para el surgimiento de otros problemas no menos graves, como son los relacionados con la delincuencia infantil, que ha llegado a ser una preocupación permanente de la sociedad venezolana en los años recientes.
Al respecto, desde 1990 el gobierno venenezolano
establecio como prioridad fundamental del VIII Plan de la Nación,
el mejoramiento de las condiciones de los grupos más rezagados de
la sociedad desde la perspectiva del gobierno de Carlos Andrés Pérez,
primer, y después del de J. Velásquez, la erradicación
de la pobreza crítica deberá crear condiciones apropiadas
para equilibrar las oportunidades entre los distintos grupos sociales, reforzando
así la cohesión y unidad que se requiere para un desarrollo
armónico que favorezca la autorrealización Individual y social.
Medidas para enfrentar la
pobreza
Para paliar los efectos del fenómeno
de la pobreza en Venezuela, el gobierno plantea las siguientes medidas:
1. Crear programas de becas alimentarias para niños de familias pobres.
2. Otorgar subsidios nutricionales para familias pobres.
3. Conceder medio pasaje estudiantil.
4. Apoyar a las cooperativas y microempresas.
5. Apoyar la artesanía popular.
6. Organizar ferias de consumo familiar.
7. Preparar programas de compensación sociopedagógica y cultural
8. Establecer una cobertura extensiva de los hogares de cuidado diario
9. Implantar programas de atención a mujere pobres embarazadas.
10. Implantar programas para madres lactantes.
l l. Brindar atención especial para niños lactantes y menores.
12. Implantar programas de apoyo y promoción a la mujer
13. Implantar programas de desarrollo rural integrado.
14. Brindar protección y apoyo a grupos indígenas.
15. Implantar programas de atención y apoyo a ancianos y minusválidos.
l6. Implantar programas de uso del tiempo libre
y prevención contra drogas para grupos juveniles.
Para alcanzar su objetivo, el gobierno propone que los núcleos de la población en situación de pobreza crítica sean atendidos mediante programas de asistencia directa y de compensación social. Éstos se ocuparían de niños, jóvenes, madres embarazadas y lactantes en las zonas más pobres del país, garantizando en ese modo un humano dotado, mental y físicamente, para un futuro.
A la vez, deberán garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los grupos marginados mediante programas de ampliación de la cobertura de acueductos y redes de drenaje; mejoramiento de las condiciones ambientales en los barrios; atención en salud, educación y servicios culturales, y apoyo al desarrollo comunitario. También se fomentarán medidas de promoción y fortalecimiento de la economía popular, la pequeña empresa y cooperativas a través del crédito oportuno y las asistencias técnicas.
Los programas especiales de atención
hacia los grupos vulnerables de la sociedad permitirán ampliar cobertura
y calidad de recursos de protección y apoyo a grupos particularmente
desatendidos, como los ancianos y minusválidos de las áreas
rurales. En cuanto a los grupos indígenas, se prestará particular
atención a sus contextos socioculturales y a la preservación
activa de sus identidades culturales.
Fortatecimiento del empleo,
el ingreso y la seguridad social
El gobierno venezolano considera que no puede superarse la situación social del país sin un mejoramiento en la economía del grueso de la población. La base para mejorar la calidad de vida será crear las condiciones para que todos los venezolanos tengan acceso a empleos estables y bien remunerados. Por eso una estrategia fundamental del VIII Plan de la Nación consiste en lograr un crecimiento acelerado de la economía, con el fin de generar más y mejores empleos, lo que significa resolver los problemas más importantes del mercado laboral. De hecho, cuatro de cada diez venezolanos se encuentran fuera de la economía formal, carente de las condiciones laborables deseables de estabilidad e ingresos adecuados. Si a esto se añade que cada año la fuerza de trabajo crece de manera acelerada, resulta aún más urgente adelantar un conjunto de medidas para mejorar el empleo, el ingreso y la seguridad social de los trabajadores.
Por otra parte, la contribución de la seguridad social en la distribución equitativa del ingreso ha sido marcadamente ineficiente, a causa de su baja cobertura y el monto extremadamente bajo de las pensiones. A estos factores se añaden las deficiencias crónicas en la calidad de los servicios del seguro social producidas por su dispersión, ineficiencia gerencial y déficit presupuestario permanentes.
El seguro social, aun siendo obligatorio, no cubre a toda la fuerza laboral, en particular a las mujeres del sector informal. El total de los beneficiarios alcanzó en 1987 a un tercio de la población del país y los asegurados representan 34% de la fuerza del trabajo. En este año, el número de pensionados superó los 175 000, apenas cerca del doble a 1980. Asimismo, la pensión mensual promedio aumentó en términos nominates en 66% entre 1983 y 1989. Sin embargo, la relación entre la pensión mensual promedio y el salario mínimo disminuyó notablemente al pasar de 100% en 1983 a menus de 40% en 1989.
Por estas rezones es necesaria una reforma profunda en el sistema de seguridad social con la participación activa del sector privado en la solución de problemas de seguridad social de la clase trabajadora. Es indispensable aumentar la cobertura, mejorar la eficiencia y convertir los servicios sociales en un instrumento útil para los hombres y mujeres del sector laboral, no solamente con mecanismos de ahorro sino como instrumento de compensación económica permanente.
Esta reforma integral del sistema de seguridad social deberá incluir la reestructuración del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para aumentar su eficiencia como instrumento de ahorro, mejorar su capacidad de prestación del servicio de salud y aumentar sustancialmente las pensiones. La promoción de mecanismos voluntarios de ahorro y jubilación dentro de los sistemas privados de pensiones, además de garantizar mayores rendimientos a los trabajadores, contribuirán a desarrollar el mercado de capitales.
Para fortalecer el empleo, el ingreso y la seguridad social, se deben crear las condiciones para generar más y mejores empleos para hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. Esta laboral recaerá fundamentalmente en el sector privado, el cual encontrará un ambiente más propicio para nuevas inversiones y la ampliación de las existentes. Por su parte, el sector público, a través de programas especiales y de inversión, generará también un alto volumen de empleo durante los años por venir, con idéntica incidencia para hombres y mujeres. Finalmente, la distribución del ingreso será mejorada mediante la ampliación de la base de la propiedad productiva y la promoción de asociaciones y cooperativas de solución solidaria.
Igualmente se fortalecerán las condiciones
de competitividad de la fuerza de trabajo con base en la capacitación
y la actualización del sistema de segucidad social y de la normatividad
laboral vigente. De esta manera se podrá garantizar que los frutos
del crecimiento económico serán compartidos equitativamente
por todos los sectores de la sociedad.