El Sistema Electoral como Mecanismo
de Hegemonía Política
EL PORFIRIATO Y EL REGIMEN DEL OCHENTA
EN
LA PRIMERA FASE
La Convención Reformadora de 1860 en Argentina
introdujo en el sistema electoral ideado por Alberdi, asimismo, un nuevo
mecanismo restrictivo de la participación política. El objetivo
era garantizar un control efectivo sobre los mecanismos de sucesión:
el sistema de la lista completa.
Este mecanismo probablemente iba más allá
de las mismas intenciones elitistas del proyecto alberdiano y limitaba
aún más su horizonte liberal. Con base en la lista completa,
los ciudadanos votaban en su distrito por una lista de electores; a la
lista que conseguía el mayor número de votos-no necesariamente
la mayoria absoluta-se destinaba la totalidad de los electores de aquel
distrito. Este sistema excluía de derecho a las minorias de la participación
político y establecia un instrumento más para garantizar
la hegemonía de las clases dominantes.
En México, la Constitución y la ley electoral
de 1857 no establecieron un mecanismo análogo. Sin embargo, a través
de las elecciones indirectas en primer grado, sancionaban, como en Argentina,
los criterios que definian y diferenciaban la sociedad civil y la política.
Como observa Carmagnani, el control del proceso electoral no se producia
en la falsificación del voto, "sino en el momento que precede
la elección, y más especificamente en la elección
de los candidatos" y de los electores encargados de nombrar al Presidente.
Los que tenian derecho al voto, para ejercer el acto electoral, tenian
que recibir una boleta electoral tres dias antes de las elecciones, cuyo
envio era confiado a un empadronador, nombrado por el ayuntamiento, que
inscribía en las listas electorales a los ciudadanos habilitados.
Los electores nombrados, uno por cada sección electoral, elegían
en segundo grado a los parlamentarios, a los magistrados y al Presidente
de la República.
La lista completa y la aplicación partidaria de
la intervención federal en Argentina, y la elección en segundo
grado a todos los niveles en México (la excepción eran las
elecciones municipales), se convirtieron en la facultad de las autoridades
constituidas para ejercer un control de hecho sobre la sucesión
en la esfera política, no sólo en el ámbito presidencial.
Dicho mecanismo permitió, además, la articulación
de los intereses de las distintas facciones de las clases dominantes, divididas
genéricamente entre una tendencia centralizadora e intereses regionales.
Esta tensión se resolvió, por lo menos en el mediano plazo,
cuando se realizaron, a través de los mecanismos de representación,
los principios de una equitativa representación para toda la oligarquía.
La ausencia de este importante factor, durante los años que precedieron
al Plan de Tuxtepec (1876) y la federalización de Buenos Aires (1880),
fue la causa del predominio en México de la dimensión militar,
y de la aplicación en Argentina por 27 veces-entre 1862 y 1880 del
derecho de intervención federal en las provincias.
Sin embargo, es preciso subrayar otra vez una diferencia
sustancial entre los dos casos. En Argentina, tal como enfatiza Botana,
las provincias del interior advirtieron que la única manera para
incrementar su peso político consistía en acelerar el proceso
de nacionalización de Buenos Aires y no en retardarlo. Para conseguir
este fin, los ejecutores naturales de ese interés común fueron
los gobernadores organizados en la llamada "Liga", los cuales
tejieron una trama electoral que condujo al liberal Roca a la Presidencia.
El régimen del 80 se consolidó entonces, como ya había
ocurrido por la Constitución reformada de 1860, sobre la base de
un acuerdo interoligárquico que lo precedió. Tal régimen
constituyó, en muchos sentidos, una ampliación del pacto
del 1860, hecho necesario para integrar en el nuevo Estado a las oligarquias
provinciales del interior.
En México , las mayores divisiones internas de
las clases dominantes y la correlativa ausencia de un acuerdo interoligárquico
anterior volvieron imposible un proceso semejante al de Argentina. El Plan
de Tuxtepec fue, el resultado de un evento militar, con base en el cual
Porfirio Díaz impuso su presidencia por medio de una acción
coercitiva-lo que no significa necesariamente que no tuviera un determinado
nivel de legitimidad. La articulación de un acuerdo capaz de conciliar
los distintos intereses de las facciones oligárquicas fue posterior-en
contraste al caso argentino-a la instauración del nuevo régimen,
y se produjo en el interior de una situación político de
hecho: la acción violenta de una solo facción controlada
por Díaz.
De todas maneras, ambos regímenes marcaron una
etapa importante en el proceso de transición al liberalismo, caracterizado
por el fortalecimiento de la soberanía del Estado nacional. A partir
de este momento empezó el proceso de desarticulación de los
ejércitos particulares de los estados o provincias, y los gobiernos
federales lograron progresivamente "prevalecer sobre todas las unidades
particulares gracias a una combinación de capacidad coercitiva y
consenso institucional".
Hemos visto que, en la doctrina liberal prevaleciente
en los dos países, la práctica electoral era considerada
el mecanismo imprescindible para conseguir una amplia legitimidad. Las
normas previstas por la Constitución no eran puestas a discusión
y la necesidad de su aplicación, por lo menos formalmente, habia
sido interiorizada por las élites políticos de la época.
El gobernador de Yucatán Octavio Rosado, por ejemplo, envió
a Díaz en 1885 la siguiente carta:
No habiendo sido posible para los Señores Gral.
Canton, Lic. Castellanos Sanchez y para mi, resolvernos en favor del Gral.
Canton para Vicegobernador del Estado en el próximo cuatrienio,
como lo deseaba el S. Castellanos Sanchez, por indicaciones que según
me dijo se le habían hecho en esa capital, y cuya resolución
no tomamos por prescripción espresa del art. 48 de la Constitución
local que prohíbe terminantemente la reelección de tal funcionario,
nos hemos fijado en el S. Dr. José Peón y Contreras...cuya
estimable persona tiene en nuestro concepto buenas cualidades para el objeto
indicado.
¿Pero cómo se tradujo esta práctica
en la realidad política y social argentina y mexicana de los años
80?
En ambos casos, el sistema de representación
sancionado por las Constituciones interactuó con acciones de coerción
y relaciones clientelares heredadas del antiguo régimen.
En México, sin embargo, la falta inicial de un
"régimen de consenso elitista" determinó la necesidad
de una fase de ajuste y definición de los procedimientos formales
para la designación de los candidatos al Congreso federal, situación
que caracterizó el régimen porfiriano hasta 1890. Los documentos
disponibles parecen confirmar la búsqueda de un acuerdo satisfactorio
por parte de Díaz y los gobernadores de los estados, en el respeto
formal de los dictámenes constitucionales. Como hemos subrayado
antes, tal acuerdo, aunque con las diferencias derivadas de las exigencias
coyunturales particulares, fue alcanzado en Argentina entre 1860 y 1880,
antes de la instauración del nuevo régimen.
La premisa para la fórmula del acuerdo en México
se caracterizó por la presencia de una tensión fuerte entre
la exigencia del poder Ejecutivo de establecer candidatos de segura lealtad
en el proceso de renovación de la Cámara de Diputados y la
voluntad de los estados de seguir eligiendo sus propios candidatos entre
los partidarios del gobernador. La necesidad de resolver esta tensión,
o por lo menos de limitar sus posibles efectos negativos sobre el consenso
interno, empujaron hacia la búsqueda de un mecanismo capaz de encontrar
un equilibrio entre las pretensiones contrapuestas de la Presidencia y
la de los actores regionales.
En un estudio reciente sobre las prácticas electorates
durante el Porfiriato, se describe la solución que fue adoptada
al respecto. Dicha solución fue proporcionada por la misma ley orgánica
electoral de 1857, que establecía para los parlamentarios la elección
contemporánea de propietarios, es decir, titulares del cargo, y
de un número igual de suplentes. La designación de éstos
representó, durante el Porfiriato, el mecanismo de compensación
para los gobernadores, a cambio de aceptar las directivas presidenciales.
Según Bertola, no se han encontrado hasta ahora indicios de que
antes de 1890 este compromiso fuera ya aceptado y practicado a nivel general.
Sin embargo, otros documentos parecen indicar que los gobernadores no dejaban
de utilizar las posibilidades derivadas de la existencia de los cargos
de propietarios y suplentes. La autora cita una comunicación del
gobernador de Sinaloa que afirmaba la imposibilidad de cumplir con la recomendación
de Díaz para la elección de un senador y ofrecía,
en cambio, hacerlo elegir como suplente en sustitución de otro candidato:
"satisfaciendo así, en parte, mis primeros deseos y seguro
como lo estoy que esa suplencia equivale a ser propietario".
Es evidente entonces la existencia, ya en esta fase,
de una suerte de reciprocidad entre los gobernadores y el poder Ejecutivo,
con base en la cual el segundo conseguía el apoyo de los primeros
para seleccionar a sus propios candidatos; a cambio se les otorgaba a los
ejecutivos locales cierto grado de libertad en la elección de los
suplentes. Esta relación es subrayada por el mismo gobernador de
Sinaloa al afirmar que "la suplencia equivale a ser propietario",
mostrando así de manera implícita sus espectativas en relación
con estepapel. Como veremos, este mecanismo se consolidará y resultará
más evidente a partir de la fase siguiente.
En Argentina encontramos también una forma de
reciprocidad entre el Presidente de la República y los gobernadores.
Ambos constituían las figuras claves para la designación
y el nombramiento de los candidatos al Congreso. El primero, con el poder,
el prestigio y los medios derivados de su posición, condicionaba
la elección de su sucesor y de los gobernadores de provincia. Los
segundos, a su vez, utilizaban su propio poder a nivel local para imponer
el nombramiento de los diputados nacionales y de los miembros de las legislaturas
provinciales. Estos, como preveía la Constitución, elegían
a los senadores nacionales. La junta de los electores elegía al
Presidente y, a través de otro mecanismo legal, la lista completa,
lograba excluir sistemáticamente a la oposición en las elecciones
relativas al poder Ejecutivo.
Es interesante notar que la intervención federal,
adoptada también en México
en 1874 con la transformación de las leyes de
Reforma en normas constitucionales, no fue aplicada en ninguno de los dos
casos durante esta fase. Botana subraya, de manera correcta, que a partir
de 1880 este mecanismo se transformó: "De instrumento para
reducir el particularismo provincial a la unidad del estado federal en
un medio para mantener en funcionamiento el régimen político
y controlar a la oposición". Pero, salvo raras excepciones,
sólo a partir de los años 90 se registró un desarrollo
creciente de las intervenciones federales en las provincias argentinas.
De la misma manera, en México "hasta 1890,
no se encuentran, en raras ocasiones, intervenciones federales directas
en la esfera propia de los estados" y tampoco intentos, por parte
de los mismos, de controlar los municipios y las autoridades regionales
intermedias (jefes políticos). Esta escasa propensión a la
intervención por parte del poder Ejecutivo demuestra, en mi opinión,
la eficacia inicial del acuerdo interoligárquico alcanzado en Argentina
y la relativa rapidez con la cual Díaz logró consolidar su
poder a través de los mecanismos de intermediación. Así-y
sólo es un ejemplo entre muchos-en las elecciones para gobernador
del estado de Coahuila, el coronel Nicanor Valdez podía con satisfacción
y tranquilidad comunicar a Díaz sus previsiones alrededor de los
resultados: "Tengo el gusto de participar a Ud. que los pueblos del
Estado y muy particularmente los Fronterizos, han aceptado con entera espontaneidad
la candidatura de nuestro amigo el Sr. José Ma. Garza Galán,
y estoy seguro de que serán satisfactorios los resultados de la
elección..."En ambos casos, la oligarquía liberal logró
alcanzar, en esta primera fase, su objetivo principal, que no era transformar
el viejo equilibrio, sino más bien restablecerlo con una nueva y
major articulación de las tensiones entre poder federal (Presidencia
y secretarios de Estado), poderes regionales (gobernadores y asambleas
regionales) y poderes locales (municipios). El Congreso (cámara
de Diputados y Senado) tendría un nuevo papel como intermediario.
EL SISTEMA ELECTORAL COMO MECANISMO DE
HEGEMONIA POLITICA.
EL PORFIRIATO Y EL RÉGIMEN DEL
OCHENTA
EN LA SEGUNDA FASE
( 1890-1900)
En los años 90 se normalizaron progresivamente
las prácticas políticas encaminadas en la década anterior.
Este proceso, por un lado, produjo el fortalecimiento del Estado liberal,
pero, por el otro, disminuyó su elasticidad y capacidad de integración.
No obstante, este progresivo entorpecimiento se produjo
de manera diferente en los dos casos; y aunque ambos sistemas políticos
tuvieron que enfrentar una oposición creciente por parte de los
actores que se habían quedado excluidos de la participación
en los sistemas mismos, los dos estados federales demostraron una muy distinta
capacidad reactiva y de adaptación a los cambios sociales.
Desde los años 90 en México, las prácticas
electorales que habían aparecido de manera esporádica durante
el período anterior empezaron a consolidarse y a difundirse. La
articulación de los intereses federales y regionales, a través
de los nombramientos en el Congreso de propietarios y suplentes, comenzó
a volverse una norma consuetudinaria, y entonces no escrita, del sistema
electoral mexicano, hasta lograr una total uniformidad de aplicación.
Tal uniformidad se refería al derecho convencional adquirido por
los gobernadores de disponer arbitrariamente de los cargos de suplente,
"a cambio de la lealtad a las decisiones del poder central con relación
a los nominativos de los propietarios".
Según una relación de reciprocidad parecida
al caso argentino e igualmente consolidada en el tiempo, al margen de las
leyes, por prácticas de tipo consuetudinario, las listas de senadores
y diputados, propietarios y suplentos, que iban a ser elegidos, eran el
producto de un trabajo conjunto de los gobernadores y de la Presidencia.
En el marco de dicho trabajo, por un lado, Díaz era el que establecía
los límites de la libertad de elección de los gobernadores;
pero, por el otro, él mismo Díaz nunca negó en absoluta
dicha libertad que, al parecer, se fue ampliando a lo largo de sus mandatos.
El margen de manejo del juego político en las
elecciones fue incrementado por la introducción, unos años
después, de la posibilidad de presentarse como candidato simultáneamente
en más de un estado, pero cón la obligación de determinar
una opción después de las elecciones.Aún faltando
estudios profundos sobre este mecanismo, la frecuencia con la cual senadores
y diputados se encontraban desarrollando otras funciones políticas,
durante su período parlamentario, parece confirmar la importancia
del cargo de suplente en la articulación del Estado liberal durante
la época de Díaz.
Algunos documentos parecen comprobar que los gobernadores
procuraban a menudo atectar directamente la nómina de los propietarios,
recomendando a Díaz los criterios para la compilación de
las listas. Pero los mismos documentos muestran también la respuesta
invariablemente negativa de Díaz al respecto la actitud, por un
lado, subraya que, en la lógica porfiriana, la definición
de un acuerdo negaba de hecho la posibilidad de negociaciones ulteriores;
otro-más importante-, evidenciaba el progresivo entorpecimiento
del régimen, que no admitió ninguna nueva instancia del poder
local además de las que ya se habían consolidado en la práctica.
Díaz no admitía, en otras palabras, la creación de
precedentes que pudieran poner a discusión las reglas que él
había articulado y que representaban la legitimación de su
permanencia en el poder. Pero al mismo tiempo cerraba cada día más
las puertas de cualquier posible compromiso político que no estuviera
directamente vinculado con su persona.
Encontramos otros síntomas de tal entorpecimiento
en las reformas de las contituciones regionales, las cuales correspondían
con este período (faltan estudios profundos al respecto). En efecto,
la generalización de esta práctica electoral, por, un lado,
no determinó la exclusión de la influencia de los estados
en el poder Legislativo, que siguió ejerciéndose a través
del espacio político reconocido a los gobernadores; pero, por el
otro, determinó "un notable crecimiento del poder personal"
de los mismos. Al mismo tiempo, las reformas introducidas a nivel electoral
produjeron efectos de notable importancia transformando los cargos de los
Presidentes municipales, anteriormente electivos, en cargos de nominación
de los jefes políticos. A su vez, el nombramiento de los jefes políticos
se volvió a lo largo del tiempo una prerrogativa exclusiva de los
gobernadores y asumió progresivamente un carácter arbitrario.
Esta disposición, agregada a la ya señalada cristalización
de las prácticas políticas entre autoridades estatales y
poder federal, determinaron, en la última década del siglo
XIX, la consolidación de los notables y la revaloración de
los grupos dominantes, económicos y sociales. Para todos éstos
el había abierto nuevos espacios de enriquecimiento y de dominio
social. La consecuencia más evidente de este proceso fue la paulatina
reducción del espacio de libertad de los actores políticos
potenciales-que habían aumentado por efecto del crecimiento económico
y la dífusión de la instrucción pública-y la
exclusión de las facciones de notables más débiles
de la gestión del poder regional.
En otras palabras, la década de los noventas
marcó la progresiva disminución de la capacidad de integración
del sistema porfiriano, que había hecho posible la rápida
consolidación del régimen. A partir de esos años,
el sistema político se encontró en una situación de
equilibrio estable pero inmóvil, que terminaba por negar los principios
liberales contenidos en el programa original: respeto a las autonomías
locales, libertad natural y Estado mínimo. El mexicano privilegió,
casi exclusivamente, a los actores dominantes ya existentes y fue incapaz
de continuar el desarrollo de una política expansiva mediante la
incorporación de los nuevos sectores sociales en la esfera política.
¿Cómo evolucionó contemporáneamente
el Estado liberal argentino? Ya hemos señalado el de la frecuencia
de la intervención federal en las provincias, operación que,
junta con el mecanismo electoral de la lista completa, determinó
el progresivo cierre de los canales de acceso a los nuevos actores en la
esfera política. Aunque por caminos distintos, el proceso político
en Argentina fue equiparable, en muchos aspectos, al caso mexicano. Los
asemeja la distorsión que las prácticas políticas
produjeron, de manera creciente, en los principios y normas sancionadas
por la Constitución del 60.
El sistema representativo ideado por Alberdi, si bien
pensado en el contexto de una visión restringida de la participación
política, había previsto una suerte de dependencia del representante
por parte del elector que, a través de un tema de mandato limitado
otorgado desde abajo hacia arriba, tenía que ejercer un control
sobre el gobernante que él mismo había nombrado. Sin embargo,
la persistencia de prácticas extrainstitucionales heredadas del
antiguo regimen, que siguieron jugando un papel de primer plano en la realidad
social argentina, quitó en muchos casos lo sustancial a los mecanismos
legales de representación. A menudo, las elecciones se convirtieron
en la simple sanción de un candidato designado por el funcionario
cesante, con base en el instrumento tradicional del acuerdo entre notables
que precedía y condicionaba de manera determinante el proceso electoral.
El sistema de control teórico de abajo hacia arriba se convirtió,
en la práctica, en un mecanismo articulado en sentido contrario;
y el mandato limitado concedido al representante por el elector se transformó
de hecho en una suerte de poder ilimitado impuesta al segundo por el primero:
el sistema de la preselección del sucesor por parte del representante
mismo.
Como hemos subrayado antes, tanto en Argentina como
en México, la estrecha interrelación entre el poder Ejecutivo
y los gobernadores jugaba un papel de primer plano en la configuración
de la sucesión. Pero el punto central estuvo en la fuente principal
del poder de los gobernadores, que a menudo no derivó de la aplicación
de normas constitucionales, sino más bien de la distorsión
de las mismas a través de prácticas y relaciones extrainstitucionales
de antiguo régimen. Los amados gobiernos de familia, que operaban
con base en fidelidades de origen personal y relaciones de tipo clientelar,
gozaron todavía por muchas décadas de una fuerza y una estabilidad
extraordinarias; sobre todo en los distritos rurales de pequeño
y mediano tamaño-que al final de cuentas constituían la mayoría-,
pero también en numerosos sectores urbanos. En el interior de estas
realidades sociales y políticas locales, el mecanismo electoral
consolidaba vínculos y relaciones "particularistas", mediante
los cuales era posible ejercer el voto de manera controlada y la sistemática
aplicación del fraude. Si en México el acuerdo preelectoral
con Díaz hace menos evidente-pero no menos sustancial-la maniobra
electoral, en Argentina, por el contrario, el fenómeno se manifestaba
con claridad en el momento de la organización de las elecciones
y del ejercicio del voto:
...por el deseo de superar numéricamente el adversario-puesto
que un partido incluye nombres de ausentes, de muertos y de vivos
la suma de los votantes de las dos o tres elecciones organizadas en la
misma votación termina por superar el total de los electores inscriptos...
Al juez de la elección le corresponde la tarea de establecer que
votación ofrece mayor apariencia de legalidad y tal decisión
no depende de las calidades intrínsecas o extrínsecas de
los actos sino del criterio de conveniencia política que, basado
en los sentimientos de amistad en el interior de un mismo partido, pueden
favorecer tal o cual tendencia de tal o cual personaje.
De esta manera, la expresión del voto se transformaba
en una forma de conducta colectiva que constituia el sello de un procedimiento
que permitía la asignaciónl del derecho electoral a los ausentes
o a los fallecidos o desde luego la creación de los que en jerga
se definían entonces como "electores volantes"; es decir,
ciudadanos que votaban varias veces en la misma mesa electoral o en mesas
distintas en el mismo distrito. Esta práctica fue a menudo denunciada
por la prensa de la época, como sucedió en las elecciones
de la capital en 1898:
Los electores ad hoc pasaban como en procesión
de una circunscripción a otra, depositando su huevo en todas las
urnas sin preocuparse de ningún modo por cambiar su aspecto con
nuevos trajes...[y desarrollando] su tarea con una rapidez igual a su cinismo-frente
a la indiferencia de los presentes-a voces con gran satisfacción
de los escrutadores, que no lograban contener su alegría cuando
veían la cómica seriedad del elector que votaba repetidamente,
y se presentaba con boletas electorates diversas echo o diez veces seguidas
en una hora...
Estos mecanismos gozaron aún por mucho tiempo
de un considerable nivel de legitimidad. Esta legitimidad resultaba de
la aplicación de mecanismos de reciprocidad, de intercambio de favores,
de protección en contra de la intromisión misma del poder
central y de sus reglas, cuya función todavía no era claramente
percibida a nivel popular. Tales prácticas constituyeron probablemente
el verdadero lubricante que permitió a los engranajes de la "máquina"
funcionar. En el interior de una realidad social así configurada,
la autoridad personal del notable, heredada del antiguo régimen,
precedió todavía en importancia y por largo tiempo la autoridad
del Estado liberal y los nuevos mecanismos de representación que
se impusieron sólo en teoría; pero simultáneamente
pudo ser aprovechada para consolidar la autoridad del Estado mismo. El
notable constituyó así el anillo de enlace entre prácticas
de antiguo régimen y normas liberales, que permitió la articulación
del nuevo sistema político en todos los niveles.
El fortalecimiento progresivo del poder de los gobernadores
y de su capacidad de control sobre la sucesión, que hemos subrayado
en nuestro análisis, contribuyeron, de manera gradual, a retraer
el limitado horizonte liberal alcanzado durante los años anteriores
a la consolidación del Porfiriato y el régimen del 80.
La pérdida de espacio de los principios liberales
fue particularmente evidente en Argentina, donde el derecho constitucional
de intervención federal se convirtió en el de corrección
de los "accidentes" electorates. La parcialidad de su aplicación
era evidenciada por la relación entre oposición o apoyo de
cada provincia al candidato oficial y el objetivo de la intervención
deliberado por el gobierno central. Este intervino principalmente en las
provincias que Botana define "a oposición repetida", es
decir, donde se registraba una oposición sistemática del
candidato apoyado por el Ejecutivo; y sostuvo con más frecuencia
a las autoridades constituidas si éstas pedían la intervención,
y a los grupos opositores si la intervención era de iniciativa presidencial.
El resultado fue la articulación de un intercambio
de protecciones para el control institucional de la sucesión , que
"ascendía entonces desde las provincias para dar sustento a
la elección presidencial y descendía hacia ellas desde el
gobierno federal para dirimir conflictos, otorgar recompensas y sancionar
los díscolos. Si el Presidente, por un lado, no podía prescindir
del apoyo político de los gobernadores, éstos, por el otro,
actuaban en las provincias seguros de que, en el caso de resultados electorales
"imprevistos", el gobierno federal intervendría de manera
coercitiva.
El Porfiriato y el régimen del 80 terminaron
así por crear, en la segunda fase, lo que Hamilton definió
como "una voluntad independiente de la mayoría...método
[de control que] prevalece en todo gobierno que posee una autoridad hereditaria
o que se designa a sí misma". En los Estados liberales mexicano
y argentino del siglo XIX no existían, por supuesto, mecanismos
hereditarios; sin embargo, el resultado de las elecciones, a cualquier
nivel, podia ser predispuesto o modificado mediante instrumentos, institucionales
o no institucionales, independientes del sistema electoral, que equivalían
a una real autodesignación, en el sentido atribuido por Hamilton
a esta palabra.
FORTALECIMIENTO DE LA OPOSICIÓN
Y REACCIONES DEL SISTEMA POLITÍCO. OBSERVACIONES PARA UNA CONCLUSIÓN
El de la riqueza, por efecto de la política expansiva
liberal, produjo cambios sustanciales en la estructura social mexicana
y argentina durante las últimas dos décadas del siglo XIX.
Aunque con diferencias notables tanto a nivel cualitativo como cuantitativo,
este proceso se desarrolló en sus rasgos generales en tres direcciones:
crecimiento de la población urbana, con porcentual en relación
a la población rural; expansión de la clase media en las
ciudades; fortalecimiento económico de las clases dominantes, también
de los sectores excluidos de la participación política.
Este fenómeno se presentó de manera más
evidente en el caso argentino, por su relación con el rápido
y masivo poblamiento territorial. Pero en ambos países produjo un
aumento sustancial de actores en la esfera económica, que empezaron
a reclamar, en los años 90, sus espacios al interior de la sociedad
política. Este cambio coincidió, como hemos visto, con el
progresivo entorpecimiento de las instituciones del Estado liberal que,
en su dimensión notabiliar, actuaba hacia la conservación
y fortalecimiento de los mecanismos de exclusión política.
De igual forma, no sólo funcionaron en relación a los nuevos
actores emergentes, sino también a los sectores económicamente
relevantes que se habían quedado marginados a lo largo del proceso
de consolidación de los nuevos regímenes.
Las contradicciones del modelo liberal notabiliar se
volvieron entonces más evidentes, como lo demuestra el aumento en
este período de los movimientos y grupos de oposición en
ambos países. Sin embargo, cabe enfatizar las finalidades genéricamente
antirrevolucionarias de tales movimientos. En Argentina, candidatos, dirigentes,
parlamentarios y diputados provinciales de la fracción modernista
del PAN o de la Unión Cívica Nacional presentaron una sustancial
uniformidad en relación con su procedencia económicasocial
o con su caracterización ideológica. Como subrayó
un caudillo de la época, la distinción entre ellos y los
grupos más conservadores era quizás sólo "[...]
el resultado de la tensión entre la parte 'decorativa urbana' y
la 'genuina componente rural' del aparato político del PAN en la
provincia de Buenos Aires".
También Leandro Alem, líder de la más
agresiva Unión Cívica Radical, manifestaba una indiscutible
tendencia integradora:
Los que combatimos el sistema que aun impera, no somos
propiamente los
revolucinarios; somos los conservadores: de nuestra revolución
puede decirse lo que decía Macaulay de la revolución inglesa,
comparándola con la francesa. La revolución francesa conmovió
la sociedad entera y llevaba completamente una innovación profunda
en el orden político, en el orden social y en el orden económico;
la revolución inglesa no hacia otra cosa que defenderse de las usurpaciones,
del de la corona...
No era por cierto un mensaje de tipo revolucionario,
sino una simple solicitud para un ampliación parcial de la participación
política, en el interior del sistema de dominación tradicional
En México, encontramos una significativa analogía
en los discursos pronunciados en el Congreso liberal de San Luis Potosí
el 5 de febrero de 1901, que aludían a la conducta de los funcionarios
públicos y al restablecimiento de "la honestidad política"
y "la abolición de toda tendencia personalista" en el
gobierno. F. X. Guerra afirma que, al final del siglo XIX, existían
dos tendencies liberales distintas: la jacobina y la positivista. Pero
indica también que para ambas era major un sufragio restringido
o una dictadura que un sufragio universal real, pues habría conducido
a la "teocracia". De la misma manera, Hale sostiene que las críticas
mudas de Sierra en 1889 revelaban "un creciente desacuerdo dentro
del gobierno porfiriano acerca de los elementos de la tradición
liberal y la relación del régimen con ellan, pero que al
mismo tiempo "la tradición misma continuó inamovible".
Queda claro entonces que en ambos casos el Estado liberal
notabiliar mantenía márgenes sustanciales de movimiento y
oportunidades de adaptación. En otras palabras, el sistema no sufría,
a finales de los años 90, crisis alguna de legitimidad; la oposición
era esencialmente reformista y sus líderes estaban estrechamente
vinculados por su origen e intereses al orden social tradicional. El problema
central era, por lo tanto, la capacidad de cada uno de los dos regímenes
de aprovechar dichas oportunidades antes que tal crisis se desencadenara.
En efecto, los acontecimientos mexicanos y argentinos
de la última década del siglo XIX y de los primeros años
del XX mostraban indicios de algunas insuficiencias institucionales en
ambos regímenes. Samuel Huntington sostiene que se requiere de dos
condiciones para que un sistema político pueda encarar con éxito
la modernización: a) tiene que estar en condiciones de innovar la
política, es decir, de promover la reforma social y económica
por medio de la acción estatal; b) tiene que encontrarse capacitado
para asimilar las fuerzas sociales producirlas por la modernización,
las cuales exigen el derecho de participar en el sistema político
mediante caminos que armonicen con la continuidad de su existencia. Agrega
Huntington que "un sistema político cuyo poder está
disperso tendrá muchas proposiciones y pocas posibilidades de adoptarlas,
y uno de poder concentrado contará con pocos proposiciones y mucha
capacidad de adopción''.
Podemos aplicar el modelo de Huntington a nuestro análisis
y considerar el poder político como relativamente disperso en el
caso argentino y mayormente concentrado en el mexicano. Hemos visto en
efecto que Díaz llegó al poder después de una acción
militar y consolidó el régimen polarizándolo alrededor
de su persona; mientras Roca fue llevado a la Presidencia por un acuerdo
interoligárquico que, al permanecer como práctica extraconstitucional
en los años siguientes, impidió el ejercicio del poder según
los principios de la ortodoxia liberal, pero garantizó al mismo
tiempo la sobrevivencia de una suerte de restringido.
Este mecanismo permitió una alternancia limitada
pero real en el poder entre los distintos sectores de las clases dominantes,
desde el nivel presidencial hasta las autoridades locales. Tal alternancia
desarrolló una función moderadora de las tensiones en la
esfera política. El Porfiriato, al contrario, no articuló
un análogo, como lo demuestra la reelección sin solución
de continuidad de Díaz a la Presidencia hasta el estallido de la
Revolución, y la gradual extensión de esta rigidez a todos
los niveles de la esfera política.
Si hacemos de nuevo referencia a Huntington, podemos
afirmar que el momento crítico en el proceso de modernización
fue distinto en los dos casos examinados. En México hubo la capacidad
de proponer ciertos cambios necesarios para adaptar el régimen a
la nueva situación social. El alto grado de concentración
de poder en la persona de Díaz permitió la aplicación
de reformas institucionales, sin enfrentar el obstáculo de los contrastes
sectoriales, a veces violentos, que caracterizaban el panorama político
argentino; pero no fue posible activar concretamente la "fase propositiva"
sin el consenso mismo de Díaz. La artritis progresiva del régimen
fue entonces consecuencia de la falta de iniciativa del Ejecutivo en activar
mecanismos de cambio y, "cerrando poco a poco el acceso a los puestos
públicos, [minó la] cohesión''. El destino de los
clubes liberales, nacidos en 1900 y reprimidos en 1903, era la mejor demostración
del camino tomado por el régimen porfirista.
Este entorpecimiento determinó, con el tiempo,
una creciente carencia de los mecanismos de "expresión política"-para
utilizar otra vez un término de Huntington. El Monitor, en
1893, escribía que en México "el Presidente se postula
a sí mismo, y elige a si mismo, y se vuelve a elegir". Pero
lo peor fue que el problema empezó a extenderse desde la esfera
presidencial hacia los gobernadores y las autoridades locales. La falta
de representatividad de las instituciones era enfatizada también
por El Universal que, desde otra pero no menos importante perspectiva
escribía el mismo año que "Las profesiones más
numerosas, las que tienen intereses más considerables (agriculturas,
industriales, comercianles), debían contar con un mayor número
de representantes en el Congreso".
En Argentina, entre los dos siglos, se escucharon comentarios
análogos acerca de la escasa representatividad del sistema político
. El diputado Ancorena afirmaba en 1911 que "Estas oligarquías
han hecho imposible el acceso á la vida pública á
una porción de hombres que merece tomar parte en la gestión
de los intereses públicos". Pero estos comentarios procedían
de la mayoría liberal en el Congreso o incluso de los miembros mismos
del Ejecutivo, que demostraban intuir la necesidad de una ampliación
parcial y controlada de la participación política:
Cuando se clausuran todas las puertas, se aprietan todos
los tornillos, y se ajustan todas las válvulas, estalla la caldera.
El anillo de contención cede siempre al empuje de la potencia expansiva.
Cada diez años...la rebelión ha conmovido y desgarrado á
la República... El indulto y la amnistía, el perdón
y el olvido...restablecía [sic.] inmediatamente la fraternidad nacional,
pero en la paz y en el trabajo y en medio de la fiebre de los negocios
y en el seno de la cordialidad común, recomienza la preparación
y explosión de la violencia próxima. Al través de
todos los fracasos y dolores, la rebelión persiste. Es la protesta
viva y renovada contra los sistemas electorales, los procedimientos electorales,
las costumbres electorales...
El levantamiento organizado por la Unión Civica
en 1890 y las rebeliones radicales de 1893 y de 1905 parecen mostrar, por
un lado, una situación menos estable que la de México en
la misma época; por el otro, estimularon, a las clases dominantes
para buscar soluciones adecuadas al doble objetivo de integrar los actores
emergentes y conservar el control del poder político. En otros términos,
en Argentina, al contrario que en México, la élite política
mostró una mayor concienciá del surgimiento de un interno
y urgencia de canalizarlo y controlarlo en el marco del orden existente.
En este sentido se puede decir que la capacidad de Porfirio Díaz
para controlar la oposición, quizás de manera más
global, excluyendo de la participación política cualquier
grupo que se declarara no porfirista, representó la fuerza del régimen
a mediano plazo, pero su debilidad en el largo plazo.
En Argentina, la reforma electoral de 1912 introdujo
el sistema de "lista incompleta", que amplió la participación
a la primera minoría en el poder legislativo. Como consecuencia
también se amplió la posibilidad de alternancia en el ejercicio
del poder que, si bien todavía a nivel notabiliar y con la persistente
exclusión de los sectores populares más bajos en la escala
social, permitió la integración de las élites disidentes
y una parte de la clase media urbana en el orden tradicional. Es evidente
el contraste con el destino de los clubes liberales mexicanos.
Se puede entonces concluir
que, al empezar el siglo XX, México y Argentina se encontraban en
una situación de estabilidad relativa y de legitimidad política,
bajo muchos aspectos similar. Entre el final de los años setenta
y el comienzo de los ochenta, ambos países habían consolidado
un régimen de tipo libera notabiliar, el cual surgió de las
cenizas de las luchas interoligárquicas de la primera