Bushnell, David y Macaulay, Neill
El nacimiento de los países latinoamericanos
Ed. Nerea. Primera edición.
España, 1989.

El marco económico y social

Al terminar las guerras de independencia vivían en América Latina alrededor de veinte millones de personas. Cultivaban alimentos y fibras; criaban vacas, ovejas, llamas, cerdos, pollos y abejas; cazaban y pescaban; recolectaban nueces silvestres, castañas, especias y hojas de té; cogían insectos para fabricar tintes; extraían minerales de plata, oro y cobre; tejían vestidos; curtían pieles; forjaban el hierro; construían canoas, bates y barcos; se dedicaban a otras incontables actividades económicas. La mayoría de lo que se producía se dedicaba al autoconsumo; era relativamente poco lo que salía fuera de la propia comunidad, y todavía mucho menos lo que se exportaba a otros países. La plata del Perú y de México, el café y el azúcar del Brasil y de Cuba y los tintes de Centroamérica eran famosos en los mercados mundiales, pero en lo que se refiere a Cuba-que siguió siendo española-sólo una pequeña parte de la población de estos países estaba dedicada a actividades relacionadas con la exportación. La independencia trajo consigo cambios notables, y la vida se volvió más incierta para algunos latinoamericanos, aunque para la mayoría las condiciones de su existencia cotidiana permanecieron prácticamente iguales a lo que habían sido bajo el periodo colonial. Aún habrían de transcurrir más de tres décadas antes de que se produjesen cambios fundamentales en los ámbitos social y económico. A factores internos, no externos, cabe responsabilizar básícamente de esta estabilidad-o estancamiento.

Latinoamérica en la economía mundial; comercio exterior y &laqno;dependencia»

Antes de 1808, cuando comenzó el movimiento independentista latinoamericano, el comercio exterior de las colonias ibéricas estaba legalmente canalizado a través de España y Portugal, con pocas excepciones entre las cuales la más importante era el comercio de esclavos. En 1825 este sistema había sido totalmente erradicado, salvo en Cuba y Puerto Rico, donde no obstante se habían introducido modificaciones sustanciales. Aunque los países de orígen de las importaciones latinoamericanas y los de destino final de las exportaciones de la región apenas habían variado con la eliminación del tránsito obligatorio a través de la península ibérica, y a pesar de que la generalización del contrabando durante la época colonial demostraba la ineficacia de la legislación mercantilista, la verdad es que la legalización del comercio directo con el resto del mundo tuvo un impacto importante sobre los nuevos estados independientes de América Latina.

Una de las consecuencias más destacables de la liberalización comercial fue la repentina aparición de ciudadanos extranjeros, no ibéricos, en los mayores puertos y ciudades de la región. Por ejemplo, antes de 1808 a los barcos mercantes que no fueran portugueses no se les permitía atracar en Río de Janeiro, y en esta ciudad apenas vivía ningún extranjero. Por el contrario, en 1820 recalaron en Río más de trescientos cargueros foráneos, y residían en la cindad cerca de tres mil forasteros, de una población total de alrededor de cien mil habitantes. En Buenos Aires, el número de residentes nacidos fuera del país sobrepasaba los tres mil setecientos en 1822, lo que representaba alrededor del siete por ciento de la población total de la ciudad. A medida que las colonias españolas iban consolidando su independencia y abrían sus puertas al comercio internacional-expulsando paralelamente a los comerciantes españoles, o al menos haciéndoles difíciles las cosas y suprimiéndoles sus privilegiados monopolios de exportación­importación, los consulados-se fueron instalando en estos países nuevas comunidades de comerciantes extranjeros. La mayoría de los nuevos residentes procedían de Gran Bretaña, que era el país que más bienes compraba y vendía en América Latina.

La ofensiva comercial británica en Latinoamérica fue lanzada como respuesta a la implantación en Europa del sistema continental napoleónico. Cuando Portugal fue obligada a incorporarse en 1807 al sistema francés, los británicos perdieron los últimos socios comerciales que les quedaban en Europa. El regente portugués, el príncipe Juan, era consciente de que los ingleses estaban dispuestos a &laqno;compensar en el Nuevo Mundo las pérdidas que había sufrido su comercio en el Viejo», por lo que recabó el apoyo británico cuando trasladó su corte a Brasil. Lo que los ingleses tenían en mente era que los mercados brasileños no se abriesen a todos los países del mundo, sino solamente a los de Gran Bretaña, con lo que convertirían al Brasil en una especie de dependencia británica, estableciendo entre Brasil e Inglaterra una relación similar a la de &laqno;Súbdito y Soberano», según escribía, lleno de orgullo, el embajador británico en Lisboa en un comunicado enviado a Londres. Sin embargo, cuando el astuto príncipe Juan estuvo instalado en Brasil, aprovechó una ausencia temporal del embajador británico para declarar la apertura de los puertos brasileños al comercio con todas las naciones amigas.

Hasta la década de 1840 el gobierno de Londres no adoptó las recomendaciones del economista escocés Adam Smith en defensa de la libertad de comercio. Sin embargo, había traducciones al portugués muy anteriores de su importante libro, La Riqueza de Las Naciones, publicadas en Brasil (Río, 1811; Bahía, 1813) y circulaban por toda Latinoamérica versiones en castellano anteriores editadas en Europa. Los exportadores que intentaban introducirse en el protegido mercado británico citaban capítulos y párrafos enteros de esta obra. A pesar de todo, la auténtica libertad de comercio tampoco fue practicada por los latinoamericanos. En cuanto los vecinos hispanoamericanos del Brasil se hicieron cargo de la dirección de sus asuntos internos, hicieron exactamente lo mismo que había hecho el regente portugués cuando llegó a Río: autorizar el tráfico con todas las naciones amigas, sometiendo al comercio a una tarifa aduanera moderada, establecida con fines recaudatorios, aunque en ocasiones se elevaban los aranceles por razones proteccionistas, cediendo a las presiones de los productores locales más poderosos políticamente.

La independencia, conseguida entre 1808 y 1825, fue auténtica, en la medida en que acabó con el colonialismo en la mayor parte de América. El nencolonialismo que vino después era una débil réplica de la situación previa. La Gran Bretaña, protectora de Brasil durante los tiempos de guerra, consiguió convencer a los brasileños para que redujesen las tarifas aduaneras a las importaciones británicas (en 1810 y en 1827), pero no pudieron evitar que estas rebajas arancelarias se aplicasen a todos los demás países. Ni los británicos ni ninguna otra potencia extranjera monopolizaron el comercio con Latinoamérica, como lo habían hecho España y Portugal antes de 1808. Bajo un auténtico, intrusos imperialistas armados exigen impuestos a los nativos, obligándoles a producir y a entregarles productos exportables con los que cancelar sus deudas fiscales. Los británicos y otras potencias europeas practicaron este tipo de imperialismo en Africa y en Asia durante el siglo diecinueve, pero no lo hicieron en América Latina, cuyas naciones actuaron en los mercados internacionales sin coacciones, a pesar de la falta de libertad en sus economías internas. Si casi siempre eran los países europeos los más beneficiados, ello se debía fundamentalmente al bajo nivel de productividad de las economías nacionales latinoamericanas.

La riqueza de las naciones, proclamaba Adam Smith, no consiste en el oro y plata que tengan, sino en la productividad de su agricultura y de su industria. España disponía de la plata de Perú y de México, y Portugal contaba con el oro brasileño, pero, como señalaba Smith en 1776, ninguno de los dos era rico; eran los países más &laqno;pobres» de Europa, después de Polonia. Los metales preciosos de América Latina, contrariamente a lo que preconizaba la teoría mercantilista, en la que se fundaban los sistemas imperiales de España y Portugal, no eran la esencia de la riqueza; se trataba tan solo de simples mercancías que se podían comprar y vender como otras cualesquiera en el mercado mundial y cuyo valor, en relación con el de otras mercancías, podía fluctuar en función de su relativa abundancia o escasez. La disponibilidad de metales preciosos era muy útil como media de paga, para la acuñación de moneda y para la cancelación de los saldos del comercio internacional. Por este último motivo, estos metales tendían a desplazarse desde las áreas donde la productividad-valor de los bienes y servicios producidos por cada hora de trabajo empleada-era baja, hacia las zonas donde era mayor. Antes de la Revolución Industrial, Inglaterra tenía la agricultura más productiva del mundo; en consecuencia, gran parte del oro y la plata latinoamericanas pasaron por España y Portugal durante el colonial para terminar en Inglaterra, donde fueron invertidos en actividades más productivas, incluido el propio desarrollo industrial.

En 1808, tanto Gran Bretaña como Francia, la mayoría de los países del norte de Europa y la Norteamérica de habla inglesa habían sobrepasado ampliamente la productividad de España, Portugal y sus colonias. Aquellas eran las naciones auténticamente &laqno;ricas», y no se puede decir que para llegar a serlo hubieran conspirado en ningún momento para frenar la productividad de los jóvenes países latinoamericanos. Indudablemente, ellos eran los primeros interesados en que mejorase la productividad latinoamericana, pues de esta manera aumentaba la oferta de las mercancías que compraban en la región y consecuentemente podrían bajar los precios. Sin embargo, es un hecho que las compras de los países ricos en Latinoamérica durante el que siguió a su independencia fueron reducidas. América Latina producía prácticamente nada que los europeos y norteamericanos no pudiesen producir abundantemente ellos mismos o sus colonias, de tal forma que a lo países ricos les fue más fácil y más rentable hacer negocios entre ellos; entonces, como ahora, los países ricos comercian más entre sí que con los países pobres.

Las excepciones eran escasas. Casi todo el azúcar que se consumía en Europa procedía de las colonias caribeñas de Inglaterra, Francia y España. La Cuba española era el productor más eficiente, dominando los mercados de azúcar relativamente libres de Europa continental. Los productores de azúcar brasileños habían sido expulsados, entre otros, de los mercados europeos continentales por los cubanos, en vista de lo cual buscaron su salvación en la aperture del protegido mercado británico. Fue por ello por lo que ya en 1822 estuvieron dispuestos a renunciar inmediatamente al comercio de esclavos, a cambio de que fuese permitida la libre entrada de su azúcar en el mercado de Gran Bretaña. Comprometido el gobierno con la supresión del comercio internacional de esclavos, se hacía necesaria la protección de la poco productiva industria azucarera de Las Indias Occidentales británicas; por ello, el mercado azucarero inglés permaneció cerrado hasta la mitad del siglo. Mientras tanto, Brasil se consolidó como el principal exportador de café, una mercancía que no era demasiado importante hasta entonces, pero que se enviaba en grandes cantidades a Los Estados Unidos y a la Europa continental, pero no a los británicos, bebedores de té.

Aparte de Cuba y Brasil, los únicos países latinoamericanos cuyas exportaciones representaban un porcentaje importante de su producción nacional a mediados de siglo eran el Río de la Plata y Chile. Las pampas argentinas se constituyeron en la fuente de cerca de la tercera parte de los cueros importados por Inglaterra entre 1825 y 1850; la localización de Chile en la costa del Pacífico proporcionaba al país una gran ventaja como suministrador de cobre a la India británica, a la incipiente colonia inglesa de Australia y, más tarde, a los asentamientos norteamericanos de California. Chile también exportaba cereales y vino a sus vecinos sudamericanos, y los productores argentinos enviaban carne salada al Brasil y a Cuba para alimentar a los esclavos. Sin embargo, este comercio intrarregional apenas significaba nada dentro del comercio mundial, y los embarques de sebos, lana, algodón y madera hacia Europa, antes de 1850, eran insignificantes en comparación con las importaciones europeas de estos mismos productos procedentes de Norteamérica o de otros países europeos. A pesar de todo, en el momento de su separación de España y Portugal las naciones latinoamericanas eran consideradas como rices, pares tenían oro y plata. Las ilusiones mercantilistas tardaban en morir.

Los límites del nuevo imperialismo

Los conflictos norteamericanos y europeos de 1804­1815 y las guerras de independencia latinoarnericanas que se extendieron hasta bien entrada la década siguiente -con sus embargos, bloqueos y piraterías- redujeron transitoriamente el volumen de las importaciones latinoamericanas, produciéndose una restricción de la demanda que sería satisfecha cuando cesasen las hostilidades. El comercio exterior aumentó notablemente a medida que la independencia se extendió por América Latina. En Buenos Aires, los cueros de vacuno y de equino, así como los sebos, se intercambiaron por bienes de consumo importados, pero la mayoría de los nuevos países independientes tuvieron un fuerte deficit comercial, cuyo saldo tenían que pagar en oro o en plata. El flujo de los metales preciosos excitó a los capitalistas británicos, lo que les incitó a invertir en las minas de plata de México y Perú y en las de oro de Brasil y Colombia, mientras los banqueros londinenses ardían en deseos de prestar su dinero a unas naciones aparentemente tan ricas.

Pero, a mediados de la década de 1820, prácticamente se redujo a cero la demanda latinoamericana de bienes importados. Las mercancías -vestidos, cuberterías, porcelanas, relojes, perfumes, cerveza, vino, licores- se apilaban sin poderse vender en los almacenes de los comerciantes europeos y norteamericanos en los puertos de América Latina. Las existencias fueron liquidadas a precios ruinosos, y muchos comerciantes­aventureros tuvieron que volver a Londres, París o Boston sin un céntimo en el bolsillo. El pánico se apoderó del mercado financiero de Londres en 1825­26, cuando se hundieron los precios de los títulos latinoamericanos, produciéndose una caída general de las cotizaciones. A finales de los años veinte, cuando todos los gobiernos latinoamericanos, excepto el brasileño, habían suspendido el pago de su deuda, los banqueros se unieron a los comerciantes en la lista de damnificados con la que se habían saldado las primeras incursiones capitalistas extranjeras en la economía de la América Latina independiente. Sólo algunas inversiones extranjeras en la minería resultaron rentables, pero los rendimientos obtenidos fueron bastante más bajos de los que se podrían haber obtenido en inversiones alternatives. Hacia 1830 los centros financieros mundiales habían descartado a América Latina como lugar donde realizar inversiones rentables, y hasta pasada la mitad del siglo no volvería a detectarse una afluencia importante de capitales extranjeros hacia la región.

La producción para la exportación, cuando existía en América Latina antes de 1850, era, con escasas excepciones (por ejemplo, el guano de Perú que comenzó a exportarse en la década de 1840) gestionada y financiada por hombres de negocios locales. El capital exterior desempeñó un papel mucho más importante en Cuba, que siguió dependiendo políticamente de España, aunque la mayoría de las decisiones económicas eran tomadas por los productores locales, en especial después de las reformas liberates españolas de los años 30. De hecho, afirmar que los países latinoamericanos eran económicamente &laqno;dependientes», y que las decisiones básicas para su desarrollo eran tomadas en lejanas metrópolis, es, como mínimo, una exageración. Cientos de miles de estas decisiones se tomaban en Alemania-tomar café y endulzarlo con azúcar- influyendo sin lugar a dudas sobre la producción de estas materias primas en Brasil y en Cuba, pero las decisiones encaminadas a atender esa demanda exterior se tomaban en los países productores. Nadie obligó a los plantadores brasileños o cubanos a seguir cultivando café o azúcar; Gran Bretaña, la primera potencia imperial de la época, ciertamente no lo hizo, y, si acaso, podría argumentarse que hizo todo lo que estaba en su mano para arruinar a los plantadores de Brasil y de Cuba no comprándoles sus productos por una parte, e intentando acabar con el suministro de esclavos que necesitaban para cosecharlos por otra. El hecho de que tanto Brasil como Cuba siguiesen desafiando a la Gran Bretaña con la importación de esclavos africanos hasta después de la mitad del siglo demuestra que la poderosa Inglaterra estaba lejos de ser omnipotente en América Latina. Para evitar esta afirmación se puede citar el rechazo brasileño a renovar el tratado comercial con Gran Bretaña de 1827 y el hecho de que, en lugar de acceder a la petición de renovación británica, el Brasil elevó en 1844 las tarifas aduaneras a los productos importados de Inglaterra. Brasil no fue la única nación que se enfrentó con éxito a la prepotencia del imperio británico: las provincias argentinas, que producían algo muy apreciado por los ingleses-cueros-, obligaron en 1848 a la armada británica a retirarse de sus aguas jurisdiccionales y a lanzar una salva de saludo a la bandera argentina.

Con todo su poderío económico y naval, Gran Bretaña fue claramente incapaz de someter a Amér¦ca Latina a un estado de dependencia. La tesis de la dependencia descansa en definitiva sobre la idea de que Gran Bretaña y otras naciones capitalistas avanzadas se confabularon para mantener a las economías latinoamericanas como suministradoras de materias primas sin elaborar e importadoras de productos industriales complejos, perpetuando de esta manera una situación de subdesarrollo relativa, que en realidad era anterior a la independencia (aunque este hecho se suele olvidar).

Evidentemente, los medios empleados para conseguir este resultado pueden ser mucho más sutiles que el simple recurso a la fuerza bruta, y podían haber sido utilizados de hecho casi inconscientemente. Se ha sugerido, por ejemplo, que la noción de capital es la de algo ligado al centro, o &laqno;núcleo», de una zona geográfica, a la cual regresa después de haber hecho incursiones en las áreas &laqno;periféricas». El hecho de que el dinero afluya hacia las zonas de alta productividad, muchas de las cuales parecían estar localizadas en torno al norte del Atlántico a comienzos del siglo diecinueve, da a la idea ciertos visos de credibilidad. Sin embargo, la argumentación que supone que el centro podría destinar cierto capital a la explotación de oportunidades rentables a largo plazo, empleándolo en el desarrollo de otras partes del mundo, para terminar repatriándolo a las zonas de origen-la comunidad del norte del Atlántico-es algo que no resiste el análisis histórico.

La mejor explicación de lo que sucedió realmente tal vez reside en el poder de atracción de las ideas y de la forma de vivir de los países del norte del Atlántico sobre los políticos latinoamericanos. Los líderes de la sociedad latinoamericana deseaban una estrecha colaboración económica, y de todo tipo, con británicos, franceses y norteamericanos, y creyeron que la exportación de materias primas era la forma más fácil de conseguirlo, aunque en la práctica no resultase tan sencilla. Las relaciones económicas particulares de Latinoamérica con el resto del mundo recibieron el reconocimiento, e incluso la entusiasta aprobación, de la mayoría de los latinoamericanos acomodados de la época independentista. El que este tipo de relación fuese oportuna o no es, evidentemente, otra cuestión, y como se sugiere en los siguientes capítulos de este libro, estas relaciones tuvieron tanto efectos positivos como negativos para el desarrollo de cada país en concreto.

En cualquier caso, los movimientos de capitales y de otras formas de riqueza de unos países a otros son una constante histórica, independiente de criterios viscerales, y condicionados sólo transitoriamente por cuestiones políticas. Ninguna conspiración geográfica o cultural determinó la afluencia de dinero desde la cuenca del Mediterráneo hacia el Báltico y el norte del Atlántico o, más recientemente, hacia el norte del Pacífico. En América Latina, la afluencia de capitales y su acumulación dentro de la zona se vio limitada durante la primera mitad del siglo diecinueve por la baja productividad. Echar la culpa de su situación de &laqno;subdesarrollo» a los imperialistas extranjeros es gratuito; las rezones hay que buscarlas dentro de la propia región, en su geografía-la localización de sus recursos naturales y los asentamientos escogidos por su población-y, especialmente, en las instituciones y en las costumbres de su pasado colonial que persistieron.

Sociedad y desarrollo económico

La colonia española más productiva al final del peroido colonial era México, cuya renta per cápita en 1800 era aproximadamente la mitad de la de Estados Unidos. El coste para México de su pertenencia al imperia español-impuestos enviados a Madrid y beneficios perdidos por la política imperial de restricción del comercio se ha calculado en el 7,2 por ciento del volumen total de bienes y servicios de la colonia a principios del siglo diecinueve. Una cargo mucho mayor debió suponer para el México colonial su propia geografía: altas cordilleras, ausencia de ríos navegables que uniesen las diferentes áreas de producción, mercados locales apartados de los puertos oceánicos, lo que suponía importantes costes de distribución interna y, como consecuencia de todo ello, una repercusión elevada de los costes laborales sobre los productos consumidos o exportados y una productividad necesariamente baja. Sin estos condicionantes geográficos, y ceteris paribus, la productividad mexicana de 1800 debería haber sido aproximadamente igual a la de los Estados Unidos. John H. Coatsworth especula de la siguiente manera sobre lo que podría haber sucedido si México hubiese estado dotado con un sistema fluvial como el que existía en la costa este de los Estados Unidos: &laqno;Todos los demás factores no eran, evidentemente, iguales. El gobierno virreinal podría haber decidido establecer impuestos aduaneros internos (alcábalas) para compensar la reducción de los costes de transporte. O Madrid podría haber ordenado al gobierno colonial que denegase el permiso de instalación a los empresarios que deseasen aprovecharse de la reducción del coste del transporte, y que estuviesen dispuestos a invertir en nuevas actividades productivas. O la corona podría haber decidido hacer del transporte un monopolio real (un estanco, desde el cual estancar) y controlar la oferta de transportes cobrando tarifas elevadas. O el Consejo de Indias podría haber solicitado al rey que protegiese a la población indígena, prohibiendo que fuese empleada en la producción de mercancías que fuesen vendidas en lugares lejanos. O, después de múltiples procesos y recursos legales que hubiesen durado varias décadas, la Audiencia podría haber fallado en favor de las peticiones de los arrieros, carreteros o posaderos, ordenando que todos los barcos, balsas y canoas de la colonia tuviesen que pertenecer a los arrieros, carreteros y posaderos que se hubiesen registrado formalmente y que hubiesen accedido a prestar al rey diez mil pesos».

Medidas como éstas fueron efectivamente adoptadas en diferentes momentos y en muchas partes de Hispanoamérica durante el periodo colonial y, en menor medida, también en el Brasil portugués. El marco institucional en el que tuvo que desenvolverse la actividad económica en la mayor parte de la América Latina colonial no incentivaba precisamente las mejoras de productividad. Aunque los plantadores, los que explotaban las minas y otros empresarios del periodo colonial fuesen tan capaces diligentes y decididos como sus colegas de cualquier otra parte del mundo, como han demostrado recientes estudios en este sentido, tuvieron que operar en un entorno altamente politizado, en el cual sus decisiones, aunque fuesen económicamente racionales, tenían que estar necesariamente influidas por consideraciones ajenas a la lógica del mercado.

La independencia dio a los países latinoamericanos acceso directo a los mercados in ternacionales , aunque esto no modificó radicalmente la organización de sus economías internas. Ni Madrid ni Lisboa podían ya negar ninguna autorización a los empresarios que estuviesen dispuestos a aprovechar las nuevas oportunidades, pero la capital mexicana, Lima o Río sí podían hacerlo, y lo hicieron. Se suprimieron algunos monopolios, pero se mantuvieron otros, y también se crearon otros nuevos después de la independencia. El Consejo de Indias español perdió su autoridad para proteger a los indios americanos, pero el paternalismo continuó practicándose por parte de la Iglesia católica y por algunos gobiernos postindependentistas. Desaparecieron los altos tribunales coloniales, y muchos gremios-especialmente los controlados por españoles o portugueses-fueron suprimidos, aunque se siguieron interponiendo peticiones de privilegios ante los nuevos cuerpos administrativos y judiciales, con sentencias que a menudo confirmaban los privilegios corporativos anteriores y que fallaban en contra de los intereses globales de la nación. Los préstamos forzosos, los cohechos y la introducción de enmiendas legislativas que establecían &laqno;excepciones» pactadas eran, si acaso, más frecuentes ahora que antes de la independencia.

Latinoamérica, por lo tanto, hizo una aplicación selectiva de la doctrina económica liberal. Se declaró a favor de un comercio internacional sin restricciones, pero no suprimió las taritas aduaneras, ni mucho menos actuó, ni siquiera aceptó, la crítica planteada por Adam Smith contra los monopolios nacionales, los precios y salarios regulados, los arbitrios interiores, la vinculación de las tierras, las manos muertas y los sistemas de trabajo forzoso. Para algunos-aquellos a los que se podría etiquetar como &laqno;conservadores» la utilidad del liberalismo económico terminaba con la eliminación de los intermediarios españoles y portugueses en la importación y la exportación. El llevar el liberalismo más allá podría debilitar la estructura de la sociedad corporativista hispánica, que, en mayor o menor medida, los conservadores deseaban mantener. La supervivencia del régimen tradicional de privilegios corporativos requería, entre otras cosas, la perpetuación del sistema de inalienabilidad de los bienes raíces de la familia, de los municipios y del clero; la garantía de precios &laqno;razonables» y de salarios &laqno;justos»; y la posibilidad de obligar a trabajar a los obreros cuando no estaban dispuestos a ello a los salarios acostumbrados. En lo que se refiere a la recaudación de impuestos interiores, incluso los liberales-que en la mayoría de los grandes países latinoamericanos se inclinaban por el federalismo-estaban dispuestos a admitirlos como un medio cómodo para financiar a los gobiernos locales o provinciales, especialmente en el caso de los que controlaban­ ellos. Lo mismo se podía decir a escala nacional, donde se mantuvieron instituciones teóricamente indefendibles, como el monopolio estatal del tabaco, que fue aceptado como una fuente segura de ingresos tanto por los gobiernos conservadores como por los liberales. Las restricciones internas sobre el comercio no serían nada fáciles de eliminar en América Latina.

Se puede asegurar que antes de que empezasen las luchas por la independencia ya existían en algunas colonias movimientos a favor de una economía de tipo liberal. El ayuntamiento de la ciudad de Buenos Aires no quiso retractarse, a pesar de las fuertes presiones recibidas, y rechazó en la última década del siglo dieciocho la concesión de privilegios especiales a la cotradía de los zapateros. La periférica Buenos Aires, en contra de lo que sucedía en los principales centros virreinales, nunca experimentó el sistema monopolístico de los gremios. Asimismo, al no tener minas de plata y haber muy pocas indios en su territorio-excepto en Paraguay- las llanuras de Río de la Plata no vieron cómo se hacían reclutamientos coactivos de trabajadores en su zona; algo que era corriente en Perú y en México. Algunos trabajos eran realizados por esclavos traídos de Africa, pero casi inmediatamente después de la ruptura con España, el gobierno de Buenos Aires prohibió la importación de esclavos africanos, en 1812, y procedió a una emancipación progresiva, declarando libres a todos los niños nacidos después de 1813 de madres esclavas. Medidas similares se fueron tomando en otros países hispanoamericanos, bien durante la guerra de la independencia o bien en la década siguiente, lo que anunciaba la eliminación de la esclavitud de los negros, que se produjo a mediados de siglo.

Por supuesto, la población indígena había suministrado tradicionalmente casi toda la fuerza laboral de la América hispana. Ligados a sus aldeas por los derechos inalienables de sus tierras comunales, los indios fueron sometidos durante el régimen colonial a una especie de tributo, o impuesto de capitación, que tenían que pagar en efectivo a sus señores españoles. Cuando las exigencies de pagar el tributo en dinero no conseguían el número necesario de trabajadores indígenas, los indios eran reclutados a la fuerza para trabajar en la construcción de caminos, en las plantaciones y en las minas. Con la independencia, el tributo individual y las levas laborales fueron formalmente abolidos en la mayoría de Hispanoamérica. La base legal para esta coacción, las obligaciones del pueblo conquistado, fue destruida conjuntamente con todo el sistema colonial. Los conservadores hispanoamericanos coincidían generalmente con sus compatriotas liberales-por lo menos en principio-en que era deseable eliminar el tributo indígena y las levas laborales. De hecho, la utilización de esta última práctica había ido disminuyendo durante los últimos años del periodo colonial, en la medida en que los patronos habían recurrido cada vez más a otras fórmulas para asegurarse la disponibilidad de mano de obra, como era el endeudamiento del peonaje. Algunos llegaron incluso hasta ofrecer salarios aceptables; en México, después de todo, la industria minera se había basado casi siempre en el trabajo voluntario. Sin embargo, aunque algunas de estas formas legales fueron abolidas, costó mucho que desapareciese el trabajo forzoso en América Latina durante el periodo postindependentista; por supuesto, la esclavitud siguió en aumento en el Brasil y en la colonia española de Cuba. En los sitios en los que la esclavitud era proscrita, los patronos latinoamericanos encontraron otras fomas, ilegales o extralegales, para forzar a la gente a trabajar. La gran diferencia consistía en que desde la separación de España y Portugal, la coacción tenía un origen exclusivamente interno; ni se generaba ni se dirigía desde el extranjero.

El sistema colonial había durado tres siglos porque el pueblo latinoamericano había aceptado por lo general su organización corporativista, y porque consideraba justo el sistema judicial que lo arbitraba. El sistema corporativista colonial reconocía oficialmente los privilegios respectivos de cada grupo, y éstos autorregulaban sus propios intereses, renunciando a discutir sus fricc¦ones directamente, y acudiendo para solventarlas a los jueces reales. La confianza en que sus decisiones-aunque las sentencias podían tardar años en llegar-preservarían la continuidad de sus privilegios dotaba de estabilidad a todo el sistema. Aquellos que proponían cambios que pudiesen erosionar estos privilegios muy probablemente perderían sus demandas ante los tribunales. Durante el final del periodo colonial, las comunas de los indios hispanoamericanos consiguieron defender muy bien sus tierras frente a los abusos de algunos intrusos que pretendían arrebatárselas. Sin embargo, algunos indios consideraron ventajosa la propiedad individual de la tierra, y con el apoyo de los jueces reales, ya antes de la independeneia, se inició un lento proceso de parcelación de las posesiones comunales con el fin de que se distribuyeran como lotes de propiedad privada. La tendencia se aceleró después de la independeneia, en cuanto se incluyó el derecho a la propiedad privada en las constituciones de los nuevos países-las cuales, no obstante, no suprimían el derecho a los bienes comunales. En cualquier caso, todas las partes seguían considerando al gobierno como árbitro de los cambios.

La mayoría de los nuevos gobiernos-débiles, inestables y sacudidos por contiendas civiles-eran incapaees de resolver estos problemas. Aunque el derecho a la propiedad estaba teóricamente garantizado en el momento de la independencia, tuvo que pasar otro cuarto de siglo antes de que, incluso en las naciones más consolidadas, se promulgasen códigos civiles y reglas sobre la organización y utilización de la propiedad privada. Mientras tanto, los administradores de los bienes tenían que actuar en el marco de las incertidumbres legales del sistema antigno, además de con la incapacidad de los nuevos tribunales para hacer cumplir las sentencias que dictaban.

Puesto que cualquier cambio del sistema productivo era contemplado como perjudicial por uno de los intereses corporativistas establecidos, los empresarios tenían que buscar el amparo-por medio de argumentos, por la fuerza, o con sobornos-no sólo de los jueces y de los burócratas, sino también de los que mandaban sobre las fuerzas armadas, ya que éstas podían ser fundamentales a la hora de ejecutar las decisiones políticas y judiciales, sobre todo en sociedades donde el hábito de obedecer a la autoridad civil se había deteriorado seriamente. la independencia, pues, trajo consigo nuevas dimensiones de corrupción y de coacción en la mayoría de los países latinoarnericanos

La infraestructura financiera de Latinoamérica, manifiestamente deficiente como soporte empresarial durante el periodo colonial, mejoró ligeramente en los años que siguieron a la independencia. Antes de 1808 no existía ningún banco en toda América Latina. Desde esa fecha hasta mediados de siglo, no hubo ninguna institución pública, en Brasil y en Cuba, que aceptase depósitos y que concediese préstamos comerciales que no tuviese una existencia efímera. En el resto de Latinoamérica, los productores sólo disponían de las fuentes tradicionales de financiación: comerciantes, intermediarios, cofradías o gremios y, especialmente, la Iglesia católica y sus organizaciones afines. El arzobispado de México era, en la década de 1840, según palabras de un visitante procedente de los Estados Unidos: &laqno;la mayor compañía prestamista e inversora de México».

La archidiócesis tenía inmuebles y efectivo-acumulados durante años a base de donaciones de la corona y de legados de sus fieles-que alquilaba en condiciones ventajosas para favorecer a quien quisiese y prestaba a un interés anual del seis y medio por ciento. Los conventos y monasterios también disponían de propiedades que arrendar y de dinero que prestar, no solo en México, sino en muchas zonas de América Latina, incluido Brasil. Lo mismo sucedía con las órdenes terceras de seglares-cofradías en Hispanoamérica, irmandades en Brasil-que eran asociaciones de servicios de orientación religiosa y sociedades de ayuda mutua, adscritas a una diócesis o a una orden religiosa, y en ocasiones identificadas con cierto tipo de oficio o de comercio. Las cofradías, como otras ramas de la iglesia, aceptaban regales, pero no depósitos; criterios religiosos, así como el desco de promover los intereses colectivos de la cofradía y el bienestar individual del prestatario, influían necesariamente en la concesión de préstamos. Sin duda, los criterios religiosos sobre lo que era justo y honorable constituían el sustrato ideológico de la sociedad tradicional.

Clases sociales y grupos de presión

La sociedad colonial latinoamericana no estuvo formada por un rígido sistema clasista o de castas, como tampoco lo estuvieron las nuevas naciones independientes. En qué familia se nacía tenía importancia, pero no era el único factor determinante. Los indios nacidos dentro de un poblado comunal podían encontrar que los derechos que les proporcionaba su nacimiento les planteaban más inconvenientes que ventajas, por lo que renunciaban a ellos y se trasladaban a otros asentamientos no comunales, o a trabajar en pueblos o ciudades a cambio de un salario. De forma parecida, los vástagos de los terratenientes blancos que no podían confiar en una herencia importante solían abandonar la hacienda familiar o la plantación en busca de oportunidades en otros lugares. Los niños de diferentes extracciones sociales y étnicas entraban como aprendices en los gremios de artesanos, pero sólo unos pocos lograban alcanzar la categoría de maestro. Los esclavos negros permanecían como tales a no ser que sus propietarios los redimiesen, cosa que ocurría de vez en cuando. Los negros que se cruzaron con los indios libres o con los blancos pobres contribuyeron a la formación de una gran población flotante afro­latinoamericana cuyos miembros podían aspirar a servir en la milicia colonial o en los ejércitos postindependentistas. Incluso el sacerdocio, por lo menos en sus niveles más bajos, estaba abierto a todos los hombres mínimamente educados, con independencia de la mezcla de su sangre, y esto tanto en la América española como en la portuguesa.

Para poder progresar era muchas veces indispensable el patronazgo de los parientes o de los amigos de la familia. El concepto de familia era más amplio y más complejo que el ideal establecido por la familia­nuclear victoriana. Los hijos ilegítimos vivían a menudo junto a los descendientes legales bajo el mismo techo, y en ocasiones los primeros eran más favorecidos que los segundos. Una esclava negra podía engendrar un hijo mulato, destinado a recibir una gran finca o a poder ejercer una profesión. En ausencia de parientes de sangre influyentes, los padrinos-cuidadosamente escogidos por los progenitores entre personas de un estrato social superior al suyo-podían conseguir un empleo remunerativo para su ahijado, o un matrimonio ventajoso para su ahijada.

Pero ni el sistema de padrinazgo-compadrazgo-ni todo el cúmulo de salvaguardas colectivas ideadas por la sociedad latinoamericana podían, evidentemente, proporcionar una seguridad total frente a las catástrofes -contra los desastres provocados por el fuego, las inundaciones, las sequías, la guerra civil, la mala suerte o la mala administración. El ganado se moría o lo robaban, las cosechas se malograban, las hipotecas eran ejecutadas y la propiedad de las tierras cambiaba de manos. Algunos perdían propiedades y otros las ganaban. En la sociedad latinoamericana hubo más movilidad-en ambas direcciones-de lo que se piensa normalmente. Las mujeres legales de los grandes terratenientes podían ser madres de aparceros o de pequeños agricultures. En este sentido, el predominio masculino fue mucho menor de lo que pudiera sugerir el convencional &laqno;machismo» latinoamericano. Las mujeres de las clases altas tenían mucha más categoría social que los hombres de las clases bajas, y en algunas comunidades las mujeres de las clases bajas eran normalmente las que mandaban en los hogares. Las mujeres eran las que administraban las propiedades rurales, y en las zonas urbanas regentaban tabernas, tiendas de alimentación y otros establecimientos de servicios y distribución. Hasta las monjas, desde detrás de los muros de los conventos, hacían transacciones inmobiliarias, comerciaban con esclavos y dirigían la producción y venta de productos de panadería y confitería.

Aunque el espíritu de libre empresa estaba vivo en la sociedad tradicional latinoamericana, la supervivencia del espíritu corporativista limitó las oportunidades de las inversiones productivas, desincentivó el ahorro y retrasó la aparición de la &laqno;clase» capitalista. La empresa se canalizaba reiteradamente hacia actividades poco productivas, teniendo que maniobrar continuamente para eludir las exigencias de la ley y de las reglamentaciones, concebidas para conservar y aumentar los privilegios personales o de grupo, y para contener o reducir los de los demás. Resulta difícil aplicar el análisis de clases a este proceso, que era esencialmente una lucha por conseguir ventajas individuales dentro de un entorno muy poco favorable. Aparte de los comportamientos no económicos, un individuo racional debería actuar con ánimo de maximizar su propia utilidad, tanto si ello significa defender los intereses de una industria, de una actividad comercial o profesional, de una ciudad, una región, un país, una familia, un clan o una clase social. Las exigiencias de esta última no anulan necesariamente las del resto de los objetivos mencionados.

Si el coneepto de clase se define estrictamente, como las relaciones de un individuo con respecto a los medios de producción, no sirve para explicar adecuadamente la dinámica de la sociedad tradicional latinoamericana. Por el contrario, si el término clase se utiliza para diferenciar a distintas categorías de personas, que se agrupan entre sí por afinidades y que se reconocen como iguales, el criterio de diferenciación debe establecerse más por cuestiones de consumo que de producción. En este caso, es la cantidad y la calidad de los bienes y servicios que consume una persona lo que determina fundamentalmente su pertenencia a una clase. La herencia puede desempeñar un cierto papel, pero un individuo nacido en el seno de una clase elevada que no mantiene cierto nivel de consumo corre el riesgo de descender a una clase inferior. De la misma forma, una persona nacida en una clase baja puede adoptar un patrón de consumo superior y elevarse dentro de la escala social, mediante mucho trabajo, obteniendo prebendas o incluso robando. Por encima de los esclavos y de los que mantenían un mero nivel de subsistencia, las decisiones sobre si se quería ahorrar o consumir eran tomadas en América Latina a nivel personal, y de forma completamente libre. Sin embargo, en ausencia de oportunidades de inversión productiva-que era el caso normal-la elección racional era la de consumir. Este modelo de estructura de clases refleja mucho mejor la realidad de la sociedad latinoamericana y explica la movilidad social dentro de ella. El que los latinoamericanos se orientasen preferentemente hacia el consumo no fue consecuencia de algún tipo de característica racial o de colectivo, sino de la ausencia de alternativas durante el colonialismo ibérico-una ausencia que persistiría mucho tiempo después de la independeneia.

Hubo una alta correlación en América Latina entre clase social y raza, con los blancos tendiendo hacia niveles de consumo altos, y los negros -muchos de ellos esclavos-con niveles de consumo bajos. Los indios, cuyas oportunidades eran inferiores a las de los blancos, se situaban en el límite inferior de la escala de consumo. Por su parte, los individuos con mezcla de sangres disfrutaban de pocos privilegios, si es que conseguían alguno, ya que éstos se otorgaban básicamente en función de la pureza de raza. Como ya se ha dicho anteriormente, la discriminación racial fue proscrita legalmente en toda América Latina con la separación de España y Portugal. El importante papel que desempeñaron los mestizos en Hispanoamérica durante las guerras de la independencia, y la sensibilidad que demostraron los colonialistas portugueses ante las acusaciones de racistas que regularmente se les dirigían, garantizaron el rechazo del racismo como política oficial de las nuevas naciones. Pero las costumbres discriminatorias no eran fáciles de erradicar, y la correlación entre ricos y blancos, y entre pobres y no blancos, aunque debilitada, siguió existiendo. A pesar de todo, América Latina fue una región mucho más igualitaria después de la independencia que antes de ella. Los indios y los mestizos escalaron posiciones de poder en toda la América hispana después de la independencia. Algunos de ellos, como el guatemalteco Rafael Carrera, apoyaron la conservación de la estructura colonial corporativista, aunque sin su sesgo racial; otros, como el mexicano Benito Juárez, acometieron a fondo reformas liberales para modificar esta estructura. Los blancos, por su parte, se podían encontrar en ambos grupos, tanto entre los pobres como entre los ricos.

Tiene muy poco fundamento reducir la historia latinoamericana del siglo diecinueve a una simple lucha entre las élites y las masas. Mientras las últimas eran fáciles de identificar-aquellos que consumían poco o nada que fuese más allá de lo necesario para su propia subsistencia-no resulta tan sencillo hacer generalizaciones sobre sus intereses de clase, que variaron en el tiempo, en el espacio y dentro de cada región y periodo de tiempo. Las masas estaban formadas por diferentes grupos de intereses. Esto no era menos cierto de las élites, a las que un historiador ha identificado como &laqno;aquellos que controlaban las instituciones gubernamentales, el comercio, la banca, la agricultura y las artes latinoamericanas del siglo diecinueve». La definición es evidentemente correcta, pero poco clarificadora; se ignoran los orígenes distintos de los miembros de las élites, muchos de los cuales procedían de las masas. Aparte de los generales y caudillos mestizos, cuyo poder y riqueza fueron conseguidos por medio de sus actividades militares, se pueden citar hombres de orígenes humildes que alcanzaron gran relevancia: políticos civiles, como Juárez; algunos de los poetas latinoamericanos más celebrados, escritores y compositores; así como el financiero brasileño más preeminente de mediados del siglo diecinueve, el barón de Mauá. Tiene poco sentido afirmar que esta gente había sido cooptada por las élites, o que fueron sus representantes o sus hombres de paja; ellos fueron de la élite, sea cual sea el criterio que se aplique para definirla, excepto el de la cuna. El concepto de élite como un simple grupo de presión, con intereses dominantes-autosuficiente y capaz de perpetuarse a sí misma, conspiradora y embarcada en una permanente lucha de clases contra las masas-, es peor que inútil. El término élite es muchas veces un débil pretexto para disfrazar la pobreza conceptual; el rigor intelectual exige que el término sea abandonado y sustituido por designaciones más precisas , como las de &laqno;plantadores de caña», &laqno;importadores de tejidos» o &laqno;altos dignatarios eclesiásticos». El enfrentamiento no se produjo realmente entre las élites y las mesas, sino entre grupos de intereses, cuyos miembros se encontraban en todas las clases sociales.