LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL AMBITO LOCAL: LOS JUZGADOS DE PAZ EN LA REGION ANDINA.

Lic. Graciela N. Suárez

Centro Regional Zona Atlántica
Universidad Nacional del Comahue
E-mail : gnsuarez@uncoma.edu.ar

INTRODUCCION

La justicia de paz en los Territorios Nacionales era el ámbito local de la aplicación de las normas impuestas por las leyes de organización territorial, el Código Rural y las disposiciones del ejecutivo territoriano. Es abordada en este trabajo desde las interrelaciones que se establecen a partir de sus prácticas. Así nos hemos propuesto conocer su funcionamiento en cuanto a su estructuración y formalización: quiénes son los funcionarios a cargo de su ejercicio, cómo llegaban a esos cargos, quiénes los apoyaban, a través de qué mecanismos ejercían la justicia y qué conflictos surgían en la concreción de su práctica, cómo se consolidaba su accionar en la implementación efectiva de las normas que reprimen los comportamientos socialmente peligrosos.
Relaciones de poder capilarizadas, representadas en instituciones y concretadas en prácticas sociales locales, específicas de una realidad,  por ello las analizamos en su contexto: la región andina del Territorio del Río Negro en el período inicial de la conformación de las instituciones estatales (1890-1920), de la ocupación del espacio y de la estructuración de su población, con la particularidad de su vecindad fronteriza con Chile y la facilidad de tránsito entre ambos países.
Las fuentes utilizadas pertenecen al Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro, a sus secciones: policía, justicia y hemeroteca y al Archivo Histórico Regional de Bariloche. En este trabajo no hemos podido trazar el perfil de quienes eran pasibles de sanciones por contravenciones, como lo habíamos planteado originalmente, dado que la consulta de los Pronturarios Policiales existentes en la Jefatura de Policía, por problemas transitorios de organización, no se pudo realizar.

AREA DE ESTUDIO

A partir de las dos últimas décadas del siglo XIX, la región andina rionegrina recibió de Chile los primeros aportes de población blanca. Uno de estos primeros pobladores, Carlos Wiederhold, instaló un comercio, “Don Carlos”, en lo que es hoy la planta urbana de San Carlos de Bariloche. 
La actividad comercial se orientaba referentemente a Chile, por los boquetes cordilleranos: Puyegue, Perez Rosales y Cochamó, que según testimonios de la época  “aumenta día a día el tráfico y conjuntamente con él el robo de hacienda y la evasión de delincuentes” También se fueron instalando pobladores provenientes de otros lugares de la Argentina, dando origen a un pequeño poblado que comenzó a ser llamado San Carlos, que pasó de 14 casas en 1897 a unas 50 en 1904 “todas construidas de madera de coyhue o ciprés, altas, bien ventiladas y con su frente en su mayoría hacia el lago” (Marimon, Jose:1904: 61-69). En 1901  todo el Departamento registra: 60 familias, 50 casas de alguna importancia y unas 800 personas, según datos del censo. Al año siguiente el Gobierno nacional creó la colonia pastoril Nahuel Huapi y en 1902 hizo una reserva para el pueblo en el paraje San Carlos.
Las trabas aduaneras impuestas en 1911 por el gobierno nacional, significaron un duro golpe para la economía de la región, basada en la cría de vacunos y ovinos junto con la explotación de bosques. Actividades que  le permitían exportar a Chile ganado en pie, lanas, maderas e importar manufacturas a precios mucho menores de los que podía adquirir en el país.
A fines del siglo XIX el almacen de Wiederhold, que se había convertido en la casa de comercio más importante, fue vendido a la firma Hube y Achellis, posteriormente, en 1904, adquirido por la Cía. Chile Argentina, disuelta en 1917 y comprada por Primo Capraro y  Ricardo Roth.
Hasta 1915, administrativamente la región integró el Departamento Bariloche (con una superficie de 26570 km2). Ese año, con la nueva división departamental dispuesta para todo el territorio, la superficie de la región andina es dividida en tres departamentos: Pilcaniyeu, Ñorquinco y Bariloche.
Los Censos Territorianos de 1912 y 1920 nos informan de la evolución de su población:

POBLACION URBANA Y RURAL DE LA REGION ANDINA. AÑOS 1912, 1920
Región Andina
Departamentos	1912
Urbana	1920
Rural	1920
Urbana	1920
Rural	Total	
Bariloche	1649	      3593			5242	
Bariloche			1333	1576	2909	
Ñorquinco			510	1671	1161	
Pilcaniyeu			224	755	979	
Fuente: Censos del Territorio de Río Negro, años 1912 y 1920.
Elaboración propia.

Hacia 1920 el mayor núcleo urbano era San Carlos de Bariloche con 946 habitantes, le seguian: Ñorquinco (510 habitantes), El Bolsón (387 habitantes), Pilcaniyeu (95 habitantes), Comallo (91 habitantes).

 LA ORGANIZACIÓN TERRITORIANA.

En el territorio del Río Negro, una de las entidades político - administrativas surgidas en virtud de la ley 1532 de 1884, el poder ejecutivo era ejercido por un gobernador, nombrado con aprobación del Senado. La justicia estaba a cargo de un Juzgado Letrado, con sede en Viedma y jurisdicción en todo el ámbito territoriano, mientras que  en lo local era representada por jueces de paz, elegidos por el voto en aquellas localidades que pasaban los 1.000 habitantes, en caso contrario eran nombrados por el Ejecutivo Nacional a propuesta del gobernador. Los concejos municipales eran electos en aquellos centros urbanos que contaban con más de 1.000 habitantes.
 La institución policial estaba representada por la Jefatura de Policía, institución centralizadora, y las comisarías, subcomisarías, destacamentos, extensiones locales de ese cuerpo. El sistema se conformaba de dos cárceles públicas, una en Viedma y otra en Choele Choel.

LA JUSTICIA DE PAZ EN  LOS TERRITORIOS

Estructura

Esta institución local estaba a cargo de un juez de paz, que podía ser reemplazado por un suplente, en caso de excusación, recusación, impedimento, licencia, ausencia, falta o muerte, cuyo nombramiento sigue las mismas formas que el titular. 
Junto al juez de paz, titular y suplente, aparecen los tenientes jueces de paz, titulares u honorarios cuyas jurisdicciones eran los distritos, subdivisiones de los departamentos,  según lo disponía el decreto del 19-5-1904 que establecía las divisiones departamentales en distritos y cuarteles, fijando en esa oportunidad para el Departamento Bariloche cuatro distritos: A, B, C, D. Estos además de tener un subcomisario, un juez de paz, podían tener tenientes jueces. Debido a la aparición de este decreto se deja sin efecto los nombramientos de alcaldes y tenientes alcaldes del Territorio realizados con anterioridad. 
Estos tenientes alcaldes cumplían las  funciones de auxiliar  a los jueces y policías, prevenir la perpetuación de delitos, capturar a delincuentes en infragante delito o previa orden y dar cuenta de la perpetración de delito o infracciones, según la resolución del 14-3-1905 de la Gobernación de Río Negro .
Funciones y Atribuciones:
En esta etapa de la construcción del Estado - Nación  se procuró homogeneizar a la población comprendida en territorios delimitados, afectando sus comportamientos, controlando su movilidad e imponiendo una nacionalidad relacionada con el Estado.  En este proceso de construcción del Estado - Nación un aspecto importante es su imposición sobre la población, en él la justicia de paz conjuntamente con otras autoridades, cumplía un papel fundamental.
La ley de organización de los territorios nacionales (Ley 1532/1884) puntualiza los asuntos en los cuales los jueces debían resolver: causas civiles y comerciales, cuando el valor cuestionado no excedía los $ 300 (pero no en juicios sucesorios o concursos de acreedores), en demandas por desalojos cuando no medie contrato escrito y en las reconvencionales, siempre que su valor no pase de la cantidad fijada como límite en su jurisdicción. Cuando las partes reconozcan la existencia de un contrato y tengan cuestiones relativas a las transacciones del mercado que versen sobre entrega de ganados y frutos sobre fletes de los transportes terrestres y sobre la exactitud de pesas y medidas.
A ellas se les debe agregar la aplicación de las penas establecidas por el Código Rural (Ley 3088/1894), que legislaba sobre las personas y las propiedades rurales en materias tan variadas como marcas, señales, tránsito de animales, guías, división de tierras, caminos, caza, policía rural, control sanitario, régimen de aguas, reuniones públicas, vagancia, juego, embriaguez, desorden, ostentación de armas, etc.. 
Al no legislar el Código Penal sobre las contravenciones, éstas quedaron, en los Territorios Nacionales, en el dominio del Código Rural, los edictos policiales y municipales. Consideradas no tan graves o peligrosas como los delitos, reprimen las conductas que infringen los comportamientos socialmente aceptados. Son ‘transgresiones’  que se castigan por la simple utilidad social: en pro de la convivencia colectiva, para evitar males mayores, para desalentar su reiteración y evitar alterar la seguridad, la paz y el bienestar general. 
Normativas destinadas al disciplinamiento y al control social se concretaban en  disposiciones relacionadas con la prohibición de los juegos de azar, la penalización de la ostentación de armas, la persecusión del alcoholismo,  en el impedimento a las boleadas de guanacos y avestruces, la vigilancia de los sospechosos de vagancia (Código Rural, art. 12, 251,253, 254, 256, Ordenanzas Policiales). También incluía el control y la vigilancia de los lugares considerados peligrosos: reuniones públicas, boliches, prostíbulos y fundamentalmente sobre el grupo social que se mostraba remiso y aún reacio a este proceso de homogeneización de conductas y costumbres. Esto proviene de la noción de estado peligroso, difundida por la escuela italiana positivista (C. Lombroso, E. Ferri y R. Garófalo), a fines del siglo XIX y principios del XX. Esta noción incluye la peligrosidad no delictiva y el estado peligroso delictivo.

Las leyes que organizan el Registro Civil en Capital Federal y los Territorios Nacionales  (Leyes 1565, 31-10-84, y  3703, 31-8-98) disponen que estas funciones estuviesen a cargo de los jueces de paz en los Territorios Nacionales. Así aparece otra atribución sancionatoria a cargo de estos funcionarios,  para toda persona que las contravenga, cuyo castigo consistía en una multa de $ 100 o prisión en caso de insolvencia a razón de un día por cada $4.
Formas de elección de los jueces
Elegidos por voto en los distritos de más de 1000 habitantes, según art. 10 de la Ley 1532/84,  con una duración  de dos años en sus funciones y nombrados por el Gobernador cuando la población era menor (art. 7). Esta última disposición se modificó en 1913 cuando esta facultad la asume el Poder Ejecutivo Nacional (decreto 10-12-1913). En 1919, el decreto del 22-12-19 reglamentó la forma de proveer estos cargos, ratificando el art. 7 inc. 6 de la ley 1522, en cuanto a la facultad del gobernador de nombrarlos, derogando todos los decretos anteriores que cercenaban esta atribución del gobernador.

Procedimiento y sentencias

El  procedimiento era sumario, verbal y actuado, resolviendo a verdad sabida y buena fe guardada, exigiendo, sin embargo, la defensa y la prueba (Ley 1532 y Código Rural).
El Código Rural (Titulo 1, Libro 2) establecía que la policía en ningún caso debía constituirse en Juez y que las penas establecidas en ese código debían ser aplicadas por el juez de paz del distrito a pedido de la Municipalidad, Policía o particulares damnificados. Una nota del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública al Gobernador en 1902  reafirmaba esta disposición al manifestar que las grandes distancias de los centros de población con autoridad judicial y la extensión de la campaña no autorizaban a sustituir la jurisdicción creadas por el Código Rural. Pero diecisiete años más tarde el gobernador suscribe una resolución (25-4-19) autorizando a las comisarías, subcomisarías y destacamentos de policía,  donde no existía juzgado de paz, a la percepción de multas por infracción  del Código Rural.
 En cuanto a las sentencias dadas por los jueces de paz, las que no pasaban los $ 20 eran inapelables al igual que las  dictadas  en causas correccionales. En los otros casos eran apelables ante el Juzgado Letrado del Territorio. Las penas pecuniarias establecidas por el Código, en caso de no ser satisfechas se convertían en arrestos, a razón de un día por cada $5.

LA JUSTICIA DE PAZ EN LA ZONA ANDINA

Jurisdicción y Estructura

Hemos afirmado que la Justicia de Paz era el ámbito local de la justicia, pero en la región estudiada presenta la particularidad de ejercerse sobre una población diseminada, con características de ruralidad y en una jurisdicción territorial muy amplia.
Hasta 1910 la región andina, comprendida en el Departamento Bariloche, tuvo un solo juez de paz. Ese año se creó el juzgado de paz de Comallo (ubicado en Cura Lauquen) y un año después se constituyó otro en Ñorquinco (con asiento en El Bolsón). Esta situación se mantuvo hasta 1915, cuando se da una nueva división administrativa al Territorio de Río Negro (decreto 20-10-15). En virtud de ella el extenso y primigenio  Departamento Bariloche fue divido en  tres Departamentos: Pilcaniyeu, Ñorquinco y Bariloche. En la cabecera de cada  uno de ellos  se ubicaron los juzgados de paz y las sedes policiales: Cura Lauquen, Ñorquín y San Carlos de Bariloche, respectivamente. Esto no significó cambios en la extensión de la jurisdicción de los juzgados pues mantuvieron la que ya tenían como distritos en el antiguo Departamento Bariloche.
Tal como lo disponía la legislación, junto al juez de paz aparecen en los distritos los tenientes jueces de paz. Para el departemento de Bariloche a: Julian Gonzalorena en Cheuqueniyeu (1899), Pedro Elizalde en Comallo (1900), Dionicio Zunzunegui en Pilcanieyeu (1901), Ponciano Domínguez en Ñorquinco (1902), Anacleto Salaverri en El Bolsón (1902) los podemos considerar como los primeros en desempeñar estas funciones y su perfil socioeconómico era muy semejante al de los jueces.

Los jueces de paz

1. Perfil 

Al analizar  al listado de jueces de paz de Bariloche, que ocuparon el cargo entre 1897 a 1924,  se destaca la repetición de algunos nombres por efectos de su reelección: Luis José Pefaure (fue el primero y se desempeñó durante varios períodos: 1897-99, 1914-1924), Eduardo Beovide (1901-1904), Benito Crespo (1904, 1905-1907), Luis Morchio (1907-1909), Rubén Fernández (1909-1912). 
JUECES DE PAZ DE BARILOCHE, AÑOS 1897 A 1924 ()
Apellido y Nombre	Año de Nacimiento	Lugar de Origen	Ocupación	Fecha en cargo	
Pefaure, Luis	1870	Carhue (Bs.As.)	Tropa de carros Ganadero	1897/1898
1899/1900
1914/1924                            	
Rodriguez, Juan	1908	Prov. Bs.As.	Ganadero	1898	
Zunzunegui, Dionisio	1854	Lobos (Bs.As.)	Ganadero (importante)	1900
	
Beovide, Eduardo	1876	Prov.Bs. As.	Policía	1901	
Crespo, Benito	1874/78 ¿?	Patagones (Bs.As.)	Ganadero	1904	
Morchio, Luis	1874	S/d	Empleado	1907/1909	
Fernández, Rubén	1870	S/d	Jefe de Correos. Comerciante	1909/1912	
Fernández, Celso	S/d	S/d	S/d	1913/1914	
Fuente: Tabaré Parsons, Censos y Registros de Población y Actas del Registro Civil.
Elaboración propia. () No constituye la lista completa, pues se incluyeron los nombres de quienes se obtuvieron datos.

 Al cruzar en una base, los datos aportados por los Libros del Registro Civil,  los Censos y Registros de Población fue posible establecer el perfil de estos jueces de paz: todos de nacionalidad argentina y provenientes de la provincia de Buenos Aires, con un promedio de edad de 34 años, en su mayoría propietarios de bienes rurales: tierras/ganado, dedicados a la actividad ganadera, salvo los casos de Beovide y Fernández quienes anteriormente se habían desempeñado como comisario de policía el primero y como jefe de correos el segundo (1903) y Morchio como empleado.

2. La selección de candidatos 

Al no contar con la cantidad de habitantes requerida para ser elegidos por medio del voto, los jueces de paz debían ser nombrados por la autoridad superior. Las condiciones  exigidas por la legislación para ocupar el cargo, se relacionaban con la nacionalidad: argentina, el enrolamiento: servicio militar cumplido, la residencia: vecino arraigado en el lugar, la competencia: saber leer y escribir. 
Ya sea que el nombramiento fuera hecho directamente por el gobernador o por el poder ejecutivo nacional, casi siempre mediaban propuestas de candidatos. Las más comunes se formalizaban en  petitorios firmados por numerosos vecinos. También aparecen indicaciones confidenciales de ciudadanos que lo hacían a título personal o a veces las sugerencias provenían de personas que ocupaban cargos en el gobierno nacional e interponían ante el Gobenador su influencia. En referencia a esto último podemos citar el caso del edecán del presidente que solicitó al gobernador que nombrara juez de paz de Comallo a una persona que define de excelentes antecedentes “criado por mí”, quien es finalmente nombrado. 
La provisión de los cargos de juez suplente se hacía, en casi todos los casos, por sugerencia del propio juez titular.
En cuanto a los numerosos petitorios elevados al Gobernador y Juez Letrado, ya sea solicitando el nombramiento o la reelección para el cargo, las cualidades que  más se mencionan y que se resaltan en la persona propuesta, giran en torno a la:
 Reputación: honorabilidad, honradez, respetabilidad. Méritos que tienen que ver con el acatamiento y respeto de quienes siempre han obrado conforme a la obligación. Ello los hacía acreedores de una buena opinión y reputación entre los miembros de su propio grupo social, constituyéndose en lo bueno y decente de la comunidad y por lo tanto para la autoridad en candidatos convenientes para desempeñar esas funciones.
En cuanto a las aptitudes personales como la competencia, el criterio, la inteligencia era capacidades relacionadas con la preparación que facilitaba una buena disposición para conducirse en las funciones. Saber leer y escribir, conocimiento que sólo unos pocos disponían, se constituía en el requisito más preciado y suficiente, pues permitía conocer la normativa, cuidar de ella y actuar con “sano criterio”.
La referencia a la residencia, la condición de “radicado”, “arraigado” nos remite a quien si bien no es nativo “no es una persona extraña” pues se ha establecido, echando raíces en el lugar  al adquirir bienes y permaneciendo en él.  Este concepto va unido al de vecino: el que ha ganado domicilio en un lugar porque tiene propiedad, capital y por lo tanto contribuye y habita en él desde un tiempo determinado.
Cuando se pide por la reelección, en estos petitorios se remarcan los antecedentes de justicia e incorruptibilidad exhibidos durante el desempeño del cargo. Así se menciona la rectitud, imparcialidad, “respondió a la confianza pública”, “no ha permitido que ciertas personas que teniendo grandes capitales abusen de su posición para aprovecharse de los más débiles o pobres” .
Se estudiaron algunos de estos petitorios, individualizando 102 firmas. De su análisis surgió información interesante:  25 eran hacendados (grandes y pequeños), muchos de ellos compartían estas actividades agropecuarias con las comerciales. Otros ostentaban antecedentes en funciones relacionadas con el accionar del estado: 3 se habían desempeñado como jueces de paz, 3 como alcaldes, 2 comisarios adhonoren, 4 policías, 2 militares, 1 juez paz de Neuquén. En 10 oportunidades aparecen las firmas de gerentes y empleados de la cía Chile - Argentina, 5 comerciantes, 2 carpinteros, 1: herrero, sastre, agricultor, tropero.
Tanto los jueces de paz como quienes aparecen avalando sus nombres, comparten características sociocupacionales semejantes. Además, todos ellos dada su respetabilidad, su posición de propietarios y de residentes participaban de las condiciones alegadas en los petitorios y exigidas por la legislación como garantía de “buen desempeño”. Ello los hacía acreedores de una buena opinión y reputación entre los miembros de su propio grupo social, constituyéndose en “lo bueno y decente” de la comunidad y por lo tanto, para las autoridades en candidatos convenientes para desempeñar esas funciones.

3. Conflictos

En la práctica cotidiana las relaciones entre jueces y alcaldes no siempre se desarrollaron en armonía. Esto se insinúa en un telegrama que envió el juez de paz Beovidez al gobernador solicitándole que les notifique a los alcaldes las funciones que les corresponden, porque al no tener una “sujeción reglamentaria”  entorpecen  más que facilitan la acción de la justicia. 
En cuanto a la jurisdicción, ésta  no siempre fue respetada por la policía, como se refleja en un conflicto que plantea el juez de paz de Bariloche en 1909 ante el Gobernador. Aquel se consideró lesionado en sus facultades cuando la policía le envió tres detenidos por infracción del artículo 251 del Código Rural (estado de embriaguez y escándalo) sin los sumarios correspondientes y disponiendo las multas que debía cobrar, recordando que la policía debe detener y poner a disposición del juez, quien “juzgará”. 

El accionar del juzgado

La amplitud de las funciones de los jueces asombra, ya que por su arbitrio pasaba la inscripción de matrimonios, nacimientos, defunciones. La extensión de la jurisdicción los llevaba muchas veces a trasladarse a lugares alejados de sus sedes habituales para efectuar matrimonios  o recibir testimonios de enfermos sobre el otorgamiento de testamentos. En otros casos, siguiendo las órdenes del Juez Letrado, disponiendo los bienes de una sucesión o procediendo al desalojo de ocupaciones rurales . A ello se le agregaba la extensión de guías de campaña, patentes comerciales y la aplicación de disposiciones del Código Rural y de las Ordenanzas Policiales.
De esta amplitud de atribuciones, desarrolladas en un espacio donde predominaban las relaciones “cara a cara”, en una etapa tanto de conformación social como de estructuración administrativo - jurídica de la región, se derivaban numerosos conflictos ya sea con deudos por procederes en la gestión testamentaria, con afectados por desalojos o aquellos originados por la aplicación de multas a empresas poderosas. Además, estaban las disputas con los jueces suplentes  o los problemas jurisdiccionales con otros jueces. También fueron numerosos los enfrentamientos con vecinos, que a veces involucraron amenazas, injurias, denuncias de abusos de autoridad, de complicidad con la autoridad policial, de parcialidad a favor de empresas poderosas.
Las sanciones aplicadas por los jueces de paz de esta región,  que fueron posibles rastrear, se relacionan con las infracciones estipuladas por el Código Rural y las Ordenanzas Policiales. 
La información sobre estas contravenciones fue obtenida por fuentes indirectas, además, no es completa pues sólo registra a los infractores que pagaron multa, incluye  los años 1913-1920 y no abarca todos los meses.

 CONTRAVENCIONES AL CODIGO RURAL (CR) Y ORDENANZAS POLICIALES (OP) MAS FRECUENTES EN LA REGION ANDINA ENTRE  LOS AÑOS  1913-1920. 
AÑOS Y CANTIDAD DE MESES	
TIPO	1913(3)	1914(7)	1915(4)	1916(6)	1917(5)	1918(6)	1919(11)	1920(11)	TOTAL	
248 CR	2	-	-	1	7	-	2	3	15	
251 CR	3	46	8	7	5	17	25	71	182	
255 CR	2	4	-	5	2	2	8	15	38	
S/D					12	5	-	-	17	
Otras CR	6	1	3	2	3	6	4	15	40	
1 OP	-	-	-	5	2	15	5	22	49	
TOTAL	13	51	11	20	31	45	44	126	341	
Fuentes: Boletines Oficiales de la Gobernación de Río Negro, periódico La Nueva Era.
Elaboración propia.

La frecuencia de este tipo de infracciones, dentro de los totales de la estadística criminal, es importante. En 1909, según el Cuadro Estadístico de la Jefatura de la Policía, las infracciones al Código Rural constituían el 68% de los totales de delitos e infracciones  registradas en el  Departamento Bariloche, mientras que para todo el territorio de Río Negro eran del 61% (en 1904 el territorio había registrado 63%).
Los porcentajes  de las contravenciones en relación al de los delitos son más elevados, circunstancia  coincidente  con los datos que presenta el resto del país y aún del mundo en esa época (Ruibal, B.:1993: 26).
Las características ya descriptas acerca de la  información que manejamos para la zona andina, no nos permitió construir series y por lo tanto no fue factible un análisis cuantitativo, pero si posibilitó conocer la orientación de las sanciones. Las más frecuentes  corresponden al artículo 251 del Código Rural: “aparecer en parajes públicos en estado de embriaguez, profiriendo gritos, insultos o promoviendo escándalo”, correspondiéndole el pago de una multa de $5 y $10 por reincidencia. El artículo 1, inc. a  y b de las Ordenanzas Policiales también tenía que ver con la represión de la ebriedad y el control del expendio de bebidas alcohólicas, con multas de $ 5 y $ 10.
Con mucho menos frecuencia aparece otras  dos, también del Código Rural,  una es la  que fija el artículo 255 para aquel que “con miradas hostiles o en medio de una disputa o con el fin de producir escándalo o desorden, sacase armas”, en este caso la multa era de $ 50 e incluía la pérdida del arma. La otra, estipulada en el artículo 248,  penaba  la celebración de reuniones públicas sin aviso a la policía con una multa de $ 10. 
Esta presencia mayoritaria de la contravención por ebriedad coincide con lo que registra la estadística a nivel nacional (Ruibal, B.:1993:27). La preocupación por el control  de la ebriedad esta presente en numerosas disposiciones sancionadas por las autoridades nacionales y el gobierno territoriano. Así, en 1892 un decreto del gobierno rionegrino  determinaba que la ebriedad se castigara exclusivamente con la detención (se extendía a la vagancia, desorden, atentados) derogando las penas pecuniarias establecidas por Disposiciones Policiales, decisión que resultó transitoria. Otras  disposiciones, que aparecen en 1908, 1913, 1920,  fundamentándose en sus considerandos en el incremento de los delitos y en la defensa de la normalización de las costumbres, sobre todo entre los indígenas, tratan de controlar los negocios dedicados al expendio de bebidas alcohólicas sobre todo a menores, indios, personas embriagadas, personal policial, imponiendo severas multas a los comerciantes. Estas disposiciones chocaron con los intereses de los comerciantes y fueron objeto de críticas y resistencias. ¿ En qué medida fueron aplicadas más severamente  sobre los pequeños comerciantes  “los bolicheros” o sobre las grandes firmas comerciales?. Las sanciones que se registran en los Boletines Oficiales parecen confirmar que los más perjudicados fueron los primeros.
 Estas medidas restrictivas están acompañadas por prensa local, que publicó artículos en los cuales asume su responsabilidad en la lucha contra el alcoholismo. Considerando que su función y deber es difundir sus males y perjuicios, originados en la “ignorancia, miseria o herencia fatal”, y que sus efectos no son conocidos “en las clases proletarias”. Atribuyéndole  el aumento de las cifras de crímenes y criminales. Proponiendo que sus fatales consecuencias debían ser difundidas en las escuelas, en carteles de propaganda, por los médicos y  por el accionar de sociedades de “templanza”.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de las contravenciones sancionadas más frecuentemente,  orientan a afirmar que hay una parte de la población cuyas prácticas no terminaban de adaptarse a las normativas, cuyo objetivo era homogeneizar las conductas en consonancia con los valores culturales que se trataban de imponer en el contexto de la instauración del orden estatal. Conformaban los grupos ‘peligrosos’ a los que había que controlar, vigilar y sancionar, puesto que determinadas prácticas como  las boleadas de guanacos y avestruces, la taba, las sortijas, las riñas de gallos, la  ostentación de armas, el vagabundeo, comunes entre esta población ahora eran consideradas hábitos ‘viciosos’ e ‘inmorales’.
La imposición de estas normativas gubernamentales estaba apoyada por campañas moralizadoras realizadas por la prensa, quien como formadora de la opinión pública contribuía a la construcción de un discurso disciplinador. En el caso del alcoholismo, considerado una enfermedad social, era visto como uno de los obstáculos más serios que impedían la normalización de las costumbres de la población, principalmente de los grupos indígenas, sustrayendo mano de obra a la producción.
Todo ello ocurre en un momento en cual la población de la zona andina no presenta  grandes diferencias sociales, en el que todos participaban de las características de ruralidad de la vida social. Pero podemos conjeturar que se estaba conformando un grupo social, cuyos integrantes iban coincidiendo en una comunidad de intereses, sobre todo en el dominio de los recursos materiales: control de la producción y de la circulación y en el acceso a instancias de poder político. Estableciendo entre ellos una red de relaciones, circunstancia en la cual  no estaban ausentes los conflictos, las rivalidades y las alianzas.
En este contexto el juez de paz se presenta como una figura de debe desplegar una gran capacidad negociadora tanto con sus convecinos como con el otro poder local: la policía y aún con el lejano poder territorial,  con el fin de mantener un prestigio y de ‘hacerse respetar’.
El ascenso y la permanencia de estos funcionarios eran legitimados por el grupo ‘más destacado’ de la comunidad, que tenia  la posibilidad de llegar al gobernador a través de petitorios, telegramas, notas para interponer nombres, sugerir  reelecciones como también hacer llegar quejas y denuncias. Constituyéndose en un verdadero grupo de presión que era tenido en cuenta por las autoridades territorianas a la hora de designar, reelegir o suspender autoridades.
Pero también la capacidad negociadora del juez se ponía a prueba en su relación con las autoridades territoriales,  al tratar de mantener un delicado equilibrio entre las exigencias de éstas en la aplicación de normas disciplinadoras y la necesidad de tolerar prácticas que obedecían a pautas de convivencia establecidas por la costumbre.
La facultad de sancionar o no a un miembro de su comunidad, de aprobar la apertura o el cierre de un negocio, de autorizar el transporte y la compra/venta de bienes, de efectivizar desalojos, de disponer de bienes sucesorios, de inscribir matrimonios, nacimientos y defunciones.  Todas ellas se constituían un ámbito muy amplio de atribuciones, que los movía a orientar sus prácticas sociales a la implementación de estrategias por conservar o mejorar su posición, por mantener o aumentar su dominio, por alcanzar el reconocimiento social.

REPOSITORIOS CONSULTADOS

Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro (AHPRN)
Archivo Histórico Regional de San Carlos de Bariloche

BIBLIOGRAFIA
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