POLICIAS PRIVADAS: sus impactos en el Estado de Derecho.

Dr. Martín Lozada
John O`Connor 20 - Bariloche (8400) - mlozada@bariloche.com.ar

Introducción. 

El control social desplegado por la policía pública tradicional experimenta importantes transformaciones en la actualidad. Tal cosa se debe a la irrupción generalizada de las genéricamente denominadas Policías Privadas, cuya génesis y creciente incidencia se produce en el marco de la crisis fiscales de los Estados de la región, donde el predominio del diseño neoliberal legitima todo "recorte" en lo que a servicios públicos se trata.
La introducción de estos nuevos protagonistas de control social supone la privatización de facto del servicio de policía y consagra las condiciones que tornan aún más difuso el control que sobre su operatividad, en procura del bien común, cabe ejercer. Más aún, en el ámbito de sociedades de ajuste su presencia se dirige a privilegiar la propiedad privada y la seguridad de los sectores de mayores recursos, lo cuál importa ya -sin disimulo alguno- que no hay interés a tutelar más trascendente que la propiedad privada y la seguridad de sólo una determinada franja social. 
Las transformaciones que experimentan nuestros sistemas sociales como consecuencia de la introducción de instancias adicionales de control provenientes de la iniciativa privada, se realiza mediante la omisión deliberada de que toda privatización del estratégico servicio de policía conmueve los cimientos mismos de la soberanía interior del Estado. Porqué es el aparato policial el órgano estatal por excelencia con poder delegado para el uso de la fuerza y la coerción, conforme una serie de objetivos previamente individualizados como válidos en el ámbito de una sociedad democrática, y por ende, legitimados jurídicamente.

1.- Nuevos Actores de Control Social.

La aparición de las policías privada como novedoso mecanismo disciplinario responde a una coyuntura económico - social concreta y determinada. Dentro del "capitalismo corporativo" se produce la introducción de nuevos intereses cuya protección y conservación requieren de otras técnicas, o al menos adicionales, de aquellas tradicionalmente empleadas por las fuerzas del Estado. 
Nuevas formas de interferencia conflictiva a través de medios informáticos, tarjetas de crédito, espionaje industrial; así como el auge de centros comerciales, restaurantes y áreas residenciales, hacen que la noción de orden público con la que opera la policía tradicional detente una neutralidad que resulta ciertamente ineficaz para el empresario que intenta proteger estas nuevas modalidades de la propiedad privada. Será el resguardo de aquella, entonces, el argumento legitimador a través del cual se justifique la intervención de las policías privadas, en tanto derecho del propietario a disponer los medios adecuados para su protección y conservación (Larrauri, 1991).
Un criterio de distinción entre control público y privado puede fundarse, por un lado, en quién promueve y presta el servicio; y por otro, en el tipo de tareas que estos específicamente desarrollan. Se trata de medios privados de control social constitutivos de corporaciones que operan en ámbitos restringidos y que manifiestamente se diferencian de la escala masiva con que lo hacen las agencias gubernamentales. Estas burocracias privadas, entre las que cabe contar aquellas que trabajan en el interior de las agencias de crédito y compañías aseguradoras, suelen disponer de crecientes bases de datos y apoyo tecnológico de multinacionales extranjeras, circunstancias éstas que hace que su poder no sólo debe ser medido según el número de personal de que disponen, sino también, de acuerdo a la energía no humana (sistemas informáticos y alta tecnología) con la que llevan adelante sus funciones (Nalla-Newman, 1991). 
Sus funciones generalmente consisten en el cobro de deudores morosos, la vigilancia en el interior de empresas y áreas públicas; la custodia de la propiedad privada sujeta a la utilización pública (centros comerciales, parques de diversiones, etc.), la investigación de historias personales, el servicio de guardaespaldas y el transporte de caudales.
Resulta notable el paralelísmo simbólico que procuran estos lucrativos agentes de control social respecto de las policía públicas tradicionales. Lucen para ello la parafernalia típica de las agencias gubernamentales, a modo de uniformes, insígneas y distintivos que, además de sus respectivas armas, resultan capaces tanto de intimidar, como de legitimarlos ante los ojos del público, quien no termina de conocer fehacientemente su origen, ni sus facultades conforme la legalidad vigente.
Su ejercicio de control se desarrolla en el marco de un territorio previamente determinado, tal como suelen ser los referidos precedentemente, con el objeto de evitar una suerte de invasión de terceros ajenos al área o bien, mediante la disuación a no alterar las reglas de comportamiento vigentes en su interior. Esa delimitación espacial a la que nos referimos coincide generalmente con la propiedad privada de quien los contrata y procura, muy especialmente, la no superposición con las formas públicas de policía y control.

2.- Su menoscabo de la soberanía Estatal.

El principio de soberanía interior del Estado se apoya en la existencia de un ordenamiento jurídico vinculante en el marco de dicha realidad terrorial. De este modo, y con la garantía que supone una potestad que no esta sujeta a ningún otro poder, asegura el número de condiciones indispensables para la consecución del orden y la realización de sus restantes fines. Así, el mantenimiento del orden y la seguridad forma parte de su exclusiva competencia, tan sólo delegable en las agencias que operan en su interior contando para ello con la suma de la violencia legítima disponible.
El mantenimiento del orden y la seguridad en el interior de su territorio recae, de este modo, en el trinomio funcional "administración de justicia - sistema penitenciario - aparato policial", gozando éste último del monopolio más concreto de la fuerza y la violencia.
Sin embargo, la complejidad subyacente a la sociedad contemporánea y las aceleradas transformaciones en lo que a la producción de bienes y servicios se refiere; así como el progresivo aumento en el tráfico de personas y la mercantilización de los valores, hacen que de un tiempo a esta parte las técnicas de control social se desplieguen hacia sectores cada vez más amplios de la población. De este modo, la función tradicionalmente asignada al aparato policial -en cuanto circunscripta a unos comportamientos concretos y a unas formas específicas de reacción- satisface sólo muy parcialmente las emergentes y cada vez más peligrosamente acrecentadas demandas y necesidades de control.
Si el poder interior del Estado se apoya en esta "retención para sí" de las formas de venganza privadas, limitándose a una sola respuesta - ahora pública- legitimada en el marco de la mencionada soberanía interior; entonces el resurgimiento de una variedad de respuestas represivas de facto producirá una fractura en todo el sistema de concentración estatal de violencia. Y es en este punto donde el acelerado aumento de las policías privadas genera simultáneamente interés y preocupación. Estos nuevos "agentes" de control social tornan difuso el reclamado control por el que pugna la legalidad democrática respecto de las instituciones que gozan del monopolio de la fuerza y produce, irremediablemente, una ruptura de la soberanía interior del Estado (Lozada, 1995). 

3.- La seguridad reducida a bien de consumo.

Desde que Nils Christie escribiera su obra titulada "La Industria del Control del Delito. ¿La Nueva Forma del Holocausto?" (1993), ninguna duda queda en torno a los abundantes dividendos inherentes a las privatizaciones de los medios formales de control social. Aunque circunscripto al análisis de lo acontecido en los Estados Unidos, las reflexiones del autor encuentran su parcial paralelismo en otros Estados de Occidente, tal el caso de nuestro país.
Las empresas del sector se agrupan en la Cámara de Empresas Líderes en Seguimiento 
e Información (CELSI), la Asociación de Profesionales de Seguridad (ASPRI), la Cámara Empresaria de Monitoreo por Radio (CAMARA), la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), y la Fundación Pirker, dedicada a la capacitación de personal de empresas de seguridad privada. Según datos correspondientes al mes de abril de 1999, provenientes de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación, existen allí nucleadas 250 empresas que, a su vez, desde el año 1997 emplean a 60.000 agentes de seguridad. Las mismas facturan la suma de 600 millones de dólares por año.
Datos del mismo mes y año indican que el mercado de la seguridad privada en general, es decir, la totalidad de las Cámaras citadas, recaudaron durante 1998 la suma de 900 millones de pesos en concepto de vigilancia "humana". Respecto de los medios vulgarmente llamados "inteligentes" - alarmas, sensores y circuitos de televisión cerrados- el monto fue de 100 millones de pesos. Cifras ambas notablemente superiores a las correspondientes a años anteriores (Arbiser, 1999).
Para evaluar la dimensión de este movimiento económico es necesario tener en cuenta que entre la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la del resto del país, sumaban para entonces un total de 140.000 efectivos en actividad. El presupuesto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que en el año 1997 fue de 800 millones de dólares anuales, y aquél destinado a las fuerzas federales de seguridad - Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional- de 1.535 millones de pesos, contrastaba ya de forma ostensible con los 1.000 millones recaudados por el mercado de la seguridad privada. 
A su vez, información aportada por el gremio Unión Personal de Seguridad indica que en abril de 1999 existían 85.000 policías privados, afectados a tareas de las 1.270 empresas de seguridad existentes en el país. De tomarse en cuenta el segmento que opera de manera informal, ajeno a los límites que imponen las reglamentaciones vigentes, incluyendo los impositivos, las cifras precedentes aumentarán considerablemente. 
La proliferación del negocio produce su impacto en materia de seguridad pública. En efecto, sometido a las implacables leyes de la oferta y la demanda, la seguridad se ha convertido en un nuevo indicador mediante el cual verificar el inequitativo goce del que en esencia es un derecho común a todos los ciudadanos.
En la actualidad es la franja poblacional con menores recursos la que se encuentra más cotidianamente expuesta a ser víctimizada, en sus bienes o sus personas, por acción de comportamientos tipificados como delitos en nuestro ordenamiento jurídico. Así lo hizo saber, en nuestro país, un sondeo practicado durante el año 1997, cuyos resultados indican que "... en la medida que desciende el nivel socioeconómico, aumentan los que son víctimas de delitos. Ello se explica por el hecho de que viven en lugares con menor nivel de seguridad y menos presencia policial" (Fraga, 1998). Es decir, que además de sufrir los ajustes en la estructura del Estado y la ausencia de políticas sociales en materia de seguridad, quedan, no obstante, doblemente postergados: mientras que el Estado renuncia a efectivizar su derecho a la seguridad, se encuentran ahora también impedidos de acceder a un bien de consumo oneroso y lucrativo.
La mercantilización del valor seguridad supone la consagración netamente discriminatoria de proteger sólo las áreas e intereses de los sectores con capacidad para solventar su despliegue. Otrora monopolio estatal, y actualmente en manos de oligopolios privados, no resulta irrisorio preguntarse hasta donde permitirá el Estado democrático que la lógica del mercado condicione y se imponga a la protección del pleno ejercicio de los derechos y las libertades de los particulares. 

Conclusión: 

Cabe concluir afirmando que resulta manifiesto el proceso por el cual el Estado consiente la transferencia hacia sectores privados de lo que hasta hoy ha venido constituyendo su poder monopólico: la utilización de la fuerza y la coerción. Esta transferencia es sólo una más en el marco de servicios y funciones que el Estado contemporáneo abdica bajo pretexto de su impotencia, su ineficacia y su sempiterna "crisis fiscal". 
En lo que atañe al ámbito penal, este cambio en la estrategia de control se prolonga en la proyectada privatización de la administración de justicia y la ya practicada privatización de las prisiones. Se trata, por lo tanto, de un proceso de - privatización mediante- expansión de los medios de control y vigilancia sobre las personas a través de la introducción de nuevos actores, pero que también, simultáneamente, plantea nuevos paradigmas en torno a la concepción misma del "orden".
Esta redefinición trae aparejadas modificaciones referidas tanto a la tutela de los bienes que se intentan proteger, como a la ratificación de cuáles son los intereses jurídicos a los que se le otorga mayor relevancia. Se trata, pues, de una doble operación, consistente en elaborar nuevas técnicas de persuadir e intimidar y, paralelamente, en determinar más categóricamente que no hay bienes jurídicos más trascendentes que aquellos que atañen a la propiedad concentrada de los sectores superiores de la sociedad.
El proceso referido se caracteriza, en suma, por el vertiginoso retiro del Estado de la vida económica a la vez que endurece y amplia su intervención en el ámbito penal. La seguridad, en este marco definida no en términos sociales - salariales, sanitarios, educativos -, sino exclusivamente físicos, se constituye como el principal orientador de las políticas públicas y opera en absoluta coherencia con la ideología económica y social fundada sobre el individualismo y los dogmas del mercado (Wacquant, Loic, 1999). La íntima relación existente entre el deterioro del sector social del Estado y el despliege de su brazo penal, contribución del sector privado mediante, se concreta a través del tratamiento punitivo de la inseguridad y de la marginación social que son las consecuencias lógicas de esas políticas. 
Toda decisión de transferir a manos privadas facultades soberanas exclusivamente delegadas a los órganos del Estado, debe cumplir con las garantías que permitan asegurar la adecuada gestión del bien colectivo. Este último núcleo es necesario preservar en el actual proceso de multiplicación de las respuestas defensistas, el cual se desarrolla en el entramado de sociedades de exclusión, con su característica multiplicación geométrica del desempleo y el desamparo de cada vez más amplios sectores sociales.
Así, pues, en definitiva, surge como imperativo redefinir el rol del Estado, dado que si de privatizaciones se trata debe aquél sin duda intervenir no sólo en el aspecto decisional de privatizar o no el servicio de seguridad, sino también en el curso mismo de dicho traspaso, si es que efectivamente se concreta, y en la ulterior supervisión del desempeño de tales empresas privadas a fin de que satisfagan la función social a su cargo.
Por último, no resulta difícil percibir que la presencia de las policías privadas da lugar a una novedosa reformulación de un sector social que, a la calidad de propietario acumulativo, agrega ahora esta otra de titular de su propia policía y dispositivo de control. Corresponde a un nuevo tiempo caracterizado por la mercantilización del valor seguridad, su reducción a las implacables leyes de oferta y demanda, y su transformación de monopolio estatal en oligopolios privados. Todo lo cual lleva implícita la capacidad del propietario acumulativo, en esta etapa de capitalismo corporativo, para colocarse por encima y a salvo de la legitimidad democrática tradicional.

Citas.
.- Arbiser, Florencia (1999): "El Negocio de la Seguridad Privada ya Mueve 1.000 Millones de Pesos", Clarín, 25-4-99.
.- Christie, Nils (1993): La Industria del Control del Delito, ¿La Nueva Forma del Holocausto?, Editores del Puerto, Buenos Aires
.- Fraga, Rosendo (1998): "La Inseguridad de los más Pobres", La Nación, 5 de marzo, Buenos 
.- Larrauri, Elena (1991): "Introducción al Debate de la Privatización del Sistema Penal: la Policía Privada", Nuevo Foro Penal, Bogotá.
.-Lozada, Martín (1995): "Policía y Privatización: Las Policías Privadas como Menoscabo de la Soberanía Estatal", Realidad Económica, nro. 133, julio, Buenos Aires.
.-Nalla, Mahesh y Newman, Graeme (1991): "Public versus Private Control: a reassement", Journal of Criminal Justice, vol.: 19.
.- Wacquant, Loic (1999): "La Ideología de la Inseguridad. Una Tormenta Represiva que Llega de Estados Unidos", Le Monde Diplomatique, Edición Española, abril 1999.